En esta crónica Roberta Garza recorre los caminos y delinea los rostros que han llevado a California a convertirse en uno de los principales productores de cannabis en Estados Unidos

No hay muchas casas alrededor, pero los caminos vecinales de Bel Arbres, en el condado de Mendocino, California, están cuajados de buzones. En cada intersección hay condominios postales de 10 o 12 cajas, apilados en cuatro y cinco pisos de altura. Están allí porque sus dueños viven donde los carteros no llegan, donde lo ideal es que no llegue nadie: a horas de distancia del pueblo más cercano por caminos de terracería, fuera de todo mapa, tras rejas alambradas, perros agresivos y letreros que invitan al visitante a darse la media vuelta.

Franquear los cancerberos es pasar a través del espejo de Alicia en el País de las Maravillas para llegar a propiedades llamadas Happy Day Farms, Green Mountain Ranch o Emerald Spirit, habitadas por pequeñas comunidades familiares —las casas de un par de hermanos y, quizá, la de los abuelos— donde paisajes que quitan el aliento enmarcan un estilo de vida rabiosamente contracultural: luz solar, gas de tanque, agua de pozo, cabañas modelo hágalo usted mismo y posesiones limitadas a lo estrictamente necesario. La independencia se refleja en las sonrisas descuidadas de unos niños despeinados y felices que pasan sus tardes perdiéndose en el bosque, educados en casa hasta la secundaria o preparatoria, y en la franqueza de sus padres que, habiendo salido a recibirnos con miradas cautelosas, a los pocos minutos nos sientan en terrazas con vistas infinitas, sacan botana y nos comparten generosamente su historia y su reserva especial: cepas únicas con nombres como Sunset Sherbet, Key Lime Pie, Lucy’s Diamonds, Love and Hope, White Rhino o Christmas Cookies, que en el mercado rondan los 300 dólares la onza.


Ilustraciones: Adrián Pérez

La mota fue ilegal en California, como en todo Estados Unidos, desde los albores del siglo pasado. Pero no es sino hasta mediados de los años sesenta cuando Richard Nixon le declara activamente la guerra a las drogas, convirtiéndola en la punta de lanza de la criminalización de sus peores adversarios políticos: el activismo por la igualdad de las minorías afroamericanas y los hippies que protestaban la guerra de Vietnam. Bajo el peso de la represión policiaca disfrazada de cruzada por la salud y la legalidad, muchos de estos últimos pasaron, por gusto o por necesidad, a la semiclandestinidad de los bosques montañosos del centro de California, llevando con ellos sus cepas favoritas que, al amparo del follaje de los añejos pinos y abetos del triángulo formado por los condados de Mendocino, Humboldt y Trinity, florecieron y se refinaron. El pasatiempo tardó poco en convertirse en negocio: el terreno era ideal para el cultivo y el mercado era lo suficientemente grande y lucrativo como para darle cabida a todo tipo de proveedores, desde las pequeñas comunas semiclandestinas que abastecían a cuentagotas las necesidades locales, hasta el mayoreo de los grandes carteles transnacionales.

Con la llegada de los yuppies en los años ochenta la mota dejó de ser un producto ligado a la clase trabajadora, o a quienes elegían permanecer a las orillas de la buena sociedad, para convertirse en algo casi tan convencional como el alcohol: esta nueva generación de clientes estadunidenses estaba dispuesta a pagar por un empaque bonito y unos estándares de calidad que las importaciones mexicanas no ofrecían. También estaba bien posicionada para presionar políticamente por la despenalización. A 20 años de distancia, es legal su producción para uso personal, y con distintos grados de soltura su producción comercial controlada, en Colorado, Washington, Oregon, Alaska, Maine, Massachusetts, Vermont y Nevada, además de California. En otros estados es legal su uso pero no su producción o comercialización, en algunos es legal su uso médico pero con requerimientos mucho más estrictos que los implementados hasta el año pasado en California, y hay sitios donde son legales sus aceites y extractos medicinales pero no la inhalación u otros medios de consumo, como en Alabama, Indiana, Louisiana, Tennessee y Texas. El 2013, bajo el presidente Obama, pareció abrirse el camino hacia a la despenalización franca cuando el procurador general James Cole envió a sus pares estatales un memorando indicando que, aunque la sustancia permanecería ilegal a nivel federal, la procuraduría no interferiría en los estados que de una u otra forma la hubieran despenalizado. Aun en áreas donde la mota sigue siendo ilegal la portación de dosis personales es castigada rara vez, sobre todo cuando el ofensor es blanco; si bien el consumo en ambos grupos es equivalente, los arrestos y las sentencias carcelarias para personas de color son tres veces más frecuentes.

