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Dentro de la imaginería política mexicana la derecha es una nebulosa en la que se entremezclan toda suerte de males: contrarrevolucionarios emboscados, nostálgicos del porfiriato, empresarios, católicos militantes, el eje Vaticano-Washington, fantasmagóricos coroneles golpistas, amas de casa irritadas por la inflación, campesinos fanáticos, poblanos, regiomontanos, provocadores disfrazados de comunistas y de columnistas y otras quimeras. Sabemos que está ahí pero no sabemos bien a bien qué es ni cómo es. Dos razones podrían explicar nuestra ignorancia: la primera va a dar a la naturaleza del régimen político mexicano, la segunda a las características propias de la derecha como fenómeno general.

Reacción eres tú

La oposición convencional entre la izquierda y la derecha nació en la primera república francesa cuando en la Asamblea los defensores de la reforma y de la igualdad sociales se sentaban a la izquierda mientras que los aristócratas y los conservadores lo hacían a la derecha. De entonces a la fecha esta distinción ha ido ganando en ambigüedad y las diferencias ideológicas ya no se resuelven en simples dicotomías entre conservación y cambio, tradición y revolución, dictadura y democracia. Sobre todo después de 1945, la diversidad de las dinámicas políticas se ha expresado en movimientos, en organizaciones y en tendencias que concilian dimensiones de dominación política que el esquema clásico haría impensables: revoluciones tradicionalistas como la de Jomeini, democracias dirigidas, populismos autoritarios o el reformismo eurocomunista son sólo algunos de los casos que desafían los esquemas unidimensionales. Ahora, cuando se trata de categorizar ideológicamente a los regímenes políticos, nos encontramos no en una situación similar a cuando queremos introducir fichas cuadradas en espacios redondos. El único acuerdo que actualmente prevalece es que las etiquetas ideológicas clásicas se desmoronan y que este tipo de clasificaciones parece cada vez más cuestión de opiniones y de gustos que de hechos y definiciones.

Aunque las nuevas formas que ha adquirido la política no se ajustan al modelo tradicional izquierda-derecha, esto de ningún modo significa que hayan desaparecido esas contradicciones. Lo que parece haber sucedido es que la sustancia de un régimen se define más por las formas de ejercicio del poder y de organización de la participación que por los objetivos de largo plazo que se propone, de suerte que las categorizaciones democracia-autoritarismo-totalitarismo se sobreponen a la de izquierda-derecha. Aun así ésta se sigue utilizando para calificar la naturaleza esencial de los regímenes políticos. Entre la izquierda y la derecha la gran contradicción sigue siendo la oposición en la escala de prioridades políticas entre la sociedad y el individuo.

Ernest Nolte afirma que el origen de la derecha es siempre el desafío de la izquierda1 y con ello nos ofrece un punto de partida válido para identificar sus valores esenciales: el individualismo, la defensa de la propiedad privada y de la libre empresa —la base del individualismo posesivo—, el mantenimiento de estructuras verticales de autoridad y el nacionalismo. De éstos los tres primeros son indiscutibles, mientras que los dos últimos no son de ninguna manera una exclusiva de la derecha. El socialismo real ha demostrado que el monolitismo del poder y la verticalidad de las relaciones de autoridad pueden sustentarse en un aparato ideológico de izquierda. En 1955 Simone de Beauvoir festejaba la muerte de la derecha con estas palabras: “La verdad es una y el error múltiple. No es un azar el que la derecha profese el pluralismo”.2

Históricamente la derecha nació vinculada con las doctrinas nacionalistas. Esta asociación se diluyó cuando el proceso de descolonización y las luchas de liberación nacional adquirieron tonos marcadamente antiimperialistas y anticapitalistas. Hasta 1945 los gobiernos norteamericanos apoyaron los movimientos de independencia en las antiguas colonias europeas, pero después de esa fecha empezaron a considerarlos como el peligroso vehículo de la influencia soviética y, en general, de una radicalización de izquierda. No obstante, la calidad intrínseca de los nacionalismos los contrapone a los principios del internacionalismo proletario y de la solidaridad de clase que sustenta la izquierda. La elevación del mito de la nación a objetivo central de la colectividad ha conducido en más de un caso al exclusivismo ideológico y a prácticas antidemocráticas frente a todo lo que puede percibirse como un obstáculo a la unidad nacional: partidos o clases. El nacionalismo puede así aportar una justificación moral a la concentración del poder en manos de una élite porque, se dice, la nación es una e indivisible y su interés está por encima de cualquier interés de grupo.

