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Toda lucha social es una batalla narrativa. Las narrativas son historias que significan el mundo, siendo vehículos discursivos e ideológicos para promover o frenar transformaciones sociales. Pero a diferencia de los marcos discursivos, las narrativas se alejan de la lógica, la prueba y las explicaciones formales. Según la socióloga Francesca Polleta, las narrativas tienen un componente de ambigüedad y están abiertas a la interpretación de la audiencia, promoviendo una conexión emocional. Viven en la cultura popular y utilizan estructuras literarias para transmitirse: metáforas, paradojas, moralejas, etcétera. Son historias que hablan de la moral y la ética de una sociedad. En este sentido, tienen un fuerte poder de resonancia y movilización social.

Las batallas de los movimientos sociales no sólo tienen lugar en las calles, sino en el campo de los significados, donde el derecho adquiere un protagonismo especial. Al recoger las narrativas en el aparato legal, el derecho las legitima y las resignifica. La narrativa del derecho es muy poderosa, pues trae detrás la violencia legítima del Estado: la fuerza y la sanción. La legalización de las narrativas es una reinvención de la historia. Uno de los campos donde se ve más claramente cómo opera esta traducción legal de las narrativas sociales es el judicial. Bajo el velo de la imparcialidad los tribunales reciben y reinventan las historias de los movimientos sociales, produciendo su propia narrativa jurídica. En el caso del aborto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido un constante árbitro de las batallas entre los movimientos feministas y los conservadores. Analizando sus sentencias se pueden trazar tres momentos que retratan cómo ha cambiado el discurso constitucional del aborto. Estas narrativas reflejan también los dilemas éticos alrededor del aborto, particularmente, las recogidas por las autoridades judiciales.


Ilustración: David e Izak Peón

 

En el 2000 se añadieron varias causales legales para interrumpir el embarazo en el código penal, entre ellas las malformaciones fetales. Una minoría parlamentaria conservadora de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) impugnó las reformas ante la SCJN alegando que eran discriminatorias y atentaban contra el derecho a la vida del feto. También se impugnó el acceso al aborto en casos de violación sexual. En una sentencia “histórica”, como la propia SCJN la denominó en un libro editado por varios ministros, las narrativas de los movimientos sociales salieron a la luz. A primera vista esta sentencia se puede leer como el triunfo de la narrativa feminista donde los derechos de las mujeres prevalecieron.

Para el movimiento feminista la historia del aborto es la historia de una prisión. Las mujeres viven encarceladas en sus cuerpos cuando el Estado no las deja decidir si continuar o no su embarazo. La ley les impone una decisión anticipada: la maternidad. No se les pregunta. En la resolución de su dilema ético sólo hay dos salidas: ser madre o la cárcel. En 2002, cuando se resolvió el asunto, algunos ministros de la Corte fueron empáticos con esta narrativa. Consideraron que la penalización del aborto metía a las mujeres en un oscuro callejón: el de aceptar una maternidad heroica. ¿Por qué si una mujer había sido víctima de violación sexual tenía que aceptar y reconciliarse con ese embarazo no deseado? ¿Por qué tener que soportar las cargas económicas y emocionales de un hijo no querido? Sin embargo, esta narrativa se ponderó con la del movimiento conservador para quienes la vida es sagrada. El aborto, para los ultras, es la historia de un crimen atroz: contra la vida naciente, indefensa. Las mujeres deben seguir los mandatos divinos: la maternidad es un don, el camino trazado para ellas desde que Adán le dio su costilla a Eva. Y bajo ningún supuesto tienen derecho a atentar contra la vida en gestación. Si lo hacen, son delincuentes.

La primera sentencia de la Corte es una mezcla de estas dos narrativas. El aval a la despenalización del aborto vino acompañado con la declaración de la protección de la vida prenatal en todo el orden jurídico mexicano. Además, por la redacción de las causales del código penal, la SCJN consideró que el aborto seguía siendo un crimen, pero en ciertos casos la ley perdonaba la prisión o la multa. Las mujeres seguían siendo consideradas delincuentes, aunque podían decidir abortar en algunos casos sin castigo. El resultado fue una sentencia que dio argumentos a ambos movimientos y no zanjó bien el asunto de fondo. ¿Tienen o no tienen las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo, a salir de esa cárcel física, ética, legal, social? ¿Qué implica que la vida en gestación esté protegida por el sistema jurídico mexicano?

