La corrupción vista desde el SAT

Nexos: ¿Con tu experiencia en el SAT en cuánto estimas el valor de la corrupción en México?

Aristóteles Núñez: Diversos estudios indican que la corrupción tiene un valor anual equivalente a dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), eso significa poco más de 380 mil millones de pesos por año. Pero también hay otros estudios que indican que la corrupción puede llegar a ser de 10 puntos porcentuales del PIB, esto significaría alrededor de 1.9 billones de pesos, una cifra enorme.

Yo soy de los que piensa que la cifra está más cerca de los 10 puntos porcentuales del PIB, que del 2%, todo depende de qué entendamos por corrupción.

Ilustraciones: Víctor Solís

N: ¿Cómo entiendes la corrupción que puede variar tanto en su valor?

AN: La corrupción hay que verla en su definición más amplia. Primero déjame aclarar que soy de los que cree que este tema controversial y crudo debemos abordarlo con apertura, con compromiso y responsabilidad. Representa una realidad que no podemos negar, que por más que se pretenda no se puede ocultar. Existe y lastima a la sociedad. Si la queremos erradicar tenemos que reconocerla y reconocerla todos, todos los que en ella participan, los que la solapan y los que se ven afectados por ella. De hecho, la primera muestra de la honestidad de un servidor público inicia cuando acepta el encargo, siempre y cuando esté preparado para ello. Aceptar un encargo sin contar con la preparación, el perfil o la experiencia es la primera señal de deshonestidad.

Segundo, también soy de los que cree que la corrupción no sólo se da en el gobierno o en el servicio público, sino también en el sector privado. Es más, desde mi punto de vista, es en el sector privado donde se explica la mayor cuantía de la corrupción.

Observo tres vertientes principales en la corrupción: la primera es la que se da en el día a día entre el ciudadano común y el acceso a los servicios públicos. Por ejemplo, la recolección de basura, la infracción de tránsito, el pago al policía de bicicleta en la unidad habitacional, la verificación ambiental vehicular, la agilidad en un trámite de acta de nacimiento certificada, el espacio para ingreso a una universidad pública, el pago indebido para obtener una licencia de conducir sin hacer examen de manejo, la obtención de una receta médica para conseguir un antibiótico o la insulina, el obtener el certificado de estudios sin estudiar, el “derecho de piso” que se paga por un puesto ambulante, la facilidad en el alta vehicular y emplacamiento de automóviles, la supuesta revista de vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros y le podríamos seguir.

Esta corrupción es cotidiana, es la más usual, la más vigente, la más lacerante. Incluso se podría decir que también es la más aceptada por su frecuencia. Recae principalmente en el ciudadano de menores recursos, por tanto es la que más impacta en su economía particular. Su costo en pesos es muy menor pero en términos relativos tiene mayor efecto en sus ingresos; no es lo mismo una “mordida” de 50 a 200 pesos por trámite para una familia que percibe ingresos monetarios no mayores a siete mil pesos mensuales, que para una familia que percibe más de 50 mil pesos mensuales. Según el INEGI seis de cada 10 hogares en México reciben ingresos monetarios por abajo de siete mil pesos mensuales, es decir, alrededor de 18 millones de hogares en los que habitan 66 millones de mexicanos.

Lo peor de esta vertiente es que tiene como “motivo” el acceso a un servicio que a todas luces debería ser fácil y gratuito. Si cada uno de estos hogares paga de mordida un promedio de 200 pesos por año, el costo de esta corrupción sería aproximadamente de tres mil 600 a cuatro mil millones de pesos.

La segunda vertiente de corrupción es la que se da entre los proveedores de gobierno y las oficinas del propio gobierno. Esta es la más descarada, no tan cotidiana, pero muy presente, la más desafortunada. En principio no debemos olvidar que aquí se expresa abiertamente la confabulación del interés ilícito del servidor público y un integrante del sector privado, un empresario, que a veces es el mismo servidor público quien lo promueve o impulsa. Se presenta en los tres niveles de gobierno, pero sin duda en las entidades federativas y en los municipios, dado sus bajos niveles de transparencia y apertura de procedimientos públicos, es donde más abusos se presentan.

En esta manifestación de corrupción el origen ya es perverso. El servidor público acepta de saque el cargo para robar, para extraer riqueza de los bienes y recursos públicos, no sólo traiciona sus principios y valores, que quizá nunca tuvo, viola todas las leyes y normas. Para nada recuerda que su deber es servir, no faltar.