Cuando afirmamos que la derecha surge siempre como una respuesta, esto implica un carácter defensivo. En situaciones críticas asume, sin embargo, estrategias de ataque. Adquiere entonces dimensiones de tal magnitud que la derecha pierde el aspecto de mera reacción y desarrolla una cierta autonomía que se expresa en proyectos políticos aparentemente constructivos. A pesar de un lenguaje a veces optimista, la derecha se apoya en un pesimismo esencial respecto al hombre y a la sociedad y despliega un gran atractivo en situaciones de decadencia. En 1937. André Malraux, escribía: “Todo aquél que sea un activista y al mismo tiempo un pesimista es o será un fascista”.3

Sólo cuando se radicaliza, la derecha busca organizarse doctrinal y estructuralmente, en vista de que su individualismo esencial la orienta en sentido contrario. Esto conduce a una precisión en lo que se refiere a actitudes profundas frente a la actividad política, mismas que tienden a imponerse en situaciones de estabilidad y a traducirse en conservadurismo.

El filósofo francés Alain escribió alguna vez: “Cuando me preguntan si aún tiene sentido la distinción entre partidos de izquierda y de derecha, entre hombres de izquierda y de derecha, lo primero que se me ocurre es que quien me lo pregunta no es ciertamente de izquierda”.4 En general la derecha rehúye el tipo de organización que en cambio la izquierda percibe como esencial. Actitudes típicas de la derecha son el rechazo de las ideologías y de los conflictos sociales, y el repudio desde posiciones moralistas y eficientistas de la política. En sus derivaciones más desmesuradas esta postura lleva al antiintelectualismo, al irracionalismo y al antiparlamentarismo. La despolitización es un tema fundamental de la derecha tanto cuando es promovida desde arriba como cuando sustenta en la sociedad actitudes de indiferencia o de repugnancia frente a lo que condena como componendas y corruptelas del poder.

Poseer y distribuir

En México la derecha sigue siendo en buena medida una abstracción en la que se confunden los antis oficiales: antirrevolución, antinación, antidemocracia. Sin duda la revolución provocó una reacción conservadora y en el curso de la historia política contemporánea han aparecido grupos y movimientos con ese signo; pero en México la derecha nunca ha alcanzado el grado de coherencia estructural y doctrinaria que ha logrado en otros países. Para el caso mexicano vale la afirmación de Nolte: la derecha surge sólo cuando recibe el estímulo de la izquierda. Sólo en momentos en que se percibía un avance o un fortalecimiento de la izquierda, se ha dado la aparición de organizaciones de derecha y de movilizaciones independientes del Estado identificadas con ellas. En el caso concreto mexicano esta percepción ha obedecido más a una ampliación del intervencionismo estatal y, por lo mismo, al fortalecimiento de su presencia social que desarrolló de un modo independiente a los partidos marxistas o socialistas. El movimiento social que encarnó la lucha de los cristeros fue sobre todo una reacción violenta y radical en contra de un Estado empeñado en dirigir el cambio. Durante el cardenismo y bajo la lejana influencia de la extrema derecha europea, se formaron grupos de activistas ferozmente anticomunistas; los devaneos progresistas de López Mateos reactivaron este tipo de oposición en sectores religiosos y laicos; más recientemente, la recuperación que hizo el gobierno echeverrista del discurso populista de la revolución mexicana provocó el desperezamiento político de fuerzas sociales que hasta 1970 habían juzgado innecesaria la participación organizada.

En el espectro político mexicano el debate en torno al papel del Estado ha ido generando la formación de dos grandes familias ideológicas que, dentro del proyecto modernizador del Estado, reflejan la inconfortable convivencia de la tradición liberal y del populismo revolucionario. La defensa del individuo, de la libre empresa y de la propiedad privada parecen cada vez más irreconciliables con el autoritarismo redistributivo que es la esencia popular y revolucionaria del régimen; para unos el Estado es un mal necesario y para otros un esencial actor político y social. Una categorización analítica de la contradicción entre la izquierda y la derecha en los términos en que se ha dado en México se traduce en la oposición entre el individualismo posesivo5 y el autoritarismo redistributivo.6

