Los discursos conservadores y reaccionarios en la prensa escrita durante 1998

Las movilizaciones sociales requieren activarse a través de cierto dogmatismo, en su necesidad de dar fe acerca de la veracidad de los actos aunque en ellos prevalezca una noción de mejora a pesar de su carga histórica hasta ahora negativa. No lejana a esta noción, la izquierda progresista incluye en su dogmatismo toda doctrina positiva acerca del mundo y, como si se tratara de una masa a moldear en manos de salvajes, observa los objetivos políticos como futuras acciones a integrarse al poder, o a tomar el control de la veracidad de sus actos como dispositivo de regulación de sus discursos ante la opinión pública. Perseguir la idea de libertad no nos libra de la victimización. Por más libre que esta idea sea y por más higiénica que busque aparentar ser, el saldo de sus acciones será negativo, necesariamente, por sus contradicciones. 

El movimiento social estudiantil iniciado el 20 de abril de 1999, en la máxima casa de estudios, no puede entenderse grosso modo sin escribirse el preámbulo. El 6 de enero de 1998, el periódico Excélsior dio noticia a sus lectores acerca de los primeros pasos para analizar el incremento de las cuotas escolares a la comunidad universitaria, a través del llamado “Plan de Desarrollo Universitario 1997–2000”, y con ello dejar atrás el “Plan Barnés”, satanizado por los detractores del rector en un 1999 nada lejano.1 Sin embargo, el “Plan de Desarrollo Universitario” puesto a consulta entre los estudiantes unameños resultó un fracaso, sobre todo para el STUNAM, quien en comentarios de su líder Agustín Rodríguez Fuentes la participación estudiantil fue raquítica, ya que de una comunidad con aproximadamente 300 mil matriculados sólo se recibieron mil 374 propuestas.2

A pocos días de ofrecer a profesores, trabajadores y estudiantes los resultados de la consulta del “Plan de Desarrollo Universitario”, Barnés rindió su primer informe de labores como rector de la universidad. El 9 de febrero del 98, con el enfoque de los medios y la distorsión normalizada que logran generar en la opinión pública, el rector pidió a los estudiantes colaborar para lograr que la UNAM cumpliera con el enorme compromiso pactado ante la sociedad, y a través de él lograr construir el futuro de la nación. Recordemos que es febrero del 98, y Barnés con traje de lentejuelas de oro se atrevió a dar la primera estocada: “Si los jóvenes aportan mayores ingresos a la Universidad, entonces se mejorarán los servicios escolares y se incrementará el número de becas para estudiantes de bajos recursos”, esto se consigna nuevamente en las páginas de Excélsior.3

No era para menos. El jefe de gobierno del Distrito Federal Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano no estuvo de acuerdo con la declaración del rector y se pronunció por una educación superior gratuita y pública.4 La crisis financiera padecida por las universidades en el país fue el reflejo de una economía asistencialista, en opinión de unos, y una ciencia económica, en la mirada de otros, debido a la aparatosa caída del precio del petróleo que hizo que “el gasto en educación se redujera en aproximadamente mil 500 millones de pesos”; el presupuesto universitario, así como el del Conacyt y el del Instituto Politécnico Nacional, sufrió un golpe irreversible al que hubo que matizar en la prensa, el arrullo a la comunidad universitaria susurrado en los cantos de la rectoría barnesiana sólo logró estirar un año más sus intenciones, aunque durante el transcurso de 1998, fue constante la afirmación de desear establecer las cuotas diferenciadas.

El filósofo y profesor emérito Leopoldo Zea, con un punto de vista contrario al de Cárdenas, pero compartido en la ambigüedad de sus declaraciones, habló sobre la “trascendencia” de la propuesta del rector Barnés, con la que aseguró que la máxima casa de estudios “debe conservar y fortalecer su perfil de institución pública de fuerte carácter nacional; el Plan Nacional de Desarrollo 1997-2000, es una coyuntura oportuna para que el futuro de la Universidad sea una realidad,5 comentario que se hizo acompañar del siempre inteligente e irreverente ensayista y profesor universitario Guillermo Sheridan, a tres columnas en la revista Vuelta (abril de 1998),6 para hacer notar, sin ambigüedades, que Cárdenas “dañe por parejo a los alumnos que no pueden pagar y a los que sí –y de pasada a los académicos que los educamos–, pues a todos los condena a prepararse en una institución vulnerada por su insuficiente presupuesto”.

