Esta es la última de una serie de entrevistas realizadas a varios funcionarios responsables de conducir el proceso electoral más importante en la historia del país. En este ejercicio el académico Saúl López Noriega conversa con Héctor Marcos Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales. Una institución inédita en cualquier otra democracia y que tiene el reto, entre otros, de contener dos de los lastres de nuestra vida política: la compra y coacción del voto, así como el condicionamiento de los programas sociales.

Saúl López Noriega: ¿Cuáles son los principales retos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) en estos comicios? 

Héctor Marcos Díaz Santana: Me parece que la FEPADE tiene dos objetivos prioritarios. El primero, que va de la mano con el Instituto Nacional Electoral (INE) y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consiste en generar las condiciones para que el proceso electoral se desarrolle en paz social y, por tanto, los ciudadanos puedan ejercer su voto en total libertad. El otro, ya como fiscalía propiamente, consiste en establecer parámetros eficientes para que los delitos electorales sean perseguidos y castigados. Es decir, se trata de un reto propio de la procuración de justicia penal y, por ello, algo clave son las acciones de carácter preventivo para efectos de evitar que se cometan este tipo de conductas. 

SLN: ¿En qué consisten estas políticas de prevención del delito electoral? 

HMDS: Nosotros tenemos tres estrategias. La primera consiste en lo que llamamos blindaje electoral: evitar que el recurso público federal, estatal y municipal se desvíe para favorecer a partidos políticos y a candidatos. Una segunda acción gira en torno a evitar el condicionamiento de programas sociales a cambio del voto. Un tema medular que afecta a la sociedad en su conjunto, si consideramos que el programa social tiene como fin construir capital humano y ayudar a las personas a superar la marginalidad social. Y el tercer rubro alude a un problema histórico de los comicios mexicanos el cual, a mi juicio, fue el motivo principal para crear a la FEPADE: la compra y coacción del voto. En este rubro estamos trabajando mucho con grupos vulnerables, en condición de marginalidad tales como adultos mayores, comunidades indígenas.


Ilustración: Fabricio Vanden Broeck

SLN: En concreto, ¿qué medidas están implementando para combatir el condicionamiento de los programas sociales?

HMDS: Tenemos tres, básicamente. Primero, firmas de convenios con cada institución responsable de programas sociales para que cuenten con una bitácora de trabajo bien establecida. De tal manera, por ejemplo, que le informen al ciudadano que se trata de un programa al que tiene derecho por su condición de marginalidad y que no está condicionado a apoyar ningún candidato o partido político. En segundo lugar, estamos atentos a la recepción de cualquier tipo de denuncia, sea que provenga de algún programa social o, en su caso, nosotros, como FEPADE, contamos con centros de atención telefónica gratuita y de correo electrónico, además de una aplicación para teléfonos inteligentes para denunciar. En un escenario de denuncia lo que procede es que revisemos si hay elementos constitutivos de delito para empezar a investigar y, por su parte, avisamos a los responsables del programa social, para que ellos inicien a su vez un proceso de carácter administrativo. Por último, estudiamos cuáles son los estados que tienen mayores índices de denuncias de delitos electorales y en ellos ponemos especial atención —sobre todo para efectos de verificar que los programas sociales se están ejecutando de manera adecuada.

SLN: ¿Cuáles serían las entidades federativas que son un foco rojo para este proceso electoral? 

HMDS: Los estados que en retrospectiva suelen tener mayor número de denuncias son Chiapas, Veracruz y Oaxaca, que justo tienen amplios segmentos de su población en situación de marginalidad.

SLN: ¿Cuenta la FEPADE con el personal suficiente para el cúmulo de conductas delictivas que se vienen en las siguientes semanas?

HMDS: Ahora la FEPADE tiene una gran ventaja en este sentido, porque la nueva legislación en la materia, de apenas 2014, establece que cada estado debe tener una fiscalía electoral. Entonces, nosotros tenemos constante comunicación con estas fiscalías. Pero también mantenemos un vínculo con las procuradurías locales gracias a la firma de convenios de colaboración cuyo objetivo fue establecer que cualquier agencia del Ministerio Público está obligada a recibir una denuncia en materia de delitos electorales y si es federal nos la envían a nosotros. Por último, también tenemos un mecanismo de recepción de denuncias en toda la República, vía las delegaciones de la PGR. Es decir, una denuncia se puede presentar en cualquier delegación o subdelegación de la PGR y ellos nos la remiten.

SLN: Para el día de la jornada electoral —que, a mi juicio, es cuando se comete el grueso de los delitos electorales—, ¿qué estrategia tienen?

