En la edición del mes pasado compartimos con los lectores de nexos un análisis de la brecha que existe entre la oferta y la demanda por servicios, y lo que esto representa para nuestro sistema de salud.1 Ahora procederemos a analizar las perspectivas de este sistema.

Hace exactamente seis años uno de los autores de este artículo publicó en esta revista un ensayo titulado “La salud como derecho ciudadano”.2 El propósito de aquel trabajo era discutir, a la luz de los cambios que se habían dado en las condiciones de salud de la población mexicana durante la década previa y los avances en los niveles de protección social producto de la implantación del Seguro Popular, las nuevas reformas que requería México. Por diversas razones estructurales, financieras y políticas, pocos aspectos de esas posibles reformas pudieron concretarse y nos enfrentamos ahora a la necesidad de retomar aquella discusión para atender retos cuya complejidad se ha acentuado con el paso del tiempo. Este ensayo busca contribuir al debate que se ha generado como parte del proceso electoral y apoyar el diseño de programas y políticas que nos permitan avanzar en la construcción de un sistema de salud auténticamente universal. La intención, de nuevo, es ayudar a identificar las reformas que se requieren para construir el sistema de salud al que aspiramos: un sistema de salud universal, equitativo, eficiente, innovador y sustentable.

 

El sistema mexicano de salud está atrapado en un paradigma obsoleto que ha favorecido la atención curativa y especializada, y que no ha sabido adaptarse a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y los padecimientos mentales.3, 4 Es un paradigma, además, que no ha estimulado ni la eficiencia ni la innovación. A pesar de los avances en la cobertura legal que se dieron en las últimas décadas, sigue siendo un sistema segmentado, es decir, diseñado para atender con diferentes reglas y estructuras organizativas a tres grupos: la población asalariada, cubierta en principio por las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, fuerzas armadas y esquemas estatales); los trabajadores no asalariados, más la población que está desempleada o fuera de la fuerza de trabajo, protegidos por el Seguro Popular, y los miembros de los dos grupos anteriores que de alguna manera autofinancian parcial o totalmente sus necesidades de salud mediante la compra de servicios privados. Cada uno de estos tres subsectores dispone de una fuente de financiamiento y un aparato prestador de servicios propios.

Ilustraciones: Víctor Solís

A pesar de los avances en el número de intervenciones cubiertas por el Seguro Popular, los paquetes de beneficios que ofrecen los distintos segmentos siguen siendo muy diferentes, y la calidad de sus servicios muy heterogénea. En el sector público esto se debe en buena medida a la existencia de monopolios prestadores de servicios que no cuentan con los incentivos necesarios para responder de manera efectiva, oportuna y eficiente a las necesidades de la población. Ello ha empujado a un porcentaje importante de los afiliados al IMSS, ISSSTE y Seguro Popular a utilizar de manera regular los servicios privados.5, 6

Una característica adicional de este modelo es su exigua preocupación por las preferencias y opiniones de los usuarios de los servicios de salud, en particular, y los ciudadanos, en general. Esto se expresa en la escasa capacidad de elección del prestador de servicios que tienen los afiliados a las instituciones públicas de salud. En efecto, el sistema apaga la voz de los pacientes al no permitir la portabilidad de los derechos. Eso va en contra de las tendencias mundiales a ampliar las posibilidades de elección, involucrar al paciente en las decisiones sobre su propia atención y estimular la participación de la sociedad civil no sólo en la identificación de las prioridades en materia de salud, sino también en la gestión de los servicios y el diseño de los programas y las políticas públicas.7, 8 Finalmente, al obstaculizar el uso flexible de los servicios de salud por parte de los pacientes, el sistema actual genera duplicidad de infraestructura y elimina los incentivos a la eficiencia a través de la sana competencia entre prestadores de servicios, la cual fomenta la equidad cuando se combina con un financiamiento público integrado.

 

Muchos de los problemas del sistema de salud de México se han atribuido a la falta de un sistema universal de seguridad social. Creado en 1943, nuestro sistema moderno de salud se estableció con la convicción de que toda la población económicamente activa de México sería eventualmente asalariada y, por lo tanto, se afiliaría a las instituciones de seguridad social. Esta predicción no se cumplió. A principios del siglo XXI alrededor de 60% de la población económicamente activa no era asalariada y por lo tanto carecía de protección social en salud.9

La falta de acceso de más de la mitad de la población a servicios de salud integrales con protección financiera motivó la creación en 2003 del Sistema de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular. De acuerdo con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en 2017 había 53.3 millones de mexicanos afiliados a este seguro.10

El Seguro Popular ha sido acusado de promover la informalidad al crear un sistema paralelo al de la seguridad social para los llamados trabajadores “formales”. Esta crítica tiene respuestas claras de orden conceptual, empírico y ético.

