I. Hacia el partido del Estado

Esquemas y sistemas

El fenómeno de los partidos políticos en México no es claro. Hay una fuerte mitología que vela la realidad. Y la teoría es pobre. Si la mitología es parte del problema la teoría ayuda poco a resolverlo. En general sigue las pautas de investigación que más pueden distraer. Usa modelos o como decían los clásicos, “sistemas”. Su método predominante consiste en ver hasta qué punto el modelo de la democracia representativa, o el “sistema” de Montesquieu, se da o no en el país, o hasta qué punto se da una política de poder que existió en algún país de Europa, una monarquía absoluta republicana, o un bonapartismo permanente. El método ayuda a confrontar las formas legales con la realidad social y política. Es usado como elemento crítico contra la simulación. Pero en el terreno del análisis resulta incapaz para desentrañar el movimiento histórico y político. No estudia éste a partir de la vida nacional de las clases y sus facciones, de las instituciones de poder real y sus expresiones jurídicas, normativas. Los modelos y sistemas no aparecen como resultado del movimiento, y el movimiento no es tampoco el principal objeto de análisis. En esas condiciones todo se va en denunciar lo formal y clasificar lo real. Es el camino sin fin de las definiciones de conceptos. Se busca aplicar el mejor a la realidad, y se gasta un esfuerzo enorme en ajustes, discutiendo los de otros autores y proponiendo el propio.

En las antípodas de la clasificación se encuentra un procedimiento más, también de moda en los países de la América Latina y el Tercer Mundo. Consiste en buscar lo característico o típico del país, eso que le da su estilo, su sentido unívoco, su especificidad. Dentro de tales enfoques se encuentra el afán por saber en qué consiste la rareza mexicana del sistema político. Más que teoría, semejantes exploraciones reconstruyen el mito como eco apologético o escepticismo metafísico. Con tautologías de conformistas o renegados. En sus expresiones más brillantes integran ensayos con intuiciones verdaderas, aisladas siempre del movimiento histórico y su posible evolución política.

La necesidad de ir a la historia concreta del país no lleva al aislamiento. El sistema de los partidos políticos en México y su vinculación a la historia del Estado mexicano corresponden a un proceso universal en el que se dan dos fenómenos parecidos: el de un partido único o predominante en las naciones de origen colonial, y el del partido del Estado en los países industriales y metropolitanos donde se ha desarrollado el capitalismo monopólico. Ambas características se dan en México, donde no existe un partido único, sino un partido predominante, y donde éste es el partido del Estado. El movimiento histórico y político que lleva a la construcción del sistema se inscribe en el más complejo del desarrollo de los sistemas políticos en los antiguos países coloniales, hoy dependientes, donde priva el capital monopólico. Dentro de esa historia más vasta, el movimiento concreto obedece a las características del propio país. Sobre ellas querríamos detenernos.

Las condiciones del poder

El Estado mexicano se caracteriza por una experiencia y una cultura del poder. Esta ocurre en una historia de origen colonial y dependiente. En ella aparece una vocación de poder, una lógica del poder y una cultura del poder, que están particularmente ligadas a una política de masas y de coaliciones de masas. Por ello dos hechos tienen particular relieve: el de la persuasión y el de las alianzas. A la historia del poder y de la cultura del poder en México se añade la historia de las masas como parte de la historia del Estado, y de las alianzas liberadoras y dominantes. El Estado y los partidos surgen en relación con la política de poder y con la política de masas. Se hacen de alianzas en que los mitos motores y la persuasión son parte del poder, y de la vida de las masas. Al mismo tiempo, en el movimiento histórico real se insertan dos fenómenos: el de la represión y la cultura autoritaria, oligárquica, y el de las clases dominantes, las burguesías de origen colonial y sus relaciones de dominación y explotación con trabajadores colonizados que evolucionan de formas de trabajo servil, esclavo o semi-esclavo a formas de trabajo asalariado. Las clases dominantes reproducen o rehacen formas de dominación y explotación de minorías nacionales y raciales, de poblaciones superexplotadas, sometidas como trabajadores o como comunidades. La dominación y explotación evolucionan de las formas mercantiles esclavistas y señoriales del capitalismo colonial hasta las monopólicas más modernas. Las clases dominadas varían en formas desiguales y combinadas que corresponden a distintos modos de producción, y más recientemente a una política de estratificación de las clases trabajadoras, característica del neocapitalismo. En la compleja estructura se desarrollan el Estado y los partidos políticos. De ella querríamos destacar la política de poder, la política de masas, la política de alianzas, y la política autoritaria. O dicho de otro modo, la política que va más allá de las formas, la de persuasión y mitos, la de coaliciones de grupos y clases, y la represiva u oligárquica. La historia de su combinación es la del Estado y los partidos políticos en México.

La herencia colonial

Es falso que la especificidad mexicana provenga del legado de Huichilobos. La herencia viene de Felipe II. Los aztecas dejaron pocas costumbres y artes de gobierno. Son los conquistadores y su cultura los que sobreviven hasta en los rebeldes. Sus tradiciones e invenciones adquieren una impronta criolla, que estalla como estilo desde el siglo XVIII. Para entonces la Nueva España ya se distingue del resto de las colonias ibéricas porque ahí se han desarrollado mucho más que en cualquiera otra las fuerzas productivas. La Nueva España contribuye con las dos terceras partes de los ingresos coloniales de la España Peninsular. Minería, agricultura y ganadería cobran un auge que impresiona a todos y que Humboldt exalta. La oligarquía mexicana exige desde entonces respeto a su riqueza y poder. Pero su rapacidad y orgullo no son lo más original de la colonia. Lo es en cambio la fuerza y el carácter que con el desarrollo de las fuerzas productivas cobran lo que hoy podríamos llamar las capas medias coloniales. El ranchero en el campo y el intelectual en las ciudades y villas, alimentan desde entonces un proyecto de poder. A diferencia de otras colonias americanas, se sienten lo suficientemente fuertes para jugar su suerte con las masas. Desde la rebelión popular contra el virrey Gálvez advierten en el pueblo una fuerza utilizable. Los intelectuales registran el orgullo del criollo rico frente al peninsular e inician la elaboración del mito colectivo sobre la grandeza mexicana. Bien vistos por la oligarquía colonial, sientan desde entonces las bases de una política de persuasión popular. A diferencia de los peruanos, como ha observado Brading, exaltan las virtudes del pasado indígena. Se convierten en sus defensores para apoyarse en quienes se sienten sus herederos, indios o mestizos.

Desde fines del siglo XVIII existe en germen la política de poder y persuasión que se va a renovar y enriquecer en luchas sucesivas. A principios del XIX, con la Constitución de Cádiz y las primeras elecciones de consejeros municipales y diputados a Cortes, se dan los elementos de la creación y memoria de manipulaciones y trampas electorales. El autoritarismo es a un tiempo realidad y representación de aquellas primeras experiencias democráticas a que se ven obligadas las autoridades coloniales. Estas se escandalizan, al verse reducidas a gobernar con criticas permitidas y trampas obligadas, lo que no sólo provoca las primeras reacciones contra los nuevos mitos democráticos sino las primeras prácticas de quienes creyendo en ellos piensan que para triunfar es necesario mangonear.

Independencia y guerra nacional

La segunda gran experiencia de la creación y la memoria política ocurre durante la guerra de independencia que encabezan los curas Hidalgo y Morelos, apoyados en algunos militares. Es una guerra de masas con movilizaciones de cientos de miles de hombres que luchan en los campos de batalla. A diferencia de la mayoría de las guerras sudamericanas, sus lideres no son militares de alta graduación, sino curas. Sus ejércitos no son convencionales, sino populares.

La guerra de independencia en México permitió profundizar en materia de coaliciones y alianzas populares. También en la persuasión con viejas formas de terror y nuevas de esperanza. Los curas usaron a la virgen de Guadalupe como bandera, a Fernando VII destronado por los franceses como pretexto, y las leyes y promesas de libertad a los esclavos y expropiación de tierras en favor de campesinos, como programa. La contra-revolución y la independencia real crearon las bases de una experiencia común a los demás pueblos latinoamericanos: la del cuartelazo y el golpe militar.

La tercera gran experiencia ocurrió entre la Independencia (1820) y la Intervención de los franceses (1863), pasando por la guerra con Estados Unidos y la guerra de Reforma. En esa época las capas medias de rancheros e intelectuales hicieron el máximo número de combinaciones imaginables en materia de alianzas, sistemas de gobierno y formas de lucha. La pérdida de más de la mitad del territorio nacional a manos de Estados Unidos marcó la conciencia política de la Nación hasta nuestros días. En la guerra contra Napoleón III se fortaleció, ya como experiencia de triunfo. De las combinaciones intentadas en materia de alianzas la principal resultó ser con el pueblo en armas y con las guerrillas. De las experiencias en materia de poder, la más significativa fue descubrir que ninguna lucha nacional o democrática podía hacerse con éxito sin librar una guerra a muerte, popular y armada. También se tuvo la experiencia de contar con el apoyo militar y político del Norte “yanqui” contra el Sur y contra Europa. Se adquirió la experiencia de manejar las luchas entre potencias.

