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A partir de una visión de España desde la muerte del general Franco, en 1975 hasta nuestros días, Juan Luis Cebrián alerta sobre los riesgos del fundamentalismo democrático, ese que rodea de “confortables convicciones a quienes lo practican, incapaces de cuestionarse la naturaleza última y el valor de sus actos, convencidos como están de que tienen razón”. Este ensayo fue la Conferencia para la Cátedra Julio Cortázar que se dictó en Guadalajara el 24 de noviembre de 2000.


Esta misma semana se han cumplido los veinticinco años del óbito del general Franco, dictador de España durante cuatro décadas después de una cruenta guerra civil, cuyas secuelas todavía se dejan sentir entre mis compatriotas. Aquel evento dio lugar a una experiencia política colectiva, conocida en todos los ámbitos como la Transición. Consistió, ni más ni menos, en el paso de un régimen autoritario a una democracia representativa estable, capaz de responder a un tiempo a las demandas populares de libertad y a los diversos intereses grupales, que se sentían amenazados por el cambio político. Lo interesante de la Transición española, posteriormente utilizada como modelo, en diversas latitudes, para problemas similares de adaptación o derivación de estructuras más o menos totalitarias a situaciones democráticas, lo interesante —digo— es que la etapa inicial de la democracia fue pilotada por los antiguos dirigentes del régimen franquista. O sea, que la ruptura de las viejas formas de gobernar se llevó a cabo por aquellos que eran directos heredados del pasado, hasta el punto de que uno de los artífices del nuevo régimen, el presidente Adolfo Suárez, fue el último Secretario General del Movimiento (mutatis mutandis, y con todas las reservas que se quieran, el Partido Único). Ello explica algunas peculiaridades y no pocos asombros originados por el proceso español. 

En primer lugar, el hecho de que se llevara a cabo mediante el consenso entre facciones e ideologías abiertamente enfrentadas pocos meses antes de que dicho proceso comenzara; las gentes estaban divididas lo mismo entorno a la cuestión república-monarquía que la conveniencia, o no, de exigir reparaciones de todo tipo a los responsables de los excesos del régimen de Franco. Se estableció, de este modo, un debate muy vivo entre los partidarios de la ruptura —y de iniciar, por tanto, un proceso constituyente—y los de la reforma, deseosos de obtener efectos similares, pero a través de una evolución lenta y de imprevisibles pasos, dados por la sociedad, e integraban a los representantes de lo que se llamó el aperturismo franquista. La discusión se saldó con la aceptación por todos de una ruptura pactada utilizando una puerta falsa para el desarrollo constituyente, algo más fácil de entender si se tiene en cuenta que la historia de la Transición española es la de la reconciliación entre vencedores y vencidos de la guerra civil; sólo desde este punto de vista es comprensible el cúmulo de renuncias, acomodos y medias tintas que hicieron posible su éxito.

Lo que nos lleva, enseguida, a evaluar el miedo como otro condicionante del cambio. Me refiero al miedo que la sociedad española padecía ante la eventualidad de un nuevo enfrentamiento que, sin necesidad de devenir en confrontaciones como las de antaño, pudiera desgarrar de nuevo los ánimos de convivencia y sumir al país en una etapa de inestabilidad y de violencia política. Sobre este miedo, que actuó como motor de las transformaciones y freno de los excesos, he tenido oportunidad de reflexionar en muchas ocasiones, y sigo considerándolo un factor encomiable de la historia de aquel periodo. Entre otras cosas, porque no se convirtió en un terror paralizante, ni en un pánico generalizado, sino que inoculó en las conciencias la prudencia y el relativismo necesarios que demandan situaciones como las que entonces vivíamos. No es algo novedoso, por lo demás, en la construcción y desarrollo de las democracias. El profesor John Dunn afirma que “el miedo es una emoción tan democrática (y no menos importante) que la esperanza. La democracia ateniense empezó con temor, como reacción a un peligro advertido. También terminó con temor, como lo demuestran los discursos de Demóstenes, el temor sumamente realista a la conquista extranjera “.1 Miedo a revivir el pasado y esperanza y convicción en un futuro inevitablemente democrático fueron los miembros principales de aquel periodo de la historia de mi país.

Por último, sería preciso subrayar el papel decisivo jugado por el Rey Juan Carlos, inicial deudor del trono respecto a las estructuras políticas franquistas, y uno de los creadores, luego, de la construcción del actual régimen de libertades. Pese a las reticencias que suscitaba y las ridiculizaciones a las que fue sometido, la existencia de un poder moderador efectivo, en la persona del monarca, facilitó mucho las cosas, al menos en relación con un Ejército que, haciendo honor a su origen, se resistía a perder el protagonismo en la dirección política que había tenido durante el anterior régimen.

Pero no es de la Transición, no sólo de ella, de lo que he venido a disertar hoy, sino, sobre todo, de una etapa inmediatamente posterior, que coincide con los tiempos que vivimos, y de algunos peligros que la democracia enfrenta en aquellos países en los que la presencia de tradición de un régimen de libertades lleva a pronunciamientos y expresiones que, en nombre de la democracia, amenazan no pocos veces con su supervivencia. Peligros que, en algunas de sus manifestaciones, ponen de relieve la existencia de un doctrinarismo nuevo, tan fanático como el que más, y tan irredento como muy pocos, que produce movimientos sociales singulares, típicos de los que yo describo como fundamentalismo democrático.

