“Centralícese, pero no se cumpla”

Desde sus orígenes, nuestro sistema político se caracterizó por una “vocación” centralista. Durante el dominio de la corona española, las grandes decisiones no se tomaban aquí sino en España, y no estaban —en principio— sujetas a discusión. Una empresa como la colonial, dedicada a la extracción de recursos en beneficio de los intereses metropolitanos, no podía permitir un gran margen de autonomía a los súbditos, pues de lo contrario la relación de intercambio desigual no hubiera subsistido.

Pero las fuerzas centrífugas fueron notables. La empresa de la conquista y colonización planeada por y para beneficio de la corona, de hecho en gran parte fue una empresa privada. Los grandes capitanes arriesgaron vida y fortuna personales y cuando triunfaron —los que triunfaron— no siempre estuvieron dispuestos a compartir sus logros con la distante Corona, ni a perder la gran autonomía de que disfrutaron en los tiempos heroicos. De ahí que hubiera varios intentos de rebeldía y autonomía en el siglo XVI. El caso de Martín Cortés es sólo el más notario.

Al final, el monarca español —que, después de todo, fue uno de los primeros en presidir una estructura política propia del Estado Nación moderno— triunfó en las colonias, como ya antes había triunfado en las colonias de sus señores feudales en la península ibérica. Pero le llevó tiempo y el resultado nunca fue plenamente satisfactorio.

En efecto, no hubo feudalismo político en las colonias americanas, aunque la burocracia colonial —minuciosa pero lenta, englobadora pero torpe— no pudo controlar efectivamente todo lo que se propuso. Entre más se alejaba la sociedad colonial de las capitales virreinales y de los centros de población importantes, mayor era la libertad de los grandes señores, los dueños de minas y haciendas. Ellos eran, en esas zonas, la verdadera fuente del poder y la justicia. Entre otras cosas, porque, no habiendo ejército, tuvieron que ejercer directamente las funciones de “protectores de la sociedad”. Así, junto a la centralización formal había una descentralización real. Fueron éstos los remanentes feudales que España heredó a sus dominios americanos.

Yo soy Don Porfirio, la verdad y la vida

El México independiente vio florecer con gran furia las fuerzas centrífugas. No tiene caso ahondar aquí en el problema; pero es bien conocida la desintegración real del sistema político una vez que desapareció la administración colonial. Ante la ausencia de un grupo criollo capaz de imponer su hegemonía al resto de la sociedad, y ante un erario público siempre en bancarrota (reflejo, entre otras cosas, de una economía que casi había perdido su antigua vinculación con el mercado mundial), no fue posible mantener un gobierno estable. El Estado, y la Nación misma, casi desaparecieron. No fue sino hasta que el grupo liberal logró aplastar en el campo de batalla a sus enemigos, que se inició en firme un proceso de reconstrucción del poder. Este proceso fue lento y contradictorio, pero claramente apuntó hacia la centralización y el presidencialismo. Bajo ropajes distintos, volvían a resurgir las tendencias del pasado.

La constitución de 1857 trató de poner un obstáculo infranqueable al enemigo centralista y presidencialista. Para evitar el peligro de la dictadura, reafirmó el carácter federal de la República y quitó atribuciones al Ejecutivo dándole un mayor peso al Legislativo. Pero la realidad de la guerra civil hizo que Juárez asumiera en buena medida las principales responsabilidades del gobierno. Al triunfo liberal, era ya indiscutible que el presidente contaba con una fuerza que no previeron los redactores de la Constitución, y ésta empezó a tambalearse. Justo Sierra, al criticar lo utópico del proyecto del 57, sólo fue el pregonero del porvenir que trajo, con Porfirio Díaz, la centralización y el presidencialismo, a contrapelo del espíritu de la ley, pero no de la realidad.

La consolidación del centralismo coincidió con la consolidación de Díaz; más exactamente, con su tercera presidencia. A partir de ese momento, el poder legislativo quedó purgado de los pocos elementos independientes que tenía y su composición empezó a depender de la voluntad del Presidente, nunca del sufragio. El federalismo también desapareció. Poco a poco fueron eliminados los “hombres fuertes” locales que, como los generales Treviño o Naranjo, limitaban el poder presidencial en ciertas regiones. Díaz llegó a fomentar en los estados la pluralidad de grupos políticos que, siendo totalmente fieles a él, eran enemigos entre sí. Divide et impera. Cuando al final de su periodo algún ministro, como Reyes, intentó imponerse como sucesor, simplemente perdió el puesto. Todo el sistema giraba en torno a Díaz, quien nunca llegó a formar el partido que Justo Sierra hubiera deseado para iniciar la separación entre la institución presidencial y la persona. En realidad, el grupo que rodeaba a Díaz nunca logró transformar el caudillismo en un verdadero presidencialismo, institucionándolo.