La vieja oligarquía latifundista y minera, con el clero depurado y los militares conservadores – anticonstitucionalistas-, configuraron a un conjunto de enemigos capaces de recurrir a todas las armas, antes de darse por vencidos. La guerra de Reforma terminó en guerra nacional contra la intervención extranjera. Las leyes de Reforma y las constituciones liberales de 1824 y 1857 fueron impuestas por las armas, y por las armas fueron derogadas. En las elecciones de los breves periodos constitucionales apareció siempre la fuerza como antecedente y la asonada como consecuencia. Los partidos políticos mostraron ser reflejo de grupos reales de poder que los armaban y desarmaban: de latifundistas, clero, militares. Partidos y grupos no podían imponer su hegemonía. Eran germen de Estado como parcialidades y facciones. No podían hacer un Estado, problema insoluble entonces para las armas y la alianza popular triunfantes.

La República ambigua 

Con la República Restaurada da inicio la cuarta gran experiencia. Tras las alianzas populares estallaron las diferencias de clase, las clases aliadas chocaron. Los gobernantes liberales se desempeñaron dando prioridad a la lógica del poder, pero procurando mantener la de la persuasión. Sus contradicciones fueron obvias. Se manifestaron en las elecciones y las reelecciones. Y en el control de artesanos y trabajadores. En las elecciones apareció nuevamente la cultura oligárquica de la manipulación y el fraude; en las reelecciones, la dificultad oligárquica del relevo, del cambio de personal político. La libertad a los artesanos y operarios derivó en huelgas e insurrecciones. Unos y otros pidieron mejores condiciones de trabajo o lucharon por un poder distinto, a veces con las armas en la mano.

Juárez triunfante y su sucesor Lerdo enfrentaron el problema de mantenerse en el poder. En sus gobiernos se dio la política electoral, la reelección, y la represión de trabajadores para regular sus demandas o impedir el éxito de sus proyectos subversivos. En el gobierno liberal nuevamente se plantearon las dificultades de imponer el equilibrio de poderes, y el federalismo. Apareció la necesidad de un ejecutivo fuerte, y los nuevos jefes militares se plantearon otra vez los viejos problemas hegemónicos que todos los presidentes y jefes de Estado habían tenido, en gobiernos liberales y conservadores. Expropiados los bienes del clero y destruido el viejo ejército oligárquico, el nuevo ejército empezó a dar síntomas de buscar la misma solución. Esta resultó ser como siempre una solución de fuerza, sólo que se hizo con ideología liberal y manteniendo, en la forma, la Constitución del 57, en los hechos derogada.

El Estado porfiriano 

La quinta gran experiencia de que se alimenta la memoria política actual es conocida como el porfirismo, llamado por Alfonso Reyes “porfiriato”. En 1876 un héroe de la guerra contra los franceses, Porfirio Díaz, se hizo del gobierno por la fuerza. Fue el primero en establecer en México un poder hegemónico de clase. Los terratenientes “laicos” y los caudillos liberales, bajo su guía, se aliaron entre sí y con el capital financiero emergente, en particular el norteamericano. Iniciaron una etapa de desarrollo asociado y dependiente parecida a la de otros países latinoamericanos, sólo que con un Estado más estable y sólido, de carácter presidencialista y autocrático. Las inversiones en ferrocarriles, minas y plantaciones coincidieron con formas de concentración de la propiedad agrícola a costas de los bienes del clero, de las comunidades campesinas y de los medianos y pequeños propietarios. La expansión de productos de exportación, minerales y de agricultura tropical, coincidió con la de haciendas alimentarias y el crecimiento de una incipiente industria fabril para bienes de consumo popular. Las empresas y centros de producción combinaron distintas formas de trabajo obligatorio con pequeños núcleos de trabajadores asalariados más o menos “libres”. Estos se desarrollaron en algunas ciudades y sectores de la economía de enclave petrolera y minera. También en los ferrocarriles, y la industria eléctrica, el cemento y los altos hornos. Constituyeron una minoría separada por razones geográficas y de raza o nacionalidad, rodeada de un mundo de peones, trabajadores endeudados, artesanos, comuneros, y poblaciones indígenas que recibían trato colonial, en la política y la guerra.

El nuevo Estado estableció su hegemonía a través de ese desarrollo e integración económica, que combinó con formas particularmente represivas, y con una lucha ideológica que revistió las más variadas formas de opresión intelectual antigua y moderna. El clero quedó reducido a un aparato del Estado. En las haciendas y los pueblos, en las minas y las fábricas, colaboró para la buena marcha de las unidades de dominación y producción, sentando las bases de un nuevo anti-clericalismo que expresarían después los líderes obreros y campesinos. La “inteligencia” liberal se integró al Estado como administradora, política y publicista. Con un positivismo spenceriano e ideas que eran mezcla del liberalismo, el evolucionismo y el racismo neocolonial, presentó un proyecto histórico que se desarrolló en la retórica oficial y en los centros de educación media y superior, entonces en auge. Esa misma inteligencia reconstruyó los mitos del poder y animó a las clases dirigentes a la realización de grandes empresas. Les enseñó el arte de gobernar un país real, de negociar con el imperialismo y de violar la Constitución y las leyes venerando sus formas, y representando o mimando sus instituciones. El Juárez de Justo Sierra fue el príncipe mexicano de la lógica de poder que todo lo ve con la lente de las fuerzas y la vocación del triunfo. La Constitución y la Dictadura de Emilio Rabasa fue el clásico legado para convertir las leyes en programas ideales, incumplidos. Esas y muchas otras obras contribuyeron a crear una cultura dominante y concreta del poder y los formalismos. Constituyeron el estilo de gobierno de toda una clase, y de quienes aspiraran a sucederla. La cultura de gobierno se enriqueció con los actos de poder. La reducción del clero a un área de influencia limitada a las clases bajas y coincidente con mitos cívicos y liberales oficiales fue un primer punto de fuerza y acuerdo. El presidencialismo, la profesionalización del ejército y el control del país con un sistema de jefes políticos mayores y menores fue otro punto de fuerza y consenso. Así fue institucionalizado un caciquismo universal nacional, estatal, local, económico y político. A esos hechos se añadieron otros que institucionalizaron la ficción de parlamento, y la de las elecciones.

El gobierno porfirista fue el primero en convertir todo acto electoral en acto administrativo, y el primero en organizar sistemáticamente a la burocracia civil para la organización y administración de las elecciones, con la consabida y necesaria alianza y colaboración los jefes políticos. También contribuyó a la instauración de un método para la selección de candidatos por el presidente y los electores regionales. Ese método consistió en reservar toda autoridad en la elección previa de candidatos al jefe del Estado, sin que éste tomara siempre sus decisiones en forma arbitraria, sino considerando la correlación de fuerzas y los méritos de los aspirantes, en materia de lealtad, disciplina e incluso capacidad, todo evaluado por supuesto según su propio saber y entender.

En otros terrenos el nuevo régimen fue muy pobre, particularmente en materia de partidos políticos y renovación de gobernantes. Para las elecciones públicas se organizaron “clubs” políticos, generalmente amigos de la dictadura. No hubo partidos estables. En cuanto a los gobernantes, del presidente para abajo se perpetuaron en sus cargos. Originalmente Porfirio Díaz se levantó en armas para protestar contra la reelección de Juárez, y tuvo éxito en su rebelión cuando se reeligió Lerdo. El mismo Díaz pronto acabó con el “principio” de no reelección. Modificó la Constitución y se reeligió siete veces. Su permanencia coincidió con la de muchos otros gobernantes. No sólo dificultó la movilidad política de las “élites”, sino clausuró cualquier sistema de partidos que representara alternativas de gobierno. Desde 1892, Justo Sierra propuso la creación de un Partido del Estado. Concretamente pidió que la Unión Liberal se transformara en ese partido. Serviría para formar cuadros, para disciplinar y educar a las masas. Estaría listo para encauzar el cambio cuando don Porfirio dejara el poder. Pero la dictadura entonces era demasiado personal. La lucha política también. Díaz no podía hacer el PRI. Cuando se vio obligado en 1910 a abrir un juego de partidos vino la crisis. Los partidos políticos fueron anticipo de la represión y la rebelión. De partidos desarmados tuvieron que convertirse en partidos armados. Se inició así el periodo conocido como la Revolución Mexicana. El país pareció como regresar al pasado de caos y anarquía; pero sus gobernantes y rebeldes ya conocían en qué consiste el problema de la hegemonía y algunas técnicas para alcanzarla. Con ellas y las nuevas experiencias hicieron grandes innovaciones.

El surtidero revolucionario

Memoria y creación política son parte de las vivencias del Estado vigente. Sus constructores inician la obra sobre las experiencias de los precursores y las propias. Dos corrientes inician el proceso. Una encabezada por una pequeña burguesía que se radicaliza y proletariza. Otra que se agita en el propio olimpo de las clases gobernantes, y busca al pueblo para construir una democracia más moderna y burguesa.