Vaya por delante que no pretendo hacer ninguna aportación perdurable a la ciencia política, sino sólo describir actitudes, comportamientos y gestos que, en nombre de las libertades, amagan con sofocarlas. Llevaré a cabo esta tarea como un reportero, o como un comentarista de diarios, y sin otro empeño que el de avisar al público sobre los riesgos de manipulación política, que también anidan en las transiciones. No para tratar de desprestigiarlas o desaconsejarlas, sino para que en ningún caso, en ninguna parte o lugar, nadie le pueda colocar a nadie, en esto de la democracia, gato por liebre.

En realidad, estos dos términos, fundamentalismo y democracia, casan bastante mal, aun si el diccionario puede ser benévolo, también en esta ocasión. El fundamentalismo, que es de origen religioso, preconiza la interpretación literal de los textos sagrados, y su estricto cumplimiento. Por extensión, podemos aplicar dicho calificativo a aquellas corrientes que pretenden aplicar de manera ortodoxa la doctrina de un partido político, y aun ejercer del mismo modo la acción pública. Fundamentalista es, en realidad, todo aquel que entiende que existe una única manera de ser, y una única manera de hacer para una única manera de pensar: Un intento de comprensión nos puede llevar a suponer que este fundamentalismo responde a un afán bienintencionado de perfeccionismo , a un esfuerzo para hacer coherente lo que se vive con lo que se piensa o cree. Por lo demás, tanto en religión como en política, esa actitud resultaría casi inane si no se complementara con la mucho más activa de tratar de convencer al otro, o de dirigir al otro, por la senda adecuada, apartándole del error en el que se halle sumido, independientemente de si, en ese empeño, han de usarse métodos más o menos coactivos, más o menos violentos. Un fundamentalista es, en definitiva, un integrista, alguien tan convencido de que tiene la razón que está dispuesto a imponerla a los demás para su propio bien. Un fundamentalista democrático es aquel que se erige en oráculo y patrón de los destinos de la democracia misma. Olvida, sin embargo, que ésta es de origen civil y, en la forma en la que la conocemos actualmente, tiene sobre todo que ver con el triunfo de la razón del positivismo científico frente a la organización teocrática y mágica de la convivencia. Eso, al menos, es lo que dicen los tratados de Historia, aunque, si uno observa atentamente lo que ha sucedido en los últimos siglos, descubre la existencia de una nueva teología del poder, en donde la trinidad divina se reviste de ropajes naturales para hacerse más acomodaticia a la moda imperante, sin perder su capacidad de misterio, de arcano y de trascendencia. La inefabilidad ha sido siempre campo propicio para el desarrollo de sacerdotes y nigromantes, mientras que el habla, el don de la palabra, constituye la piedra angular de nuestra civilización. La Ilustración fue, así, y muy primordialmente, una revuelta de logos contra el silencio del poder, un proyecto de convivencia basado en la racionalidad y en la duda, en las capacidades de conocer del hombre, pero también en sus potencialidades de yerro. La democracia de nuestros días, heredera lejana del movimiento de los ilustrados, se aparta, no obstante, con peligrosa insistencia de los senderos de la duda, para revestirse de certezas cada vez más resonantes: mercado, globalización, competencia, son conceptos que describen esa nueva realidad en la que, finalmente, las diferencias entre tecnocracia y teocracia resultan simplemente alfabéticas, pues se reducen a dos consonantes. Cuando los dirigentes y los líderes de opinión abandonan, consciente o inconscientemente, el relativismo de sus convicciones para adentrarse en definiciones cada vez más absolutas de los valores sociales, la democracia comienza a perder sus características de sistema dialéctico y cuestionable, y tiende a asemejarse en muchas cosas a los antiguos regímenes de esclavitud. Las cadenas de antaño se ven sustituidas por las convenciones de ahora, núcleo esencial de los que ya ha venido en denominarse political correctness o corrección política. ¡Misterios del idioma, que describe así no una realidad que merece corregirse, como podríamos inferir de la proposición, sino otra que, por naturaleza, es absolutamente incorregible!