Dimes y diretes aún de baja intensidad se desataron entre los opinadores más prestigiosos, legitimados, con credenciales y sin ellas, para abonar a lo que Roland Barthes clarificó en su magnífico libro Lo obvio y lo obtuso; el cariz de la prensa escrita abrió a los lectores una recepción discursiva atendida no sólo a partir de un bando conservador de las políticas públicas en torno de la educación laica, gratuita y obligatoria, sino también de aquellos que defendieron los mismos valores, pero que debido a las circunstancias internas de la universidad y la crisis económica en la que estaba sumergida país, buscaron priorizar una sublevación intelectual que pudiera atenderse desde los signos visibles de la inestabilidad financiera. Entre lo obvio y lo obtuso ese “achatamiento” discursivo del aumento de las cuotas universitarias empezó a mal convivir, para bien de la movilización social a desatarse un año más adelante, bajo una noción de profunda enemistad, simbólica, por supuesto, entre los sujetos políticos.

Defensores a ultranza de lo público y lo “gratuito” usaron la campaña de financiamiento de la universidad como trampolín político, y aquellos otros defensores auriazules se inclinaron a defender más que la postura del rector, a como diera lugar, el espacio simbólico de la no gratuidad (que nunca ha existido) teniendo en contra el imaginario colectivo del triunfo de la justicia social propagado por la izquierda partidista, en esencia, del PRD. Padres de familia con empleos mal pagados o muchos sin empleo, pero con hijos matriculados sin lograr concluir sus estudios, fueron el objetivo de la rectoría para invitarlos a “donar” a la institución universitaria a través de la campaña “UNAMos Esfuerzos”, además de pagar sus respectivos impuestos a la Federación; así como insistir a los grandes empresarios para conseguir a través de ellos el financiamiento de 700 millones de pesos, que de lograrlo los convertiría en “amigos de la UNAM”, aunque aún sin la petición de una transparencia consolidada, solicitud pedida un año después en las páginas de Reforma en la nota “Ofrecen empresarios su apoyo a la UNAM”,7 redactada por Héctor Rendón, en la que representantes de las empresas más sólidas en el país aceptaban cooperar siempre y cuando la rendición de cuentas de las aportaciones fueran puesta a ojos de la comunidad universitaria y de la opinión pública.

Lo politizable se encontró en uno y otro lado del río, aunque a mediados del 98, logró dividir a la comunidad universitaria y puso en entredicho su autonomía. Cárdenas y la izquierda en el Departamento del Distrito Federal (ceuístas), la articulación del Frente de Defensa de la Educación Pública y el líder del STUNAM Agustín Rodríguez anunciaron, más allá de los intereses particulares y generales de los estudiantes y profesores, es decir, de la comunidad universitaria, la reunión de dirigentes sindicales con rectores de las universidades, para perseguir un objetivo distinto al planteado con el aumento de las cuotas, además de inclinarse por la protección de los derechos laborales del personal sindicalizado. Pero los golpes más certeros llegaron con noticias devastadoras en las páginas de la prensa, la primera de ellas, “Cancela el gobierno federal apoyo a la Fundación UNAM”,8 aludiendo a la crisis financiera del gobierno, aunque antes éste logró cubrir el rezago de sus aportaciones que en el año 98 ascendieron a los 62 millones de pesos, como lo consignó la reportera Patricia Ruiz en las páginas de Excélsior.9