Al empezar el siglo XX se forma una corriente liberal que termina siendo anarquista. Organizada en forma de “club” y después de partido, plantea una revolución social. Penetra en los medios obreros y de trabajadores agrícolas del Norte. Indirectamente influye en toda la masa campesina. Sus dirigentes, encabezados primero por Camilo Arriaga y después por Ricardo Flores Magón, libran una lucha colosal que va de los últimos años del siglo XIX a las dos primeras décadas del XX. Desde 1906 organizan grandes huelgas y acciones armadas hasta poner en jaque a la dictadura. Las contradicciones que generan repercuten en las de la propia clase gobernante. De ella surge un líder que encabeza la lucha electoral a que se ve obligado el dictador. Mezcla de idealismo, espiritualismo, extravagancia, y realismo político circunscrito a las maniobras partidarias y electorales, Francisco I. Madero sabe que al lanzarse como candidato a la presidencia de la República, inicia un proyecto que puede terminar en la derrota o el triunfo militar. El dictador apresa al candidato, que escapa y se levanta en armas. A sus contingentes se suman parte importante de los anarquistas, y más o menos al mismo tiempo se rebelan muchos núcleos campesinos, entre los que destaca en el Sur el de Emiliano Zapata. La clase gobernante acepta retirar al anciano dictador y llega a un acuerdo con las fuerzas rebeldes. Intenta un proyecto de democracia limitada en una sociedad oligárquica de latifundistas, de una incipiente burguesía y de enclaves neocoloniales. Un gobierno interino organiza las elecciones y Madero es elegido presidente por un sufragio popular efectivo y entusiasta, aunque sin opositor real al frente, esto es, en condiciones de excepción. Su intento de democracia política falla en todos los campos. Parlamento, prensa, partidos, equilibrio de poderes desequilibran y debilitan al gobierno liberal, mientras éste se enfrenta a las demandas sociales de los obreros y a las de tierras de los campesinos. La experiencia termina en golpe de Estado militar, y en el asesinato del presidente. Una nueva dictadura enfrenta a las fuerzas en rebelión, de anarquistas y zapatistas, y a otras aun más poderosas o más hábiles. Estas son encabezadas por Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila y antiguo político porfirista, que se levanta con la bandera de la Constitución. A partir de entonces empieza un complejo proceso revolucionario. Su diferencia esencial con los anteriores es que no sólo plantea la destrucción del poder sino la instauración de un nuevo poder.

Los artífices del nuevo poder

Durante la etapa anterior la política de poder había entrado en crisis. En general no fue planteada nunca por los anarquistas, ni por los liberales ni por los campesinos que pedían tierras. Los anarquistas pretendían hacer una revolución social sin una revolución política. Los liberales una revolución política sin una revolución social. Todos ellos, y los campesinos en armas, estuvieron lejos de plantearse el problema del poder. Los nuevos revolucionarios, en cambio, sobre todo los carrancistas, volvieron a darle prioridad a la lógica de poder en la conducta militar, ideológica y política. Se plantearon el problema de la concentración del poder en una estructura de caudillos, última célula de un sistema político-militar en crisis.

Carranza se erige en el “Primer jefe” del movimiento. Explora las coaliciones y alianzas. Pronto falla la alianza interpares, mientras destaca la alianza jerárquica, la del Primer Jefe. Falla la alianza popular encabezada por rancheros y líderes campesinos como Villa y Zapata. Se afirma la de los herederos de la cultura oligárquica y los caudillos del norte, éstos más modernos y burgueses, e igualmente preocupados y ocupados con la lógica del poder. Unos y otros abordan el problema de la hegemonía como coalición, fuerza y persuasión. En el terreno de la persuasión inician toda una nueva veta de cultura del poder: la negociación social e individual, con campesinos y obreros, con líderes y masas seleccionados en función de su fuerza, representación, y disposición de avenimiento. Como los juaristas en el siglo XIX, saben que no habrá paz mientras no destruyan y desmantelen totalmente al ejército de la oligarquía. Es el primero de sus objetivos. Después, con mayor o menor capacidad de innovación, descubren que es necesario conceder lo que otros piden, para arrebatar las masas a sus líderes. Van haciendo suyos los gritos y consignas de los grupos rebeldes: El “Sufragio efectivo y no reelección” de Madero, el de “Tierra y Libertad” de Zapata. A esas demandas añaden algunas más de gran popularidad: las nacionalistas frente a las grandes potencias, y en particular frente a los Estados Unidos; las constitucionalistas frente a todos los herederos de las oligarquías terratenientes, clericales y autócratas; las de derechos sociales para los trabajadores, frente a los anarquistas y para llamar a sus filas a los socialistas reformistas, a los laboristas y a los renegados del anarquismo. Esbozan un programa y promulgan la Constitución más avanzada de entonces, la de 1917. Dominan o cercan a todos los grupos rebeldes, en el campo militar, en el de las coaliciones en el ideológico. De 1917 a 1920 logran que la nueva Constitución funcione como forma y realidad. Aunque desde entonces empiezan a violarla, también desde entonces empiezan a imponerla como punto de referencia y programarla, como norma de fuerza y derecho que reacomoda la lógica de poder y la lógica política.

Dilemas y recursos del caudillismo

El gobierno de caudillos encontró viejas soluciones a nuevos problemas, y algunas nuevas que se fueron generalizando ante la evidencia. El problema de la sucesión del poder no pareció tener solución. Las alternativas fueron cuatro: el continuismo del caudillo en el poder a través de interpósita persona manteniendo el tabú de la reelección (solución de Carranza); la rebelión frente al Jefe presidencial (que terminó en él asesinato de Carranza, por primeras cuentas); el relevo de caudillos de un mismo grupo aliado en la cúpula (Obregón deja el poder a Calles); la ruptura del tabú constitucional, esto es, la reforma a la Constitución y el intento de reelección (Obregón rompe el tabú, logra la reforma por parte de Calles, es reelecto y termina asesinado). Ninguna de ellas pareció una buena solución.

El problema del poder mostró posibilidades de juego vario dentro de ciertas restricciones, como eran la fuerza militar, las alianzas y el reconocimiento o desconocimiento de los intereses de las antiguas formaciones de las “clases propietarias” y las potencias extranjeras, en particular Estados Unidos. A las antiguas formaciones dominantes se les consideró como grupos de presión más que como clases, esto es, se atacó a unos y se respetó a otros, según las circunstancias. Destruido y desmantelado el ejército de la oligarquía, entre los grupos sobrevivientes destacaron latifundistas, empresarios, monopolios de enclave y clero.

En todos los casos el control militar resultó ser necesario y en todos insuficiente. En todos los casos la alianza de caudillos con el apoyo en los campesinos armados mostró ser necesaria; en algunos fue apremiante hacer concesiones a los campesinos armados. En varios casos la alianza con los obreros organizados resultó ser necesaria, aunque más tarde la ruptura de los caudillos con los líderes obreros se pudiera acometer con éxito durante un período relativamente corto. Carranza no quiso al principio y no pudo después establecer una alianza sólida con las organizaciones obreras. Como Presidente enfrentó con violencia varias huelgas. Sus intentos en la sucesión por hacerse de una masa obrera no tuvieron éxito. Los obreros organizados apoyaron a Obregón y contribuyeron a darle el triunfo. Más tarde apoyaron a Calles, con mayores exigencias, y reafirmaron así sus cartas de triunfo. Las alianzas con organizaciones obreras resultaron alianzas con direcciones sindicales. En algunos casos fue apremiante hacer concesiones a los obreros más fuertes. Las concesiones a los caudillos y líderes sindicales mostraron así ser tan necesarias como cierto tipo de concesiones selectivas a campesinos y obreros exigentes y fuertes.

En todo caso subsistió el problema de la rebelión de caudillos y la rebelión de líderes, y no sólo la de los enemigos sino la de amigos y aliados que en un momento dado pretendían hacer juego propio y se colocaban en estado próximo a la rebelión o en franca rebelión.

Todas las sucesiones presidenciales estuvieron precedidas o acompañadas por rebeliones de caudillos. En ocasiones fue necesario derrotar en el campo de batalla a cientos de generales. Otras se les asesinó como rebeldes en potencia impidiendo que cumplieran su destino. Otras más se les indujo a jugar el “papel de opositores” e incluso de “rebeldes”, para escarmentar en ellos a la oposición rebelde, decapitándola a tiempo.

En el caso de las organizaciones obreras se distinguió a las aliadas y enemigas. Todas las organizaciones obreras autónomas fueron consideradas enemigas y tratadas como tales. En cuanto a las aliadas se les trató como subordinadas, se les exigió reconocimiento jerárquico al jefe, al caudillo, a reserva de jugosas concesiones individuales a los líderes leales y de algunos beneficios a los obreros que previa demostración de fuerza mostraran disposición de acuerdo con aquél.

A las huestes armadas se les empezó a profesionalizar. Una parte se fue volviendo ejército nacional. Además, se establecieron múltiples e ingeniosos controles militares sobre los caudillos aliados. El Presidente contó con el mejor ejército y con jefes sujetos a disciplina personal-institucional.