Pero volvamos a nuestra historia. El dictador Franco expiró en su cama el 20 de noviembre de 1975, cuando España estaba sumida en un auténtico bloqueo internacional, y en una crisis económica considerable. Los fusilamientos, semanas antes de la muerte del Generalísimo, de varios militantes de ETA y del FRAP —Frente Revolucionario Antifascista y Patriota—, habían desatado una campaña antiespañola en todas las capitales del mundo. Las embajadas eran asaltadas y algunas, como la de Lisboa, incendiadas con el beneplácito de los poderes revolucionarios locales. Al entierro del dictador sólo acudió un dignatario extranjero de relevancia, el general Pinochet, entonces en todo su apogeo, mientras que las democracias occidentales se apresuraron a expresar su apoyo al nuevo rey Juan Carlos, con motivo de la fecha de su coronación. No sólo los príncipes y reyes europeos, las testas coronadas, también el presidente de Francia y el vicepresidente de los Estados Unidos —entre otros mandatarios respaldados por la soberanía popular—, quisieron dar un espaldarazo claro a la España representada por el joven monarca con la esperanza. más tarde cumplida, de que en el país se instituyera un régimen de corte democrático burgués. El camino para conseguir ésto último fue azaroso. Recorrió los meandros del consenso y de la reconciliación entre unos españoles divididos por la Guerra Civil y la dictadura; se basó en el olvido y el perdón de las culpas pasadas, en el temor a nuevos enfrentamientos, y la confianza de poder construir una convivencia sólida e igualitaria. Entre 1976 y el intento de golpe de Estado de 1981, la sociedad española y su clase política experimentaron, así, grandes transformaciones. No sólo se redactaron y aprobaron una Constitución democrática y unos estatutos de autonomía que permitieron la inserción en el proceso de territorios con gran implantación de fuerzas nacionalistas (Cataluña o el País Vasco), sino que, también, se transmutaron los símbolos y los hábitos morales de la sociedad. Junto a los cambios jurídicos y legales necesarios, hubo otro aún mayor en los comportamientos, fruto de la presión popular y de los deseos de los  ciudadanos de poder vivir y desarrollarse en un país que pudiera ser considerado normal —entendiendo como normalidad la existente en las naciones de nuestro entorno—. Los legatarios del franquismo se hicieron un auténtico harakiri político, al votar su autodisolución el último argumento franquista, al destruir las organizaciones políticas del régimen, al legalizar los partidos políticos (el comunista incluido, pese a iniciales y serias resistencias por parte del Ejército), al decretar una amnistía (no son grandes tensiones e indecisiones previas) y renunciar el rey a los extensos poderes que había recibido del dictador, para devolverlos a la soberanía del pueblo. La oposición hizo un viaje en sentido contrario, hacia el centro del consenso que tantos deseaban. Los comunistas arriaron la bandera de la república para envolverse en la rojigualda y abdicaron del leninismo casi al mismo tiempo que los socialistas lo hacían del marxismo. Estos, aun manteniendo su fe republicana, declaraban su disposición a aceptar el régimen monárquico como forma de gobierno; los sindicatos y las fuerzas políticas suscribieron gustosos los pactos de la Moncloa, como método de controlar los desvaríos de una economía nacional casi a la deriva, cuyo control se escapaba a un capitalismo inexperto y servil; la Iglesia renunció a patrocinar ninguna formación política en exclusiva y remó a favor de una Constitución que, en parte, la despojaba de privilegios; los deseos de autonomía e interferencia de los altos mandos del Ejército fueron constantemente frenados por la autoridad del Rey y definitivamente desarticulados después de la intentona del golpe de Estado del 23-F. Como antes decía, la Transición se desarrolló, pues, mediante un proceso de diálogo, de renuncias de unos y otros, de olvidos algunos muy sonados, sin ningún espíritu de revancha por parte de nadie, sin ninguna vindicación, sin ningún afán distinto al de devolverle a los españoles su protagonismo social, arrebatado durante decenios. Sólo sectores recalcitrantes de la milicia, y facciones concretas del terrorismo etarra, se autoexcluyeron de esta norma. Las Fuerzas Armadas fueron definitivamente democratizadas después de la sonada fallida, y este es uno de los méritos, que me atrevería a decir que el principal, de los gobiernos de Felipe González, que sus enemigos ocultan o silencian, con culpable vergüenza.

La intentona militar de 1981, junto con algunos episodios tan sorprendentes como el famoso caso de la colza —en el que se vendió como comestible un aceite pensado para engrasar las máquinas—, debilitaron de tal manera al gobierno centrista de Calvo Sotelo que los socialistas ganaron por abrumadora mayoría las elecciones de 1982. La Transición no se había enfrentado a su verdadera prueba de fuego hasta ese momento. La izquierda no había gobernado prácticamente en España —salvo el llamado bienio negro de la República—; y cuando una coalición de fuerzas burguesas y progresistas, bautizado por el nombre de Frente Popular, ganó las elecciones de 1936, se desencadenó la Guerra Civil. De modo que la llegada al poder de los socialistas generaba expectativas desacostumbradas entre los españoles, en un momento de gran crisis nacional causada por el frustrado golpe de Miláns de Bolch y por la decrepitud visible de los gobiernos del centro. La historia, no obstante, se mostrará benévola con éstos. Los centristas eran, en realidad, franquistas reciclados, o desclasados, deseosos, en todo caso, de purgar sus culpas de colaboracionismo con la dictadura, conversos sinceros a la democracia y defensores a ultranza de los principios de ésta. Algunos pueden pensar que eran, también, oportunistas. Probablemente, al menos en muchos casos, porque en realidad fueron unos profesionales del poder, relativamente comprometidos con la modernidad, quizá movidos por sentimientos solidarios, y presos de una gran ambición. Primero, no dudaron en colaborar con el Generalísimo, considerando a la dictadura una especie de mal menor o de dato inevitable de la realidad, y más tarde tampoco asomaron escrúpulos a la hora de destruir el sistema para edificar la democracia, admitiéndola —de nuevo— como una necesidad de los tiempos. Esta realpolitik a la española, fruto también del cansancio que la prolongación del franquismo generó en la población, venía igualmente empujada por un no disimulado temor a actitudes revanchistas por parte de la izquierda, a la eventual exigencia de responsabilidades políticas, e incluso a demandas o reclamaciones de tipo económico. Al fin y al cabo, aparte las heridas no del todo cicatrizadas de la Guerra Civil, el régimen se había desempeñado con una considerable dureza —incluida la pena capital— contra sus opositores, muchos de los cuales purgaron décadas en la cárcel, mientras miles de ellos tuvieron que optar por el exilio. Algunos líderes de la Transición habían participado previamente de estas decisiones desde el Consejo de Ministros. Manuel FRaga fue el encargado de explicar públicamente, como Ministro de Información, el fusilamiento en 1963 del líder comunista Juan Grimau y, ya como integrante del primer gobierno de la Monarquía preconstitucional, se hizo famoso por sus redadas de rojos y liberales, al grito de “la calle es mía”. Rodolfo Martín Villa, de quien luego se dijo que fue el mejor ministro del Interior de la democracia, sembró el terror entre los estudiantes de izquierda en su etapa de gobernador de Barcelona, y el propio Adolfo Suárez había sido el más fiel colaborador del almirante Carrero Blanco al frente de la televisión pública estatal. O sea que sus temores a represalias por parte de lo que entonces todavía se consideraba el otro bando no eran injustificadas. Como justificado resultaba el miedo de los demócratas y militantes de izquierda, sometidos a cruel represión desde hacía años, ante la posibilidad de que una intervención militar en nombre del continuismo franquista truncara cualquier tipo de evolución o apertura. Este mutuo recelo facilitó precisamente la reconciliación, que tuvo su expresión vivida en muchas de las reformas legales y constitucionales que se produjeron. De modo que, en el plazo de meses, pudimos ver al propio Fraga comerrojos presentando públicamente en Madrid a Santiago Carrillo, secretario general de un Partido Comunista recién legalizado. Pelillos a la mar, debieron decirse ambos, cuando decidieron olvidar el enorme aparato propagandístico que, desde las dependencias oficiales manejadas por el primero, se había vertido contra el otro, como eventual responsable de la matanza de Paracuellos durante la guerra. El consenso tuvo su terreno mejor abonado en el miedo. Quizá —repito— fue también consecuencia de un cierto cinismo, o de ambiciones de poder descarnadas. Los franquistas de antes recelaban no ser aceptados como demócratas de ahora, y los demócratas de siempre aspiraban a nos ser relegados, una vez más, del escenario político por la presión y las conspiraciones de los poderes fácticos. Todos se miraban al espejo, componiendo la figura lo mejor que podían y procurando embellecerse para el otro, abdicando de cualquier radicalismo, buscando siempre fórmulas de conciliación y de acuerdo, instalado cada cual en un relativismo que sólo tenía por objeto la  consecución de una paz durable. Fruto de estas actitudes nacieron la Constitución, los estatutos de autonomía y los pactos de la Moncloa, rutilantes señales, todas ellas, de un esfuerzo conjunto y formidable por recuperar el tiempo perdido, en la política y en la economía. Naturalmente se cometieron errores, se aplazaron soluciones y problemas que las requerían de urgencia, se sellaron injusticias y se borraron expedientes que la memoria histórica demandada permanecieran vivos. En otros casos, no se fue lo necesariamente duro o tajante con quienes se oponían a los cambios, en nombre de su nostalgia y de los privilegios perdidos. Pero, al fin y a la postre, funcionó la democracia de la duda, que es la mejor de cuantas democracias existen, porque parte de la base de que el mundo se edifica sobre preguntas y no principalmente sobre respuestas, y de que en el derecho a discrepar reside la base de la difusión del poder, condición indispensable para toda convivencia en libertad. Desde ese punto de vista, y pese a enormes carencias institucionales, quizás el periodo más virginalmente democrático de la transición española fueron los cinco años de gobernación por esa democracia conversa de UCD. No porque no existieran amenazas, algunas tan graves como la representada por la intervención militar, sino porque el poder se esforzaba a diario en pasar los exámenes a los que le sometía la oposición, mientras ésta disfrutaba de un reconocimiento real por parte del poder: era también poder en muchos aspectos, pertenecía al entramado básico de las decisiones del país, participaba de ellas.