En primer lugar, el Seguro Popular no está dirigido a la población informal sino a la población no asalariada, un concepto más preciso y amplio que incluye a los trabajadores por cuenta propia (campesinos, pequeños comerciantes y también muchos profesionistas en el ejercicio libre de su profesión), los desempleados y las personas que se encuentran fuera del mercado laboral, como las personas dedicadas de tiempo completo a labores del hogar. Al caracterizar a todas estas personas como “informales” se les está estigmatizando en forma clasista, pues dicha connotación sugiere que de alguna manera evaden sus obligaciones e incumplen con la ley. Sin duda, hay trabajadores no asalariados que sí son informales en ese sentido, pero el hecho es que la mayoría de ellos no lo son.

La información empírica también contradice esta crítica. En una revisión hecha por el Banco Mundial de 12 estudios con diseños muy robustos realizados por investigadores del CIDE, El Colegio de México y la Universidad de Chicago, entre otros, se concluye que el efecto del Seguro Popular sobre la informalidad ha sido moderado, y contrasta con los enormes beneficios que en materia de acceso a servicios de salud y protección financiera recibió más de la mitad de la población mexicana.11 Se trata, según este documento, de una de las series de análisis más exhaustivas que se han hecho en el mundo sobre el impacto del financiamiento en salud en el mercado de trabajo.

Hay otros hechos contundentes. De acuerdo con informes del IMSS, entre 2000 y 2012 el empleo formal y el PIB crecieron a un ritmo similar, pero entre 2013 y 2017 el crecimiento del empleo formal sobrepasó en forma significativa el de la economía, llegando a 4.3% en 2017 comparado con 2.3% para el PIB.12, 13 Las explicaciones de estas tendencias son muchas, pero el hecho es que el Seguro Popular se creó y creció en forma paralela durante el mismo periodo y el resultado no ha sido un aumento en la informalidad.

Finalmente, la respuesta ética a esta crítica al Seguro Popular es que existen múltiples instrumentos de política pública para desalentar la informalidad y resulta moralmente inaceptable utilizar aquellos que limitan el acceso a servicios esenciales de salud. Seguramente, la acertada aplicación de otros instrumentos explica el aumento reciente del empleo formal en México.

Pareciera que las críticas al Seguro Popular buscan ocultar las verdaderas causas de la informalidad, dentro de las que destacan el exceso de regulación y los altos costos de afiliación al IMSS, que, a juicio de los potenciales afiliados, no se corresponden con la mala calidad de sus servicios.14, 15 Su monopolio prestador no sólo limita la capacidad de elección, sino también dificulta la adopción de medidas que permitirían incrementar la calidad, la oportunidad y eficiencia de la atención.

La situación se complica desde el punto de vista político porque la seguridad social representa hoy en día el remanente más fuerte del corporativismo mexicano. Usamos este término no en un sentido peyorativo, sino en su acepción técnica como un sistema de representación política donde el ejercicio de los derechos está asociado a la posición ocupacional de las personas.16 Esa es exactamente la situación que, a pesar de los esfuerzos de la última década y media, sigue prevaleciendo en México. Si bien el Seguro Popular ha logrado avances sustanciales en incluir a los trabajadores no asalariados, el obstáculo principal para seguir progresando se encuentra ahora en la estructura cerrada de la seguridad social. En efecto, una característica del corporativismo de Estado que ha imperado en México es la captura de las instituciones públicas por parte de las burocracias administrativas y sindicales. El ejemplo emblemático de dicha captura se encuentra en la enorme disparidad entre las prestaciones de los empleados del IMSS frente a las de los trabajadores a quienes supuestamente sirven. El pasivo laboral del IMSS —que incluye el pago de pensiones, indemnizaciones y primas de antigüedad para los trabajadores actuales o retirados del IMSS—pasó de representar 20% de los ingresos propios del Instituto en 2003 a 30% en 2016. Se estima que para 2030 alcanzará 50%.17 Es decir, una proporción creciente de las aportaciones de los trabajadores a su seguridad social se destina a cubrir los costos laborales de la institución y no a prestar los servicios que justifican la existencia misma de dicha institución. No debe sorprender que muchos de esos trabajadores y sus empleadores estén insatisfechos al verse obligados a hacer aportaciones cuyo valor para los contribuyentes va en descenso. Más que la existencia del Seguro Popular como opción para los trabajadores no asalariados excluidos por el sistema corporativista, la verdadera razón de la informalidad es el fracaso de los esfuerzos por terminar con ese sistema corporativista.

