Chiapas es un caldo en donde hierven diversos conflictos sociales. Algunos estallan con fuerza y logran visibilidad nacional, como el asesinato del presidente municipal de Chamula, pero la mayoría apenas alcanza las páginas de los periódicos locales o las redes sociales.

Esta entidad, la séptima más poblada del país con cinco millones 217 mil habitantes, vive diversos conflictos sociales que se reflejan en tomas de dependencias gubernamentales, bloqueos carreteros y enfrentamientos con saldos rojos.

La descomposición social que se vive en Chiapas no tiene una sola causa. Saltan como como rompecabezas un sinnúmero de factores que han llevado al estado a una situación difícil, casi de ingobernabilidad, en donde la élite en el poder, sin ser la única, carga con la mayor responsabilidad.

conflicto

“Subasta piramidal”

El EZLN obligó voltear la mirada a Chiapas, a su pobreza, a su analfabetismo, a sus contrastes y a su diversidad, con un 27% de su población de habla indígena. La principal estrategia del gobierno para solucionar las causas del conflicto armado fue aumentar el presupuesto en programas sociales.

De cuatro mil millones de pesos en 1993, el presupuesto para Chiapas se incrementó en cuatro años a 16 mil millones, y ahora alcanza los 80 mil millones de pesos.

Las comunidades zapatistas, en aquella abundancia de dinero que empezó a fluir, no resultaron beneficiadas, pero sí las élites políticas. Es más, en las comunidades se agravaron los conflictos por la preeminencia de solucionar todo mediante la entrega de dinero.

Comenzó a instalarse una “cultura de subasta piramidal” que al pasar de los años, en lugar de debilitarse, se ha fortalecido. En la cúspide, el político se agencia del presupuesto y subasta sus decisiones. Lo mismo ocurre con los habitantes que se apropian de carreteras, fincas, bancos de arena, rutas de transporte, y lo subastan, como subastan su voto el día de las elecciones.

El presupuesto en los últimos 20 años para Chiapas —mayor que el otorgado al Plan Marshall para rescatar a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, según el economista Jorge López Arévalo— en lugar de alentar el desarrollo ha servido en gran parte para controlar grupos, organizaciones y comunidades, muchas de las cuales son utilizadas como grupos de choque.

Ejercer el encargo de presidente municipal implica manejar un presupuesto alto, pero también desempeñarse como comisariado o agente municipal. Chamula, dentro del Fondo de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), manejará este año 226 millones 223 mil pesos, lo que ubica a este municipio como uno de los siete a nivel nacional con mayor presupuesto en este rubro, superado únicamente por Ocosingo (740 millones), Chilón (512 millones), Acapulco (507 millones) Las Margaritas (372 millones), Tila (340 millones) y Chilapa de Álvarez (233 millones).

Estas cifras solo corresponden al FAISM, pero un municipio puede acceder a casi cien programas de apoyos económicos, lo que convierte a las alcaldías —en especial las pertenecientes a municipios indígenas— en centros de disputa por el manejo de presupuestos abundantes.

De acuerdo a la relatoría presentada ante el Tribunal Federal Electoral (TEPJF) por la presidenta municipal de Chenalhó (con 146 millones de presupuesto en el FAISM), Rosa Pérez Pérez —obligada a renunciar después de que el 25 de mayo de este año, fueron secuestrados el líder del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, y el diputado Carlos Penagos—, en su destitución no había motivos ideológicos sino económicos: “El tema que detonó el conflicto, fue la exigencia del síndico municipal y un grupo del poder afín, por otorgarle el 50 por ciento de los recursos federales, para la realización de obra pública, así como un sueldo mensual de 180 mil pesos”.

Élite política corrupta

En 2006, con Juan Sabines Guerrero llegó al gobierno estatal una clase política joven, depredadora del erario y frívola. Sabines fue de los primeros gobernadores en entender que ejercía un mandato sin contrapesos. Es más, encontró en Felipe Calderón a un aliado porque fue el primer gobernador del PRD que reconoció el triunfo del panista. Para evitar los conflictos internos el entonces gobernador inició una estrategia de comprar o reprimir a dirigentes sociales.