El individualismo posesivo es el fundamento de la democracia liberal del siglo XX, pero en México adquiere las dimensiones de un conservadurismo antipopular cuyas consecuencias son esencialmente antidemocráticas. Aquí resulta imprescindible señalar la confusión que nace de los múltiples sentidos que tiene la noción de democracia. Ateniéndonos al más general, democracia es participación: participación en la definición de los objetivos de la sociedad, en la de los mecanismos que se eligen para alcanzar esos objetivos y en la elección de sus dirigentes; y participación también en los beneficios que trae el desarrollo de la sociedad. Dentro de la tradición del autoritarismo mexicano, la intervención del Estado en la esfera social ha sido vista como condición de democracia en la medida en que las funciones de regulación del conflicto social se han traducido en políticas proteccionistas de los intereses populares, cuyo objetivo ha sido democratizar algunos de los beneficios del desarrollo asegurándole a estos grupos un margen —estrecho— de participación en el bienestar general. Este es el sentido democrático del estatismo mexicano. Sin embargo, hasta ahora el intervencionismo estatal que instrumenta esta función redistributiva se ha sustentado en un autoritarismo antidemocrático que restringe la participación en lo que se refiere a la lucha política. La reivindicación de este derecho esencial reviste de colores democráticos el antiestatismo que manifiestan diferentes grupos sociales y políticos. La contradicción central en la lucha por la democracia en México reside en que en una sociedad tan profundamente desequilibrada como la nuestra el triunfo del presupuesto egoísta de que la libertad individual es inalienable (“El individuo es el único dueño de su persona y de sus capacidades y nada le debe a la sociedad”), perpetuaría la desigualdad económica para agudizar la desigualdad política. En ese sentido la lucha por la democracia parece seguir una lógica interna desgarrada donde en la defensa frente al autoritarismo se enfrentan el individuo y la sociedad.

Una tradición clandestina

Si bien ha sido coyuntural la aparición de la derecha mexicana como fuerza política organizada, el potencial que ha demostrado tener manifiesta la presencia de un importante sustrato conservador en la sociedad mexicana. La derecha cristaliza —y en ocasiones distorsiona hasta la desnaturalización— el conservadurismo del cuadro de actitudes dominante. Entre la derecha y el conservadurismo media la misma distancia que entre el activismo y la pasividad.

La derecha en México es una tradición clandestina. El repudio oficial de que ha sido objeto enmascara la presencia en la sociedad del conservadurismo y el uso de los valores tradicionales como mecanismos de control social. Peor aún, en la medida en que el discurso del poder la ha estigmatizado como el enemigo del pueblo, marcada como está por el desprestigio moral que en un país como el nuestro suponen posturas antisociales y antipopulares, nos encontramos con una derecha que no se atreve a decir su nombre y que sobrevive, rozagante, en la ilegitimidad discursiva.

¿Qué significa, en México, ser de derecha? Hay un paradigma universalmente aceptado de que esta corriente ideológica ha permanecido idéntica a sí misma a través de la historia: contrarrevolucionaria y aristocratizante, la reacción ha sido consistentemente denunciada como un fenómeno unidimensional, como una línea continua en la que se inscriben el partido conservador de Miramón y Mejía y el Partido Acción Nacional, partido de empresarios. En su libro sobre la reacción mexicana, Gastón García Cantú llega incluso a afirmar que las tesis de la reacción son siempre las mismas y que lo único que cambia son los procedimientos. Desde luego, en México existe una tradición conservadora, pero eso nos remite más a permanencias y a continuidades culturales que a una ideología política —ya no digamos a una organización partidista. Las derivaciones implícitas en este primer aspecto del paradigma oficial van desde el antinacionalismo que recurre a un príncipe extranjero hasta el clericalismo ultramontano –igualmente antipatriótico— y la subversión antirrepublicana.

Un segundo aspecto del paradigma de la derecha mexicana adquirió mucha fuerza después de la terrible experiencia chilena en 1973, sobre todo, pero ya desde el golpe militar de 1964 en Brasil, y ante la dureza diazordacista. al fantasma de la derecha mexicana se le atribuía una creciente empatía con este tipo de soluciones.

Confrontado con la realidad, este paradigma resulta muy restrictivo. Primero, porque nos habla de una derecha que se define sólo a partir de lo que se consideran los rasgos positivos del régimen: si éste es democrático entonces la derecha es antidemocrática, si el régimen es nacionalista entonces la derecha es antinacionalista. Es decir: más que definir, el paradigma califica, y más que explicar, confunde, porque reduce y simplifica el conservadurismo mexicano a una alegoría: “Los enemigos tradicionales de la Patria”. Además, al hacer de Acción Nacional partido de clérigos y empresarios se nos dice el único rostro conocido (con los rasgos que el PRI le ha impuesto) de la derecha mexicana, le atribuye valores que no sólo le son ajenos sino que repugnan a su tradición liberal y parlamentaria. Por lo demás este paradigma también es restrictivo en cuanto al contenido que le atribuye a la noción de derecha.