La segunda noticia redactada por la periodista Ivonne Melgar para Reforma, anunció “Caerá 7 por ciento presupuesto de educación superior”,10 y consignó que las instituciones más sólidas del desarrollo de la educación superior serían severamente castigadas en sus presupuestos para 1999, con una caída de 6.8 por ciento en su poder de compra e inversión. La tercera, con trabajo periodístico de María Esther Ibarra y publicado en La Jornada, consignó el posible despido de ocho mil profesores de asignatura y ayudantías de profesores,11 como medidas tomadas por autoridades de la máxima casa de estudios, con la intención de paliar el presupuesto austero a otorgarse por el gobierno a la Universidad para 1999, aunque pronto el rector Barnés desmintió lo anterior y negó tales comentarios,12 por el contrario, volvió a fortalecer el paradigma universitario, enseñanza de calidad con profesores de prime nivel, sin dar por sentado, una vez más, los profundos problemas financieros para sostener el 75 por ciento de los presupuestos destinados al pago de nóminas.

Sin embargo, lo que vino más adelante, en específico en el mes de diciembre del 98, fue el inicio de la debacle de la comunidad unameña. Las contradicciones entre los actores universitarios, la opinión pública con tendencia negativa hacia los estudiantes y profesores, estigmatizados por su sindicato burocratizado, y los grupos políticos ajenos a la comunidad universitaria, aunados a la austeridad presupuestaria y al debilitamiento del subsidio gubernamental no sólo a la UNAM y al Politécnico sino al gasto educativo, dieron apertura a un escenario que se imaginó catastrófico. El rector Francisco Barnés, sin esperanzas, el día 3 de diciembre dijo a los senadores de la Comisión de Ciencia y Tecnología que “con el presupuesto que nos han otorgado, la UNAM se paraliza en abril”,13 como hizo constar Excélsior en sus páginas a la opinión pública, así como La Jornada del mismo día con el cabezal “La educación, en peligro”.14

¿Cuál era el contexto de la crisis económica en las universidades de México? A pesar del recorte presupuestal marcado por el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1999, la universidad, a través de su órgano colegiado, desestimó la aplicación del alza a las cuotas, sobre todo, de inscripción. A fines de 1998, los rectores de diferentes universidades en el país reaccionaron sobre la medida tomada, y el secretario general de la ANUIES consignó que el proyecto dejó sin gasto de inversión a las universidades. La inversión pública en educación, se anotaba en la prensa escrita, tendería a disminuir casi un cuarenta por ciento en 1999, y entre el Banco Mundial y el gobierno de Ernesto Zedillo se decidió recortar el gasto a la educación superior, y con ello “obligar” a las universidades a crear herramientas para consolidar y hacer efectivo el aumento de las colegiaturas. Es relevante recordar que el Banco Mundial realizó en el 98 el estudio Education and Earnings Inequality in Mexico, con resultados tan lamentables como afirmar que “La mejor respuesta es que el gobierno reduzca su rol directo en la asignación de recursos a la educación”15 y pretendió hacer el traspaso de responsabilidades al sector privado especialmente enfocando la educación superior.

El modelo del Banco Mundial aspiraba a lucrar en México con los “préstamos educativos”, consolidación del modelo neoliberal estadounidense que hasta el día hoy en el país vecino del norte mantiene a miles de personas endeudadas, aún pagando los intereses de un préstamo devaluado. Y la UNAM, de cara a una crisis económica nacional, enfrentó un déficit de 723 millones de pesos debido al monto que se asignó para el año 1999, aunque este rubro visto desde el discurso del “carácter público y nacional”, como refirió el secretario de Administración de la Universidad sobre “amarrarse el cinturón”16 sólo fue para hacer resistencia a lo que el rector Barnés tenía ya decidido. El flamante anuncio del alza de las tarifas a las colegiaturas de los estudiantes unameños del 17 de diciembre del 98 en las páginas de Reforma,17 fue leído ya no como una amenaza por la comunidad universitaria, y como un salvavidas flotando a la deriva en medio de la nada, al parecer, para la rectoría, sino como una medida de obligatoriedad para todos aquellos estudiantes de nuevo ingreso a partir de agosto de 1999.