HMDS: Para ese día vamos a desarrollar un despliegue ministerial. Esto es, agentes del Ministerio Público de la FEPADE van estar en todas las entidades federativas del país. ¿Cuántos? Actualmente tenemos 108 Ministerios Públicos, de los cuales 96 van a estar en los estados y ellos serán los responsables de coordinar las acciones para recibir las denuncias que se presenten durante la jornada electoral. Es necesario mencionar que por seguridad el despliegue de estos Ministerios Públicos va acompañado de la Policía Federal; de tal manera que si se detecta la comisión de un delito en flagrancia ellos son los que tienen que reaccionar. 

SLN: En términos generales, ¿hay un perfil de la persona que denuncia los delitos electorales? ¿Se trata de operadores de los partidos políticos que atacan por esta vía a sus adversarios?

HMDS: Generalmente, más de 50% de las denuncias que recibimos son de parte del INE y, de ese universo, alrededor de 80% de denuncias son por obtener la credencial de elector con datos falsos o por lo que se conoce coloquialmente “turismo electoral”, es decir, registrarte en un domicilio que no te corresponde. Conductas que si bien son delitos electorales frecuentemente no tienen como objetivo influir indebidamente en el proceso electoral, sino cometer otro tipo de delitos como fraude. Lo cual evidencia la necesidad de un mayor involucramiento de la sociedad para presentar denuncias.

SLN: Una crítica recurrente que se esgrime en contra de la FEPADE es que tiene muy baja tasa de sentencias condenatorias. ¿Cuál crees que sea la raíz de este problema? ¿Es muy difícil de configurar los delitos electorales? ¿Los jueces no están del todo entrenados en esta materia?

HMDS: En efecto, todo mundo piensa que la FEPADE tiene un bajo porcentaje de bateo en sentencias condenatorias, pero no es cierto. Y esto se debe a que el grueso de las denuncias que terminan en pena privativa de la libertad tiene que ver, como ya apunté, con alterar el registro nacional de electores y dar un domicilio falso. Ambas conductas son muy fácil de acreditar, ya que el mismo INE tiene las pruebas correspondientes. De esos delitos la FEPADE tiene un porcentaje de sentencias condenatorias de alrededor de 82%.

Ahora, respecto otro tipo de delitos relacionados como compra y coacción del voto y condicionamiento de programas sociales, el reto es que son delitos que requieren de una investigación más ardua y que se necesita, en varios momentos, la colaboración del denunciante. ¿Qué es lo que, entonces, sucede? Se denuncian estos tipos penales días antes o el día de la elección, pero una vez que ésta concluye usualmente la gente se olvida del tema. Ya no ratifica la denuncia. No mantiene su dicho.

SLN: A partir de la complejidad para justo probar delitos como compra y coacción del voto, así como condicionamiento de programas sociales, ¿no sería necesario iniciar investigaciones con independencia de una denuncia? Es decir, a partir de sus criterios y señales de alerta, preparar con antelación líneas de investigación con pruebas sólidas.

HMDS: Nuestra obligación cuando sabemos que hay un lugar de alta incidencia, de acuerdo a la política criminal y a la estadística que manejamos, consiste en tener una mayor presencia pública con el propósito de inhibir el delito. Pero iniciar una investigación previamente, bajo un esquema de política criminal de largo plazo, no lo había pensado. Sin embargo, en un momento dado, lo veo bastante bien.

SLN: En el tema de compra de votos, ¿cómo entiende la FEPADE este delito? Como sabemos, el TEPJF, en el caso conocido como “tarjetas rosas”, determinó que éstas por sí mismas no están prohibidas. Más bien, lo que está prohibido es el uso clientelar de éstas u otro recurso. Es decir, se tiene que probar que se condicionó el voto. Sin embargo, para la legislación penal comete delito quien “solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación…”.1 ¿No crees que justo esto último son las “tarjetas rosas”? ¿No estamos ante una línea muy fina entre lo prohibido y lo permitido?

HMDS: El tema es que los delitos electorales son de estricta aplicación. ¿Esto qué significa? Un ejemplo: hay un tipo penal que prohíbe que un ministro de culto, en el lugar de su ministerio, induzca expresamente a votar a favor o en contra de un partido político o candidato. ¿Qué pasa si lo dice fuera de su iglesia? ¿O si no lo dice de manera literal? Entonces, no está cometiendo dicho delito. Su conducta no se ubica en el supuesto. 