Todos los caminos salen de Roma

Desde una perspectiva más amplia y en una lectura detenida de nuestra historia contemporánea, pueden establecerse medidores distintos de los que nos ofrece la versión oficial de la historia y de la realidad política para evaluar críticamente el paradigma convencional de la derecha mexicana. La prevalencia de este paradigma —para no llamarlo lugar común— ha servido para justificar el reformismo del régimen y las alianzas políticas disparatadas, cuando no el inmovilismo y la delegación de toda iniciativa en manos del grupo en el poder. El principio ya casi axiomático de “el status quo o el fascismo” revela tanto la conciencia de las potencialidades autoritarias del régimen como de la existencia de tendencias antidemocráticas en el seno de la sociedad. De un modo contradictorio, el temor que esto inspira ha sido una de las coartadas centrales de la monopolización del poder. En 1957, Lázaro Cárdenas decía: “Hemos tenido que orientar el voto para evitar el triunfo de la reacción”.7

Poniendo en el centro la noción del individualismo posesivo (al que definimos como la base del conservadurismo mexicano del siglo XX), esta familia ideológica adquiere una fisonomía peculiar. La primera pregunta que hay que plantearse es si la derecha en México es una. A pesar de las visiones monolíticas de la reacción mexicana, la mera intuición sociológica y la historia responden negativamente. En México la oposición individualista al autoritarismo redistributivo se ha articulado en diferentes medios sociales y políticos. Si bien es cierto que el individualismo posesivo constituye un punto de convergencia de la oposición conservadora en México, en esa familia encontramos un mosaico de grupos cuyas alianzas han sido frágiles o imposibles. Sólo cuando el autoritarismo gubernamental se ha erigido en el victimario común, ha llegado a crearse un frente de intereses; pero en general impera la fragmentación. En buena medida este fenómeno se explica también por las características generales de una sociedad desarticulada cuya capacidad de agregación es muy pobre frente a un sistema político comparativamente más integrado y con mayor grado de coherencia.

Después de 1910 el conservadurismo mexicano siguió una trayectoria cuyos perfiles han ido definiéndose al ritmo de un proceso más o menos acelerado de pluralización social que, sin embargo, no se ha traducido en pluralismo político. La Iglesia fue el primer portavoz articulado de la oposición individualista a la injerencia del Estado en la vida social. Ante los nuevos ordenamientos legales que en materia educativa y religiosa estableció la constitución de 1917, la Iglesia y la militancia católica volvieron los ojos a la tradición del liberalismo mexicano, hasta entonces el adversario político y cultural declarado, para señalar las inconsistencias de un proyecto que se quería heredero de la constitución de 1857 y reivindicador de las libertades del individuo. Las nuevas atribuciones de intervención en la esfera social que adquirió entonces el Estado empujaron a los defensores de la tradición a acogerse a una tradición que les había repugnado, y la libertad de enseñanza que durante el siglo XIX había sido la cabeza de turco de la oposición de la Iglesia al liberalismo, se convirtió después de 1917 en la bandera de su lucha contra el Estado.

Desarrollos políticos posteriores fueron imprimiendo a esta oposición los rasgos de la democracia liberal, aunque hasta hace relativamente poco, para muchos sectores del clero mexicano el liberalismo seguía siendo uno de los peores males que habían azotado a la sociedad mexicana. El carácter autoritario del régimen orientó la evolución de la oposición de la Iglesia de tal manera que su participación política puede presentarse como una intermediación entre el individuo y el Estado. Desde esta perspectiva la Iglesia puede reclamar para sí una tradición antiestatista (y, en ese sentido, de defensa de la de democracia política), en la medida en que ha mantenido una consistente defensa de la participación independiente, aunque en términos estrictos sigue siendo profundamente contraria al autoritarismo redistributivo que es la esencia popular y revolucionaria del régimen.

La importancia de la Iglesia como articuladora de este tipo de oposición reside también en la vigencia del catolicismo, no como práctica religiosa sino como referencia cultural común al 90 por ciento de los mexicanos, que le brinda una legitimidad cuyo potencial político puede ser muy amplio.

Con el PAN hemos topado

La resistencia a una ampliación del intervencionismo estatal en México, que también se expresa como dirigismo político, perfiló la oposición vasconcelista. En 1929 las reivindicaciones democráticas de defensa del voto y de limpieza de los procesos electorales no iban acompañadas ni de clericalismo ni de remanentes del porfiriato, ni menos aún proponían la implantación de una dominación extranjera. Sus postulados apuntaban al rescate del principio maderista de respeto a la participación independiente frente a la monopolización del poder que operaba el proyecto político del general Calles.

Diez años después se fundó Acción Nacional, en primer lugar como un intento de recuperar el entusiasmo cívico que Vasconcelos supo despertar entre sectores de la clase media urbana frente a la cerrazón de la élite revolucionaria. Las posiciones gomezmorinistas tas originales coincidían estrechamente con las de los vasconcelistas: el individualismo democrático, el antiautoritarismo, la crítica moralista de la política, el repudio de los políticos profesionales —de hecho, salvo contadas excepciones, los militantes panistas mantienen una tradición de políticos de medio tiempo—; la reivindicación de la vía parlamentaria, la repugnancia frente a los métodos violentos y frente al militarismo. Esta corriente del conservadurismo mexicano ha mantenido una crítica consistente de los métodos coercitivos del poder y del control del Estado sobre los sindicatos y sobre las organizaciones de campesinos.