Eso no va a mejorar bajo la administración contrahistórica de Trump y de su fiscal, Jeff Sessions, quien, en los años ochenta y como procurador de su estado natal, Alabama, dijo que creía que el Ku Klux Klan “estaba bien, hasta que descubrí que fumaban mota”. A principios de este pasado enero Sessions revocó el memorando Cole, instando a los procuradores estatales a entablar una nueva ofensiva contra la hierba. A pesar de la hostilidad desde la actual Casa Blanca, todo indica que, dado los positivos resultados preliminares de los experimentos locales —las estadísticas apuntan a una reducción en los índices de criminalidad de alrededor del 10% en Colorado y Washington desde la despenalización—, los gobiernos locales no están dispuestos a ir a contrapelo del deseo de sus ciudadanos, ni a renunciar a una jugosa recaudación impositiva: en 2016, en Colorado, estado con apenas 5.5 millones de personas, la cosecha fue de 200 millones de dólares calculados desde una utilidad de mil 300 millones. Cuando entre en vigor su despenalización a mediados del presente año, Massachusetts impondrá un impuesto de venta adicional de 3.75%, que no es nada contra el 37% que rige en Washington. Alaska cobra un impuesto fijo de 50 dólares la onza —alrededor del 25% del precio de venta—, y Oregon de 17 dólares. El gobernador Mario Cuomo, de Nueva York, donde sólo es legal la marihuana médica y con severas restricciones, está considerando la legalización recreativa para emparejar la balanza de las estrecheces presupuestarias que el presidente Trump le impondrá a las llamadas ciudades santuario, esas que han jurado defender a sus migrantes de las hostiles políticas federales. La recaudación en California luego de la enmienda 64 no es asunto menor: allí se producen dos terceras partes de toda la cannabis del país, mercado valuado, en estimados oficiales muy conservadores, en entre cinco y 10 mil millones de dólares anuales. California ha comenzado a cobrar 15% sobre utilidad neta de venta, además de 9.25 dólares fijos por onza cosechada; con base en predicciones estimadas sobre el mercado a la fecha, el estado está listo para recaudar al cierre del presente año cerca de mil millones de dólares en impuestos puros y duros, sin contar la multiplicación de empleos, infraestructura y turismo atribuibles a la nueva industria.

La comunidad médica acepta los beneficios medicinales de la marihuana con un grano de sal: si bien las propiedades antieméticas, analgésicas y relajantes de la planta son bien conocidas, los profesionales de la salud prefieren suministrar sus ingredientes activos desde la precisión de dosis medidas, estériles y estables en forma de cápsula, jarabe o suero. La realidad es que, al estar prohibido en estados Unidos usar fondos públicos para la investigación de sus efectos —algunas pocas universidades y empresas privadas subcontratan equipos y laboratorios en lugares como Israel o España y, más recientemente, Canadá, para tal fin—, poco se sabe a ciencia cierta del efecto de las más de 80 sustancias activas encontradas en la Cannabis sativa. Existen pruebas de laboratorio que detectan la presencia y potencia de 16 de éstas, aunque sólo parecen importar las dos más conocidas: el tetrohidrocannabinol, o THC, y el cannabidiol, o CBD, este último también presente en la planta del cáñamo, misma que no contiene THC pero que igual está mayoritariamente prohibida. El THC es la sustancia psicoactiva que causa desinhibición, relajación y alteraciones sensoriales. El CBD no tiene efectos psicotrópicos, y su uso en algunos pacientes con epilepsia, depresión y ansiedad, cáncer y ciertas enfermedades degenerativas es más que prometedor, además de provocar un sentimiento de equilibrio anímico y de bienestar general. En lo que la mayoría de los médicos están de acuerdo es que el producto no es físicamente adictivo, ni mucho menos amerita el puesto que ocupa en la categoría 1 de los capítulos de la DEA al lado de las drogas más peligrosas y dañinas, “sin uso medicinal aceptado y alto potencial de abuso”, como la heroína, el LSD, el éxtasis, la metacualona y la mescalina. Quizá por eso conseguir la credencial que autorizaba su consumo médico en California desde el año 2000 era tan difícil como comprar unas aspirinas.