Barnés declaró: “Si las condiciones son favorables, lo cual quiere decir que la Universidad cuente con un presupuesto que le permita enfrentar las operaciones cotidianas, es muy probable que el próximo año pondremos a consideración de la comunidad el cobro de cuotas que sólo representarían una fracción mínima del costo real de la formación del alumno”.18 Las organizaciones estudiantiles redoblaron sus actividades ante la declaración de la rectoría al dar a conocer que el aumento a las cuotas se daría en el inicio del semestre en agosto del 99. El “llamado” para dar a conocer la propuesta en el alza de las colegiaturas no sólo no resolvería los problemas de fondo sino que abriría una grieta profunda entre los actores principales de las movilizaciones, grieta de por sí había zanjada a inicios del 98. Al iniciar el 99, el análisis de la propuesta del alza de las cuotas fue puesto a consideración por parte de la Red de Estudiantes Universitarios y el Comité Estudiantil Metropolitano, para debatir el financiamiento de la Máxima Casa de Estudios y de la educación superior en México. 

La “corresponsabilidad” giró como una nueva noción locativa en el discurso de las autoridades universitarias, al parecer moral más qué ética, al proponer que no sólo la Cámara de Diputados y el gobierno federal apoyaran con recursos a la Universidad para dar respiro a la causa universitaria, sino también, ahora en adelante, padres de familia y estudiantes, como un aporte positivo para la sociedad, tendrían que ser “corresponsables” de buena intención, para el apoyo que la Universidad requería en torno de las colegiaturas. Entre muchos otros temas de la agenda universitaria, la eliminación de la tesis para lograr la titulación al concluir al 100 por ciento de los créditos y la rendición de cuentas claras de los fondos públicos que la universidad recibía estuvieron sobre la mesa de los diarios capitalinos conformando un pivote innecesario, al parecer, entre el alza a las cuotas y el lúdico empuje de la titulación sin tesis desde la rectoría, se buscaba minorizar el tema a tratar. Es relevante recordar que Barnés logró terminar con el “pase automático” en el 97,19 lo que le hizo creer que después de las rectorías de Jorge Carpizo y José Sarukhán, quienes también desearon implementar el aumento a las colegiaturas sin lograrlo, podría marcar una pauta histórica en la Máxima Casa de Estudios al trascenderlos.

Para el 12 de febrero del 99, los asuntos internos de la Universidad comenzaron a hacerse públicos, y más que ello, morbosos a ojos de la opinión pública. En el primer informe de labores del director de la Facultad de Economía Guillermo Ramírez Hernández, los estudiantes y profesores universitarios irrumpieron para manifestar su inconformidad ante el anuncio de rectoría de elevar las cuotas, acto en el que estuvo presente el rector Barnés, quien al no tener vía de diálogo con los manifestantes, optó por declarar que la comunidad universitaria contaba con toda la “libertad de expresión”, a pesar de lamentarse la “actitud” negativa de los estudiantes y profesores. El editorial de La Jornada del mismo día consignó “La propuesta enviada ayer al Consejo Universitario por el rector de la UNAM, Francisco Barnés de Castro, para actualizar a un nivel razonable las cuotas que la máxima casa de estudios cobra a sus estudiantes, tiene, de manera inevitable, una carga polémica. De inmediato, la Red de Estudiantes Universitarios rechazó la iniciativa, la tachó de contraria al carácter público y gratuito de la educación impartida por el Estado, y la vinculó a un supuesto propósito de ‘privatizar la universidad’”.20

El monto al alza a las cuotas puede verse en la imagen previa y es el cabezal del periódico La Jornada del viernes 12 de febrero de 1999. Una toma de conciencia es lo que los editorialistas del periódico piden a la comunidad universitaria, pues consideraron plausible la idea de no gratuidad ya que nunca fue ni ha sido efectiva y aplicada, y contraponen la noción de lo “gratuito” ya que “ha de tenerse en cuenta que las cuotas universitarias por razones políticas o administrativas […] no se actualizaron en el último medio siglo. Tales cuotas, que en los años 50 y 60 representaban una parte significativa de los ingresos de la institución, fueron reducidas al absurdo por las altas tasas inflacionarias de las décadas siguientes”.21 Por su parte, Reforma del 13 de febrero, da noticia sobre el estudio que la UNAM realizó a sus matriculados para afirmar que el 70 por ciento de los alumnos contaba con familias donde los ingresos eran de más de cuatro salarios mínimos, generando una opinión sobre la viabilidad de que la mayoría de los alumnos matriculados sí pudieran pagar cuotas más altas.22