Un complemento de las críticas al Seguro Popular ha sido la idea de reformar el sistema de salud unificándolo alrededor del IMSS. Esta opción, en tanto que anticipa la creación de un sistema de salud único, parece atractiva. Sin embargo, por sí sola representaría una simple prolongación de la situación actual, ya que la principal debilidad de nuestro sistema radica menos en la existencia de múltiples segmentos que en la falta de separación entre el financiamiento y la prestación de servicios en las instituciones públicas de salud. Esta falta de separación permite la persistencia de monopolios prestadores en el IMSS y el ISSSTE. Cuando un trabajador que ya realizó su contribución obligatoria está insatisfecho con el servicio que recibe de ese prestador monopólico, sus opciones son aguantar la mala calidad o volver a pagar si quiere acudir a otro prestador.

Ese reducto del corporativismo que es el sistema de seguridad social mexicano limita la libertad de los ciudadanos en dos sentidos. A los trabajadores no asalariados y sus familias —casi la mitad de la población— les niega la libertad de optar por los beneficios de una seguridad social integral. Y a los trabajadores asalariados y sus familias —la otra mitad— les niega la libertad de atender su salud donde deseen, sin tener que volver a pagar. Por ello, el siguiente paso en materia de salud tiene que incluir, de manera central, una reforma cabal a las reglas para la prestación de servicios de salud por parte de las instituciones de seguridad social y especialmente —en virtud de su enorme peso económico y político— del IMSS.

 

El objetivo central de una nueva generación de reformas es crear un sistema de salud auténticamente universal. ¿Qué queremos decir con ello?

Se ha abusado del adjetivo “universal”. La mayoría de las veces su uso se limita a la idea de que el sistema debe cubrir a todas las personas. Ésta es, sin duda, una dimensión fundamental de la universalidad de un sistema de salud. Pero hay un sentido más profundo del término, según el cual lo universal es lo opuesto de lo segregado. En este segundo sentido —que hasta ahora ha ocupado un lugar secundario en el debate mexicano—, un sistema universal no sólo debe cubrir al total de la población, sino que además debe ofrecer los mismos derechos a todos. Es posible tener un sistema que, si bien abarca a toda la población, segmenta a los diferentes grupos ofreciendo a cada uno diferentes beneficios bajo distintas reglas. Eso es lo que pasa ahora en México. Nuestro sistema de salud está cerca de lograr la universalidad en el primer sentido, pues cubre ya a 82% de la población.18, 19 Sin duda, hay que hacer el último gran esfuerzo para incluir a todo mundo, especialmente a quienes viven en condiciones de extrema pobreza y en lugares de difícil acceso. Pero igualmente importante es que todo mundo tenga los mismos derechos. Ésta es la diferencia entre un sistema corporativista y un sistema democrático de salud. El ejercicio de los derechos en materia de salud ya no puede seguir mediado por la situación ocupacional de las personas. Debe ser parejo, es decir, debe ser universal en el segundo sentido del término. Ello requiere de un esfuerzo de integración, lo cual implica la instauración no de un sistema único de salud (es decir, un monopolio), sino de un sistema uniforme que ofrezca a todas las personas servicios integrales de salud con los mismos niveles de alta calidad y con los mismos grados de protección financiera.

Para cumplir con este objetivo es necesario transitar de la organización del sistema de salud por grupos poblacionales —asalariados y no asalariados— hacia su reorganización por funciones. En este nuevo escenario la Secretaría de Salud cumpliría con la función de rectoría; el financiamiento público sería responsabilidad de un fondo único de salud, y la prestación quedaría en manos de una diversidad de prestadores públicos y privados, todos sujetos a las mismas regulaciones, como sucede en la abrumadora mayoría de los países de la OCDE. La separación de funciones fortalecería el papel de guía y árbitro de la Secretaría de Salud; facilitaría la agregación de los riesgos financieros de toda la población y daría lugar a un financiador público único, y garantizaría una prestación plural de servicios sensible a las preferencias de los usuarios que permitiría premiar el buen desempeño y romper la fragmentación institucional, evitando la dispendiosa duplicación de infraestructura pública. Un sistema de esta naturaleza premia la equidad y la eficiencia; lejos de crear un monopolio burocrático que elimine al sector privado o lo vuelve accesible sólo a los más ricos, introduce certidumbre mediante reglas justas que protegen a los usuarios.