Al iniciarse el siglo XX no había en México ningún poder interno, político o de otra naturaleza, que pusiera en jaque al presidente Díaz. El único punto débil del Presidente era su relación con las fuerzas externas. Comentando la estructura del poder del régimen, Andrés Molina Henríquez insistió en que por sobre el Presidente y su grupo no se encontraba ninguna fuerza local, pero si estaban los grandes capitales extranjeros, en particular los norteamericanos. El único dique a la voluntad presidencial era, pues, la dependencia. Sucede sin embargo que Díaz tuvo pocos choques con estos grupos poderosos, y la posibilidad de un enfrentamiento a fondo pese a problemas como el de la compañía del Tlahualilo, el Chamizal o Bahía de Magdalena, fue mínima hasta 1910. En cambio, la presencia extranjera fortaleció a Díaz. Fue el capital externo el que tendió una red ferroviaria y telegráfica nacional que permitió que las órdenes y fuerzas de la federación pudieran controlar el territorio como nunca se había hecho hasta entonces. El superávit del erario tuvo el mismo origen, a través del fomento a las exportaciones.

Sólo cuando el sistema en su conjunto entró en crisis, la dinámica de los acontecimientos internos escapó al control presidencial.

Camino a Tlaxcaltongo: un Presidente sin ejército

Justamente porque la Revolución empezó como un movimiento contra la dictadura de Díaz y el centralismo, en 1917 se insistió en el viejo proyecto liberal de crear un sistema político a la usanza de los Estados Unidos y de Europa Occidental; es decir, con un orden federal y con la clásica división de poderes. Pero un mínimo de realismo llevó a los constituyentes de Querétaro a tener en cuenta las críticas hechas por Rabasa a la vieja constitución y la de 17 no insistió en debilitar al poder Ejecutivo. Por el contrario, suprimió la vicepresidencia y otorgó al presidente un amplio margen para iniciar y poner en marcha el proceso legislativo, vetar leyes, regular la política fiscal, controlar al ejército, nombrar y eliminar funcionarios, etc.

Carranza no tuvo mayores problemas en su relación con los otros “poderes” federales. Al contrario, obtuvo de ellos facultades extraordinarias para poner en marcha partes importantes de la Constitución que aún no contaban con sus leyes reglamentarias. Pero esto no fue suficiente para construir el poder dispersado por la lucha. Desde luego que los adictos al antiguo régimen ya no fueron un obstáculo. Aunque Félix Díaz siguió levantado en armas y Manuel Peláez se mantuvo activo en la zona petrolera, los hacendados y el grupo porfirista en particular, estaban totalmente incapacitados para volver al poder.

Carranza se vio limitado, pero por otras razones: en primer lugar, porque siguieron activos los remanentes de grupos revolucionarios antagónicos al carrancismo —villistas y zapatistas—, y porque el bandolerismo persistió. En segundo lugar, porque el presidente encontró que su principal fuente de poder, el ejército, estaba dividida y tenía un sentido de lealtad bastante precario. Por un lado se encontraba Obregón —quien decidió retirarse del servicio activo, pero no de la política, en espera que el desgaste de Carranza le abriera una nueva oportunidad— y por el otro Pablo González, quien permaneció en filas, pero chocando constantemente con Carranza. Al final, este ejército no permitiría al presidente designar a su sucesor; una parte se rebelaría, otra se mantendría a la expectativa y una tercera —la menor— intentaría oponerse a lo inevitable: el derrocamiento del jefe del Ejecutivo. La debilidad de la presidencia residía, básicamente, en su falta de control sobre las fuerzas armadas.