A las direcciones obreras se les otorgaron concesiones tal vez más visibles por la forma en que se procuró acercarlas al bloque gobernante, a la nueva camada en ciernes de la clase burguesa. Se les controló enfrentándolos a sus bases y apoyando en su contra incluso a las organizaciones autónomas de trabajadores.

“La ley, al enemigo”

Todo ello no sólo permitió un control político de líderes y trabajadores, sino una política de concesiones a los grupos latifundistas y empresariales, y también a algunas de sus organizaciones de apoyo, político-clericales. A los grupos de la burguesía tradicionales se les trató con un sistema de sanciones y represiones justas, esto es, penas, desacatos, insubordinaciones, rebeliones. Las leyes sociales se aplicaron como leyes penales. Las expropiaciones de tierras, la negativa de concesiones, o el respeto de latifundios y concesiones a empresarios se hicieron en función del comportamiento político. Así se universalizó el sistema de castigos y concesiones, y la aplicación o no de las leyes a grupos y personas. Ya Juárez lo había dicho: “La ley, al enemigo”.

Con la estructuración del poder, disperso en los grupos, y jerarquizado y concentrado entre los caudillos gobernantes y el Presidente, floreció una política de arbitraje, conciliación y sanción legal e ilegal; una política de poder que usa las leyes como poder y las viola como poder, dentro de la lógica de lealtades y deslealtades, y responsabilidades en la decisión final que quedan a cargo de los jefes, conocedores y titulares del gobierno nacional, social.

El problema de la representación se resolvió por dos vías, la delegación de poder por el jefe en otros que lo representaran, y el reconocimiento de fuerzas en los caudillos que encabezaban huestes de campesinos armados y en los líderes que encabezaban bases obreras, a quienes se exigió alianza subordinada. En la administración pública no se aceptó la representación. Se exigió la disciplina burocrática al caudillo titular de la secretaría y dependencia del Estado.

Con las capas medias urbanas se mantuvo el desprecio campesino o ranchero de los caudillos que habían hecho la revolución. Se reconoció a los intelectuales aliados, y se les hizo colaborar en la educación y la lucha ideológica. Los conflictos con la prensa y la universidad fueron constantes, aunque una y otra lograron abrir un espacio de libertad en medio de la violencia. Con los latifundistas, el clero y las compañías extranjeras, particularmente los monopolios de enclave, las luchas y conflictos siguieron pareciéndose a los del pasado: exigencias crecientes, rebeliones fanáticas y armadas con apoyo estratégico desde las matrices y los Estados Unidos. Presiones e intervenciones.

La nueva política de concesiones se hizo en medio de grandes insurrecciones encabezadas por curas-cristeros-, entre revueltas de militares que jugaban sus cartas con las compañías; entre movimientos anarquistas y comunistas, todos apoyados en campesinos y obreros pobres a los que no habían podido encabezar los caudillos del bloque hegemónico, y en los que privaban ideas mesiánicas o revolucionarias, clericales o marxistas.

El discurso expropiado 

La lucha ideológica presentó nuevas soluciones. Nacionalismo, agrarismo, obrerismo se combinaron con ciertas formas de la expresión socialista, algunas de remoto aire bolchevique, defendidas o alentadas por grupos y sectores del gobierno. Pero engarzadas de modo que siempre quedara margen para el ataque ideológico a cualquier fuerza autónoma que sostuviera las mismas ideas. El extraño expediente pudo interpretarse como esquizofrenia. Fue más bien la manifestación del paternalismo, la represión y la negociación en el orden del discurso. México había hecho una revolución de ecos mundiales. No era eso lo importante, sino destacar que en México no podía haber más Revolución que la Mexicana, ni más pensamiento revolucionario que el de caudillos y líderes en el poder. Estos prohijaban toda organización autónoma y toda ideología autónoma, sujetándolas. Las hacían suyas, las regulaban, asediando en cambio a las organizaciones, y descalificando las expresiones y actos que se ostentaran como revolucionarios y contrariaran a la Revolución triunfante, a ellos.

El arte de expropiar lenguajes e ideológicas fue uno de los que más afinaron los caudillos en la lucha por la hegemonía. Se combinó con el de atacar a los retrógrados, fanáticos y vendepatrias con fundamento en todos los supuestos revolucionarios, nativos y universales. En cuanto al manejo de las ideas democráticas, liberales y constitucionales, se practicó con el viejo arte de convertirlas en programas y razones a partir de la realidad o la fuerza. Ambas sirvieron para cumplirlos o dejarlos de cumplir, para violarlos o imponerlos. La clase gobernante elaboró un discurso variado en personalidades, organizaciones y circunstancias con sus reglas de transformación. Sólo pareció faltarle, un glosario oficial.

El extraño recurso de apropiación de lenguajes revolucionarios entró a menudo en crisis de contradicciones entre palabras y hechos, o en crisis de vacuidades en el sentido de los mensajes. Las crisis no impidieron algunos actos de solidaridad mundial con movimientos revolucionarios, o de justicia social localizada, o la articulación de uno que otro discurso desconcertante. Sólo en momentos graves se acabó la expropiación de lenguajes revolucionarios. A fines de los años veinte nacionalismo, agrarismo, obrerismo decayeron a fondo. Entonces despertó en los círculos oficiales en fervor liberal, anti-clerical, que coincidiendo con el anticomunista reveló la ruptura de las coaliciones populares, y una acentuación de la lucha de clases. Los viejos argumentos del humanismo oligárquico se enfrentaron a los de un discurso vacío. Los caudillos parecieron quedarse solos, con las armas de la violencia.

Partidos políticos y el caudillo electo

Los partidos políticos presentaron dos tipos principales de problemas, unos en virtud de su vinculación con los caudillos y otros de sus lazos con la clase obrera. Las clases medias tradicionales, las antiguas oligarquías y el clero no llegaron a construir un partido político. O se vieron en este orden urgidos de apoyar a caudillos rebeldes surgidos del bloque en el poder, o apoyaron movimientos políticos efímeros y contradictorios, o armaron alzamientos. Realmente no pudo rehacerse el “partido conservador” del siglo XIX, ni sus fuerzas alcanzaron a construir una nueva mediación política electoral que adquiriera el carácter de un partido con principios, programas y organización. La inmediación violenta y la contradicción política fugaz fueron las únicas alternativas de esos grupos y facciones.

El primer partido político de las fuerzas revolucionarias constitucionalistas se fundó el 25 de octubre de 1916. Se llamó Partido Liberal Constitucionalista. Surgió al amparo de los caudillos: Carranza, Obregón y Pablo González. Fueron éstos los que contendieron en las primeras elecciones por la presidencia y anunciaron, a pesar de su lealtad y pocos votos, la violenta ruptura. Carranza obtuvo el 98.07% de los votos. González, el 1.43. Obregón el .49. Ya estaban las bases de la futura pugna. Obregón se aprestó a ella influyendo cada vez más en el Partido Liberal Constitucionalista. Carranza entonces auspició la formación del Partido Nacional Cooperativista fundado en agosto de 1917. En junio de 1919, Obregón se lanzó a sí mismo como candidato a la Presidencia de la República. No aceptó que lo lanzara ningún partido. El era el poder. El fundaba el poder. Los demás lo sancionaban. Fue apoyado por todos los partidos, incluido uno de reciente fundación -13 de junio de 1920- que representó la reconciliación de los zapatistas y otras fuerzas agrarias, contrapuestas hasta entonces a los constitucionalistas: el Partido Nacional Agrarista.

Obregón y Calles, su sucesor, vieron varias veces cómo los partidos políticos podían cobrar vida propia porque se ligaban a caudillos en rebelión o porque intentaban una política autónoma. En esos años muchos caudillos regionales formaron sus partidos, de huestes, destinados a cumplir en el área correspondiente las funciones electorales. El problema del control de esos partidos era el del control de los caudillos.

También observaron los gobernantes cómo los políticos que estaban al frente de los partidos y en el Congreso, por momentos creían poder realizar una política propia. De hecho se inició entonces una nueva pugna entre caudillos-políticos que conducían las demandas y la fuerza de los campesinos armados, y las organizaciones emergentes encabezadas por políticos empistolados que dirigían a campesinos desarmados y a grupos de presión de las clases medias, en particular las urbanas. Estos políticos empistolados sabían luchar en forma violenta en las elecciones y el parlamento; pero además usaban abundantemente los recursos de los abogados y los publicistas, de la lucha legal y la lucha ideológica. Sus alianzas posibles o reales con los caudillos rebeldes, con los campesinos desarmados y las clases medias urbanas constituyeron el germen de otras autonomías.

Caudillos electores y políticos electores, caudillos candidatos y políticos candidatos tendieron a unir las luchas armadas y las luchas por la opinión pública. El control político-militar se volvió más complejo. No sólo pareció requerir un ejército, que dependiera del Presidente-caudillo, sino un partido que le fuera institucionalmente fiel.