Históricamente las variedades más demandadas por los consumidores, y por ende las más caras y más cultivadas, han sido las que contienen un alto índice de THC. Aunque ha aumentando el interés por variantes con propiedades menos agresivas, la mota sigue siendo catalogada y comprada mayoritariamente por sus efectos psicotrópicos: el cliente promedio sigue prefiriendo la intoxicación pura y dura sobre la leve desconexión de la realidad que a la fecha brindan químicos social y jurídicamente más aceptados como el Tafil, el Prozac o el alcohol, y desglosar los particulares aromas de los terpenos en las diferentes cepas, como se hace con un buen vino, es una rarísima ocurrencia. Las operaciones que, legal o ilegalmente, surten a la mayor parte de ese mercado consisten en bodegones iluminados con luz artificial que estimula la floración constante, sin darle a la planta tiempo de reposo, buscando el volumen, el curado rápido y la utilización de fertilizantes, conservadores y plaguicidas —principalmente antimicóticos— no siempre recomendados para consumo humano. El resultado enmascara y ensucia los aromas herbales y produce al quemar los conocidos resabios a amoniaco y zorrillo. Al final se ofrece un producto estéril y sin carácter, una mera vía para la ingesta de THC. Lo que pretenden las comunas del triángulo dorado es reinventar el producto, reinsertando en la cultura popular la cultura de la cannabis a través de denominaciones de origen como las que tienen los quesos, los vinos o los buenos habanos: los pequeños agricultores, cuidadosos del medio ambiente y orgullosos de su terruño, producen cepas al aire y al sol, distintivas, aromáticas e insustituibles, que añejan por al menos un mes luego de cada verano en los áticos, clósets y sótanos de sus remotas propiedades. Las resultantes colas de zorro, además de sus respectivas porciones de THC o CBD, entregan aromas del mejor té verde, pasto recién cortado o tierra de bosque.

El orgullo ecológico, en estas granjas, no es una postura vanidosa ni un mero ángulo mercadológico: cuando el camión de la basura pasa a decenas de kilómetros reciclar deja de ser un gesto narcisista. Todo desecho que no pueda ser degradado o reutilizado debe ser transportado por horas, en camioneta, hasta algún tiradero del pueblo más cercano, si no es que incinerado, un lujo disponible sólo para quien ya no necesita esconder las delatoras fumarolas, aunque siga teniendo que cortar y arriar la leña. Cada botella de plástico, cada bolsa, corcholata, pedazo de papel de estraza o caja, objetos que los habitantes de las urbes cotidianamente ignoramos, deben allí ser asumidos y contabilizados como espacios no negativos: un mundo raro donde cada posesión física tiene su propio peso. Las prácticas agrícolas no escapan al modelo. Una presencia constante y sorpresiva en esas pequeñas granjas, además de los enormes perros pitbull o pastor alemán, son las gallinitas de guinea y las alpacas: las gallinas engordan durante la primavera y el verano, contoneándose libremente entre los plantíos y comiendo larvas e insectos que de otra forma mermarían los brotes; llegado el otoño éstas son, a su vez, rostizadas y consumidas. Las alpacas son apreciadas no por su lana, sino por su excremento: bajo en materia orgánica pero rico en nitrógeno, ayuda a retener la humedad, no necesita ser compostado, tiene forma de ordenada cápsula y es depositado por los animales, puntualmente, en el mismo lugar cada día. Debajo de las plantas, que al sol montañoso llegan a más de dos metros de altura y a los tres o cuatro de circunferencia, se siembran pequeñas hierbas fijadoras de nitrógeno, como la avena, el cardo y el chícharo que, terminada la cosecha, hacen una hermosa ensalada que acompaña en la mesa a las gallinas de guinea.