Durante esta etapa, los medios de comunicación, y singularmente la prensa, colaboraron activamente con el poder político en el establecimiento del consenso y en la defensa de un régimen estable de libertades. Las instituciones eran todavía muy débiles, el Estado se sentía desarmado, prisionero de los viejos fantasmas, y la prensa y la universidad fueron las organizaciones de la sociedad civil que mejor suplieron esas lagunas. Desde los periódicos se avivó el diálogo, se realizó una labor didáctica sobre los límites y las obligaciones del nuevo régimen, se alentó la participación ciudadana, se orientó el proceso. Mucho antes de las primeras elecciones democráticas, los diarios se habían convertido en un verdadero parlamento de papel, sustituyendo sus editoriales la labor de ideación de los estados mayores de los partidos. Nada nuevo bajo el sol. Desde los sucesos del caso Dreyfus en Francia, políticos y gobernantes habían aprendido a usar el papel periódico para algo más que envolver paquetes. Como dice Pierre Miquel en su excelente opúsculo dedicado al tema, “se puso de manifiesto, al obligar la prensa al gobierno, al parlamento, y a los grandes cuerpos del Estado a tomar partido en el caso, contra su voluntad e interés, que ella era en realidad más fuerte… los socialistas habían cubierto desde el Yo acuso (de Zola) la fuerza revolucionaria de los periódicos; Jaurès diputado; Clemenceau, vencido en las elecciones, era má temible en L’Aurore que en el parlamento… era más fácil lograr la adhesión de las conciencias mediante un artículo que por medio de un discurso”.2 En la naciente democracia española, los periodistas descubrieron su capacidad de convocatoria e influencia. Adulados y presionados por los políticos, se hincharon como pavos reales.