Los involucrados diseñan o crean —por no decir se inventan— necesidades públicas, se hace permisible la mala calidad de los proyectos, de los servicios o de las obras, últimamente hasta se fingen o simulan las actividades.

En ésta hay ejemplos evidentes y emblemáticos, se aprueban proyectos o alternativas de obra pública más redituable a sus fines: las que más margen dejen a costa de las finanzas públicas. Así se observan carreteras en cuyo talud se aceptan pendientes de hasta 80 grados en terrenos blandos o arenosos y cada año en temporadas de lluvias se desgajan no sólo poniendo en peligro la vida del ciudadano, sino generando la necesidad de contratar nuevos servicios de limpieza o remoción de tierras, lo que deriva en mayores costos.

Se aprueban alternativas de obras públicas tres o cuatro veces más costosas que alternativas viables. Se licitan carreteras con especificaciones que no se cumplen o cuyo aforo vehicular no las justifica, se construyen desarrollos inmobiliarios o de vivienda de interés social para venta sin obras de mitigación de impacto ambiental o vial, sin el tratamiento de aguas negras, sin inclusión de áreas educativas, deportivas o de uso común, sin factibilidad de transporte público, movilidad o conectividad, a veces sin la suficiencia o garantía de acceso a los servicios básicos como son agua potable y drenaje adecuado.

En el gasto público y en la obra pública son comunes los sobreprecios. En primera instancia estos sobreprecios iban acordes al costo financiero de la cobranza no efectuada, es decir, se justificaban por la falta de pago oportuno del gobierno al proveedor, lo cual es cierto, incluso a veces ni les pagan. En los últimos años el sobreprecio de entre 10% y hasta 30% del valor del proyecto incluye la comisión ilícita para los corruptos. Los ejemplos son diversos: en compras de medicamentos, en infraestructura y construcción de obra pública, en los servicios de asesoría y consultoría, en concesiones de servicios públicos o en la extensión de vigencia de dichos títulos.

Y por último, la de mayor peso y la más sofisticada por lo que implica: la que se origina desde el sector privado, la que se pretende justificar en asegurar el mayor margen de utilidad y lucro empresarial, la que garantice el retorno de inversión. Ésta es la evasión fiscal. En su combate el SAT ha encargado su estudio y estimación a una institución académica. El resultado para 2013 se estimó en 3.1 puntos porcentuales del PIB, es decir, poco más de 500 mil millones de pesos anuales.

El dejar de pagar impuestos vía evasión o elusión fiscal es también una manifestación de corrupción. Alterar la contabilidad, ocultarla, hacer planeaciones fiscales agresivas, transferir utilidades en vehículos empresariales en países de baja imposición o tasas bajas ha sido una moda. Ejemplos hay muchos, una marca conocida de productos enlatados de atún y chiles en vinagre estaba en propiedad de una empresa cuyo domicilio fiscal era Suiza, donde nunca se ha vendido una sola lata de ese atún ni de esos chiles.

Empresas que producen pastas dentales, detergentes, cepillos, desodorantes, artículos de limpieza para el hogar que se venden y consumen en México, buscan no pagar sus impuestos en México argumentando que sus domicilios fiscales están en Irlanda o Suiza y es allá donde pagan sus impuestos. Pero también hay manifestaciones más simples, los médicos que prestan servicios particulares de salud, que se siguen negando a dar factura o cobrar con tarjeta de crédito, los establecimientos mercantiles que no acumulan sus ingresos o los subdeclaran, aquellos que con cinismo se dedican a comprar y vender facturas falsas, o aquellos que promueven, fomentan y hacen permisible el contrabando de mercancías de mala calidad provenientes de China. También eso es corrupción.

N: ¿Qué tanto afecta la corrupción a la recaudación de los ingresos?

AN: Es una pregunta interesante, debo reconocer que no tenemos mediciones en ese sentido que yo recuerde, pero hagamos algunas inferencias. Si la evasión es de 3.1 puntos porcentuales del PIB ahí ya hay un efecto directo de poco más de 500 mil millones de pesos; si consideramos que poco más de 15% del presupuesto federal equivalente a 700 mil millones de pesos se destinan a gasto de inversión y las entidades federativas y municipios conjuntamente pudieran estar destinando otros 200 mil millones de pesos, más otros 250 mil millones de pesos en otras compras como medicamentos para el servicio de salud, víveres, despensas y servicios diversos a nivel nacional, pues estamos hablando de casi un billón 200 mil millones de pesos anuales, que pudieran tener asociada una corrupción por sobreprecio del 10%, esos recursos en la economía pudieran repercutir en una recaudación adicional de cuando menos 40 mil millones de pesos anuales.