De todos los agricultores y comerciantes californianos apenas un puñado ha obtenido la licencia legal; se recibieron, antes del corte del pasado diciembre, tres mil 500 aplicaciones, cuando hay alrededor de 20 mil granjas en producción. Entre otras razones porque cumplir con los requerimientos condales y estatales sanitarios, laborales, de infraestructura e impositivos no es asunto menor; porque la marihuana ilegal es siete veces más barata; porque las limitaciones son severas —el condado de Mendocino permite únicamente 100 plantas máximo por cada propiedad— y porque el estado produce tres o cuatro veces más de lo que consume, sin posibilidad de exportación dada la prohibición federal. Esa prohibición, a pesar de la más o menos buena voluntad de las autoridades locales, le impide a los productores y distribuidores abrir cuentas de banco o conseguir tarjetas de crédito, contratar seguros, acceder a créditos u otros modos de financiamiento, obtener seguros médicos o constituir formalmente sus empresas que, sólo en Mendocino, producen 80% del PIB local. Paradójicamente, la criminalización federal de la actividad exacerba el crimen periférico en áreas donde toda transacción debe ser hecha en efectivo, efectivo que sirve de carnada natural para los grupos del crimen organizado. El Cártel de Sinaloa, que lleva décadas alejándose de la marihuana hacia giros más lucrativos —el tráfico de metanfetaminas, personas, cocaína y la nueva gallina de los huevos de oro: la heroína—, antes proveía más de dos terceras partes de toda la mota importada por Estados Unidos. Por eso sus lugartenientes no ignoran que una tienda o dispensario pequeño puede generar entre 300 y 500 mil dólares mensuales que, por fuerza, se guardan en alguna iteración del proverbial colchón. La tentación aumenta cuando es tiempo de cosecha y los productores comienzan a recibir pagos grandes, o cuando llega el corte de fin de mes en los dispensarios. Son comunes los robos con arma de fuego, las extorsiones y los asaltos violentos a centros de acopio y a vehículos que trasladan efectivo y mercancía. En el triángulo esmeralda, pletórico de paisajes bucólicos, de granjas y de vinaterías, de borregos pastando y de restaurantes carreteros donde rubias enormes te llaman “honey” al servirte una sonrisa y una rebanada tamaño industrial de pastel de manzana casero, el índice de criminalidad es siete veces mayor al de Los Ángeles.

La policía local poco ayuda, conformándose con no estorbar. A quienes sí persigue activamente es a los productores sin registro: el zumbido de los helicópteros es constante en el horizonte serrano, y quien quiera evitar una lluvia de rambos cayendo del cielo con lanzallamas prestos a achicharrar sus sembradíos, debe lucir en sus campos, en letreros enormes a ojo de pájaro, la combinación de números y letras de sus licencias en blanco o amarillo reflejante. Esos escuadrones acabaron en 2016 con cerca de 100 granjas ilegales. Hay quien opta por obviar el trámite pagándole a oficiales corruptos unos 50 dólares semanales por cada planta, recibiendo a cambio de la transacción marcadores individuales, a modo de salvaguarda, por si llegan más agentes en diferente redada.

Los hijos y nietos de los primeros comuneros clandestinos, padres y abuelos hoy, aún se estremecen cuando oyen pasar helicópteros: en los resquicios montañosos de su infancia había que vestirse de colores neutros cada que salían de casa, y el sonido de las hélices los empujaba a tirarse sin chistar bajo algún arbusto o cobertizo so pena de revelar la existencia de habitantes cercanos y, con ellos, de sus plantíos. Además de su propia y fantástica cepa llamada Harmony Rose, una mujer fabrica pomadas de cannabis para la artritis y otras dolencias. Vive con su hijo adolescente. Sus canas alborotadas, su chal agujerado de crochet, su casa sobre un arrollo y su sonrisa traviesa no le impiden guardar, en el cajón de la cocina, junto a bulbos de adormidera seca, tallos de mota, aceites esenciales y decenas de hatos de hierbas de olor, un fierro que hace mucho perdió la virginidad.

Mientras California y la mitad de Estados Unidos pasan por los dolores de parto de una industria que más temprano que tarde se convertirá en la gallina de los huevos de oro de este siglo, México debate cuántos gramos de letra muerta puede portar alguien antes de ser arrestado. A lo más que hemos llegado es a permitir, a partir de este año y de manera restringida, el consumo médico del aceite de cannabidiol que, encima, debe ser importado, al no haber marco legal para su producción nacional. De cara a 2018 los principales candidatos presidenciales, sin importar su supuesta filiación ideológica, han declarado en un conservador unísono que no consideran a la descriminalización entre sus posibles políticas públicas.

 

Roberta Garza
Periodista.