La victoria de los socialistas supuso en cambio muy importante no sólo en el signo de la política, sino en la naturaleza del nuevo régimen. Por un lado, satisfacía una vindicación histórica de la izquierda. Por el otro, sellaría el proceso mismo de la Transición, democratizando definitivamente al Ejército y normalizando, en el mejor sentido de la palabra, el sistema. Desde el punto de vista del talante o de la convicción de sus protagonistas, la democracia conversa fue sustituida por una democracia arrogante, tan segura de sí misma, de sus cualidades y de sus calidades, que llegó a suponer que convertía en democrático todo lo que tocaba, por el sólo hecho de hacerlo. Los socialistas no tenían de qué arrepentirse respecto a su pasado. Como partido, habían sido la gran víctima de la Guerra Civil y, aunque casi desaparecieron durante los años sesenta, la inversión de Isidoro —nombre en la clandestinidad de Felipe González—, la juventud de sus líderes, la modernidad de sus proposiciones, junto con su raigambre histórica y lo extendido de sus apoyos internacionales, habían convertido al PSOE en el gran símbolo del desarrollo y la modernización de España. Su arrogancia fue consecuencia de su convencimiento íntimo, en tanto que protagonistas del poder, de que, frente a los conversos de la UCD, ellos personificaban la tradición de las libertades: incluso contra la opinión de sus mayores —otros, en cambio haciendo honor a la memoria familiar— habían suspirado por la democracia desde niños, habían consumido y dirigido estos anhelos cotidianamente, algunos en condiciones especialmente penosas; podían pensar que, precisamente por ello, habían sido refrendados de manera repetido por el pueblo español, que les otorgaba insistentemente la mayoría absoluta. de los catorce años de gobernación del PSOE, más de diez se vieron teñidos por dicha actitud, que provocó las protestas de los portavoces de la derecha ante lo que consideraban el rodillo socialista (la mayoría absoluta puesta a funcionar), y la supuesta ocupación del aparato del Estado por parte del partido (llegando algunos a comparar, ignorantemente, al PSOE con el PRI mexicano). Sin embargo, es difícil darles la razón a esos críticos. La democracia felipista —como la apellidaron sus enemigos— era quizás, arrogante, pero también era democrática. Por eso mismo, el PSOE mantuvo siempre la mano tendida al pacto en las principales cuestiones del país —incorporación a la Unión Europea y la OTAN—, estimuló la cooperación entre los partidos, democratizó al Ejército y tranquilizó a la Iglesia, en plena aurora de la ascensión de Woytyla. Fue arrogante, sin embargo, porque tuvo una terca propensión a desentenderse del entorno social y a envolverse en la ética weberiana de la responsabilidad, a la hora de tomar decisiones que merecían y necesitaban un respaldo más amplio que el designado por los votos. Las mayores carencias de la larga etapa socialista no consisten en que algunos altos cargos se corrompieran económicamente, o que durante un tiempo continuara el terrorismo de Estado —entonces, por otra parte jaleado por los medios de la derecha, mientras éramos muy pocos los que alzábamos nuestras voces en contra. La peor de las insuficiencias fue su incapacidad para reconocer, pública o privadamente, estos errores desde la convicción de que una realidad tan turbia no podía anidar en una biografía tan inequívocamente democrática como la del partido gobernante. Esa misma arrogancia condujo a cometer torpezas e ingenuidades de dimensiones considerables. Baste recordar la expropiación de Rumasa, quizás el único acto de encarnadura típica y clásicamente socialista que Felipe González llevó a cabo en la política económica. Independientemente de los delitos cometidos por Ruiz Mateos —magnífico ejemplar del capitalismo de charanga y pandereta— la decisión puede achacarse mucho más a la soberbia personal de un ministro, como Miguel Boyer, que a la convicción ideológica de los más radicales de sus colegas. 

La arrogancia democrática debilitó la política de las interrogantes, aunque de ninguna manera la anuló. Era una actitud más intelectual que del poder propiamente dicho, partía de la base de que la cultura de la duda era la adecuada, pero redujo su protagonismo, de forma progresiva, al de los propios gobernantes. Los socialistas no creían tener todas las respuestas, pero tendían a apoderarse de la formulación de las preguntas. Estaban convencidos de que su liderazgo les pertenecía caso por derecho y establecieron un bucle, apenas visible, capaz de unir la democracia de Clístenes con la aristocracia platónica, haciendo coincidir, así, a los mejores con los más votados: ellos. Esta es una conducta frecuente en las agrupaciones progresistas.

Se funda en la convicción rousseauniana de la bondad natural del hombre y es expresión de lo que podría llamarse moral pública de naivetë, consistente en suponer que es imposible que un individuo bueno y desinteresado —como tienden a autoevaluarse los espíritus revolucionarios— cometa actos de gobierno perversos. Al demócrata arrogante le defiende de la enfermedad del autoritarismo su última convicción de que los fines no justifican los métodos, pero su concepto de responsabilidad moral le lleva a transgredir ocasionalmente esta norma. Paradójicamente, sus errores tienen origen en la asunción por parte de la cultura de la duda, pues pretenden romper, en nombre de los valores superiores, la rigidez de algunas convenciones que les parecen coyunturales. Por eso, el canciller Khöl se deslizó hacia la ilegalidad en la financiación de su partido o Nixon grababa clandestinamente las conversaciones de su despacho. Nadie, sin embargo, osará comparar —en términos democráticos— a Khöl con Hitler, o a Nixon con Breznev.

Desde comienzo de la hegemonía socialista, las relaciones del poder democrático con los medios de comunicación comenzaron a cambiar. Convencidos los dirigentes del PSOE de que la prensa era un poder de opinión, pero no dueña de la opinión, muy tempranamente comenzaron a dibujar las fronteras que en una democracia establecida debían, asu juicio, separar al poder político del de los columnistas. Desde un punto de vista estrictamente teórico, no les faltaba razón. De hecho, en ocasión del referéndum sobre la incorporación a la OTAN, González se bastó por él mismo para que la opinión pública desandara un camino en el que sobre todo él —aunque no sólo él— la había adentrado. Extremadamente consciente de sus responsabilidades, al margen cualquier crítica o desaprobación de los periódicos, llevó a cabo sus tareas de gobierno de forma crecientemente aislada de los medios de comunicación y, de manera especial, de los que podrían considerarse más afines a sus planteamientos. Existía un temor, no explicitado pero muy evidente, en el PSOE a que la fragilidad del partido fuera doblegada por la omnipresencia de los periódicos, y una obsesión, particularmente extendida entre los gobiernos, por controlar ellos el mayor número de medios de comunicación. Pero ya hemos dicho que, aunque arrogantes, los socialistas eran demócratas, por lo que, al tiempo que se mostraban cada vez más rígidos en sus posturas respecto a la prensa, privatizaron la cadena de periódicos del antiguo Movimiento, entregándosela en un rasgo de inequívoco candor a fuerzas de la derecha, y concedieron tres cadenas de televisión para la explotación privada. O sea que provocaron transformaciones democráticas mucho más visibles que las de sus predecesores, con la intención de defender un futuro más pluralista.

