La grand corruption, entendida como el abuso del puesto público en los escalones más altos de la política para obtener beneficios privados, es endémica en muchos países. Las redes de corrupción florecen gracias a la impunidad que se genera cuando los líderes de una nación no permiten que funcionen las leyes para castigar a sus colegas, amigos, familiares y, principalmente, a ellos mismos. La indignación pública frente a la persistencia de la corrupción está desestabilizando a muchos países. Este proceso de desestabilización genera graves peligros para la paz y seguridad internacionales que la mayoría de los países han acordado proteger a través de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales. Debido a que la corrupción sistémica está generando una crisis global, es evidente la necesidad de una Corte Internacional Anticorrupción capaz de hacer valer los códigos y reglamentos que sancionen los actos de corrupción.
Ilustración: Víctor Solís
El primer paso está dado. Prácticamente todos los países han promulgado leyes anticorrupción pero el problema radica en su aplicación. Una Corte que procese los casos de corrupción de manera eficiente puede ser una herramienta de disuasión que contribuya a frenar la corrupción. En términos de gobernabilidad y democracia, una Corte que pueda sancionar los actos de corrupción también permitiría la elección de líderes dedicados a servir a sus representados en lugar de enriquecerse a sí mismos, pues vigilaría que los procesos democráticos operen de forma honesta y limpia.
Debe reconocerse que la corrupción sistémica no es un crimen sin víctimas. Sus costos y consecuencias son devastadores. Los gobiernos corruptos facilitan la adherencia a grupos terroristas en muchos países, como Nigeria, y proveen refugios seguros para terroristas internacionales en países como Afganistán y Yemen. De la misma manera, los políticos corruptos y las empresas criminales poderosas, incluidos los cárteles mexicanos de la droga, suelen estar relacionados y actuar en contubernio. La corrupción sistémica también destruye la democracia y es devastadora para los derechos humanos, mismos que todos los gobiernos dicen proteger. Los líderes de los países con los peores índices de corrupción el mundo —incluyendo Somalia, Afganistán, Sudán, Iraq y Siria— son también los que registran mayores violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó en 2013: “La corrupción mata […] El dinero que se roba anualmente a través de la corrupción alcanzaría para alimentar a los hambrientos del mundo más de 80 veces… la corrupción les niega su derecho a la alimentación y, en algunos casos, su derecho a vivir”.1 En México, por ejemplo, se estima que la corrupción le cuesta a la nación entre 2% y 10% de su Producto Interno Bruto, quitándole al país ingresos que podrían haber sido utilizados para mejorar la salud y el bienestar de su población.2
Como lo indiqué arriba, la oposición frente a la corrupción está desestabilizando a muchos países y, en el proceso, creando graves daños para la paz internacional y la seguridad. Un ejemplo de ello fue el exitoso levantamiento en Ucrania en contra de su presidente Viktor Yanukovych que desencadenó la invasión de Rusia a Crimea, y las consecuentes tensiones entre las naciones de la OTAN y Rusia. El repudio a la corrupción también está minando la estabilidad de muchos países latinoamericanos, incluyendo Brasil y Argentina, con similares implicaciones internacionales.