El laborismo mexicano

La clase obrera complicó todavía más el problema. En varias ocasiones intentó formar centrales y partidos autónomos. Algunos de sus líderes, socialistas y laboristas, dispuestos a la lucha legal sindical y a la contienda electoral hicieron grandes esfuerzos para organizar una central obrero autónoma. Sus esfuerzos fueron inútiles. En 1917 fundaron el Partido Socialista Obrero buscando representación en el Congreso. No lograron un solo diputado. Todos los caudillos se opusieron terminantemente a sus movimientos autónomos, del Presidente para abajo. En cambio empezaron a auspiciar la formación de organizaciones que dependieron de ellos. Su experiencia fue base del laborismo mexicano, un movimiento ni anarquista ni comunista, en lucha por el sindicalismo y por una política nacional sustentada en acuerdos con los caudillos.

El paternalismo de los caudillos llegó a extremos increíbles. Auspiciada por el Presidente Carranza, y con una influencia cada vez mayor de Calles y Obregón, en 1918, se fundó la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM), al frente de la cual se encontraba un líder obrero llamado Luis N. Morones, que inició el caudillismo sindical en gran escala, dando los primeros pasos para una política de presiones y negociaciones, en parte parecida, y en parte distinta a la de los caudillos campesinos. Entre las semejanzas, tal vez la principal fue la de la jerarquización, el autoritarismo, el paternalismo y la manipulación en el interior de las organizaciones obreras. Entre las diferencias destacó la de una organización más permanente y amplia en que se hizo sentir, a pesar de todas sus mediaciones la presencia de los obreros como clase social, formada de gremios y direcciones sindicales más o menos representativas que abogaban y negociaban por las bases.

En 1919, con la venia de Carranza, la CROM fundó el Partido Laborista Mexicano, que pronto hubo de ligarse a Obregón, futuro caudillo rebelde y ya precandidato a Presidente de la República. En el momento que Carranza vio perder el apoyo de los obreros organizados, apoyó veladamente la fundación del Partido Comunista Mexicano (24 de noviembre de 1919). La coyuntura política permitió a un núcleo de antiguos anarquistas y socialistas fundar el partido. Alentados por Nicolás Borodin, enviado de Lenin, y encabezados por Manabendra Nath Roy, nacionalista de la India que empezaba en México su aprendizaje del marxismo, obtuvieron la venia del presidente Carranza. (En sus Memorias, Roy cuenta cómo vieron varias veces al presidente Carranza para pedirle autorización, y cómo éste se las dio).

El presidente-caudillo pretendía ser la fuente de cualquier expresión de poder, de la lucha anti-imperialista y de lucha social. Hasta el comunismo tenía que organizarse con su permiso o simpatía. Todo lo cual no impidió que el partido surgiera fuera de las organizaciones obreras. En ese terreno ni el Presidente ni ningún otro caudillo hicieron concesiones. Nada de autonomía sindical. Si se expresaba una fuerza autónoma política no debía tener bases sindicales. Debía ser como un caudillo sin mando de tropas, mal visto en su propia tierra y aislado de ella. Ninguna diferencia o lucha entre caudillos alteró tal política. Y cuando más tarde el Partido Comunista buscó y logró bases sociales, en particular de trabajadores agrícolas, fue objeto de la máxima persecución y vivió varios años en la ilegalidad (1929 -1935).

La persecución contra las organizaciones obreras alcanzó su máximo rigor a finales de los veintes y principios de los treintas, debido a la crisis económica mundial. Fue la clase obrera quien pagó los costos. Pero en México obedeció también a un viraje del conjunto del bloque dominante hacia una política burguesa. Dentro de ella el general Obregón y los suyos representaron un intento de la burguesía ranchera, ya urbanizada, por establecer su hegemonía sobre la antigua burguesía y los obreros. Estos últimos se enfrentaron a los obregonistas y a su candidato proponiendo uno propio. En la lucha político-electoral, el Partido Laborista buscó que Morones fuera Presidente. A las disputas entre el caudillo aburguesado y el líder obrero, también aburguesado, se añadieron las de clases medias, el clero y las antiguas oligarquías que se ensañaron, concupiscentes, en las ambiciones y corrupciones de uno y otro. También se enfrentaron a ellos las organizaciones anarquistas y comunistas. El Presidente Calles no tomó partido entre Obregón y Morones. Se enfrentó al clero. Se enfrentó a los anarquistas y comunistas. Y dejó que se desarrollaran los hechos. Cuando Obregón fue asesinado Morones fue acusado de ser el autor intelectual del crimen. Quedó muy débil y Calles pudo apoyarse en los obregonistas sin Obregón. Aumentó así su fuerza. Entonces empezó a dar una serie de pasos que iban a reestructurar el Estado. Entre ellos, la fundación del Partido del Estado.

II. El partido nacional revolucionario

Jefe y artífice máximo

Calles ejerció todo su poder para forjar las necesarias mediaciones de un sistema político: rehizo por la fuerza las relaciones de los individuos, impuso un lenguaje de formas políticas y estableció instituciones de intermediación y arbitraje con áreas definidas de influencia y canales obligatorios. En todo el proceso usó la fuerza, el derecho y las ideologías para asegurar un poder personal-impersonal de distintas instancias, formas e instituciones, arrollando y anulando a los que se le oponían.

En primer lugar, Calles se eliminó a sí mismo como posible candidato: aclaró con declaraciones y actos que no se iba a reelegir. En segundo lugar, se eliminó como elector de una persona o candidato determinado: no propuso el nombre del candidato para sucederlo. En tercer lugar, eliminó a los caudillos proponiéndoles que el candidato fuera un civil. A unos los redujo en el campo de las armas, o mostró disposición para hacerlo en el futuro: a otros los neutralizó imponiéndoles la lógica civilista, como acuerdo de caudillos, como lógica de fuerza. En junta de generales con mando de tropas hizo ver que el país necesitaba a un civil, pero no dio nombres, no eligió directamente. Fue más tarde el Congreso quien, de acuerdo con las formas legales abiertas y la sugerencia velada de Calles, eligió al Emilio Portes Gil -obregonista- como Presidente que debía gobernar hasta que se celebraran nuevas elecciones. El Congreso operó como mediador legal, constitucional. No eligió a un caudillo sino a un político civil amigo de los caudillos.

Calles se colocó por encima de todos los jefes, en lo alto, como fuerza tutelar, ideológica y armada. Declaró que con la muerte de Obregón había terminado la época de los caudillos, y empezado la de las instituciones. El mismo se propuso crear una institución fundamental: el partido del Estado. Como su participación directa en la formación del partido le creara problemas, se retiró a su papel tutelar, mientras otros continuaban la tarea con su apoyo y supervisión. Calles no fue el “Primer Jefe”, ni se dio un nombre parecido. De 1929 a 1934 fue llamado “Jefe Máximo”. No fue él mismo Presidente. Estuvo por encima de los Presidentes. En el ejercicio de su fuerza empleó la necesaria ambigüedad en las formas para que operaran otras instancias, como el Congreso o el Presidente. Pero su comportamiento fue inequívoco ante cualquier fuerza real que se opusiera al sistema naciente y al poder que lo respaldaba. Cuando se fundó el Partido Nacional Revolucionario la mitad del ejército se levantó en armas. Calles aceptó ser secretario de la Defensa. En unos meses derrotó la insurrección, y además controló a las huestes “cristeras” de Occidente. Después volvió a su retiro. Los generales insurrectos no pudieron poner candidato. El nuevo partido lo puso, con la fuerza del Estado. El caudillismo institucional, el ejército constitucional y los campesinos armados que los seguían fueron los principales sostenes del Estado, que recibió también el apoyo de una burguesía emergente asociada, y de pequeños núcleos obreros, muy pequeños, generalmente provincianos y ligados a grupos políticos vagamente socialistas. El grueso de la clase obrera organizada, y por supuesto los comunistas y anarquistas, no apoyaron al Estado, aunque éste los utilizó a veces para debilitar a la CROM y a Morones.

Disciplina caudillesca y disciplina partidaria 

El Partido Nacional Revolucionario fue un partido de partidos regionales, de caudillos y políticos regionales. A su fundación se opusieron en el orden militar los generales insurrectos, y en el político, algunos caudillos locales y los dos únicos partidos supérstites, el Partido Laborista Mexicano y el Partido Nacional Agrarista. Durante su fundación el Partido Comunista Mexicano se hallaba en la ilegalidad; la mayoría de sus miembros estaban en las Islas Marías, o en la clandestinidad.

Desde su nacimiento, el Partido del Estado reveló una disciplina en sus miembros propia de caudillos y políticos que habían encontrado en el espíritu de cuerpo y en las jerarquías de mando una fuente de seguridad y poder. Pero al mismo tiempo los caudillos del partido mantuvieron y protegieron la autonomía de sus clientelas y secuaces, base de su propia fuerza de negociación disciplinada.

Caudillos y líderes no podían desconocer la fuerza militar y política encabezada por el Presidente y el Jefe Máximo, la que directamente obedecía a éstos como ejército profesional, o como caudillos y clientelas de confianza. Pero dentro del espíritu de cuerpo disciplinado y jerárquico, con una fuerza principal y otras auxiliares y relativamente autónomas mantuvieron en la fundación del partido, la autonomía de los partidos miembros. Exigieron respeto a esa autonomía para las cuestiones locales.