La arrogancia puede ser una virtud coyuntural en la gobernabilidad del Estado, pero acaba volviéndose contra quien la practica. Desdeñosos con lo que llamaron la opinión publicada, para distinguirla de la pública, creedores de que el poder puede establecer lazos más o menos perdurables con el pueblo sorteando la medición de los periódicos, los socialistas minimizaron los signos de desafección de una prensa cuyos profesionales lamentaban la pérdida de protagonismo a la que se veían sentenciados. La derecha supo aprovechar el sentimiento de abandono, celos y frustración de los pavos reales del columnismo, y los diarios volvieron, a mediados de los noventa, a obtener las relevancia en el debate que habían perdido diez años antes. Fue para mal, pues algunos, de beligerante forma, se pusieron al frente de las insidias por el rampante fundamentalismo democrático.

Un fundamentalista es alguien basado siempre en certezas, sean éstas científicas o ideológicas, alguien que tiene una concepción cerrada del mundo, una perspectiva única de la convivencia, y al que alienta un impulso apostólico tendente a difundir la verdad de que es portador. Por eso, un fundamentalista, en sentido estricto, no puede ser demócrata, y el fundamentalismo democrático, como antes sugería, define una situación paradójica y contradictoria en sí misma. Pero no tanta, si nosotros mismos no nos comportamos, precisamente, como fundamentalistas en el análisis y la descripción de la democracia: si aceptamos que ésta es un método científico, y sí muy convencional, de articular la gobernación de las gentes, y que el relativismo moral que la alienta se encuentra siempre en frágil equilibrio respecto al positivismo de las leyes que la rigen. El fundamentalista democrático es aquel que pregona un ideal único y sustancial de la propia democracia, una especie de democracia auténtica, pura e incorrupta, modelo de perfección para cuantos quieran ser ciudadanos. En su pasión flamígera e inquisitorial olvida o menosprecia que en la persecución de esa democracia sin mácula y perfecta, el postulado debe enfrentarse a lo que él considera son los corruptores del sistema, a los salteadores de caminos trastocando el mito posible del gobierno del pueblo y  para el pueblo por unas mascarada al servicio de los privilegiados: esas son denuncias esgrimidas frecuentemente por los movimientos de signo autoritario, mucho más si vienen acompañadas de un espejismo modernizador. Y, aunque muchos no lo quieran reconocer, beben con naturalidad pasmosa en los orígenes sociales y psicológicos del fascismo, siempre necesitado de mitos colectivos acomodaticios a la propia inseguridad de una comunidad sojuzgada y mediocre. Como dice Wilhem REich, “la mentalidad fascista es la del pequeño hombre mezquino, sometido, ávido de autoridad y a la vez rebelde… Este pequeño hombre imita demasiado bien la conducta del gran hombre y la reproduce distorsionada y aumentada”.3 Este pequeño hombre, añado yo, deseoso de incorporarse a las modas democráticas, y aun sinceramente admirador de los sistemas políticos que las encarnan, confunde demasiadas veces, incluso sin saberlo, el medio con el fin o, como diría un castizo, el tocino con la velocidad. La democracia deja de ser, para él, un sistema de convivencia, a fin de convertirse en un objetivo supremo e ideal. El respeto a la ley, la igualdad ante las misma, no son ya condiciones estables de las reglas del juego, sino que se trasmutan en una espcie de adhesión mecanicista a lo establecido, de modo que la Constitución amenaza con convertirse en un texto sagrada de carácter casi inmutable, pervirtiendo su condición de instrumento a base de enfatizar su carácter de libro revelado (revelado, quiero decir, por los políticos a los ciudadanos). El fundamentalismo democrático es una enfermedad del sistema que reúne los vicios de la democracia conversa y de la arrogante (pues se genera en una confluencia de ambas) y casi o muy pocas de sus virtudes. Afecta sobre todo a los partidarios de la primera, y aprende muy rápidamente de quienes ejercen la segunda. Como toda mixtificación, no deja de ser una teatralidad, una simulación inmunda que algunos utilizan en su persecución del poder. No podemos decir que sus seguidores no sean demócratas, aunque ellos mismo no padecen la pasión de serlo. sus métodos son democráticos, quizá porque la realidad existente no les permite elección distinta, o también por decisión propia, pero no los son sus emociones. Aunque gobiernan porque han sido elegidos, se mueren por ser designados por su jefe. En la medida en que el sistema imperante les confiere a los límites de la legalidad, sus tendencias autoritarias se ven refrenadas y matizadas. Pero no por eso dejan de sentirse portadores de una verdad eterna sobre la naturaleza de la democracia pura, de la democracia perfecta, redonda y modernizadora y auténtica que ellos practican y predican como ningún otro. Como conversos que son, abrazan la religión nueva sin ningún ánimo crítico; como arrogantes, la practican con descaro. La democracia de la interrogación y de la duda da paso a la de las respuestas. En ese nuevo mundo, las preguntas que no las tienen no deben existir.