Como lo consignó la periodista María Esther Ibarra en La Jornada del 15 de febrero del 99, en su reportaje “Alonso Raya: evita la gratuidad el cobro de cuotas en la UNAM”,23 para el legislador del PRD, el Estado tendría que ser la entidad que otorgue a los mexicanos la educación púbica; para ello, en palabras de Alonso, “aunque digan lo contrario se está privatizando paulatinamente a la UNAM y se violenta el derecho de acceder a la enseñanza superior”, declaración que sería nuevamente apoyada por el comentario del Jefe de Gobierno Cuauhtémoc Cárdenas al expresar su rechazo al proyecto del incremento en las cuotas, además de afirmar a la opinión pública “Yo no soy autoridad universitaria para aprobar alza alguna”,24 y se contra ataca en las páginas de Reforma, a través de Sergio Sarmiento, que menciona que la negativa de la izquierda a tomar postura sobre el sano y necesario incremento de las cuotas a las colegiaturas evitaría el tan gastado discurso de la izquierda de continuar privilegiando a grupos políticos, como intento sofocado de obtener justicia social politizando a la Máxima Casa de Estudios.

Miguel Ángel Granados Chapa en su columna “Plaza pública. Cuotas Universitarias”, publicada el 16 de febrero del 99 en Reforma, enfatizó la oportunidad de poder encontrar en el aumento a las cuotas una respuesta sólida y necesaria a lo que rectores anteriores, como ya se ha anotado aquí, no pudieron dar seguimiento. Para Granados Chapa fue el momento justo para que la comunidad universitaria y el Estado lograran pactar los años venideros de la UNAM con seguridad financiera y que ésta sea una entidad que supere los obstáculos de detractores; quienes realmente sí puedan acceder al pago se miren como agentes de un cambio positivo y democrático dentro de la universidad, y así el Estado podrá tener también una participación importante sin decaimiento de sus obligaciones con la educación media y superior en México, porque, necesariamente, ese es el carácter de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Constitución, su laicidad y obligatoriedad, aunque algunos hayan pensado en la privatización antes de tiempo.25

Conforme creció la participación de los consejos técnicos en torno a la modificación del Reglamento General de Pagos de la Universidad (el llamado “Plan Barnés”), Pablo Gómez cuestionó las opiniones divididas y las abstenciones de los consejeros, puso en entre dicho la capacidad tanto de unos pocos asumidos en el rol del beneficio educativo como lejano al programa neoliberal y de otros muchos que lo afirmaban en la firma de sus columnas. Gómez señaló que unos pretenden demostrar que la educación superior a cargo del estado no es tan pública, sino que el estudiante debe pagar una parte. La idea de fondo es, a partir del bachillerato, el Estado no debería hacerse cargo de la enseñanza. Sin embargo, las cuotas son inconstitucionales […] Lo que plantea el rector Barnés es que los estudiantes encubran con sus cuotas la ineptitud del Estado respecto a la educación, pero en el fondo se busca retomar la ideología reaccionaria de la educación superior elitista.26

Un día después de las declaraciones de Pablo Gómez, la Asamblea Estudiantil Universitaria (AEU), sin ponerse aún de acuerdo con los tiempos de respuesta frente a la aprobación del nuevo Reglamento General de Pagos, señaló un fuerte “no a las cuotas”, dijo que “imponer no es solucionar” y que “la UNAM es del pueblo, no de la iniciativa privada”, todo ello en el resolutivo de la Asamblea realizada en la Facultad de Economía el día 19 de febrero del 99.27 Tanto para el rector Barnés, como para el Banco Mundial los tiempos de espera fueron poco benéficos con sus intenciones y deseos, así que la rectoría decidió poner a debate el tema de las cuotas con un argumento, al parecer, descontextualizado, pues polarizó a la ciudadanía al marcar que “no es permisible que el financiamiento de la educación superior corra a cargo de la colectividad, es decir, de los que no se benefician de ella”. Sin embargo, la noción de lo “público” y su defensa tuvo que reafirmarse a pesar de no ser un concepto rígido, ya que la ciudadanía aún marcaba un sentido colectivo, con fuerte carácter territorial y de identidad al pensar la educación pública para todos.