Esta reorganización requiere de al menos cinco tipos de reforma: legal, financiera, gerencial, del modelo de atención y participativa.

En primer lugar, es indispensable eliminar la contradicción actual entre los artículos 4 y 123 constitucionales, para así convertir a la protección de la salud en un derecho social, ya no laboral, exigible legalmente por todos los ciudadanos, independientemente de su posición en el mercado de trabajo.

También es necesaria una reforma financiera que incremente la inversión en salud en México por lo menos al nivel promedio de los países latinoamericanos (7.2% del PIB).20 Esto se puede concretar mediante la legislación de una “contribución social generalizada” que sustituiría el actual sistema de financiamiento de la atención a la salud a través de impuestos generales y cuotas obrero-patronales. Dicha contribución, que deberá diseñarse utilizando los esquemas fiscales más progresivos posibles, permitiría establecer un “fondo único de aseguramiento”, el cual financiaría un paquete de intervenciones de alta especialidad y un paquete de beneficios esenciales a los que todo mexicano tendría acceso bajo cualquier esquema de aseguramiento público en salud, con independencia de quien sea el prestador de servicios. El propósito es homologar hacia arriba los beneficios en salud de los diversos seguros públicos y hacerlos explícitos. Los seguros privados tendrían la oportunidad de ofrecer complementos al paquete universal.

La tercera reforma, de carácter gerencial, tiene como primer objetivo consolidar la separación entre las funciones de financiamiento y de prestación de servicios en todas las instituciones públicas de salud, lo cual permitiría una prestación plural de servicios de salud. El segundo objetivo de esta reforma es fortalecer las capacidades administrativas en todos los niveles del sistema para garantizar una calidad homogénea. Esto requiere el diseño de dos instrumentos básicos: una “tarjeta universal de salud”, que garantice la portabilidad de beneficios entre instituciones, y un “tabulador unificado de intervenciones”, que permita la utilización y facturación cruzadas de servicios en distintos hospitales e instancias sanitarias. Cabe agregar que estos instrumentos apoyarían los esfuerzos por reducir la informalidad, pero no a base de exclusiones, sino mediante la incorporación de los trabajadores informales a esquemas que garanticen servicios de alta calidad con protección financiera.

La cuarta reforma comprende el diseño de un nuevo modelo de atención con los siguientes atributos:21

anticipatorio, es decir, que promueva la salud y combata proactivamente los riesgos a la población;

centrado en las personas, lo cual implica aplicar los avances científicos para desarrollar la llamada “medicina de precisión”, capaz de responder a las características específicas de cada paciente;

comprometido con la calidad, lo que supone prestar servicios efectivos y seguros que garanticen un trato digno;

integral, que implica la cobertura de todo el ciclo del proceso de salud-enfermedad;

continuo, que exige la cobertura de todo el ciclo de vida de las personas, con énfasis en el manejo de la cronicidad que ahora domina el panorama epidemiológico;

diversificado, que propone novedosos espacios para una atención hospitalaria, ambulatoria y domiciliaria capaz de responder a las diferentes necesidades de los enfermos y los sanos;

multidisciplinario, es decir, basado en equipos con múltiples competencias profesionales;

interconectado a través de redes locales, regionales, nacionales y globales;

sostenible, lo que exige un manejo fiscalmente responsable que garantice un alto nivel de protección financiera;

responsable, es decir, capaz de rendir cuentas en un marco de transparencia, integridad y participación ciudadana;

innovador, que supone invertir en investigación y desarrollo tecnológico de manera que pueda renovarse en consonancia con el dinamismo inherente a la salud.

La quinta reforma busca estimular la participación de los pacientes y ciudadanos en todos los ámbitos de la salud. Esto requiere de la implantación de medidas para informar y educar a los pacientes, fortalecer la participación de sus organizaciones en el diseño del sistema de salud y desarrollar instrumentos que permitan escuchar continuamente la opinión y las preferencias de los usuarios de los servicios de salud. Estas medidas no sólo ayudarán a democratizar la salud, también harán más racional la toma de decisiones.