El mundo externo —es decir, los Estados Unidos y las principales potencias europeas— también limitó a Carranza. Por un lado, las presiones diplomáticas y las amenazas de invasión le impidieron de plano poner en marcha algunas de las principales reformas constitucionales, sobre todo las relacionadas con el petróleo. Por otro, le exigieron el imposible pago de los daños causados por la lucha, de la deuda externa, y la devolución de los bienes extranjeros intervenidos; todo ello sin acceder a prestarle un solo centavo. Era una situación imposible. Solo la astucia de Carranza y la dispersión de las fuerzas políticas internas evitaron que su gobierno cayera antes. Al final, fue acribillado en Tlaxcalantongo.

La sombra del Caudillo (y de los Estados Unidos)

Obregón logró avanzar bastante en el camino de la centralización del poder federal y presidencial. Para evitar que se repitiera la indisciplina militar que le dio el poder, purgó el ejército de elementos irreconciliables con el Plan de Agua Prieta, pero a la vez aceptó que, a nivel local, los jefes de operaciones militares leales tuvieran una gran libertad de acción, sin poner muchos reparos en su legalidad. En cierta forma, el poder central y el del presidente se mantenían porque ambos respetaban los intereses locales creados.

La rebelión delahuertista, pese a su peligrosidad, abrió las puertas a una purga aún mayor de generales desafectos, y el presidencialismo y el centralismo avanzaron. En febrero de 1924 el ejército parecía estar totalmente a disposición del presidente, como no lo había estado quizá desde Victoriano Huerta. Sin embargo, el proceso no fue tan claro, pues para destruir a los rebeldes hubo que armar cuerpos agraristas, cuya acción habría de escapar de tarde en tarde el control central y fortalecer, en cambio, a líderes locales.

Con Obregón se rindieron antiguos focos rebeldes: desaparecieron las bandas villistas, zapatistas, pelaecistas, felixistas, etc. El campo se pacificó. La vida política pareció estar en el umbral de la rutinización. Sobre todo después de que en el informe de 1923, el presidente pudo anunciar a la Nación que se había llegado a un acuerdo con Washington, y restablecido las relaciones diplomáticas. Gracias a los acuerdos de Bucareli —que limitaron las reformas agrarias y petroleras— el gobierno de Obregón contó con la ayuda y buena voluntad de los Estados Unidos frente a la rebelión delahuertista. De ser un factor desestabilizador, la acción norteamericana pasó a consolidar al poder constituido. Por primera vez desde Díaz, el presidente pudo escoger a su sucesor y dejarlo cómodamente instalado en la silla.

Hasta este momento, centralización y presidencialismo son una y la misma cosa, pero a partir de diciembre de 1924 la equivalencia deja de ser tan clara. Bajo Calles, la centralización siguió adelante pero el presidente tuvo que compartir su poder con Obregón, el gran caudillo que aún conservaba su ascendencia dentro del ejército, y a su vez seguía siendo el gran puntal del nuevo régimen. Este ejército dio sus primeros pasos hacia la modernización y la profesionalización bajo la guía de Joaquín Amaro, pero no logró deshacerse de la influencia de Obregón. No sería aventurado plantear, como hipótesis, que todas las decisiones políticas importantes del callismo se consultaron con Obregón. Era el de Calles un poder compartido.

La presencia incontrovertible de Obregón, llevó a una nueva división dentro del grupo gobernante que culminó con los fusilamientos de Arnulfo R. Gómez y Francisco Serrano en 1927. Fue el poder de Obregón lo que llevó también a modificar la Constitución para permitir su reelección, y fue finalmente este poder el que decidió que se declarara vencedor en los comicios de 1928, pese a 13 oposición de la mayor central obrera, la CROM.

Es difícil saber hasta qué punto la presencia de Obregón limitó el poder de Calles, pero no hay dudas de que tal límite existió. Sin embargo, la centralización no sufrió mengua. El paso más dramático en este camino, además de la reorganización del ejército fue el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado que culminó con la rebelión cristera. El gobierno no pudo destruir a los rebeldes en el campo de batalla, pero al final logró acabar con las pretensiones políticas de la Iglesia, dejándola existir, pero en las márgenes del sistema político.

Calles reabrió la controversia con Estados Unidos a través de la ley del petróleo, de la llamada “ley de extranjería”, y de su intervención en Nicaragua. Esto, aunado a la rebelión cristera y a la reelección de Obregón, lo debilitó. Pero a fines de 1927 llegó a un acuerdo sustantivo con el embajador norteamericano, el célebre Dwight Morrow, y la relación con Washington mejoró en forma notable; básicamente se volvía a lo acordado en Bucareli. Cuando estalló la rebelión de 1929, los Estados Unidos no titubearon en dar su apoyo al gobierno federal.