En este sentido, como afirmara el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, “la calidad de un gobierno ya no es solamente una preocupación doméstica”.3 La preocupación internacional sobre la grand corruption fue puesta de manifiesto en un editorial del New York Times acerca de México, publicada en enero de 2016, que decía:
Después de que periodistas mexicanos revelaran que un contratista del gobierno mexicano había puesto a disposición del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa una lujosa casa, el presidente designó a un amigo como encargado de investigar el asunto. Como era de esperarse, la investigación no encontró evidencia de ningún delito por parte del presidente. Los periodistas, a pesar de haber realizado un reportaje meticuloso e incuestionable, perdieron sus trabajos. […] Más preocupante es el esfuerzo fallido del gobierno por investigar la desaparición de 43 estudiantes universitarios en septiembre de 2014, quienes aparentemente fueron masacrados.4
Existen historias similares en otros países. El primer ministro de Malasia recientemente fue absuelto por su procurador general después de que 680 millones de dólares desaparecidos del fondo para el bienestar nacional fueran descaradamente encontrados en su cuenta bancaria personal. Actualmente, las autoridades suizas están investigando el asunto como un caso de lavado de dinero.5
Alrededor del mundo aquellos que combaten la corrupción sistémica en sus países son frecuentemente castigados. El zar anticorrupción de Egipto reveló que la corrupción endémica ha costado a su nación cerca de 76 billones de dólares. Como resultado, fue removido de su puesto y ahora es procesado por perturbar la paz.6 Los fiscales en Turquía que investigaron casos de corrupción en contra de integrantes del gabinete del primer ministro en 2013 fueron removidos de sus puestos y procesados por supuestamente haber planeado un golpe de Estado. Actualmente, está siendo procesado en Nueva York un empresario que fue absuelto en Turquía por haber sobornado a esos ministros.7 En algunos casos las personas que denuncian o revelan actos de corrupción no sólo son castigados sino también experimentan acoso, intimidaciones y atentados contra su integridad. Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras ha calificado a México como uno de los más letales para los periodistas que hacen publicaciones sobre crímenes, violaciones a derechos humanos y corrupción.8
La corrupción no florece por una carencia de leyes. 178 países, incluido México, son Estados parte de la Convención Anticorrupción de las Naciones Unidas (UNCAC, por sus siglas en inglés). Esta convención exige a cada uno de los países miembro estatutos que criminalicen el soborno, la extorsión y el uso inapropiado de los recursos públicos. Además, es una obligación internacional crear instituciones para hacer cumplir dichos estatutos, incluso en contra de los miembros del gobierno más importantes. Sin embargo, los compromisos no son acatados porque los políticos corruptos controlan a la policía, a los fiscales y a las cortes. Puesto de otra forma, no se establecen los controles y contrapesos necesarios para asegurar que las leyes anticorrupción se cumplan y los culpables sean sancionados.
Esta falta de obligatoriedad y cumplimiento de las leyes que prohíben la corrupción ha sido reconocida como un problema fundamental en México. En palabras de Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO):
¿Cómo se puede resolver el problema de la violencia y el crimen organizado si no se resuelve el problema de la corrupción? […] Investigaciones realizadas muestran que casi todos los crímenes de corrupción quedan impunes, y aquellos a los que encuentran culpables no son miembros importantes del gobierno. […] Las instituciones del Estado son completamente incapaces de perseguir los actos de corrupción.9
Para desalentar y disminuir la corrupción sistémica los líderes políticos con sospecha fundada de haber incurrido en actos de corrupción deberán ser investigados, procesados y castigados. En atención a que esto rara vez ocurre, hace algunos años viene gestándose un movimiento en favor de la creación de una Corte Internacional Anticorrupción similar a, pero independiente de, la Corte Penal Internacional. Una Corte que funcionaría como foro alternativo independiente, experta e imparcial para verificar cumplimiento de las leyes domésticas que criminalizan la corrupción.
Como la Corte Penal Internacional, la Corte Anticorrupción podría operar bajo el principio de complementariedad, lo que significa que sólo los países con autoridades que no pueden o no quieren perseguir la corrupción estarían sujetos al enjuiciamiento en su jurisdicción. La Corte Internacional Anticorrupción podría reunirse en distintos lugares del mundo para maximizar la capacidad de las víctimas y testigos de participar en estos juicios. Dado que virtualmente cada país tiene leyes que prohíben la corrupción, esta Corte podría constituirse en un nuevo foro independiente para procesar violaciones de obligaciones ya existentes, en lugar de un espacio para la imposición de nuevas normas.
Actualmente, existen políticos mexicanos que ya están siendo procesados en jurisdicciones extranjeras. Por ejemplo, el ex gobernador Humberto Moreira, que multiplicó la deuda del estado de Coahuila 100 veces en seis años, está siendo procesado por lavado de dinero y malversación de fondos públicos en España, después de que el procurador general de la República dijo que no había evidencia para presentar cargos en su contra. Además, dos de los secretarios de Finanzas del mismo gobernador han sido acusados en Texas por lavado de dinero y uno ya se ha declarado culpable.10 Si México se sumara al establecimiento de una Corte Internacional Anticorrupción y delegara a ella la autoridad para hacer cumplir las leyes mexicanas en caso necesario, la persecución de sus políticos en dicha Corte no sería una invasión de la soberanía nacional mexicana, sino una reivindicación de la voluntad de su pueblo.