El Partido Nacional Revolucionario adoptó una ideología y una retórica constitucionalista, nacionalista, agrarista y obrerista. También denunció cualquier “doctrina extraña”, aludiendo a los comunistas. Impuso una doctrina moderada con proyectos de reforma agraria, industrialización nacional, educación. Designó al Ing. Pascual Ortiz Rubio, hombre mediano y modesto como candidato a la presidencia de la República. En este terreno el Partido del Estado de inmediato cumplió sus funciones: burló las presiones de los obregonistas por apoderarse de la Asamblea para imponer candidato. Y siguiendo las líneas del Jefe Máximo, a su vez respaldadas y consentidas por los jefes presentes, eligió a un candidato que nadie podía afirmar que fuera del Jefe Máximo sin caer en rebeldía. Era “el candidato del Partido”.

El Partido empezó desde entonces a cumplir varias funciones mediatizadoras. Se encargó de las elecciones en vez de la Secretaría de Gobernación que antes se ocupaba de ellas. Actuó así como representante de las fuerzas populares organizadas del gobierno y no del Presidente. Empezó a imponer decisiones distantes y más impersonales. Impuso “formas”. También impuso las bases de una lealtad personal- institucional, que debía ser institucional cuando el jefe así lo exigía y argumentaba “en términos constitucionales”.

Más tarde, cuando entró en crisis el gobierno de Pascual Ortiz Rubio y éste renunció, el Partido ayudó a resolver la crisis ocupándose de la elección del presidente substituto, en nuevo ejemplo de disciplina.

Del caudillo perpetuo al partido perpetuo

A esas funciones añadió dos más: la ideológica que empezó a ser realizada en forma permanente y más extensa, y la legislativa. El PNR fue el primer partido del Estado que colaboró con toda la administración pública en la lucha ideológica. Ya no sólo el jefe les habló a las masas, ni sólo sus secretarios de Estado o delegados. Habló el Partido y hablaron sus dirigentes.

En el terreno legislativo el PNR colaboró disciplinando a los diputados. Eran éstos, diputados de un partido, de un sólo partido, el del Estado, y le debían disciplina. Cuando Calles quiso que “el principio de no reelección” volviera a ser constitucional, las legislaturas de los Estados no apoyaron la propuesta. Los diputados querían reelegirse. Entonces el PNR los disciplino. El principio de no-reelección fue instalado para siempre por el Congreso de la Unión con el apoyo de los congresos provincianos. Al caudillo perpetuo sucedió el partido perpetuo. Ningún presidente, gobernador, senador, diputado podría reelegirse, aquellos nunca más, estos sólo después de un período en que dejaran de serlo. Quedó así asegurada la movilidad política, satisfecha una demanda nacional que habían hecho suya hasta las fuerzas conservadoras y sentadas las bases de la estabilidad del Estado.

Las virtudes del PNR fueron obvias. Para mejorarlas, en 1932 realizó una convención a la que ya no citó a los partidos miembros. En 1933 hizo una reforma a los estatutos. Los pequeños partidos regionales fueron liquidados, y el PNR se integró como Partido Nacional sin partidos, más centralizado y apto para regular desde el poder ejecutivo los movimientos políticos y electorales. De todos modos subsistió la resistencia de algunos grandes partidos regionales.

Al fundarse el PNR el Estado adquirió gran cohesión. Sin embargo todavía se enfrentó a una oposición político militar real, y a una oposición político-electoral informe. En todo el siglo XIX y XX cualquier lucha de un partido había estado vinculada a la lucha por la hegemonía de una coalición y una clase. Todo partido había sido un anuncio de Estado. Todo Estado había visto en el partido opositor al anuncio de un Estado. Ahora el Estado había formado su partido, impidiendo a las fuerzas antagónicas que formaran sus propios partidos como partidos que luchan por el Estado. Debían luchar por la política, y perder. En este terreno sin embargo el Estado estaba incompleto. El sistema político electoral y de partidos políticos opositores derivaba con demasiada facilidad en actos grotescos o sangrientos.

III. El Partido de la Revolución Mexicana 

El Estado Mexicano no ha construído las clases sociales, como se ha dicho, ni ha sido factotum de un proyecto único, como suele pensarse. Las luchas de las clases lo han atravesado y moldeado, a menudo en formas imprevistas por los dirigentes, adversos a sus proyectos originales, al grado de acabar con ellos y eliminar a sus autores de la escena política. Al mismo tiempo, en medio de las rupturas del Estado y el Partido, se ha dado una cierta continuidad. Sólo que ésta tiene su lógica en el movimiento que revisten coaliciones y clases.

La transformación del Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana obedeció a una política de las clases trabajadoras, sus organizaciones y sus coaliciones. Fue también resultado de una respuesta de las directivas sindicales, agrarias, políticas y militares a las acciones de las masas. Su estructuración final constituyó el triunfo de una parte de esas direcciones frente a los herederos de los caudillos sonorenses y sus aliados, incluidos los líderes obreros de la CROM.

Las clases levantiscas

De 1929 a 1932 el poder público y el Estado habían privilegiado la política de clases frente a la de coaliciones. Ello y la dura crisis económica sentaron las bases de un movimiento agrario y obrero, en que las masas mismas empezaron a actuar con presiones violentas y espontáneas, en particular con repartos agrarios de facto y huelgas “ilegales”. Una alta proporción del movimiento campesino y obrero se realizó al margen de las organizaciones del Estado y de los partidos, al margen de la legitimidad, la dirección y el derecho del Estado, y de las grandes organizaciones mediatizadas y corrompidas.

Las directivas políticas, agrarias, sindicales y militares empezaron a dividirse. Unas optaron por encabezar el movimiento de las masas y encauzar sus demandas, otras por seguir reprimiéndolas. Los obreros tomaron la delantera en el inmenso movimiento buscando, en primer término, la recuperación de sus organizaciones y coaliciones sindicales y después, la formulación de sus demandas en frentes populares y nacionales, y en organizaciones partidarias. Estas no pudieron dirigirse al movimiento. El PCM estaba en la clandestinidad y prácticamente deshecho. Sus pocos cuadros tenían la línea de “clase contra clase” de todos los partidos comunistas de entonces. La aplicaban con extrema rigidez y eran incapaces de llevar el movimiento desde sus puntos de partida reales, agraristas, obreristas y nacionalistas hasta otros de una política de clase y masas. Carecían de influencia y posibilidades prácticas para aumentar su influencia. El PLM sufría un deterioro moral y político completo. No era un partido sino la dirección de un partido. Esta tenía los problemas de sus propios compromisos y claudicaciones, que habían llegado a la ostentación del poder y la riqueza personal de los líderes.

Fue en los sindicatos donde se planteó una nueva lucha por la dirección. La encabezaron los líderes jóvenes, no comprometidos con la claudicación del sindicalismo anterior. Su ideología era laborista y socialista, su programa el de una mayor intervención del Estado en la economía, el de un reparto agrario amplio y profundo, y el desarrollo de un sindicalismo real, operante. Para cumplir objetivos históricos a largo plazo carecían de una organización de clase: sus organizaciones estaban compuestas de ideologías, masas obreras y lideres en que se entremezclaban el reformismo y la revolución; el artesano, el ex-campesino y el obrero gremial, providencialistas; el líder -obrero o de clase media- paternalista y autoritario. Las organizaciones y células de la base obrera no podían controlar a las direcciones ni por su estructura, ni por su composición, ni por su formación. En el conjunto no había un partido con células y dirección central que tuviera la homogeneidad social, ideológica y política necesarias para encauzar el movimiento, a modo de ampliar las organizaciones y conciencia de la base, y establecer alianzas dirigidas en que preservara el mando autónomo.

Los proyectos de autonomía y socialismo de los líderes que encabezaron el movimiento obrero resultaban extremadamente débiles aunque la fuerza de éste fuese impresionante. Lo fue sobre todo para los políticos del campo, y para los generales que no habían olvidado sus identificaciones rurales y populares. También apareció en la formulación del proyecto nacional a corto plazo, aunque la dirección nacional fuese quedando cada vez más a cargo de las formaciones políticas y militares agraristas, o de origen agrario. Estas sentirían la necesidad de dar la lucha con los líderes laboristas que encabezaban las demandas obreras y formulaban el proyecto nacional. Sentirían también la necesidad de rehacer bajo su propio mando al partido del Estado, y lo reharían tras una larga lucha que va de 1932 a 1936.

“El camino está a la izquierda”

La transformación del PNR en PRM obedeció a un movimiento de obreros y campesinos que originalmente encabezaron los líderes y organizaciones de base obrera, y de que se apoderaron finalmente los líderes y organizaciones político-militares de base campesina. Las capas medias no llegaron nunca a organizarse en torno a un núcleo social e ideológico revolucionario, propiamente obrero y socialista. El caudillismo campesino, obrero y militar continuó siendo la célula política de las bases y núcleos de organización aunque se preservaran e incluso ampliaran las características del caudillismo institucional, primero apoyado en coaliciones populares y después en alianzas con la clase empresarial, a base de concesiones, frenos y reconciliaciones.