En México tenemos una Ley General en Materia de Delitos Electorales que no existe en otros lugares del mundo; tenemos alrededor de 200 tipos penales. Pero el problema que enfrentamos es lo que tú apuntas: buena parte de los delitos electorales trazan una línea sutil entre lo penado y lo permitido. Otro ejemplo: transportar ciudadanos a las casillas mediante presión es un delito, pero transportarlos sin presión para que voten con libertad no es delito. ¿Cómo trazas la línea? Por supuesto, hay casos en que la amenaza se acompañe inclusive con armas de fuego, pero hay muchos otros episodios que no llegan a ese grado. Y, por lo mismo, son difíciles de probar. 

SLN: Un tema que despertó particular interés de la opinión pública son las firmas o apoyos falsos de los candidatos independientes. ¿Es posible juzgar penalmente algunas de estas conductas?

HMDS: La nueva legislación electoral penal no considera un tipo penal para los candidatos que presenten firmas falsas. Sin embargo, sí está tipificado el uso irregular de documentos electorales. De tal manera que apenas hace unas semanas acusamos a dos personas por ese delito, que implicó apoyos falsos para aspirantes a candidatos independientes a diputados. Es decir, sí estamos haciendo un esfuerzo por ser creativos y encuadrar ciertas conductas en algún tipo penal. 

SLN: En este sentido, ustedes recién recibieron una denuncia por parte del INE respecto el cúmulo de firmas no válidas del ahora candidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. A reserva de revisar pruebas, ¿sí consideran viable procesarlo penalmente?

HMDS: Ya recibimos esa denuncia y estamos esperando la entrega total de pruebas por parte del INE, nos las están entregando poco a poco. Pero lo que nos envían lo procesamos inmediatamente. Es importante mencionar un tema muy relevante: en estas conductas delictivas hay, por lo menos, dos personajes clave: un aspirante a candidato independiente y un auxiliar, y su responsabilidad penal no necesariamente es la misma. 

SLN: ¿Puede ser, entonces, que sí se logre identificar pruebas para acusar al auxiliar pero éstas no alcanzan para acreditar que fue una operación orquestada por el aspirante? 

HMDS: Exactamente. Y, por ello, es indispensable valorar el material probatorio.

SLN: Mencionabas que ya hay dos personas acusadas del delito de uso irregular de documentos electorales. ¿Cómo va ese asunto? ¿Hay otros casos de algún aspirante a candidato independiente? 

HMDS: Mira, hasta el momento en la primera fase de investigación hemos llegado hasta los auxiliares. Dos judicializados, ya vinculados a proceso. Pero seguimos investigando y cuando encontramos evidencia lo judicializamos. 

SLN: Otro tema: no es inusual que los delitos de compra de voto o condicionamiento de programas sociales impliquen la participación de todo un grupo de personas. No obstante, en ocasiones al que atrapan y procesan es al eslabón más débil de estas organizaciones. ¿Qué medidas planean realizar en este proceso electoral para investigar a actores más relevantes y, de esta manera, dirigir la mira a desbaratar este tipo de dinámicas? 

HMDS: Sí, al respecto, en la FEPADE siempre estamos buscando hacer investigaciones totalmente integrales. Es decir, irnos sobre las personas que en un momento dado puedes detener en flagrancia, pero que también puede tener cierta complicidad con un actor más relevante en la organización de tales delitos. En este sentido, veo una gran ventaja del actual sistema penal acusatorio, ya que éste ofrece ciertos mecanismos que nos podrían ayudar a llegar al eslabón más alto que tú señalas. Por ejemplo, eventualmente se le puede dar un trato particular a una persona que se detuvo en flagrancia siempre y cuando, a través de un mecanismo alterno o abreviado, coopere en la investigación. Y justo eso pensamos utilizar aquí en la FEPADE para llegar prácticamente al eslabón más alto que tú dices.

SLN: Por último, ¿sigue abierto el caso Odebrecht aquí en la FEPADE?

HMDS: Sí.

SLN: Entiendo que, en su momento, hubo una discusión respecto si se trataba como un asunto de corrupción sin tinte electoral y, por tanto, le correspondía sólo a la PGR llevar la investigación. O si, más bien, sí era un caso de corrupción electoral y, por ello, exigía la participación de la FEPADE. ¿Ya se definió este aspecto? 

HMDS: Mira, más que evaluar tales características de este caso, lo que estamos haciendo es realizar la investigación. Porque, en realidad, lo que había era una investigación en ciernes. Muy preliminar. No hay que olvidar que en otros países armar un caso sobre financiamiento irregular ligado a campañas políticas no es una tarea rápida. Lo cierto, sin embargo, es que la investigación está en curso y estamos trabajando en ella.

Ciudad de México, 24 de abril de 2018

 

Saúl López Noriega

Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.


1 Artículo 7, fracción VII, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales: “Se impondrá de cincuenta a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: […] Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma”.

 

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