A  mediados de abril el gobierno del presidente Donald Trump estableció la aplicación de una política migratoria de “tolerancia cero”. Destaca la decisión de convertir en delito mayor la entrada a Estados Unidos sin papeles. Los migrantes al tener que ser recluidos en cárceles federales serían separados de los menores de edad que los acompañasen. Ante la filtración de imágenes y audios mostrando la separación familiar y el maltrato de niños y los más de dos mil casos concentrados en las seis semanas subsecuentes al anuncio, fuerte presión nacional e internacional se dio y el inquilino de la Casa Blanca se vio obligado a firmar una acción ejecutiva para detener dicha separación. Sin embargo, el trauma e impacto en la salud mental de los pequeños continúa con las detenciones, ahora en familia en centros especializados pero de forma indefinida y con los miles de menores no acompañados que seguirán siendo referenciados a los albergues bajo conductas inhumanas.

Los niños representan 15% del total de la población migrante internacional. 43% de los movimientos de migración forzada y asilo en el mundo corresponden a niños menores de 17 años. Con 3.7 millones de menores migrantes, Estados Unidos encabeza la lista de países receptores. La niñez migrante forma parte de todas las caras de la migración: expulsión, recepción, tránsito y retorno. Son los niños que han llegado a Estados Unidos y crecido en ese país, con una cultura binacional sufriendo las consecuencias de ser indocumentados, como la historia de los dreamers y juventudes binacionales ha demostrado. De igual forma, son aquellos que derivado de la deportación de sus padres han quedado en el desarraigo familiar y la depresión emocional en hogares sustitutos en Estados Unidos. De 2016 a la fecha más de 35 mil padres de niños nacidos en Estados Unidos han sido deportados.

Ilustración: Víctor Solís

También son los casi 200 mil menores no acompañados que desde 2014 transitan por nuestro país para llegar a la Unión Americana. Obligados a salir por pobreza, inseguridad, amenazas, catástrofes naturales, desprotección institucional e imposibilidad de forjarse un futuro en sus lugares de origen o con el propósito de reencontrarse con sus padres en el vecino país del norte. 97% de estos pequeños que viajan solos proviene de Honduras (27.4%), Guatemala (49.6%) y El Salvador (20.5%). La mayoría de ellos, adolescentes de entre 12 y 17 años.

Asimismo, son menores que en el intento de cruzar la frontera se quedan varados en nuestro país y son coercionados por delincuentes o pequeños que crecen en factores de riesgo en la franja fronteriza y han sido reclutados por el crimen convirtiéndolos en halconcitos o menores de circuito, que van y vienen como agentes facilitadores de tráfico de personas y sustancias entre México y Estados Unidos. Se calcula que entre 10% y 20% de los menores mexicanos repatriados son menores de circuito. En caso de detención, son repatriados de manera inmediata y se reincorporan de nuevo a los grupos que los reclutan. En 2014 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) afirmó que 38% de menores migrantes no acompañados, detenidos por la patrulla fronteriza estaban ligados a grupos del crimen organizado. Estos niños suelen ocupar diversos roles: halcón, vigila a la patrulla fronteriza y da notificación; liebre, distrae a los agentes para que se puedan realizar los cruces sin interrupción; pollero, prepara y encamina personas a través de la frontera; burrero, participa en el tráfico de drogas; reclutador, establece contacto con otros menores y promete estímulos económicos. Esta es una de las prácticas más preocupantes, el nivel de vulnerabilidad de estos niños hace indispensable la puesta en marcha de acciones y políticas públicas adecuadas a su perfil. Hasta ahora o han sido olvidados en el discurso de movilidad o se han creado propuestas de criminalización y castigo. A través del proceso de remisión juvenil (juvenile referral process) los menores de circuito eran detenidos para entrevistarlos y obtener información del crimen organizado, poniéndolos en riesgo de sufrir represalias.

Finalmente, tenemos a aquellos pequeños que regresan tras una deportación de sus padres y al no hablar el idioma y tener familiares con tatuajes y apariencia distinta sufren de acoso y violencia escolar. El maltrato, las condiciones de riesgo y la separación tiene efectos devastadores en el desarrollo cerebral, emocional y cognitivo.

A nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 es el principal instrumento de protección a la infancia. De ella deriva el principio fundamental del “interés superior del niño”. Desde una perspectiva legal, existen en Estados Unidos dos casos que sientan el precedente en materia de trato de familias y menores detenidos. El caso Flores vs. Reno de 1997 retó las condiciones que viven los niños migrantes mientras están en detención. Este precedente repudia y estipula que los oficiales de inmigración no deben detener niños por más de 20 días.

Asimismo, en el caso R.I.L-R vs. Johnson de 2015 la corte federal del Distrito de Columbia ordenó al gobierno dejar de usar políticas de detención en contra de padres y niños con el fin de disminuir la emigración hacia Estados Unidos. La relevancia de ambos casos en el tema de menores generó que organizaciones sin fines de lucro, así como asociaciones de abogados levantaran la voz en contra de las acciones sin fundamento legal y arbitrarias del gobierno de Trump.

La Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) interpuso una demanda a favor de una madre solicitante de asilo, separada de su hija de siete años. Debido a los precedentes mencionados la corte federal del estado de California ordenó la reunificación de padres e hijos el pasado 26 de junio.1 Esta decisión representa un alivio y una victoria para todos los que denunciaron las acciones arbitrarias del gobierno. Sin embargo, ahora corresponde al Congreso de Estados Unidos brindar soluciones permanentes que den fin a este debate de inmigración y violaciones de derechos humanos de los migrantes. Se debe crear un sistema de deportación con fundamentos legales que consideren el arraigo de los migrantes en Estados Unidos. La política migratoria actual demuestra la indiferencia del gobierno de Trump por los derechos de personas que mantienen lazos profundos sociales, económicos y familiares con ese país. El sistema migratorio actúa de forma discrecional para expulsar del territorio a personas que no son sus ciudadanos, violando muchas veces el debido proceso y vulnerando derechos fundamentales.

El gobierno mexicano se ha manifestado tarde con respecto al tema de la separación familiar y minimiza la problemática. Señaló que las cifras de repatriación en 2017 fueron bajas. 167 mil 64 deportados no es una cifra menor y más si consideramos el repunte del 40% que durante los primeros meses de 2018 se ha dado y los más de 690 mil casos pendientes en las cortes de migración en Estados Unidos que eventualmente se verán reflejados en más deportaciones. Ciertamente, la condena oficial a la política migratoria aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) es un triunfo para México, Honduras y Guatemala (países que patrocinaron el borrador de la iniciativa). La resolución adoptada por consenso urge a Estados Unidos a no procesar a solicitantes de asilo y abre las posibilidades a observadores de derechos humanos a visitar y documentar el impacto de la política de tolerancia cero en la frontera con México. Sin embargo, es importante resaltar que durante el encuentro de Mike Pence y los presidentes de Guatemala y El Salvador (el día previo a la votación en la OEA, en Guatemala) lograron diluir las exigencias expresadas por los países en el borrador trabajado en conjunto con México.2 El documento inicial exigía “no recurrir bajo ninguna circunstancia a la separación de familias migrantes”, mientras que la versión final se limita a pedir que las medidas anunciadas en la orden ejecutiva de Trump sean implementadas. De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), la postura de Trump pasa de una solución perjudicial a otra. La separación familiar llevada a cabo incurría en violaciones a derechos humanos y genera consecuencias psicológicas importantes. Sin embargo, la orden ejecutiva no soluciona dichas críticas, pues permite mantener detenidas de manera indefinida a las familias.3

Hasta ahora México ha expresado tardíamente su postura ante los diferentes abusos que en materia migratoria se han dado en la era Trump. Este contexto representa un reto para la administración de Andrés Manuel López Obrador. México debe dejar de ser reactivo ante las declaraciones de Trump y tomar la delantera a través de una postura estratégica. Urge poner a nuestra comunidad migrante al centro de la relación bilateral al tiempo de negociar de manera integral con nuestro vecino y condicionar la colaboración que en materia de seguridad tenemos, al respeto y trato digno de nuestros menores y connacionales. De lo contrario seguiremos siendo llamados animales o con diversos calificativos inadmisibles cada que Trump quiera, y lo peor, no parará el maltrato. Durante los primera etapa de la transición vemos mensajes interesantes y tendencia a una relación más efectiva con Estados Unidos.

México debe ser congruente y solidario. La violación a los derechos humanos y las malas condiciones en los albergues de este lado de la frontera son también parte de esta terrible realidad. Actuar en bloque con Centroamérica es un acierto, pero esta cooperación debe extenderse al resto de violaciones de derechos humanos que vemos todos los días. El nuevo gobierno debe dotar de capacidad institucional, empática, transversal y humana al Instituto Nacional de Migración y a órganos como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) mediante una reestructuración profunda de las instancias migratorias del país, transitando de una visión meramente policiaca a una empática y transversal. Es necesario mejorar el trato y atención a los menores no acompañados y a aquellos que piden el refugio en nuestro país debe ser parte fundamental del plan. Se deben seguir las recomendaciones de organismos internacionales como ACNUR para trabajar juntos y abordar de raíz las causas que obligan a miles de familias a huir de la violencia en sus países al tiempo de garantizarles un refugio seguro.

 

Eunice Rendón
Doctora en políticas públicas por Sciences-Po París y es experta en seguridad y migración. Ex titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Janeth Moreno
Abogada especializada en temas migratorios y en derechos humanitarios y titular del Despacho Moreno Law en Boston, MA.


1 Juez federal ordena detener las separaciones de familias en la frontera https://www.cnn.com/2018/06/26/politics/federal-court-order-family-separations/index.html

2 https://www.nytimes.com/aponline/2018/06/29/us/politics/ap-us-immigration-organization-of-american-states.html

3 https://www.hrw.org/es/news/2018/06/22/la-orden-de-trump-solo-sustituye-una-posicion-erronea-por-otra

 

Un comentario en “Niñez migrante

  1. Son necesarios cmbios normativos y de organización a fondo para proporcionar un trato mas humanitario y digno a los niños migrantes y migrantes en general, sin embargo deberá ser un cambio radical, pues el paso del panismo y el regreso del priismo en los destinos de la nación solo consolidaron los vicios que siempre se han visto y sufrido por los migrantes, ¿continuarán las mismas personas que por 18 años con el arribo del foxismo y su Ley del Servicio Profesional … (con sus concursos amañados), aún permanecen el los puestos claves de esas áreas de la SEGOB?, Saludos.