La historia del nacimiento del PRM y de su final desaparición, corresponde a ese movimiento vario, iniciado por las presiones obreras y campesinas, y controlado en etapas sucesivas por la clase política en distintos triunfos y derrotas de sus miembros más progresistas.

El PNR empezó su nueva historia cuando Vicente Lombardo Toledano pronunció en 1932 un famoso discurso titulado “El camino está a la izquierda”. El joven lider exigió “gobernar con el programa socialista que originalmente había defendido el Partido Laborista Mexicano“: de acuerdo con los estatutos y declaraciones de principios de los sindicatos de la CROM. Expulsado de la central obrera, Lombardo fundó la “CROM depurada” y después una organización más amplia llamada “Confederación General de Obreros y Campesinos de México” (1933). Sus planteamientos influyeron decisivamente en los del PNR, que formuló, orientado por sus propios grupos y dirigentes socialistas, un llamado “Plan Sexenal” con un proyecto agrario, obrero, nacional y estatal parecido al de las organizaciones obreras, y al que añadieron el de una “educación socialista”.

En 1933 se acentuó la competencia por dirigir las luchas populares. También se estableció una alianza para lograr que el candidato del PNR fuera uno de los generales campesinos más identificados con las nuevas formaciones obreras, con las demandas obreras y campesinas, y con los intereses de los líderes ligados a sus organizaciones emergentes.

Los principales líderes del movimiento popular se propusieron imponer la candidatura del Gral. Lázaro Cárdenas. Ellos y su candidato siguieron una completa lógica de política de masas y cúpulas hasta que llevaron a Calles a aceptar la candidatura del general Cárdenas, ya famoso por sus posiciones de avanzada, y en quien Calles vio a un hombre extremadamente leal, más a su persona que a sus propios principios.

Los emisarios del pasado

Cuando Cárdenas fue elegido presidente se planteó la necesidad de no quedar en retórica. Las masas no la aceptaron y tenían fuerza necesaria para exigir pasos reales. Cárdenas optó por seguir apoyándose en ellas. Se enfrentó así a la antigua dirección política, encabezada por el “Jefe Máximo”. Este pretendió usar al PNR para controlar al Presidente. Los obreros continuaron formulando demandas. Los campesinos también. Unos y otros siguieron agitando, con el respaldo de las organizaciones y políticos que habían llevado a Cárdenas a la Presidencia.

La clase política encabezada por Calles, con nuevos y viejos burgueses que la respaldaban, pretendió también controlar a Cárdenas. Unos eran los discursos y otro el gobierno. La agitación debía cesar. Era necesaria compostura y energía para la defensa de las instituciones.

La directiva callista armó una ofensiva múltiple para controlar a los líderes obreros y campesinos y a los políticos que llevaban al Presidente Cárdenas hacia una redefinición política. Entre muchos recursos más, Calles utilizó al PNR para que impusiera la “disciplina de partido” a los legisladores cardenistas que formaban minoría en la Cámara. Además, Calles atacó a Lombardo y los cardenistas, y amenazó indirectamente al Presidente.

Las organizaciones obreras ampliaron y aumentaron sus alianzas fundando el Comité Nacional de Defensa Proletaria. El Presidente hizo que renunciara todo su gabinete y también el presidente del Comité Ejecutivo del PNR. Calles se vio obligado a abandonar la escena política, y cuando intentó volver a ella fue expulsado del país.

La crisis de 1935 reveló la impotencia de una política predominantemente represiva del Estado. Marcó el inicio de una nueva política del Estado en materia de coaliciones. El ex-presidente de la República Emilio Portes Gil fue el nuevo presidente del Comité Ejecutivo del PNR. No entendió el proceso. Quiso criticar al Presidente Cárdenas tachándolo de excesiva tolerancia con el movimiento obrero. También debió renunciar. El movimiento obrero reveló ser una pieza clave del poder. Los que se enfrentaron a él perdieron y salieron.

Tras la renuncia de Portes Gil al PNR vino una nueva etapa de luchas que consistió en que entrara el movimiento obrero al partido del Estado. Las organizaciones obreras emergentes pretendían formar su partido. Se les hizo ver que eso no era conveniente, que mejor se integraran al Partido Nacional Revolucionario.

Las organizaciones obreras quisieron establecer alianzas con los campesinos. Se les exigió que no organizaran a los campesinos ni se unieran a solas con ellos. Era el PNR quien debía organizarlos. El propio presidente Cárdenas fue terminante al respecto. Y en materia de alianzas se les pidió hacerlas de acuerdo con los generales campesinos, no independientemente de ellos.

La clase obrera y los campesinos formularon demandas de salarios, derechos sociales y tierras. Estas demandas fueron satisfechas a un alto grado, muy superior a todos los precedentes. En cambio los generales campesinos y la incipiente burocracia política exigieron el control de los centros de poder.

Sobre esas bases y la de un proyecto nacionalista de gran alcance se sentaron los elementos de la alianza. El proyecto nacionalista se centró en la lucha contra las compañías petroleras y terminó en su final expropiación. El acto despertó un fervor nacional, incluida la grey fanática. El alto clero tuvo que apoyar la expropiación.

Algo más que un “Frente Popular a la mexicana”

El proyecto de alianzas derivó en la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, interpretado como la versión local de los “frentes populares”, en boga por esos años auspiciados ya por la IIIa. Internacional. Lombardo lo caracterizó como un “frente popular a la mexicana”. Fue algo más que eso y algo distinto. El PRM fue fundado doce días después de la expropiación petrolera.

Si de los sindicatos había surgido la idea de formar un partido propio, de ellos surgió también la idea de formar un frente. Solo que en este caso hubo otro locutor del proletariado. El PCM, que con el cardenismo había vuelto a adquirir plenos derechos, también trató por su parte de formar y dirigir al frente. Al final todos lo hicieron encabezados por las centrales laboristas, en una mediación inicial, y por el Estado y el Partido del Estado, después. Como cualquier alianza fue aquélla resultado de un conjunto de luchas. Ninguna pudo forjar una alianza centrada en los laboristas -sin partido-, ni menos centrada en los comunistas -sin centrales y con escasa influencia en los sindicatos-. Ambas fuerzas derivaron en una reestructuración del partido del Estado a que se integraron unos, y que apoyaron otros.

La lucha por la organización de un frente nacional y de una central obrero-campesina se llevó a cabo en formas simultáneas y sucesivas. Desde 1934 la CGOCM, la CGT -antigua central de origen anarquista-, los ferrocarrileros y varias organizaciones obreras integraron un Comité Nacional de Defensa de la Reforma Educacional, que estableció un puente con los políticos progresistas del PNR. Estos ya habían logrado imponer en el “Plan Sexenal” el proyecto de educación socialista. Ahora luchaban por una reforma constitucional que hiciera obligatoria la educación socialista. La educación socialista fue gran motivo de acercamiento. A ese proyecto se añadió después el de un Comité Nacional de Defensa Proletaria que aumentó los vínculos con los políticos progresistas encabezados por Cárdenas. Se trató de dos alianzas amplísimas que alcanzaron éxitos concretos e inmediatos. Al mismo tiempo sus integrantes libraron entre sí distintos tipos de luchas. 

En 1934 el PCM intentó su propia política de frentes con la creación de un “Comité Pro-Unidad Obrero Campesina”, de poca influencia. En 1935 el Presidente y el PNR empezaron a organizar una “Confederación Nacional Campesina” y crearon un “Comité Organizador de la Unificación Campesina”. En ese mismo año el PCM creó un “Comité Organizador del Frente Popular Anti-imperialista”. Los sindicatos laboristas, entre los que destacaba el liderazgo de Lombardo se propusieron por su parte crear una “Central de Obreros y Campesinos”. En febrero de 1936 fundaron la “Confederación de Trabajadores de México” (CTM) que buscó atraer a sus filas al campesinado para sumarlo a los trabajadores agrícolas que ya se encontraban en la zona. En ella también se encontraban los comunistas. El enfrentamiento con el Presidente y el PNR fue notorio. Los comunistas intentaron una doble política: seguir con sus propios proyectos frentistas, y tratar de obtener posiciones en la nueva central. Las luchas libraron así en dos planos, uno entre laboristas y comunistas, y otro entre los laboristas y el Presidente con el PNR en el medio. En 1937 los comunistas fueron expulsados de los puestos directivos de la CTM tras serias pugnas en el interior de la central. La autonomía de la organización se debilitó más. Los grandes sindicatos nacionales renuentes a asumir la dirección, decidieron abandonar la central. En la central quedaron desde entonces los líderes de los sindicatos de fábrica, con Lombardo como dirigente general, y Fidel Velázquez y su grupo como dirigentes reales de la política sindical. En esas condiciones estalló el conflicto obrero-patronal en la industria del petróleo y se inició la epopeya que terminaría con la expropiación.