La derecha española vencedora de los comicios de 1996 ya padecía esta enfermedad que se le ha agudizado ahora con la mayoría absoluta. En su obsesiva carrera hacia el poder, el presidente Aznar contó con la inestimable ayuda de una pléyade de periodistas y comunicadores aquejados de parecida fieble. En el librito ya citado de Pierre Miquel sobre el caso Dreyfus, existe una descripción de la contribución de los periódicos a aquel monstruoso aquelarre que acabó con la libertad, el honor, y la carrera del militar francés: “El caso Dreyfus” —dice— “es ante todo un problema de opinión pública. En todas las fases de su desarrollo nos encontramos, poco o mucho, con la prensa. No la prensa eco fiel de un drama que le es ajeno, sino la prensa partidista, educativa, agresiva, de buena y de mala fe, la prensa ‘infame’… La prensa lanza noticias falsas para recoger, gracias a los desmentidos, nuevas pistas. Reemplaza a la justicia, a la policía y hasta al parlamento. Ejerce todos los chantajes, acaba todas las reputaciones, unas veces junta las energías y, en caso necesario, las dispersa, las entretiene, para después retomarlas indefinidamente”.4 Cuando una prensa así se coaliga con los intereses de un partido o de una clase política y cuenta con la complicidad de sectores de la Justicia, cuando lo hace en nombre de un concepto de democracia casi unívoco, enarbolando lo mejor de los argumentos del pensamiento único contra la falibilidad del oponente, el fundamentalismo democrático tiene mucho recorrido. La España reciente da fiel testimonio de ello.

Después de catorce años de gobernación, los socialistas estaban agotados, desorientados, absortos: un relevo de la derecha —pensábamos— podría y debería producir efectos saludables en la vida española. La recuperación del poder por parte de ésta mediante unas elecciones democráticas, y no una conspiración o un golpe de Estado, era la prueba final pendiente. Sería la demostración palpable de que el conservadurismo español había roto sus ataduras con el pasado y se había democratizado no sólo en su concepción de las leyes sino, también, y sobre todo, en la expresión de su talante. Por desgracia, y para su vergüenza, la derecha se lanzó a la reconquista del gobierno en medio de una campaña de desprestigio del Partido Socialista y de Felipe González, al que se le culpaba, sin miramientos ni pruebas, de toda clase de delitos de Estado cometidos más de una década atrás y de permitir, cuando no de participar, en la corrupción de algunos altos cargos. Vayan por delante mi convicción de que la creación de grupos antiterroristas por las fuerzas de seguridad es anterior, pero tambień coetánea, a la etapa socialista, y la evidencia de que este partido —como todos los demás— se financió irregularmente y algunos de sus líderes se corrompieron. Pero la especial dureza con que los socialistas fueron tratados por los órganos de la opinión pública —dureza que no se vio refrendada en las urnas— contrasta con la lenidad e impunidad con que las corrupciones de los otros partidos fueron y son manejadas por la prensa y los tribunales. Antes o después, el guirigay mediático y la bronca escandalera que Aznar y sus colaboradores pusieron en marcha, como método preferente de desbancar del gobierno al PSOE, se volverán contra ellos. Las nuevas clases dirigentes, los jóvenes del PP que no habían participado activamente en la Transición, se vieron arropados en su llegada al poder por una auténtica oleada propagandística de fundamentalismo democrático. Este les protegía de eventuales acusaciones de ser herederos del franquismo —o sea, conversos— y les encandilaba con la esperanza de configurar, por fin, el verdadero sueño de todo demócrata, sin renuncias, componendas ni trapicheos. Su ascensión se producía, además, en paralelo con los triunfos del neoliberalismo, y los tópicos sobre la globalización. De todas formas, éstos no hubieran sido elementos bastantes para conseguir la victoria si no hubieran sido adobados —también— de un destructivo análisis de la propia Transición política. Según este argumento, predicado de muchas maneras y formas en diferentes tribunas, la Transición fue un error, o cuando menos un mal pasajero. Había consistido en una especie de alianza entre franquistas oportunistas y demócratas avispados, dispuestos a hacer un maquillaje de la dictadura para tratar de lavar sus responsabilidades los primeros, y aprovechar las oportunidades de enriquecimientos y poder los recién llegados. Semejante tesis, a la que contribuía activamente en Partido Comunista en descomposición, liderado por un visionario mediocre, en absoluta y paradójica concordancia de objetivos con la derecha política más reaccionaria, expandía la especie de  que, en realidad, la democracia instaurada en España no lo era tanto: se había producido un fraude, basado en el consenso —cuando el consenso era, según ellos, lo más antidemocrático imaginable, pues anulaba a la oposición—, que había permitido transmutar el felipismo de simple etapa política en un verdadero régimen, embaucador de las mayorías, y simulador de la auténtica democracia: la que ellos, fundamentalistas avant la lettre, nos anunciaban. Toda tesis. Sin embargo, ahora sabemos que la ruptura del consenso está en la base de los graves problemas que hoy enfrenta la situación en el País Vasco. Si el gobierno de Vitoria y de Madrid no son capaces de recuperar el diálogo, será imposible pensar en soluciones prontas. La suposición de que la cosa se arreglará con el tiempo —como dice el historiador Preston parodiando a Franco —está fuera de lugar. El relato de lo sucedido después es conocido: la democracia de las respuestas se construyó en base a una alianza espúrea de periodistas, políticos y determinados jueces, dispuestos a comportarse como el ángel exterminador de todos los males de la democracia de la duda. Una vez revestido el poder de la arrogancia que promueven las mayorías absolutas, las tendencias a implantar un pensamiento único en las diversas materias de la convivencia —sean el terrorismo o la economía, la enseñanza o la seguridad nacional— comienzan a causar estragos entre los perplejos españolitos. Se preguntan —todavía, gracias a Dios, se preguntan —cómo es posible que, tras más de dos décadas de régimen democrático, se haya podido renovar tan poco el poder social en su país.