Uno de los trabajos más relevantes sobre la huelga universitaria 1999–2000, fue investigado y escrito por el doctor Octavio Rodríguez Araujo, titulado El conflicto en la UNAM (1999-2000). Dos concepciones sobre la universidad pública, en el que destaca sobre la educación superior en México “Privatizar, en otros términos, [es] eliminar en la práctica su autonomía por lo que se refiere a la libertad de cátedra y de investigación, e insertar a la universidad pública en la lógica del mercado y de la oferta y la demanda”.28 El enfoque de corte neoliberal, aunque defendido en la prensa escrita por articulistas de Excélsior y Reforma, supuso una “renta educativa”, en palabras de Axel Didriksson, en la que “el capital humano generado por la educación es elevado y el principal beneficiado es el estudiante”.29 Y en la línea de Rodríguez Araujo: “Las cuotas en la UNAM han sido un asunto difícil que ha provocado movimientos estudiantiles cada vez que se toca. El rector, a pesar de la oposición que había entre académicos, estudiantes y trabajadores administrativos, propuso su reforma e hizo lo que pudo (o quiso) para que se aprobara, sin legitimidad y con ominosas sombras de duda sobre las formas en que fue convocado y conducido el Consejo Universitario para el efecto, el 15 de marzo de 1999.”30

La presión durante 1998, con la que el rector Francisco Barnés de Castro impulsó –e impuso– su nuevo Reglamento General de Pagos, conviviendo con el fuerte marcaje del Banco Mundial y su política educativa también de presión sobre los gobiernos para que estos no subsidiaran más la educación superior, quiso achicar las obligaciones del Estado sobre las líneas de la cooperación y la autonomía universitarias; blandir la confusión para enardecer a la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, administrativos y sindicalizados, es decir, con los vientos positivos de una economía en crisis, la transformación de la educación superior en México, hasta como la habíamos conocido a fines del siglo pasado, debió introducir un lenguaje pasivo, a veces neutral y políticamente correcto, en su intento de acoplarse con la globalización y el nuevo orden de las economías globales.

Conservadores y reaccionarios fueron los calificativos utilizados por Federico Reyes Heroles, para aquellos que se negaron a entablar una sincronía con la idea de la universidad pública, pero no gratuita, además de pensar en torno de la noción de “socializar” el costo de la educación, que no resultaba lo mismo que su privatización en función de las políticas afines al Banco Mundial. A fin de cuentas, en la idea de Reyes Heroles, quienes lograran pagar una cuota más alta podrían cubrir una deuda histórica a la que otras universidades estatales se vieron desventajosamente sometidas, una balanza echada hacia el otro lado, donde “la vocación de justicia no es desentenderse frente a la desigualdad intrauniversitaria, sino asumirla y actuar a favor de los que menos tienen, expresó Reyes Heroles, en su artículo “Cuotas: reinventar la justicia” publicado en Reforma.31

René Drucker Colín, en un tono mucho más conciliador y reflexivo, al siguiente día de la nota publicada por Federico Reyes Heroles, en La Jornada redactó un artículo en el que abordó el problema universitario como no se había hecho a más de un año de iniciadas las declaraciones en la prensa escrita, al poner sobre la mesa que el aumento en las cuotas a la colegiatura no salvaría a la UNAM, una declaración por demás razonable en el concierto de opiniones periodísticas;32 con ello, Drucker logró proponer que lo obtenido por del monto de las cuotas debería convertirse en un fideicomiso con la fuerte intención de crear –posiblemente, además de mayor burocracia–, el aseguramiento del monto de las becas para aquellos estudiantes mayormente precarizados, mejorar condiciones de la docencia y apoyar a proyectos de investigación. En todo lo anterior, por supuesto, el Estado no debería perder su papel como jugador principal ante la Carta Magna; la obligación, nos dijo Drucker, está en asumir su responsabilidad a lo largo del juego.