Un partido de los trabajadores

Las organizaciones laboristas, el Presidente y el PNR aumentaron sus lazos de unión, y los comunistas optaron finalmente por apoyarlos. Ya un año antes habían iniciado una experiencia frentista en materia electoral. En febrero de 1937 la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Campesina Mexicana, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Nacional Revolucionario habían firmado un pacto de Frente Electoral Popular.

El Frente Electoral Popular fue fuente de acuerdos, convenios, disciplinas; generador de una ideología unitaria, formulada en términos nacionalistas y marxistas. Sólo se opusieron los trostskistas. Los comunistas fueron eliminados de las elecciones internas unos meses después pero, en plena autocrítica, atribuyeron el hecho de sus propios errores.

Sólo los trostskistas se opusieron a la política frentista. Pero pronto hubieron de ceder en sus críticas. México dio asilo a su máximo ideólogo.

En 1937 el poder hegemónico del Presidente Cárdenas abarcó a todas las izquierdas. El 17 de diciembre de ese año, Cárdenas propuso la transformación del PNR en un partido de trabajadores. “Hasta ese momento” -afirmó- “el Partido había agrupado de modo forzado y obligatorio a los trabajadores al servicio del Estado”. En sus filas estaban incorporados los campesinos con “actos no siempre determinados por su voluntad”. Tales prácticas debían terminar. En cambio el “Partido Nacional Revolucionario se transformaría en un Partido de los trabajadores”. A sus filas se sumarían “con actos determinados de su voluntad”, los campesinos, los obreros manuales, los trabajadores intelectuales, las agrupaciones juveniles y el Ejército.

El Presidente Cárdenas postuló la estructuración de un frente político armado, de un “Partido Nacional de trabajadores y soldados”. Unos días después, el 1° de enero de 1938 en un mensaje a la Nación procuró atraer también a las clases medias y a otros partidos en apoyo del nuevo partido y del Estado: “…El partido de los trabajadores será -dijo Cárdenas- sí, un partido de clase, un partido que tendrá como principal interés el mejorar día a día el estado de los trabajadores; pero será también un partido que respetará el derecho y la libertad de los demás partidos antagónicos”.

A los mensajes de Cárdenas la CTM contestó aceptando formar parte del nuevo instituto político, al que más que como “partido de los trabajadores” consideró como frente, como su propio proyecto de Frente Popular en México.

Cárdenas organizó entonces una comisión que proyectó la constitución del nuevo partido. Formaron parte de ella su secretario particular, los representantes de la CTM, los de la Liga de Comunidades Agrarias, y algunos funcionarios de la Secretaría de la Defensa.

En la cuna del fervor

El PRM nació en pleno fervor popular, en medio de la campaña económica e ideológica que desataron las compañías petroleras contra México, a la que se añadió una insurrección militar encabezada por un general anticomunista que criticaba duramente la expropiación del petróleo. El PRM nació también en pleno auge mundial de la lucha contra el fascismo. A un año de fundada la Unión Nacional Sinarquista, cuando Pío X publicó una encíclica condenando el comunismo en México, y mientras la Confederación Patronal y la Confederación de la Clase Media acrecían el asedio contra Cárdenas. El PCM saludó su nacimiento. El secretario general del PCM llegó a pedir “un puesto de combate” en el seno del PRM, extremo retórico que nadie quiso llevar a los hechos.

El 30 de marzo de 1938 se firmó el “Pacto Constitutivo del Partido de la Revolución Mexicana”. Los integrantes del “Pacto” quedaron constituidos por sectores. La Confederación Campesina Mexicana, los Sindicatos Campesinos, y las Ligas de Comunidades Agrarias formaron el “Sector Campesino”. La CTM, la CROM, la CGT, el Sindicato de Mineros y el Sindicato de Electricistas formaron el “Sector Obrero”. Los miembros del Ejército y la Marina -como ciudadanos y “no como corporaciones” -formaron el “Sector Militar”. Los cooperativistas, los artesanos, los industriales, los agricultores y comerciantes en pequeño, los aparceros -“mientras subsistieran”-, los profesionales y los empleados de la agricultura, de la industria y del comercio -mediante afiliación individual- formaron el “Sector Popular”.

El Pacto consistió en intervenir en política electoral por medio del Partido, de acuerdo con sus estatutos, reglamentos y acuerdos. Las organizaciones obreras y campesinas conservaron su autonomía para la realización de actividades específicas. Se comprometieron a fijar “el radio de acción y la cooperación que debieran presentarse recíprocamente a partir del momento en que quedara constituida la “Confederación Nacional Campesina” (fundada el 28 de agosto de 1938). Los miembros del Ejército y la Armada se comprometieron a no actuar en forma corporativa, a dejar al instituto armado fuera de las contiendas y cuestiones políticas electorales. A las clases medias (y a otros elementos del sector popular) se les ofreció que su afiliación al partido no implicaría merma alguna en el libre ejercicio de su profesión, y a las mujeres, que serían consideradas en un plano de completa igualdad con los hombres.

Los principios ideológicos del PRM constituyeron una mezcla del pensamiento neo-liberal y social de la Revolución Mexicana, del socialismo y del marxismo. El PRM postuló el respeto a la Constitución de 1917, en particular al principio de “No Reelección”. Reconoció “la existencia de la lucha de clases, como fenómeno inherente al régimen capitalista de producción”. Sostuvo “el derecho de los trabajadores a contender por el poder político para usarlo en interés de su mejoramiento”. Y, en fin, preconizó la necesidad de realizar un proyecto nacional “de preparación del pueblo para el régimen socialista”.

En el terreno programático el PRM se propuso un proyecto de capitalismo de Estado, nacionalista, antimonopólico, anti-feudal y popular, agrarista y obrerista. El Partido pugnaría por una mayor intervención del Estado en la vida económica, por un trato preferencial al capital nacional, por una serie de medidas progresistas entre las que contaba el compromiso de organizar a los trabajadores, incluidos los campesinos, para que obtuvieran contratos colectivos de trabajo y mayor influencia en las decisiones del Estado. El programa se proponía extender el Seguro Social, luchar por la igualdad política, civil y cultural de la mujer y de los pueblos indígenas, y lograr que el Estado asumiera la responsabilidad plena de la educación, que debía ser socialista. Además se comprometía a luchar por la auto-determinación de los pueblos, contra las guerras imperialistas y contra el fascismo.

El PRM plasmó la alianza de grandes fuerzas dirigidas por el Estado. Las organizaciones obreras mantuvieron en él una fuerza y autonomía relativas, que sin embargo pronto vieron limitadas por la fundación de la CNC y de los sindicatos de trabajadores públicos. Estos se sumaron al “Sector Popular”, desde fines de 1938. Además, sobre los integrantes del Partido fue influyendo un cambio en el clima político. El cambio afectó a las clases medias y a los propios trabajadores organizados, partidarios en su mayoría de frenar los impulsos demasiado radicales, y deseosos de consolidar los triunfos alcanzados. La inmensa mayoría se planteó a una sola alternativa: democracia o fascismo.

Fuerza y autonomía obrera se fueron diluyendo o atenuando en el nuevo partido del Estado, casi a raíz de su fundación. Una corriente poderosísima que obedeció a las presiones de todas las burguesías grandes y pequeñas, nacionales y extranjeras, y encontró amplio eco en las cúpulas de las organizaciones obreras y campesinas, llevó a la Presidencia de la República a un hombre moderado, a un general neoconservador que a lo largo de seis años dirigió las fuerzas sociales para la reestructuración del Estado y su Partido, El Gral. Manuel Avila Camacho que subió apoyado por la CTM y sus líderes aumentó el control de los trabajadores y borró el proyecto socialista. Este, tras la derrota, sólo pareció haber sido una forma retórica.

El propio PRM dotó al nuevo presidente, pocos días antes de que tomara posesión de su cargo de un plan para el desarrollo del capitalismo de Estado, la substitución de importaciones, la industrialización, el fomento a la iniciativa privada, la reforma a la educación socialista, y el control de “la lucha de clase” para que ésta no llegara a sus “últimas consecuencias”, “puesto que -decía el Segundo Plan Sexenal– la oportunidad histórica señala como previa la reparación gradual de injusticias sociales y la necesidad de hacer de México una patria fuerte, rica, capaz de sustraerse a influencias extrañas…”

El PNR era un partido de partidos: el PRM fue un partido de sectores. Si aquél impidió la desorganización de los partidos políticos, éste logró la desorganización de las clases políticas, y su organización como “sectores”. A partir del ingreso de los obreros al partido del Estado, el problema del Estado consistió en controlar al “sector obrero” y sus organizaciones, y a cualquier organización que expresara o buscara expresar a la clase obrera. Así se inició un nuevo proceso, que culminaría en la fundación del PRI. Fue el más complejo de todos.

Pablo González Casanova. Autor del libro clásico de la sociología política mexicana, La democracia en México (1965), su intenso trabajo crítico y sistemático en el campo de las ciencias sociales incluye numerosos libros y ensayos, el último de los cuales es Imperialismo y Liberación en América Latina (Siglo XXI, Editores, 1978).