 

Después de un debate acalorado en la ALDF, en 2007 se despenalizó el aborto por voluntad de las mujeres en el primer trimestre del embarazo, teniendo los hospitales públicos que practicarlo de forma gratuita y segura. Ésta, sin duda, fue una victoria importante del movimiento feminista. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el procurador general de la República de aquel entonces impugnaron la ley ante la SCJN con una narrativa conservadora similar a la del 2000: la vida es sagrada y por tanto está protegida en la Constitución y en los tratados internacionales. Además, alegaron que la ley era discriminatoria contra los hombres por no pedir la opinión del padre potencial.

En un fallo poco consensuado la Corte matizó de forma significativa la narrativa de la protección de la vida prenatal, considerando que no es absoluta, inderrotable. El embarazo, dijo la Corte, provoca en las mujeres un impacto asimétrico en su cuerpo y en sus vidas. Al pasar por los cambios físicos de la gestación y muchas veces soportar las cargas sociales de la maternidad, la crianza y cuidado de los hijos, se genera una desigualdad que debe ser tomada en cuenta para resolver el dilema ético del aborto. Por ello la Corte consideró que la decisión de ser o no madre es exclusiva de las mujeres.

La narrativa feminista está mucho más presente en esta segunda sentencia. Hay aquí un reconocimiento de cómo el embarazo afecta la salud de las mujeres y su proyecto de vida. Queda todavía mucho por explorar sobre otras aristas que afectan los derechos de las mujeres cuando se penaliza el aborto. Por ejemplo, su derecho a la información y a acceder a la práctica sin barreras médicas y económicas. A pesar del matiz a la narrativa de la protección de la vida prenatal, la Corte sigue sin aclarar qué implica esta protección, aunque no absoluta, por el Estado y cómo es compatible con los derechos humanos de las mujeres.

 

La reacción a la despenalización del aborto en la Ciudad de México avalado por la SCJN en 2008 fue insertar la narrativa de la protección de la vida prenatal en las constituciones estatales del país. Políticos conservadores, aliados con la iglesia católica, empezaron una tarea de “blindaje” constitucional para impedir simbólicamente la despenalización el aborto en otros estados. Por tanto, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y una minoría del Congreso estatal de San Luis Potosí impugnaron las reformas constitucionales de sus estados alegando que dicha protección obstaculizaba el acceso a la métodos anticonceptivos, la investigación en embriones no implantados y la fertilización in vitro.

El dilema de si la protección a la vida amenazaba los derechos reproductivos de las mujeres llegaba otra vez a la Corte. Al discutir el asunto en 2011 el proyecto del ministro Franco consideró que la protección incondicionada de la vida atentaba contra los derechos de las mujeres, pues se les reducía a su papel de madres existiendo medidas menos gravosas para proteger la vida prenatal, como la promoción de políticas públicas de salud sexual y reproductiva. El proyecto no generó consenso. Tampoco se reunieron los ocho votos necesarios para invalidar las normas, por lo cual no hubo una sentencia que dirimiera el fondo del asunto y se desestimó. Sin embargo, las reformas quedaron vivas. Y la narrativa de la vida también. La prensa las rotuló como “las leyes antiaborto”. La narrativa feminista fue que dichas reformas deberían leerse de manera compatible con los derechos de las mujeres. Que la protección de la vida no debería ser absoluta, como ya lo había dicho la Corte antes, ni impedir el acceso a métodos anticonceptivos, y mucho menos el acceso al aborto, pues no tenían legalmente esa capacidad.

 

Los siguientes capítulos de esta batalla están todavía por escribirse. Entre los expedientes de la Corte hay una demanda por analizar en contra de la aprobación reciente de la reforma de protección a la vida en Veracruz. No cabe duda que pronto habrá otro poderoso enfrentamiento entre quienes defienden la protección de la vida a ultranza y quienes piensan que un Estado laico es aquel que tolera los distintos credos sin privilegiar ninguno. Las sentencias del aborto constituyen un retrato de cómo las narrativas sobre los cuerpos de las mujeres y la sacralidad de la vida continúan siendo importantes historias éticas que inclinan para un lado o para otro la balanza de la justicia.

 

Alma Beltrán y Puga
Abogada mexicana. Candidata a doctora en derecho en la Universidad de los Andes, Colombia.

 

Un comentario en “Aborto y justicia constitucional

  1. Eso de hacer hincapié en la “tremenda carga” que supone la maternidad para justificar un filicidio es perverso. Con la misma teoría un ladrón podría aducir la “tortura” que significa trabajar, o un violador podía apelar a lo “torturante” de la abstinencia sexual.