El fundamentalismo democrático es una enfermedad de la democracia, pero también una amenaza para su continuidad. Rodea de confortables convicciones a quienes lo practican, incapaces de cuestionarse la naturaleza última y el valor de sus actos, convencidos como están de que tienen razón. Sus seguidores truecan con frecuencia la flexibilidad y el diálogo por el oportunismo y la logomaquia, con tal de obtener y conservar el poder, pues saben que fuera de él su fuerza de convicción es escasa, y regalan a sus lacayos, como todas las doctrinas integristas, con el cielo de la felicidad y la satisfacción del deber cumplido. En el respeto formal a las reglas ocultan una rigidez inamovible, basada en principios de hondo arraigo y escasa dialéctica. Y en la apelación constante y descarada a la manipulación de los medio de comunicación, pervierten el papel crítico que éstos tienen, convirtiéndolos en arietes de su deseo y en vocingleros portavoces de una intolerancia que se ejerce, amarga, ruidosa, escandalosamente, nada menos en nombre de la libertad.

Cuando una democracia es fuerte sólida, como la española, está basada en principios inequívocos, construida sobre instituciones adecuadas y apoyada por un entorno internacional favorable, las posibilidades de que este nuevo, paradójico e irónico fundamentalismo prevalezca sobre el auténtico sistema de libertades son mínimas. Pero proliferan, en cambio, las escaramuzas, las agresiones, las petulancias y los desasosiegos, con lo que algunas víctimas se quedan en el camino, testigos no siempre mudos de los intentos de asalto a la razón dubitante desde la convicción de las certezas. Esto se ha visto muy a las claras a la hora de instrumentar el gobierno actual su política contra el fundamentalismo terrorista y criminal de ETA, y contra el fundamentalismo nacionalista del Partido Nacionalista Vasco. Insistiendo en los lazos de unión entre uno y otro, en vez de acentuando las inequívocas distancias que separan a un partido de extracción democrática —por excluyente que sea— de una banda de pistoleros fascistas, el PP no ha hecho sino añadir mayores crispaciones a una situación ya de por sí muy tensa. Al declarar que ETA y PNV son en el fondo, lo mismo, porque persiguen el mismo fin (la independencia de Euskadi), el fundamentalismo democrático pone al descubierto uno de los síntomas más preocupantes de su enfermiza comprensión de la política: la confusión entre medios y fines.

Los fundamentalistas, en su pasión por el ejercicio de su propia libertad y la defensa de sus derechos olvidan con frecuencia que estas son realidades limitadas e imperfectas. Cuando se dedican a denunciar crímenes, delitos, corrupciones y pecados, se olvidan de principios tan democráticos como la presunción de inocencia, vulneran la intimidad en nombre de un bien social no siempre claramente definido, y se erigen en expendedores de carnets y pedigrís de democracia sin que nadie se los pida. Pero su propia facundia satisface y conforta al pequeño hombre prefascista, ese al que le gusta ver reflejada su mediocridad en la mediocridad ajena y sublimar sus delirios de imperio en los que el poder le transmite.

Algunos supondrán que exagero en estas descripciones, otros, sin duda protestarán por el análisis. En un México que vive su propia transición, y que se mira a veces en el modelo incirto del proceso español, yo sóllo he querido alertar a mis amifos de la patria común americana sobre actitudes y excesos que pueden dar al traste, o dificultar seriamente, sus objetivos finales de libertad y felicidad. La Historia de los pueblos no se construye como una película del Oeste, entre buenos y malos, aunque ese sea precisamente el guión que satisface a los fundamentalistas. Las democracias son algo más sutil, complejo y humano que unas cuantas recetas que se aplican mecanicista mente. La ley debe promulgarse, la justicia administrarse, y el poder ejercerse, atendiendo a muchas y muy variadas coyunturas. Ningún demócrata de corazón deja de experimentar agudos conflictos entre la interpretación y aplicación de la norma y la prudencia de sus decisiones. Sólo los autoritarios andan por la vida con el manual de instrucciones como vademécum. Creen que la democracia significa lograr un mundo sin conflictos en vez de una manera de convivir con ellos, y de superarlos. La democracia de la duda sabe que la corrupción, la debilidad y fragilidad acompañan a los hombre y a las sociedades desde la creación de los regímenes políticos no encarnan doctrinas salvadoras ni promesas de redención: sólo nos proveen de útiles para la convivencia. Descubrir la delgada línea que separa la rectitud de proceder, del fanatismo; la flexibilidad de criterio, del oportunismo descarado; y la gobernación de los pueblos, de la apelación sentimental a las masas, es tarea de aquellos que saben si hay algo que identifica y cohesiona al género humano es su capacidad de hacer preguntas. En la pluralidad de las respuestas, en la falibilidad, quizá sólo reside el privilegio y la fortaleza de la democracia. Una pluralidad que es negada de raíz por el fundamentalismo. Aunque se esfuerce en disfrazarse, inútil y sonrojantemente, de democrático.

 

Juan Luis Cebrián
Escritor y periodista. Es autor, entre otros libros, de La prensa y la calle, La red. Cómo cambiarán nuestras vidad los medios de comunicación y La agonía del dragón.


1 Jonh Dunn: Democracia, el viaje inacabado. Tuquets. Barcelona, 1995, p. 319.

2 Pierre Miquel: El caso Dreyfus. Fondo de Cultura Económica. México, p. 133.

3 Wilhem Reich: Psicología de masas del fascismo. Editorial Bruguera. Barcelona, 1980, p. 13.

4 Op. cit., p. 9.