Con el asesinato de Obregón desapareció el caudillismo y el gran peso que limitaban la libertad presidencial. Pero con el afianzamiento del “Maximato”, la institución presidencial recibió un golpe aún más fuerte.

“Aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente”

Para mediados de 1929, el panorama político mexicano tenía, entre otras, las siguientes características. Por un lado, se había formado ya el gran partido oficial, que iba a ocupar rápidamente parte del vacío dejado por la muerte del caudillo. Con la coalición de partidos bajo la égida del PNR, se iba a introducir un elemento nuevo y muy importante de disciplina y de institucionalización de la vida política. Fue la gran invención política de la Revolución. Por otro lado, la derrota de los escobaristas echó del ejército a los elementos refractarios a esta disciplina; la obra de Amaro se fortaleció. Sin embargo, el notable incremento del poder central no fue aprovechado por el presidente Portes Gil —que no contaba con gran poder propio al asumir su interinato—, sino por el mismo Calles.

A partir de entonces surgió otra diarquía más conspicua que la anterior: por un lado el presidente y por el otro el “Jefe Máximo de la Revolución Mexicana”: Don Plutarco Elías. Mientras el presidente tomaba a su cargo los asuntos formales del poder, el “Jefe Máximo” se iba convirtiendo rápidamente en el árbitro de las principales fuerzas políticas que formaban el mundo oficial; fue el guía del nuevo partido, y su palabra era la decisiva en todos los asuntos de importancia.

Fue básicamente Calles quien designó a los cuatro presidentes que le sucedieron (aunque no sin tomar en cuenta la correlación de fuerzas dentro de la coalición de la que era la cabeza); fue él quien frenó la política de reparto agrario, quien designó a los gobernadores de la época, quien provocó los múltiples cambios de gabinete que caracterizaron al Maximato, quien tomó la decisión de arreglar el conflicto con la Iglesia en los términos del acuerdo de junio de 1929, y quien decidió el rompimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. En fin, la lista es larga. Lo que importa destacar es que esta capacidad de decisión de Calles no radicaba tanto en una fuerza propia, sino en que era el único vértice de confluencia para todas las corrientes de la “familia revolucionaria”. El sistema era aún frágil, y el paso del caudillismo a la institucionalización no pudo ser directo Simbólicamente, el poder presidencial llegó a su punto más bajo (y el de Calles al más alto) cuando Ortiz Rubio sometió a la consideración del “Jefe Máximo” su renuncia a su alto cargo, que sólo después presentaría al Congreso.

A Ortiz Rubio se le fue de las manos incluso el control que ya se había establecido sobre el poder legislativo. Con la pugna entre congresistas “blancos” y “rojos”, fue evidente que las directivas que obedecía una parte importante de los legisladores no provenían del presidente, sino del PNR, organismo que supuestamente trasmitía los designios del “Jefe Máximo”.

Pero no fue sólo la figura de Calles la que obstaculizó la marcha del presidencialismo, también la agudización momentánea de ciertas fuerzas centrífugas. La rebelión escobarista había llevado a la creación de una importante fuerza agrarista que sirvió de auxiliar a los federales, y que no desapareció al término de la emergencia, sino que se mantuvo como base de ciertas autonomías locales, algunas tan importantes como las de Adalberto Tejeda en Veracruz o Saturnino Cedillo en San Luis Potosí. Por otro lado, gobernadores como Garrido Canabal o, mejor aún, Rodolfo Elías Calles, que eran parte del círculo íntimo del jefe máximo, eran prácticamente irresponsables ante el jefe del Poder Ejecutivo.

“Tata” Lázaro se ciñe la banda

El eclipse del poder presidencial fue sólo temporal. Cuando finalmente volvió por sus fueros, ya no lo hizo en los términos anteriores, sino que avanzó. El retorno al presidencialismo tras la expulsión de Calles en 1935 y el reforzamiento del centralismo, fue obra de Cárdenas.

