Según el diccionario, la medicina es la ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano; pero esta es una concepción demasiado simplista y no completa. Tal y como reflexionó González Crussí hace algún tiempo, el humano es un “ser biológico sujeto a un conjunto de leyes fisicoquímicas influenciado por facultades ultrafísicas: mente, espíritu, intelecto, emociones” (aunque cada vez éstas se entienden mejor a partir de sustratos biológicos) que derivan en concepciones metafísicas importantes que le permiten vivir en comunidades e intentar desarrollar experimentos como lo que llamamos “sociedad democrática moderna”.

La medicina, entonces, tiene su ontogenia en el acto que se da cuando un ser humano le pide ayuda a otro para resolver un problema de salud; es una relación netamente humana aquella que se da entre el paciente y su médico. Por eso se considera que no hay enfermedades sino enfermos y, como corolario, no hay medicina sino médicos, por lo que, siguiendo nuevamente a González Crussí, “la medicina clínica no es del todo una ciencia —gravita definitivamente hacia el arte”. Una ciencia que un ser humano aplica mediante la inclusión de valores humanísticos. Entonces, ¿es factible que el moderno Asclepio se excuse de dar el servicio que la sociedad espera de él o ella?


Ilustración: David e Izak Peón

La objeción de conciencia en medicina (OCM) se define como la decisión individual que toma un profesional de la medicina para dejar de realizar un acto médico científica y legalmente aprobado según la lex artis medica aduciendo la transgresión que dicho acto médico hace a su libertad de pensamiento, conciencia o religión (en otras palabras, sus principios morales y creencias religiosas). Son muchas las situaciones en donde esto sucede, pero sin duda encuentra mayor campo en el ámbito de la salud reproductiva (aborto, esterilización, anticoncepción, reproducción asistida), y en situaciones relativas a la muerte (suspensión de apoyo vital, sedación paliativa, aceptación del diagnóstico de pérdida de la vida por criterios encefálicos, aceptación de voluntad anticipada).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye un parámetro de referencia válido para un comportamiento ético mínimo esperable en las sociedades plurales; en nuestro país ese marco conlleva la aceptación legal en el ámbito constitucional. Dentro de las libertades y derechos que protege dicha Declaración se encuentran el derecho a la salud (art. 25). Otros preceptos son igual de relevantes aunque en ocasiones pueden generar conflicto entre ellos y requieren ponderación. Sin duda uno de ellos que puede afectar las responsabilidades del moderno Asclepio es el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 18).

Un médico puede experimentar conflicto entre su identidad ciudadana y su identidad como practicante de una religión. La resolución del conflicto frecuentemente adopta el argumento de que una de esas “identidades” debe tomar prioridad por encima de la otra.

Los Asclepios modernos entendemos y aceptamos bien nuestras obligaciones profesionales. El juramento hipocrático ha caído en la obsolescencia y ha sido sustituido por el Juramento del Médico adoptado por la Asociación Médica Mundial y conocido como la Declaración de Ginebra por la ciudad donde se adoptó en 1948 (recién modificada durante la reunión de Chicago en octubre de 2017). Todo médico la debería suscribir; vale la pena resaltar algunos preceptos que han sido introducidos desde su presentación original:

• La salud y el bienestar de mi paciente será mi primera consideración.

• Respetaré la autonomía y la dignidad del paciente.

• Practicaré mi profesión con conciencia y dignidad y de acuerdo con la buena práctica médica.

• No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, credo, origen étnico, género, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, estatura social o cualquier otro factor pueda intervenir entre mi deber y mi paciente.

• No usaré mi conocimiento médico para violar derechos humanos o libertades civiles, aun bajo amenaza.

• Hago este juramento solemnemente, en libertad y bajo mi propio honor.

Las actividades médicas se dan siempre dentro del contexto de una relación que establece el paciente con su médico, relación que genera valores inherentes de la que depende su viabilidad: vinculación, confianza, empatía, veracidad, reflexión. Todo esto pasa por el reconocimiento de la vigencia de los Objetivos de la Medicina descritos hace dos décadas: 1) prevenir enfermedades y preservar la salud; 2) curar y cuidar enfermos; 3) aliviar dolor/sufrimiento y consolar; 4) evitar las muertes prematuras y propiciar una muerte en paz (Centro Hastings, 1996).