La creación de una Corte Internacional Anticorrupción fue propuesta por primera vez en 2014. Rápidamente ganó el apoyo del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Transparencia Internacional, Human Rights Watch, Global Witness y muchas otras organizaciones. También recabó el apoyo de fiscales internacionales reconocidos por su liderazgo, incluyendo a José Ugaz de Perú y a Luis Moreno Ocampo de Argentina.
La demanda popular para combatir la corrupción en México llevó a la reciente promulgación de declaraciones financieras más estrictas y leyes anticorrupción, así como a la creación de una fiscalía anticorrupción independiente. Si estas reformas tienen como resultado esfuerzos honestos y efectivos para castigar la gran corrupción en México, sus líderes no estarían sujetos a enjuiciamiento en la Corte Internacional Anticorrupción. Sin embargo, si como lo predicen los escépticos, estas reformas son frustradas por los poderosos políticos que obtienen ganancias gracias a su actual estado de impunidad, la Corte podría hacer que asumieran su responsabilidad por violar las leyes mexicanas.
La activa oposición a la corrupción en México, y el malestar social que genera, se repite en Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras, Venezuela y otros países latinoamericanos. Si una reforma genuina y un progreso real para combatir la gran corrupción no se consiguen pronto, Mexico y sus vecinos podrían encabezar la campaña para crear una Corte Internacional Anticorrupción.
Mark L. Wolf
Juez federal de distrito en Massachusetts. Promotor de la creación de una Corte Internacional Anticorrupción.
1 Navi Pillay, 22nd session of the Human Rights Council, 13 de marzo de 2013.
2 Paulo Cantillo, Excelsior, 26 de febrero de 2015; El Economista, 17 de agosto de 2016.
3 World Economic Forum, 22 de enero de 2016.
4 The New York Times, 4 de enero de 2016.
5 Peter Popham, The Independent, 26 de enero de 2016.
6 Declan Walsh, The New York Times, 6 de junio de 2016.
7 Deutsche Welle, 30 de septiembre de 2016.
8 El Economista, 30 de septiembre de 2016.
9 Kirk Semple, The New York Times, 28 de mayo de 2016.
10 Tania Montalvo, Animal Político, 1 de julio de 2015; El Financiero, 15 de enero de 2016.
Para que los ciudadanos comunes creamos se requieren acciones contundentes de correccion y no sólo críticas de los que está mal.
En mi leal saber y entender, necesitamos dos corrtes, no de pelo. Una corte anticorrupciòn y otra corte contra la impunidad. Vale.
Por supuesto que no, eso sería profundizar la penetración del imperialismo yankee en nuestro país. México debe construir sus propias alternativas de justicia, me parece que es momento de ir pensando seriamente en instaurar trabajos forzados en lugar de cárceles, que son las actuales escuelas del crimen.
La realidad es que se necesita un arbitro con fuerza y una corte internacional haría lo que el poder judicial Mexicano no tiene el valor de hacer, ni la voluntad de conseguir. Resulta similar a lo que sucede con los niños cuando sus padres no tienen la capacidad para educarlos y necesitan de alguien externo a ellos para lograr ese propósito.
En México hace falta que el presidente y los de arriba den el ejemplo de honradez y con ello, los ciudadanos y demás autoridades mejoraríamos mucho en todo
Y lo comenta en fecha muy adecuada. Lo que sugiere el escritor resulta ser sensato principalmente por que nuestro sistema electoral y jurídico no está logrando poner gente en el poder que sean capaces de ser líderes en este sentido, líderes que pongan un ejemplo a favor del país y de acuerdo a las leyes.
Totalmente de acuerdo en que exista esa Corte Internacional. Con todo y las supuestas leyes, en México sigue habiendo una corrupción espantosa, por lo tanto se demuestra su incapacidad y desinterés. Esa Corte intervendría cuando los ciudadanos solicitemos que la Ley sea apoyada y procurada desde fuera del Gobierno.
¿y quien las va a promover? ¿los corruptos enquistados en el gobierno y la politica?