La excelencia académica, sumada a lo que Drucker atisbó sobre lo insalvable de la universidad, tampoco estuvo en el planteamiento de rectoría. O posiblemente sí, sin embargo, no se gritó a voces para que la opinión pública tomara su distancia y reflexionara sobre el asunto. Nótese el imperativo de la libertad de cátedra afectada con la pérdida de autonomía si es que los vínculos establecidos con el Ceneval prosperaran. La “calidad” de los egresados podría ser juzgada, como bien anota Araujo “de aquí que la adecuación de los planes de estudio fuera el complemento indispensable para la adaptación buscada a los lineamientos del Banco Mundial y de la OCDE, y a los compromisos firmados por el gobierno mexicano (sin consulta previa a la población) con los otros miembros del TLCAN”.33

Una disputa entre los límites de las fronteras percibidas más allá de la globalización y la democracia debilitada en México (no hay que dejar de observar los altísimos índices de pobreza, por ejemplo, y la brecha aún enorme de analfabetismo en el país), ejecutarían en manos del Banco Mundial y la OCDE la ordenanza de homogeneización buscada por países desarrollados para introducir a la educación superior de países no desarrollados, los discursos de la competitividad internacional. Para ser competitivos, primero, en los albores de la huelga del 99, hubo que resolver sí, en buena medida, los recursos de orden financieros para la operación de la máxima casa de estudios, en común acuerdo con la comunidad universitaria, no borrándola, y segundo, como lo propuso el doctor Drucker Colín, también hacerse responsable, principalmente en rectoría, de las políticas educativas neoliberales a las cuales condujo al Congreso Universitario a una reunión a escondidas en el Hospital de Cardiología.

El fast track de Barnés de Castro quiso dar continuidad a un proceso que de entrada se deseó irrealizable. Y los deseos, como las intenciones de las movilizaciones sociales, requieren habitar un espacio simbólico para que a partir de él pueda darse un impacto en el sistema político para transformarlo, en beneficio de la sociedad. El “Plan Barnés” satanizado, vilipendiado, pero también legitimado por las voces de la derecha en su sobreproducción de sentido de democracia, viró de una positividad neutral a una duda colectiva para deslegitimarse a sí mismo. El error cometido por Barnés y rectoría, como hizo Felipe Calderón Hinojosa diez años después con la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la muerte inminente de su Sindicato Mexicano de Electricistas, recayó en una confianza hecha añicos.

La seguridad, la certeza, poder asumir un Estado bajo nociones de certidumbre pudieron dar un mejor maquillaje a las buenas intenciones de Barnés. Rectoría eligió el camino de la rapidez, como acostumbran hacer los políticos en México, para borrar a su comunidad, que a mediados del mes de marzo de 1999, giró en descontento, peor aún, padeció la desconfianza de un político más, su rector convertido en maniquí por fuerzas externas a la Universidad, con la misma careta marcada por la ilegalidad con la que Barnés llevó a cabo el Congreso Universitario en el Instituto Nacional de Cardiología, en una votación veloz y sin la mayoría de la representación del Consejo Universitario. Había que salir del paso a como diera lugar, el Banco Mundial no tuvo más paciencia, tampoco lo tendría el gobierno federal.