Para entender esta expresión partidista de la oposición individualista es necesario hacer algunas precisiones sobre su origen. Contrariamente a las creencias más generalizadas, el PAN no nació como el brazo laico de acción política de la Iglesia. El proyecto original, marcado por la reacción anticardenista, más bien concebía al partido como un grupo de presión que aglutinara y canalizara las demandas políticas de la iniciativa privada: es decir empresarios de cualquier talla, profesionistas liberales, pequeños propietarios y en fin “todo aquel cuyos ingresos no dependen del Estado”. De un modo eficaz, el revisionismo avilacamachista le restó posibilidades de desarrollo a esta alternativa en la medida en que la evolución ulterior del régimen hizo innecesario el recurso de los empresarios a un partido político independiente. Además, el mismo grupo en el poder se fue inclinando cada vez más hacia el individualismo posesivo al tiempo que el autoritarismo le restaba credibilidad a la oposición partidista, para no mencionar el desprestigio que sufrió universalmente el conservadurismo como resultado de su asociación con el fascismo y el nacionalsocialismo en Europa.

Los lazos de Acción Nacional con la derecha religiosa se desarrollaron como sustituto del apoyo que inicialmente se esperaba de los empresarios. El individualismo esencial del partido permitió la incorporación del personalismo cristiano de Jacques Maritain: este fue el fundamento de un desarrollo doctrinal ulterior que abrió la puerta a un número importante de católicos militantes hostiles al intervencionismo estatal. Sin embargo, entre Acción Nacional y las organizaciones cívicas dependientes de la Iglesia nunca han existido lazos orgánicos; al igual que con algunas organizaciones empresariales, sus relaciones se han establecido a través de la membresía múltiple de sus asociados.

Las efímeras alianzas entre el PAN y la extrema derecha han sido incómodas, cuando han sido. Hay una enorme distancia entre el partido que fue de Gómez Morín y la Unión Nacional Sinarquista. La intolerancia religiosa de este movimiento, el ultra tradicionalismo que representa, su estructura interna, su base popular y la tentación siempre presente del extraparlamentarismo son elementos que cavan una brecha insalvable entre ambas organizaciones. En cuanto a un sector de la extrema derecha laica, la actitud de principio del PAN siempre ha sido de inmensa distancia: los Camisas Doradas de la oposición callista a Cárdenas, el partido anticomunista de Prieto Laurens o el Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria eran organizaciones antitéticas a la tradición panista; entre otros motivos por su calidad de prolongaciones o desprendimientos radicales de la élite priísta. En cambio, acontecimientos recientes apuntan en el sentido de que otro sector de la derecha laica, representado por diferentes grupos empresariales, podría encauzarse a través del PAN. La principal ventaja de una evolución en ese sentido sería que el peso de la tradición del partido contribuyera a socializar a los empresarios más recalcitrantes en las prácticas parlamentarias; en cierta forma esto representaría el triunfo del proyecto inicial de Gómez Morín. Sin embargo, existe un problema grave: los empresarios depredadores de 1983 no son el gremio incipiente de los cuarentas, y llegarían a un partido que ha sufrido crisis y cambios doctrinales básicos; se trata de un accidentado proceso de modernización que iniciaron los infidentes de la tradición del partido de cuadros con que soñaba Gómez Morín. En este sentido, más que un partido para enmarcar la acción política de los empresarios, el PAN sería un instrumento en sus manos y nada más.

En México la defensa del individualismo posesivo se ha concentrado en ciertos temas que a su vez, en determinadas coyunturas, han articulado limitadas movilizaciones políticas. A partir de la defensa de la propiedad privada y de las libertades individuales se generan posiciones y preocupaciones políticas prioritarias, y en estos términos se identifica, de entrada, a esta familia ideológica. Por ejemplo, el mantenimiento de orden interno y de la paz social es a sus ojos una prioridad frente a las demandas de libertad política; el libre juego de la oferta y la demanda es prioritaria frente a la satisfacción de las reivindicaciones económicas populares; el contenido de la educación le es más importante que la mera expansión del sistema educativo. A partir del objetivo universalmente aceptado que es la democracia, la izquierda y la derecha mantienen concepciones diferentes en cuanto al sentido fundamental de los instrumentos para alcanzarla: la participación, la educación, el alcance y el ámbito de acción de los agentes sociales. Mientras que para la derecha la participación debe ser ejercida antes que nada para frenar las tendencias intervencionistas del Estado, para la izquierda la participación debe expresar la identificación entre el Estado y la sociedad. Mientras que para unos la educación es sobre todo un agente de transmisión de la tradición y en consecuencia de conversación social, para otros es un agente de cambio y de flexibilidad. Mientras que el antiestatismo de unos es la defensa del individuo frente al Estado, frente a cualquier tipo de Estado, el de otros es la defensa de la sociedad frente al Estado autoritario o, si se quiere, priísta. En la cultura política del individualismo posesivo mexicano los valores de la familia, la disciplina social ligada a las enseñanzas de la Iglesia católica, la autoridad, el orden y las jerarquías ocupan un lugar determinate.