Estas cinco reformas permitirán avanzar en la consolidación de un sistema de salud verdaderamente universal, capaz de responder de manera efectiva, oportuna y eficiente a las necesidades y expectativas de la población mexicana.

La reforma de los sistemas de salud es un tema que ha estado presente en los procesos electorales recientes de casi todas las democracias consolidadas. Es una muy buena noticia que se haya incorporado también a la actual agenda electoral mexicana. Las posibilidades de acuerdos en este campo son muy amplias porque alcanzar la cobertura auténticamente universal de servicios integrales de salud de alta calidad con protección financiera es un objetivo que comparten todas las fuerzas políticas. De conseguirse, México dará un paso decisivo para dejar atrás su obsoleto legado corporativista y consolidar así su joven democracia. Ello nos hará, en todos los sentidos, un país más saludable.

 

Julio Frenk
Médico y sociólogo. Rector de la Universidad de Miami.

Octavio Gómez Dantés
Médico. Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México.

Felicia Marie Knaul
Economista, Economista Principal de Universalidad y Competitividad en Salud en la Fundación Mexicana para la Salud. Directora del Instituto para Estudios Avanzados de las Américas de la Universidad de Miami.

Héctor Arreola Ornelas
Economista. Coordinador de Investigación de Universalidad y Competitividad en Salud de la Fundación Mexicana para la Salud.

Este es el segundo artículo de una serie, cuyos resultados forman parte del proyecto de la Fundación Mexicana para la Salud, A.C., “Universalidad y Competitividad en Salud”, dirigido por Felicia Marie Knaul.


1 Frenk, J., Knaul, F.M., Gómez Dantés, O., Arreola Ornelas, H., “La brecha en salud en México”, nexos, número 482, enero de 2018, pp. 20-25.

2 Frenk, J., “La salud como derecho ciudadano”, nexos, número 410, febrero de 2012, pp. 44-48.

3 Ruelas-Barrajas, E., “Salud: el nuevo paradigma”, en Aguilar Camín, H., de la Calle, L., Casar, M.A., et al., ¿Y ahora qué? México ante el 2018, Penguin Random House, Ciudad de México, 2017, pp. 323.

4 El Economista, “El IMSS privilegia el modelo de atención preventivo”. Disponible en: http://bit.ly/2CJxfih. Consultado el 30 de enero de 2018.

5 Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. Informe de resultados. Cuernavaca, Morelos: Instituto Nacional de Salud Pública, 2016.

6 Frenk, J., Knaul, F.M., Gómez Dantés, O.,
Arreola Ornelas, H., “La brecha en salud en México”, op. cit.

7 Porter, M., Lee, T., “The strategy that will fix health care”, Harvard Business Review. Disponible en: http://bit.ly/2GKK8v7. Consultado el 1 de febrero de 2018.

8 OECD, OECD work on health. Disponible en: http://bit.ly/2GIdcn0. Consultado el 2 de febrero de 2018.

9 Organización Internacional del Trabajo, “El empleo informal en México: situación actual, políticas y desafíos”. Disponible en: http://bit.ly/2CImIUw. Consultado el 24 de enero de 2018.

10 Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Sistema de Protección Social en Salud. Informe de resultados enero-junio 2017. Disponible en: http://bit.ly/2GLNBt9. Consultado el 24 de enero de 2018.

11 World Bank, Human Development Department, Latin America and the Caribbean Regional Office, Mexico’s Social Protection System in Health and the formal sector. A literature review. Disponible en: http://bit.ly/2onBnjV. Consultado el 24 de enero de 2018.

12 IMSS. Más de 800 mil empleos afiliados al IMSS en 2017. Disponible en: http://bit.ly/2BRAp7d. Consultado el 2 de febrero de 2018.

13 INEGI. Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto. Cifras durante el cuarto trimestre de 2017. Disponible en: http://bit.ly/2BREwzN. Consultado el 2 de febrero de 2018.

14Heckman, J., “Policies to promote growth and economic efficiency in Mexico”. Presentación efectuada en la conferencia internacional Retos y Estrategias para Promover el Crecimiento Económico, organizada por el Banco de México. Disponible en: http://bit.ly/2BNBVH8. Consultado el 9 de agosto de 2011.