N: ¿Es el SAT una institución que combate la corrupción?

AN: No es su misión, pero tampoco es ajena para hacerlo. Déjame precisar, las atribuciones y facultades establecen claramente su objetivo, el de recaudar impuestos, el de obtener los recursos públicos que permitan a los gobiernos cumplir su tarea de dar servicio y atender las demandas de la sociedad.

Con motivo de ello es que cuenta con mucha información que de manera indirecta puede ser utilizada para combatir la corrupción. Es muy interesante ver cómo la consonancia de las leyes permiten al SAT participar en esta tarea; por una parte el Código Penal Federal, no recuerdo el artículo, pero en el capítulo de ejercicio indebido del servicio público prevé y no sólo para los funcionarios del SAT, sino para cualquier servidor público la obligación de informar por escrito sobre cualquier acto o conducta que pudiera afectar el patrimonio o recursos de la administración pública, incluso lo obliga a evitar dicho acto o conducta si estuviera dentro de sus facultades. De no hacerlo se configuraría una sanción al servidor público por omisión. En esta dinámica las instancias investigadoras de actos de corrupción estarían recibiendo mucha información para combatirla.

También el Código Fiscal de la Federación tiene un artículo muy interesante, el 72, que indica que todo servidor público que conozca de cualquier acto o hecho que pudiera entrañar un incumplimiento o una infracción en materia fiscal debe hacerlo saber a la autoridad fiscal competente, es decir, al SAT.

En esta institución hay más de 36 mil empleados que estamos convencidos de esta tarea, sin dejar de reconocer que no estamos exentos de actos de corrupción. De hecho, la medimos trimestralmente y adicionalmente estamos pendientes de los resultados que registra el INEGI sobre la percepción ciudadana de corrupción en el SAT, donde por cierto el indicador es muy favorable.

Además, en los últimos dos años muchos ciudadanos con valor civil han hecho ante el SAT denuncias anónimas no sólo de evasión fiscal, sino de actos o hechos que se presumen ilícitos o de corrupción.

N: ¿En tu opinión el SAT debe formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción?

AN: Sin lugar a dudas, aun cuando hoy formalmente no es referido como parte sustancial del Sistema Nacional Anticorrupción, de hecho lo es. En mi opinión cada dependencia pública del orden de gobierno de que se trate, cada instancia incluyendo los poderes Legislativo y Judicial deben combatir la corrupción.

N: ¿Cómo pueden los diputados y senadores participar en esta tarea?

AN: Perfeccionando las leyes, promoviendo con ello la transparencia y la máxima publicidad en el marco de las leyes secundarias, tenemos leyes tan viejas que incluso detienen el avance tecnológico e impiden cambiar los paradigmas obsoletos.

Ahí el sector académico, los investigadores, las organizaciones no gubernamentales pueden ayudar mucho. Los legisladores no son expertos en todo, muchos de ellos ni siquiera han tenido experiencia en cargos administrativos donde se vive el día a día en el servicio público.

Por ejemplo, nos urge el número único de identidad, llámese cédula única de identidad nacional o como se llame. Urge tenerla para evitar abusos, duplicidad en subsidios y apoyos de programas federales, evitar robos de identidad, construir prueba de vida de cada ciudadano.

Y resulta que hay varias dependencias que tenemos avances pero no podemos compartirlos o lograr conectividad por la rigidez de las leyes, mismas que establecen el uso exclusivo de la información para la dependencia que lo posee, afectando el interés primordial para el ciudadano que es el servicio público y además encareciéndolo.

El SAT tiene poco mas de siete millones de ciudadanos en una base de datos con información biométrica; el INE tiene más de 40 millones de registros en esa condición; Bansefi tiene poco más de cuatro millones, y no hemos podido compartirla, por falta de disposición legal y política, ahí hay algo que hacer.

N: ¿A qué te refieres con construir prueba de vida de cada ciudadano?

AN: En nuestro país el acta de nacimiento sigue siendo la prueba de existencia de un ciudadano. Pero ésta sigue emitiéndose con base en un sistema obsoleto y arcaico, en oficinas registrales, en archivos no electrónicos o digitales, donde también hay corrupción, de esa cotidiana que hemos hablado.