El primer paso en este sentido consistió en restablecer la alianza con ciertos grupos obreros y campesinos que se había debilitado durante el Maximato. A mediados de 1935, Calles trató de provocar una crisis nacional al cuestionar públicamente la política obrera de Cárdenas, con el propósito de detener lo que él veía como una clara tendencia del presidente a obrar por su cuenta. La crisis se desencadenó, pero el ejército se mantuvo leal a Cárdenas —quien, después de todo, había hecho una larga carrera militar, y contaba con innumerables ligas dentro de los cuadros de las fuerzas armadas—. Por otro lado, la flamante alianza entre el presidente y los sectores populares organizados se fortaleció. El resultado fue que Calles tuvo que abandonar el país y con ello acabó la diarquía.

A partir de ese momento y hasta 1938 el poder del presidente no hizo sino acrecentarse. Al llevar a cabo una reforma agraria radical, Cárdenas pudo encuadrar a una vasta masa campesina en una organización totalmente suya. Al darle luz verde a Lombardo Toledano y a la CTM para que los obreros plantearan sus reivindicaciones sindicales ante las empresas, en buena medida extranjeras, se consolidó la alianza de los trabajadores en el gobierno, resquebrajada durante el Maximato. Al construir el PNR y convertirlo no en un partido de afiliación individual, sino en el marco donde se encuadrarían las grandes organizaciones de masas, se incorporaron nuevos actores a la vida política. Hubo una verdadera creación de poder político, que capitalizaron el centro en general y el presidente en particular.

Antes de que surgiera la Ley Federal del Trabajo y se estableciera el Departamento Agrario, las políticas agrarias y laborales habían estado en buena medida en manos de los gobernadores. Con Cárdenas la situación se modificó notablemente. A través de las organizaciones de masas (CCM, y luego CNC, más la CTM) y del PRM, los gobiernos estatales perdieron poder en los campos tan estratégicos. Esto aunado al desconocimiento que el Congreso de entonces hizo de casi una decena de gobernadores, sirvió para dejar todavía más claro quién era el verdadero foco de las grandes decisiones políticas. Centralización y presidencialismo iban, de nuevo, de la mano.

Como era de esperarse, este poder recién creado tenía límites. Y se empezaron a palpar a raíz de la expropiación petrolera de 1938. Fue entonces cuando la Revolución pudo concretar sus viejos enunciados nacionalistas, pero el precio fue una crisis económica importante que dio la oportunidad a los “veteranos de la Revolución”, desplazados tras el golpe contra Calles, para poner en entredicho las políticas socializantes del joven presidente. Empezaron a escucharse voces disidentes, incluso dentro del ejército. La inflación afectó a los propios aliados de Cárdenas y algunos grupos obreros ya no mostraron el mismo entusiasmo por la política oficial. Cárdenas tuvo que amainar la ola de huelgas y el ritmo de reparto agrario. Su programa se detuvo.

La popularidad de la candidatura de Almazán en círculos urbanos, fue una buena muestra del grado a que había llegado el descontento con la política presidencial. Sin embargo, y a pesar de las presiones internas y externas, el presidente mantuvo el poder suficiente como para aplastar el levantamiento cedillista e imponer a su sucesor. Claro que éste no hubiera podido ser cualquiera. Mújica estaba más allá de lo posible, pero el que quedó fue un miembro del círculo cardenista. En todo caso, conviene notar si bien el poder del presidente se debilitó, esto no afectó al gobierno central en su conjunto. La crisis no revivió a las fuerzas locales.

1940-1978: Todo, por servir, se congestiona

A partir de 1940, los cambios en el carácter centralista y presidencialista de la vida política mexicana fueron pocos. Ninguno de los elementos que en la época anterior pusieron en jaque al poder presidencial volvió a tener la capacidad de interferir en las tendencias centralizadoras. El ejército dejó finalmente de ser un factor determinante en la vida política y aunque el caciquismo no desapareció, al menos cambió de facha: se hizo civil y muy deferente ante el ejecutivo federal. El partido oficial, por su parte, hizo de la disciplina una segunda naturaleza entre sus miembros. El desarrollo industrial basado en la sustitución de importaciones, modernizó parte de la economía y dio al gobierno federal mayores recursos y posibilidades. En realidad, por primera vez, el Estado mexicano empezó a ser por su acción directa, pieza clave de la estructura productiva. La estabilidad en las relaciones con los Estados Unidos —que por un tiempo parecieron dar lugar a la llamada “relación especial”— también contribuyó a que la estructura poscardenista se consolidara. La oposición electoral siguió siendo tan simbólica como antes, o quizá más.