15 Ethos Fundación, “El Seguro Popular de Salud en México: Posibles efectos sobre la economía informal”. Disponible en: http://bit.ly/2sTp5EC. Consultado el 24 de enero de 2018.

16 González-Block, M.A., Frenk, J., “Corporatism and health care: a comparison of Sweden and Mexico”, Health Policy, vol. 21, 1992, pp. 167-180.

17 IMSS. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS 2016-2017. Disponible en: http://bit.ly/2BOdKZo. Consultado el 25 de enero de 2018.

18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Intercensal 2015. Disponible en: http://bit.ly/2o3lC2L. Consultado el 13 de julio de 2017.

19 Frenk, J., Knaul, F.M., Gómez Dantés, O., Arreola Ornelas, H., “La brecha en salud en México”, op. cit.

20 Banco Mundial, “Gasto en salud, total (% del PIB). Indicadores de desarrollo mundial”. Disponible en: http://bit.ly/2EVPPFU Consultado el 2 de febrero de 2018.

21 Frenk, J., “Salud y educación superior: tiempo de transiciones”. Discurso de ingreso, 24 de mayo de 2017, México, El Colegio Nacional, 2017, pp. 31-33.

 

7 comentarios en “Hacia la universalización de la salud

  1. Me parece la dirección correcta la que se expone en el artículo en cuanto a transformar el acceso a la salud un derecho universal

  2. Excelente propuesta, realizadan por profesionales miy concocedores del tema y comprometidos con su implementación. Les deseo la mejor de las suertes en la permeación de esta visión en nuestra realidad, tratando de que se de en el más corto plazo posible. Los jóvenes graduados de las licenciaturas vinculadas con el ejercicio de las profesiones de la salud se lo agradecerán. Su supervivencia laboral, y la calidad de sus servicos, dependen mucho de esta reforma en la estructura y la visión de cómo se desarrolla la economía de la salud en México.

  3. Y luego, con todo respeto los cambio a un sistema bde salud que es reflejo de un estado con políticas públicas diseñadas a la disegracion, sin una visión más democrática, sin interés a una salud colectiva un ejemplo sin un claro apoyo a la salud mental- entonces cuál es el plan? Los que escriben el artículo conocen la medicina real? De ir a consulta de ” centro de salud”, clínica médica, consultoriios del dr Similares, hospital general, esto en ciudades urbanas, conocerán los servicios en zonas marginadas y rurales, sus necesidades de cada paciente que acude a estos servicios, asalariados o derechohabientes. Lo dudo? Y realmente sus análisis es crear un sistema de salud en donde sea elitista, y sea menos democrático. Necesitamos paradigmas comprometidos donde todos participen, el proceso salud y enfermedad debe de abarcar más, no solo quedarse en eso de ver a todos como enfermedad..y regresar a un cambio estructural total. No descalificar tampoco los datos estadísticos y que son herramientas para eso análisis y políticas..
    Los autores son un ejemplo estudiosos en salud pública, política de salud ,economía de la salud, y medicina social…
    Pero se necesita más que eso y escribir más.
    Agradezco está oportunidad

  4. No estoy de acuerdo con respecto a la parte de los privilegios de los trabajadores del sector salud. Tampoco ahí existe un estándar. Se presume que los trabajadores del IMSS tienen sueldo superiores al de los trabajadores comunes, puede que eso sea cierto, pero en realidad los sueldos en el país son deprimentes y los del IMSS en su mayoría no son una excepción. Se invierte mucho en burocracia y en jefaturas de departamento cuando en realidad no se requieren tantas.

    • Creo que tiene razón en cuanto lo salarios del IMSS, que no son muy altos para la responsabilidad que implican. Por otro lado un problema de los trabajadores del IMSS es que estan inmersos en una política de clientelismo y privilegios. Sencillamente las plazas parecen privilegio familiar, un mexicano común y corriente, no tendrá jamás la mínima posibilidad de encontrar un trabajo no calificado en el IMSS sin una “palanca”.
      Mi opinión es que las prestaciones del IMSS solo se deben aplicar a los directamente relacionados con el servicio médico: enfermeras, laboratoristas y médicos.

    • Los salarios que persibimos los trabajadores del IMSS son los justos en base a los logros académicos que tienen los trabajadores.

  5. Creo que es de gran importancia el seguro popular,ya que muchas personas que trabajan y que el patron no le da seguro social tienen esa oprtunidad de atencion medica.