Hace un año, el 11 de mayo de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica la Ley General de Salud. Se agregó el artículo 10 bis, que faculta a todos los profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores del servicio social a hacer valer su objeción de conciencia ante cualquier programa, actividad, práctica, tratamiento, método o investigación que advierten en colisión con sus valores o principios éticos.

Esta disposición generó una fuerte oposición en diferentes sectores de la sociedad, pues se consideró que fragilizaba derechos arduamente conquistados, en especial en materia de libertades sexuales y reproductivas. En este sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad al estimar que la disposición, en los términos en que está redactada, es susceptible de afectar derechos fundamentales tales como el derecho a la salud, a la seguridad jurídica, al decidir de manera responsable el número y espaciamiento de los hijos, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

Objeción de conciencia y derechos humanos

Ilustración: Estelí Meza

De manera básica se puede definir la objeción de conciencia como la negativa de una persona en cumplir un deber jurídico al advertirlo en contradicción con sus convicciones morales, ya sea de índole religioso, ético o filosófico. A diferencia del desobediente civil que pretende con su activismo abolir una norma o política que considera injusta, el objetor busca simplemente ser eximido del deber jurídico y escaparse de la sanción que le es asociada.

Las opiniones divergen en torno a si el Estado debe o no amparar los escrúpulos de conciencia por encima de su propia normatividad. Aquí se sostiene que existen buenas razones en una sociedad democrática y liberal para tomar en serio los dilemas morales de las personas, al considerarlos como una expresión de su libertad de conciencia y de religión. Sin embargo, dichas objeciones no pueden en ningún caso conceptuarse como absolutas, sino que deben ser eficazmente reguladas para que puedan ser compatibles con derechos ajenos, en particular en materia de salud sexual y reproductiva. Se proponen aquí cinco puntos que abonan en este sentido.

1. En primer lugar debemos partir de un dato empírico: la alta tasa de objetores en México. Si bien no se dispone de cifra oficial (algo que sin duda contribuye al problema) se estima que alrededor de 80% de los médicos de las instituciones públicas de salud se declaran objetores en materia de aborto. Se trata, por lo tanto, de un fenómeno mayoritario en la profesión, susceptible de tener repercusiones importantes en el acceso de las mujeres a la interrupción de embarazo en las condiciones previstas por la ley.

2. Lo anterior no es trivial, pues la interrupción legal del embarazo se está consolidando cada vez más como un derecho humano, especialmente cuando el embarazo deriva de una violación y cuando ocasiona un riesgo significativo para la salud y vida de la gestante. En un reciente amparo en revisión la SCJN ha sido contundente al respecto: la interrupción legal del embarazo derivado de una violación debe ser atendida de manera urgente; no hacerlo constituye una violación grave a los derechos humanos de la gestante.

3. Si bien los médicos y demás personal de salud son titulares, como cualquier otra persona, del derecho a la libertad de conciencia y de religión, se desempeñan como servidores públicos. Por ello, su actuación debe estar apegada a la legalidad y no vulnerar los derechos de los usuarios del servicio público de salud. Con mayor razón en un Estado laico, que no hace suya ninguna religión o doctrina particular. En este sentido la objeción de conciencia del médico no debe devenir en la imposición de sus propios valores y creencias por encima de la legislación vigente.

4. Para evitar lo anterior y cumplir cabalmente con el requisito legal que obliga a la Secretaría de Salud a “contar en todos los casos con personal no objetor que reciba y atienda al paciente”, se ha propuesto crear registros de objeciones de conciencia. El recurso, cumpliendo los debidos requerimientos en materia de privacidad de datos y no discriminación, sería una herramienta útil para mapear las objeciones y de esta manera garantizar de manera ágil y diligente los derechos de los administrados.

5. Asimismo, más que prohibir, se pretende canalizar las objeciones de conciencia para hacerlas compatibles con los derechos de los usuarios de los servicios públicos de salud. En esta perspectiva deben ceñirse a un marco de actuación: ser individuales y no institucionales, limitadas a las personas involucradas directamente en los procedimientos rechazados, presentadas con anterioridad y, sobre todo, ser ejercidas de buena fe. Ello significa que la objeción solamente debe buscar preservar la integridad de la conciencia personal y no ser utilizada como una estrategia colectiva para obstaculizar el goce de los derechos ajenos y desbaratar las políticas públicas de salud.

En definitiva el artículo 10 bis, el cual menciona que la objeción ha de ceder en caso de emergencia y que la autoridad debe contar siempre con personal no objetor, no ofrece las garantías necesarias para conciliar todos los derechos en tensión. Asimismo, la impugnación de la disposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una buena oportunidad para repensar la problemática en toda su complejidad y lograr una solución equilibrada entre intereses en juego.

 

Pauline Capdevielle
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Colegio de Bioética A.C.

 

Un comentario en “Objeción de conciencia y derechos humanos

  1. En una sociedad educada en materia sexual, teniendo como base el concepto de laicidad, dejando que en las escuelas se enseñe lo que es el sexo, sus consecuencias sin ningún impedimento de ninguna religión, promoviendo el uso de anticonceptivos como condón, condón vaginal, DIU, tabletas etc y sobre todo sin hipocresías ni dobles caras, el aborto sería excepcional quedando quizá los casos de violación o enfermedades graves de la mamá que impedirían se embarazara o graves defectos del feto o algún caso en que fallara la anticoncepción. El aborto es consecuencia de la ignorancia, de las creencias religiosas y de la hipocresía.