La idea de que lo que ha sido realidad desde Cárdenas hasta ahora seguirá siéndolo en el futuro, es probablemente inexacta. Para empezar, la concentración en todos los órdenes ha dado lugar a problemas muy graves: burocracias gigantes e inmanejables, centros urbanos de una magnitud tal que hace difícil la vida cotidiana y el mantenimiento de la cohesión y la disciplina sociales. El punto óptimo de concentración política, administrativa, económica y humana, parece haber sido rebasado. Ahora la concentración, de continuar, será entorpecedora. Y todo parece indicar que en ciertos círculos directivos hay conciencia del problema. La llamada reforma política, por ejemplo, que permitirá la presencia de una minoría de diputados de oposición, intenta abrir una ventana a la asfixiante atmósfera de predominio priísta; la política de reordenación de los asentamientos humanos, la creación de “polos de desarrollo”, la devolución de facultades de materia educativa o agraria a los gobernadores, etc., apuntan en esa dirección. Pero las herencias del pasado tienen una inercia brutal. El reto político es llevar a cabo la desconcentración de manera ordenada; hasta el momento, el éxito de esta empresa está lejos de haberse asegurado.

La decisión de desconcentración administrativa y política es parcial, y no parece incluir a la presidencia. Hasta el momento no se ha planteado seriamente que el presidencialismo sea “disfuncional”. Por el contrario, siguen vigentes la decisión y los métodos que mantienen su enorme poder. Sin embargo, las tendencias de la economía posrevolucionaria parecen haber creado obstáculos no previstos. La concentración tan grande de los beneficios del llamado “desarrollo estabilizador” —y de lo que ahora está tomando su lugar—, ha creado grupos de poder privado muy fuertes, y que en ocasiones han puesto en jaque a la presidencia. Este fenómeno empezó a notarse bajo el gobierno de López Mateos y se hizo más patente en el gobierno de Echeverría.

Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en el intento de reforma fiscal que tuvo lugar en 1972. El temor a una recesión y a una fuga masiva de capitales, voceado tanto por los empresarios como por grupos dentro del propio gobierno, hicieron que el presidente diera marcha atrás en lo que pudo ser uno de los grandes momentos de su gobierno. Al final, la reforma de 1974 sólo fue una sombra del proyecto original. La capacidad de veto empresarial o, para el caso, de las grandes centrales obreras —la otra cara de la medalla— sólo se ha usado en circunstancias extraordinarias y nunca hasta llegar a la confrontación total, pues ésta representa un grave riesgo para todos y, además, no conviene a estas fuerzas erosionar la presidencia, sino más bien usar en su interés el gran poder que ha acumulado. En cualquier caso, en los últimos dos decenios parecen haber surgido límites al poder presidencial, que no se habían hecho evidentes en el pasado.

Es difícil decir si esta situación encierra la posibilidad de un cambio en la naturaleza de los procesos descritos, y cuál sería su rumbo. Lo que sí es un hecho es que el régimen sigue dispuesto a mantener el predominio del Ejecutivo. La reforma política no va a mellar este poder. Por el contrario, pretende legitimarlo mediante una oposición controlada en una de las cámaras. La posibilidad de una recuperación económica por el auge petrolero puede dar al Estado en general, y al presidente en particular, nuevos elementos para afianzar su papel de rector de la economía y por lo tanto, de toda la vida de la sociedad civil. En conclusión, la concentración de poder empieza a considerarse entorpecedora en algunos aspectos pero está por verse si las tendencias tradicionales se modifican. El presidencialismo mexicano vuelve en estos días a conocer sus límites, pero nada más. No existe en el panorama político nada que pueda tomar su lugar.

 

Lorenzo Meyer
Historiador y politólogo mexicano. Autor de México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-1942 (El Colegio de México, 1968), El conflicto social. Los gobiernos del Maximato (1978), Los inicios de la institucionalización. La política del Maximato, con la colaboración de Rafael Segovia y Alejandra Lajous (1978). Los dos últimos títulos corresponden a los tomos 12 y 13 de la Historia de la Revolución Mexicana que edita El Colegio de México.