Más de un problema clave de la realidad tecnológica y científica del país ha venido a la luz pública por el reciente debate en torno a la situación del Instituto Nacional de Energía Nuclear, la iniciativa de Ley Reglamentaria del Artículo 127 en materia nuclear y las opciones de la política energética de México. El pasado algo caótico del INEN, su eventual restructuración, la indefinición de una política general de energéticos, el intento de desmembrar un movimiento sindical excepcionalmente combativo mediante una legislación discutible, han sido motivos obstinados y persistentes del debate. La nutrida, aunque discontinua, información periodística, la abundancia de opiniones fragmentarias, el desconocimiento generalizado de los matices técnicos y políticos del problema, han facilitado la consolidación de algunos malentendidos básicos a cambio de muchos vacíos y omisiones que parecen también decisivos y en los que la prensa y los declarantes apenas han reparado. Con todo, ha sido una discusión estimulante y aleccionadora. Por primera vez en muchos años la comunidad científica mostró una capacidad de respuesta y llegó sus opiniones beligerantes a la prensa, la calle y la Cámara de Diputados.
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