Del mismo modo, la derecha concibe el nacionalismo de un modo distinto al de la izquierda. A pesar de los lugares comunes al respecto, del individualismo no se sigue necesariamente el antinacionalismo; la ruptura aparece en la oposición entre la nación histórica y la nación política. Tal vez sea éste el único rasgo de continuidad que podemos detectar entre el conservadurismo mexicano del siglo XIX y el del siglo XX. El nacionalismo de la oposición conservadora actual se niega por principio a identificar a la nación con un Estado en particular, y ya no digamos con el sistema político. Contrariamente a lo que propone la izquierda o el grupo en el poder, para los conservadores del siglo XX la identidad nacional no se da alrededor de un proyecto político específico, sino que está por encima de las veleidades partidistas. No es, en consecuencia, necesariamente hispanófilo y por tradición es más bien antinorteamericano. Aunque a este respecto la oposición democracia/comunismo que encarna el enfrentamiento Washington/Moscú, ha revestido a sus ojos de una cierta decencia nacionalista las posturas de acercamiento con Estados Unidos.

Los núcleos hispanistas que persisten en México son apenas curiosidades anacrónicas o producto del esencial catolicismo sinarquista que rechaza la idolatría y las costumbres indígenas como antecedente legítimo de la nacionalidad. Desde esta perspectiva cobra su verdadero significado la expropiación de la historia nacional que ha hecho el grupo en el poder y las indignadas protestas, desde la izquierda y desde la derecha, de quienes rechazan la equivalencia del PRI con la nación; equivalencia que pasa por el Estado autoritario y cuya lógica hace de toda oposición antipriísta una medida de antipatriotismo.

El individualismo posesivo en México permite comprender las etiquetas de democracia con que las organizaciones empresariales han querido identificar su acción, que ha superado con mucho la defensa de los intereses gremiales. Desde su aparición los organismos de articulación política de los empresarios han planteado sus objetivos en términos de la defensa de la libertad individual frente al “insaciable” intervencionismo estatal. Pudiera parecer paradójico que Frankenstein se vuelva contra su hacedor; sin embargo la empresa privada es antiestatista por naturaleza, y en este caso los instintos de clase ciegan al discernimiento político de algún modo. En efecto, el intervencionismo estatal ha sido defendido por el mediano y pequeño empresario, siempre y cuando se ajusta a sus propias necesidades y como defensa frente al gran capital; esta posición se apoya en el presupuesto de que el Estado debe retirarse una vez que ha creado los condiciones para el robusto desarrollo de la empresa privada. Mientras el autoritarismo redistributivo le asigna a la iniciativa privada una función supletoria, el empresario mexicano le concede al Estado un papel subsidiario de sus intereses.

En el seno del empresariado la variable religiosa interviene más como elemento de diferenciación que como factor de aglutinación. La doctrina social de la Iglesia ha inspirado la organización de algunos sectores en su interior; según sus principios, al Estado le corresponde el papel de moderador de los conflictos sociales y políticos, función que supone un cierto grado de intervencionismo; pero esta doctrina nunca ha sido aceptada por los empresarios y contrasta con el liberalismo a ultranza y radicalmente antiestatista que mantienen algunos de ellos.8 El Estado ideal que imaginan los empresarios ha sido definido recientemente por uno de sus dirigentes nacionales: “Lo que debemos tener es un gobierno fuerte, pero esto no significa tenerlo grande. Lo fuerte es cualitativo y lo grande cuantitativo”.9 Esta concepción constituye un punto de convergencia para esta familia ideológica. Todo lo democrático y liberal que se quiera el individualismo posesivo, en un país como México acaba tocando a las puertas del autoritarismo en cuanto al mantenimiento del orden se refiere: cuando el Estado interviene ha de hacerlo para controlar las tendencias disruptivas de la sociedad y no para alterar el ritmo “natural” de las cosas, como si las políticas redistributivas no fueran también, y con mucho, mecanismos de control social y político.

