Después de cuatro meses de haber sido presentado a la consideración del Presidente, se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Apoyado en modificaciones anteriores hechas a los artículo 17, 73 y 155 constitucionales y en la Ley General de Asentamientos Humanos, el plan se sustenta en un diagnóstico de la problemática urbana del país. En muchos aspectos, los resultados de ese diagnóstico eran previsibles: disparidades y desequilibrios regionales y sectoriales que provocan el desigual repartimiento de la población en el territorio, desarrollo urbano desordenado y problemas derivados de los asentamientos irregulares.
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