En otros países el acta de nacimiento es un documento digital que dejó desde hace décadas de ser un requisito en papel para un trámite. Basta consultar la base de datos del registro poblacional y con ello se acredita la prueba de existencia, y aquí nos hemos tardado en aprovechar la CURP. La CURP ya es una forma que permite sustituir al acta de nacimiento.

El Registro Nacional de Población tiene más de 80 millones de ciudadanos con CURP validada, que podrían —si usamos la tecnología— eliminar el requisito de acta de nacimiento. En el SAT para dar de alta a un ciudadano en el Registro Federal de Contribuyentes, que no es un trámite menor, ya no pedimos acta de nacimiento, con la CURP es suficiente y si no la tienes te ayudamos a obtenerla y así poder cumplimentar tu tramite.

Una vez utilizando la CURP o el número de identidad nacional, los sistemas adaptados empiezan a registrar todos los actos, trámites o etapas de vida del ciudadano, y eso acredita prueba de vida. Entonces sabremos que desde niño Pedro Pérez o Juan Pérez ha recibido las dosis o ampolletas del servicio de salud, que se encuentra afiliado a una institución de seguridad social como el ISSSTE o IMSS, en cuál primaria, secundaria o preparatoria estudió, a qué edad obtuvo su licencia de conducir, si cuenta o no con pasaporte. Pero también podemos saber si está recibiendo doble subsidio, doble apoyo de un programa social, o está gozando de servicios médicos de tres instituciones de seguridad social, pues resulta que tiene acceso al IMSS, que también está en el ISSSTE  y además acude al Seguro Popular.

Hoy en día todas esas pruebas de vida existen, pero en papel, en archivos sin lazos comunicantes, sin sistemas interoperables, y eso es ineficiencia que también es un factor de corrupción.

N: ¿Cómo pueden los ciudadanos, la sociedad civil, aportar al Sistema Nacional Anticorrupción?

AN: Aunque no parezca, resulta que pueden aportar mucho. Primero denunciando los actos y para ello el Estado mexicano tiene que ofrecer toda la garantía de actuación ante la denuncia y de seguridad para el denunciante, y eso ha venido sucediendo en el SAT. Cada día recibimos más denuncias de actos de corrupción o evasión, que en muchos casos, si no es que en todos, están estrechamente ligadas.

Segundo, impulsando el uso de la tecnología y la transparencia, dos herramientas fundamentales para combatir la corrupción.

El uso de la tecnología puede aligerar mucho la burocracia administrativa que hoy existe, los sistemas no son tan discrecionales como el servicio tradicional. Son más auditables, dejan constancia de usuario, de tiempo, de calidad y de pago, sin despersonalizar el servicio se neutraliza el contacto físico con un servidor público. Elimina en gran medida las áreas proclives de corrupción.

Los ciudadanos pueden participar con mayor profundidad en la evaluación de los proveedores de gobierno, pueden convertirse en verdaderos escrutadores de la calidad de los servicios y denunciar ausencias. Así como cuentan con la responsabilidad solidaria ciudadana para contribuir pagando impuestos, deben ejercer la responsabilidad ciudadana de exigir y vigilar que los gasten correctamente. Todo aquel proveedor de gobierno, en el nivel que sea, debe no sólo estar inscrito en un padrón de proveedores, sino hacer públicos los nombres de sus socios y accionistas (salvo que se trate de empresas que coticen en bolsa), la antigüedad de su constitución, los estados financieros de los últimos años y el pago de sus impuestos. Esta es la forma real de medir su capacidad empresarial y su calidad de proveedor.

N: ¿Debe el SAT ser un organismo autónomo?

AN: No lo creo, debemos reconocer que dotar de autonomía constitucional a un organismo realmente no los ha hecho autónomos. Creo que hace falta consolidar el servicio de carrera y hacer más transparente su quehacer. Eso sí puede llegar a dotar de mayor fuerza a la institución.

La fortaleza de las instituciones también la dota el ciudadano. Con un marco jurídico moderno el ciudadano empodera a la institución. En una sociedad exigente como la de hoy los gobiernos podrán ser eficientes y fuertes si descansan en la labor de las instituciones y no en la fuerza o autoridad de sus gobernantes.

 

Entrevista realizada el 26 de agosto de 2016 cuando Aristóteles Núñez aún era jefe del Servicio de Administración Tributaria.