El asalto del Estado

La legitimidad histórica del sistema político mexicano condena a la derecha a la oposición, haciéndola un enemigo secular. Cualquier sugerencia en el sentido de que esa derecha ha accedido al poder no puede ser vista sino como un lugar común de la ultraizquierda o como una provocación… de la derecha. Sin embargo, un número importante de políticas y de posturas del gobierno y del partido oficial indican que tan malévolo enemigo ha penetrado a las filas de la revolución. La sacralización de la economía mixta y el horror al totalitarismo comunizante, cuyo germen algunos descubren en el autoritarismo redistributivo, han fortalecido la presencia del individualismo posesivo en el proyecto modernizador del Estado.

Después del paréntesis cardenista, el individualismo volvió por sus fueros como valor político legítimo dentro de un régimen cada vez más deseoso de formar parte de los países capitalistas desarrollados. Este fenómeno ha mantenido una tensión permanente entre la vocación populista —a veces asumida, a veces ignorada y otras rechazada— del Estado mexicano y las convicciones ideológicas de dirigentes políticos comprometidos con la estabilidad. Esta tensión persiste también porque el poder se ha empeñado en rehuir las definiciones ideológicas, “las geometrías políticas” y en aferrarse al símbolo legitimador que es la revolución.

Es evidente que más de cincuenta años de estabilidad han hecho de la revolución un mito.10 Una revolución —que en sentido estricto significa ruptura— defensora de instituciones —cuyo rasgo primordial es la permanencia en el tiempo— es un contrasentido que sin embargo se ha mantenido como la visión legítima que el poder político en México tiene y transmite de sí mismo, sin sonrojo alguno, desde hace más de medio siglo. El afán de mantener la palabra revolución dentro del lenguaje oficial no se explica sólo en términos de la identificación del movimiento de 1910 con las posiciones de la izquierda clásica y de la renovación del compromiso del sistema con las clases populares. La palabra revolución contiene en sí misma un significado utópico; habla de cambio y de progreso y es un símbolo de optimismo que convalida el presente con vistas a un futuro siempre en vías de perfección democrática. La sacralización de la palabra revolución responde también a una táctica tendiente a capturar el prestigio moral de la izquierda y a monopolizar los temas populistas que otros movimientos pudieran remover para poner en tela de juicio la fidelidad del sistema a su compromiso original de justicia social.

Cuando el poder en México se identifica con la revolución pretende mantener viva la esperanza de que todo puede cambiar, y al hacerlo la élite política busca ejercer con exclusividad la seducción moral y estética del no conformismo y oficializarlo, de tal manera que esta actitud parece reservada al poder. Al aferrarse a sus orígenes revolucionarios el sistema reclama el prestigio que acompaña a sus objetivos permanentes de democracia y justicia social para los mecanismos que utiliza en el mantenimiento de la estructura de dominación. Dentro de la perspectiva oficial se opera de hecho una asociación entre los valores sociales identificados con la izquierda con los valores políticos más conservadores. Por un lado se reconoce la legitimidad de la lucha de los trabajadores y de los campesinos para asegurar la satisfacción de sus demandas y el respeto a sus derechos; pero por otro se pretende que deleguen toda acción e iniciativa en ese sentido sobre el Estado o sobre los órganos políticos que dependen de él, los cuales, por lo tanto, no ejercen una función instrumental sino graciosamente vigilante y protectora de esos grupos.

Que durante más de cincuenta años México haya sido gobernado por un sólo partido puede hacer pensar que monopolio es igual a monolitismo. Sin embargo las dos familias ideológicas que hasta ahora sólo hemos situado a nivel de la sociedad mexicana también se han hecho presentes en el seno de la élite política. A pesar de que ahí el debate entre ambas ha podido percibirse casi exclusivamente en términos de rivalidades entre camarillas, en algunos momentos ha cristalizado en proyectos distintos. En 1952 el movimiento henriquista prefiguró esta dualidad que afloraría en las discusiones sobre la sucesión presidencial de 1957. Entonces las facciones cardenistas y alemanista del grupo en el poder intentaron alinearse alrededor de sendos programas —el de la primera más articulado y preciso que el de la segunda— para promover cada una su propio candidato, siempre dentro del partido oficial. En ese caso la contradicción se expresó como una oposición entre unidad revolucionaria y unidad nacional. La primera suponía renunciar al tipo de alianzas sociales y de compromisos políticos que en 1940, bajo el lema de la segunda, había establecido el avilacamachismo. Esto es, la unidad revolucionaria significaba la reposición de la alianza entre la élite gobernante y las clases populares en el centro de las prioridades políticas, la exclusión de los grupos conservadores (llámense estos alemanistas, empresarios, clases medias o Iglesia). Sin embargo, acabaron imponiéndose la disciplina partidista y el temor a la ruptura y a la previsible inestabilidad; de nuevo la unidad nacional acalló las posibilidades de la unidad revolucionaria, sin anular del todo la presencia de esta dualidad.