En estas páginas Arnoldo Kraus ha resaltado la existencia de un desbalance de poder en favor del médico dentro de la relación con los pacientes; la respuesta prudente sería promover la transformación de dicha relación de un sistema hipocrático-paternalista clásico hacia un sistema participativo en la toma de decisiones del paciente a través del respeto por parte de su doctor para vindicar su autonomía utilizando el conocimiento científico como herramienta insustituible de la práctica médica y tomando en cuenta la realidad pragmática de la economía de la sociedad y las leyes establecidas por ella misma para regularse. En otras palabras, los factores reales que determinan y le dan validez al cuidado médico son: a) los deseos del paciente expresados voluntariamente (consentimiento informado); b) el conocimiento científico; c) la distribución justa/equitativa de recursos finitos; d) lo establecido por las leyes vigentes.

Una paciente, entonces, espera recibir de su médico lo mejor de su conocimiento médico-científico, dentro de un contexto humanístico de respeto, empatía, confianza y bajo la luz aprobatoria de la ley (o, por lo menos, en ausencia de su prohibición). Tomando esto en cuenta se entiende que los valores personales de un médico (o del resto del personal del sistema de salud) no establecen ni determinan el cuidado que dicho médico le debe a su paciente.

Es posible identificar tres posturas de actitud ante OCM: aceptarla, no aceptarla o justificarla. De acuerdo a Gustavo Ortiz Millán, la primera postura posible, la aceptación, asume la tesis de la integridad donde se establece la OCM como un “derecho absoluto”; un absolutismo de conciencia donde los proveedores de servicios de salud deben ser eximidos de realizar cualquier acción contraria a sus creencias morales o religiosas. Esta postura soslaya el respeto al paciente (dignidad y autonomía), incumple con el principio de beneficencia/no maleficencia y desacata los Objetivos de la Medicina. Finalmente, interfiere con la atención que requiere una paciente utilizando a la OCM como una táctica obstruccionista y de boicot moral (situación frecuente en nuestro país, baste recordar el arreglo al que tuvo que llegar el gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el “Caso Paulina” —Informe 21/07, CIDH; 2007). Esta postura es la que frecuentemente se promueve en intentos legislativos federales y estatales copiando concepciones promovidas por organizaciones religiosas (Evangelium Vital, 1995).

La segunda postura implica no aceptar la validez de la OCM, la tesis de incompatibilidad que juzga la OCM como incongruente con las obligaciones morales de los médicos. Considera que si un médico tiene problemas morales para realizar su actividad de acuerdo a la lex artis medica, entonces dicho profesional no cumple con sus obligaciones y debería ejercer su objeción desde antes de decidir el área de especialidad y evitarse este tipo de dilemas.

En un terreno intermedio aparece la tercera postura que asume una tesis justificatoria donde el ejercicio de la OCM merece acomodación dentro del sistema médico pero se condiciona a una exhaustiva justificación de su relevancia para el agente moral (médico) en balance con el respeto al derecho del paciente a una atención médica adecuada, en tiempo y forma, que proteja su autonomía/dignidad y provea el mayor beneficio con el menor riesgo posible. Así, según Pauline Capdeville, la OCM “no se constituye strictu sensu un derecho autónomo, sino un derecho a poder beneficiar de una excepción a un deber jurídico en algunas condiciones”.

Un problema serio es la cuestión de que, cuando el carácter de derecho y deber se reduce a la subjetividad de la persona involucrada en el sentido de que sólo el objetor sabe el grado de “daño moral” que experimenta, es difícil demostrar el grado de afectación a sus escrúpulos morales más allá de su propio dicho. Exigir como demostración la pertenencia, participación e involucramiento con alguna religión particular pone en desventaja a aquellos profesionales que no tengan dicha relación o bien sean agnósticos o ateos. Esto es algo que los expertos en laicidad deberán dirimir.

La OCM en la medicina constituye un acto individual y privado que realiza el médico, el cual conlleva el riesgo de interferir negativamente con los intereses vitales de personas ajenas al objetor, los pacientes. Por eso debe ser regulada y su ejercicio condicionado de manera estricta. Argumentar la objeción de conciencia de manera irresponsable y sin pensar en el paciente abre la puerta a una medicina basada en valoraciones morales subjetivas con la posibilidad de transformar la práctica médica en una actividad idiosincrática, sesgada, prejuiciosa, intolerante y discriminatoria. Traiciona al paciente, daña a la medicina como institución y, sin regulación, amenaza la laicidad del Estado.

 

Patricio Santillan Doherty
Director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Profesor de cirugía torácica (UNAM). Miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, el Sistema Nacional de Investigadores y el Colegio de Bioética.

 

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