Lo que irrumpió el plan maestro de Barnés, como se vio en su renuncia el día 12 de noviembre de 1999, fue el intercambio de opiniones cruzadas en los medios. Su figura como cabeza de la máxima casa de estudios fue reducida a ineptitud, y la secretaría de Gobernación comenzó a perfilar desde el mes de septiembre a dos nuevos candidatos para la rectoría. 207 días de inactividad en la UNAM así lo demostraron. El gobierno federal a través de su Secretario de Educación Pública Miguel Limón Rojas, en la reunión de la ANUIES celebrada en Veracruz, hizo responsables a las autoridades universitarias “de las decisiones que llevaron al ‘lamentable desarrollo de los acontecimientos que han sucedido en la UNAM’”,34 como expresó el doctor Rodríguez Araujo. ¿Pudo evitarse el conflicto universitario? No. Sin embargo, durante todo el año de 1998, confiado por la resolución positiva del Reglamento de Exámenes e Inscripciones, Barnés de Castro debió virar el timón hacia el diálogo, optar por abrir un canal plural, por mínimo que éste fuera, para que la comunidad universitaria, antes del estallido del primer paro de actividades, decidiera de manera consensuada el futuro de la Universidad.

 

Rodrigo Castillo
Ciudad de México, 1982, es escritor y editor. Profesor de la UNAM-Unidad de Posgrado. Centra sus intereses en la enseñanza de la edición en soportes no convencionales y en la prensa escrita como objeto de estudio de las movilizaciones sociales. Ha publicado cuatro libros, el último, Sombra roja. Diecisiete poetas mexicanas 1964-1985 (Vaso Roto, 2017).


1 En Excélsior, número 29380, 6 de enero de 1998.

2 En Excélsior, número 29407, 2 de febrero de 1998.

3 En Excélsior, número 29437, 4 de marzo de 1998.

4 En La Jornada, año catorce, número 4854, 11 de marzo de 1998.

5 En Excélsior, número 29461, 28 de marzo de 1998.

6 En Vuelta, número 257, 1 de abril de 1998.

7 En Reforma, año seis, número 1890, 13 de febrero de 1999.

8 En Excélsior, número 29657, 12 de octubre de 1998.

9 Ibidem.

10 En Reforma, año V, número 1805, 19 de noviembre de 1998.

11 En La Jornada, año quince, número 5108, 23 de noviembre de 1998.

12 En La Jornada, año quince, número 5109, 24 de noviembre de 1998.

13 Lucio Mendieta y Núñez, en Revista Mexicana de Sociología, volumen 70, Temas 3-4, digitalizado 15 de febrero de 2011, y en Excélsior, número 29708, 3 de diciembre de 1998.

14 En La Jornada, año quince, número 5118, 3 de diciembre de 1998. Última actualización: 3 de abril de 2019.

15 En La Jornada, año quince, número 5119, 4 de diciembre de 1998, en línea.

16 En Excélsior, número 29712, 7 de diciembre de 1998.

17 En Reforma, año seis, número 1833, 17 de diciembre de 1998.

18 Ibidem.

19 “Se aprobaron las modificaciones al Reglamento General de Inscripciones y al Reglamento General de Exámenes, elaborados con base en los principios generales relacionados con el ingreso y la permanencia en los ciclos de bachillerato y licenciatura, acordados por el Consejo Universitario en su sesión del 9 de junio” de 1997, en línea. [Última actualización 17 de abril de 2019].

20 En La Jornada, año quince, número 5156, 12 de febrero de 1999.

21 Ibidem.

22 En Reforma, año seis, número 1890, 13 de febrero de 1999.

23 En La Jornada, año quince, número 5190, 15 de febrero de 1999.

24 Ibidem, p. 44.

25 En Reforma, año seis, número 1893, 16 de febrero de 1999.

26 En La Jornada, 19 de febrero de 1999, en línea. [Última actualización 3 de abril de 2019].

27 En Reforma, año seis, número 1897, 20 de febrero de 1999.

28 Octavio Rodríguez Araujo, El conflicto en la UNAM (1999-2000). Dos concepciones sobre la universidad pública, p. 2, en línea. [Última actualización: 21 de abril de 2019].

29 En La Jornada, año quince, número 5197, 22 de febrero de 1999.

30 Op. cit., p. 2, en línea.

31 En Reforma, año seis, número 1900, 23 de febrero e 1999.

32 En La Jornada, año quince, número 5199, 24 de febrero de 1999.

33 Op. cit., p. 3, en línea.

34 En Proceso, 14 de noviembre de 1999.

 

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