En 1970, para resolver la crisis política que heredó de su predecesor, en su discurso de toma de protesta el candidato priísta Luis Echeverría rompió con la tradición avilacamachista y se declaró partidario de las grandes mayorías y enemigo de las “clases pudientes”: “A ellas no las tomamos en cuenta como beneficiarias del desarrollo.”(11) En el discurso del poder la alianza popular tomaba precedencia sobre la alianza nacional. Este pacto social, excluyente de un modo explícito aunque en muchos aspectos sólo a nivel discursivo, fue flor de un día; los riesgos de desestabilización en que incurrió la estridencia echeverriísta condujeron a que José López Portillo, el presidente entrante en 1976, propusiera la restauración de la alianza nacional bajo el lema “La solución somos todos”. Cuando en septiembre de 1982 la expropiación de la banca provocó el enfrentamiento entre algunos de los grupos empresariales más poderosos y el Estado, este último quiso recurrir una vez más a la alianza popular que ahora pareció aún más carente de contenido que seis años antes. Los costos de la alianza nacional para el amplio pacto social que la unidad revolucionaria propone de principio, sólo ha agudizado las contradicciones —dentro del proyecto modernizador del Estado— entre el individualismo posesivo y el autoritarismo redistributivo, este último acosado por la acumulación capitalista y las demandas de ampliación de las vías de participación política independiente. Estas son contradicciones que la pobre fórmula del nacionalismo revolucionario no parece capaz de resolver.

La historia consignó los desprendimientos del general Almazán y de Ezequiel Padilla del partido oficial como la derrota de las tendencias termidorianas que incuba toda revolución. Pero en México el conservadurismo no sólo es cuestión de personalidades; cuenta con el peso de la tradición, del ejercicio de la continuidad institucional y de la inercia de una estructura de clases agresivamente elitista. Hasta ahora uno de los efectos del autoritarismo en México ha sido oscurecer los matices y ahogar la polarización en una zona gris de indefinición ideológica; esta polarización, sin embargo, se mantiene latente en muchos niveles de la sociedad. El triunfo inequívoco de uno de los dos polos sería una novedad que, como todas las novedades, más que una solución acabada sería el origen de nuevas preguntas y escollos analíticos en el ruedo de las indefiniciones.

 

Soledad Loaeza


1 Ernst Nolte, “Germany” en Hans Rogger y Eugen Weber, The european right. A historical profile. Berkeley, the University of California Press, 1966, pp. 261-307.

2 Simone de Beauvoir, “La pensée de droite aujourd’hui”, Les temps modernes, 10e année, nos. 112, 113, pp. 1539-1575.

3 Citado en: Eugen Weber “Introduction” en Rogger y Weber, op. cit., pp. 1-28, p. 8.

4 Citado en: Raymond Aron, L’opium des intellectuels, París, Calmann-Lévy, 1966, p. 15.

5 C.B. Macpherson. The political theory of possessive individualism. Hobbes to Locke. Londres, Oxford University Press,. 1962.

6 Esta oposición es un instrumento analítico que permite ordenar el debate izquierda derecha en México. No supone, sin embargo, que los conflictos políticos y la lucha partidista se hayan articulado en la realidad en estos términos.

7 “Declaraciones de Lázaro Cárdenas en Baja California”, El Popular, 2 de abril de 1957, p. 1.

8 Inclusive entre las organizaciones sindicales encontramos más de una que se acoge a los principios del individualismo posesivo, y cuya veta conservadora reside en la definición de objetivos exclusivamente económicos. El tradeunionismo no es en términos estrictos igual al sindicalismo blanco, en la medida en que no está necesariamente al servicio de los intereses patronales. El sindicalismo amarillo es conservador en cuanto a que al circunscribirse a reivindicaciones económicas se autolimita en sus posibilidades de acción política, lo cual constituye una garantía de estabilidad que los patrones saben apreciar. Al desconocer la política como parte de los intereses de clase de sus miembros, estos sindicatos muestran su filiación ideológica profunda.

9 “No es momento de choque entre sectores: Clouthier”, Excélsior, 10 de enero de 1983, p. 20.

10 Para el significado del mito “revolución”, ver el análisis que con respecto a la Unión Soviética hace Aron, op. cit., pp. 46-77.

11 Luis Echeverría “Toma de protesta como candidato a la presidencia de la República” 9 de noviembre de 1969. Partido Revolucionario Institucional, Toma de protesta de candidatos a la presidencia de la República. México, Colección Histórica del Partido, 1976, p. 101.