La deuda estatal, que en 2006 era de 800 millones y que correspondían a su gestión como alcalde en Tuxtla Gutiérrez, creció en seis años a 16 mil 412 millones, según la Secretaría de Hacienda, aunque de acuerdo con el exdiputado Neftalí del Toro fue realmente de 42 mil 200 millones de pesos, si se toman en cuenta pasivos, bursatilización y adeudo a proveedores. Pese a endeudar a Chiapas y depredar el erario —lo que llevó a decir al exgobernador Pablo Salazar que Andrés Granier, acusado por malversación de dos mil millones de pesos, era un párvulo al lado de Sabines—, la secretaría de Relaciones Exteriores lo nombró cónsul en Orlando, Florida.

La nueva clase política que arribó en el 2012, con apenas algunas salvedades, continuó con la estrategia depredadora del erario y la práctica de entregar recursos económicos para solucionar conflictos sociales.

En Chamula, de acuerdo a diferentes testimonios, los problemas para el presidente municipal iniciaron cuando no logró reunir 900 millones de pesos para entregar a las diferentes comunidades y en especial a quienes habían protestado por su triunfo en la elección de julio de 2015. Días antes de su muerte recibió 50 millones de pesos de Hacienda del estado, pero fueron insuficientes para calmar los ánimos violentos de los inconformes.

Chiapas es, junto a Oaxaca y Tlaxcala, de los tres estados que menos impuestos estatales recauda, con aproximadamente 1.5% de sus gastos totales, según el IMCO. Se calcula que capta dos mil millones de pesos anuales, de un presupuesto aprobado para este año de 72 mil 107 millones de pesos, aunque con las aportaciones extraordinarias alcanza los 80 mil millones de pesos, lo que la ubica como la quinta entidad con mayor presupuesto, después de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Puebla.

De acuerdo al Organismo Internacional de Cooperación y Desarrollo (Oxfam México), Chiapas es el estado que más recursos ha recibido en los últimos 20 años para combatir la pobreza, pero ésta en lugar de disminuir ha crecido, al abarcar actualmente al 76.2% de la población. Además, según el director ejecutivo de este organismo, Ricardo Fuentes Nieva, la entidad “ha experimentado un lento crecimiento por más de un siglo, profundizado en los últimos 35 años, lo que ha establecido un mercado de trabajo débil y desestructurado; presenta la tasa de trabajo asalariado más baja a nivel nacional y una de las más altas tasas de informalidad, que al segundo trimestre de 2015 alcanzó el 80%”.

Voracidad del Verde

Chiapas aportó el el 25% total de los votos del PVEM a nivel nacional, pero también una suma de conflictos postelectorales que tuvieron como escenario de protesta varios municipios indígenas y las principales ciudades de Chiapas, como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula.

El crecimiento del Verde, además, fue a costa de prácticas que no tenían nada que ver con la legalidad electoral. De las 80 alcaldías ganadas por el PVEM, solo o en alianza, de un total de 122, hubo conflicto en el 80%. Las acusaciones fueron las mismas: compra de votos, alteración de actas, coacción de votantes, duplicación de boletas y conteos inconclusos.

Para registrar este crecimiento en las alcaldías y diputaciones locales (las cuales ganó todas las de mayoría), el Verde tuvo como aliado, aparte de los programas sociales de gobierno, a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCCH). La muestra más evidente y bochornosa fue la alteración del padrón de votantes para el diputado migrante, por demás una figura única en la República mexicana. Votantes chiapanecos que no habían viajado al extranjero de pronto aparecieron sufragando en Sierra Leona, Angola o Vietnam. Tampoco los consejeros velaron por la paridad de género y ante la resolución del TEPJF que mandató el cambio de candidatos, las mujeres tuvieron apenas 24 horas para hacer campaña.

Por estas razones, los siete consejeros y consejeras fueron destituidos de su encargo por el Tribunal Federal Electoral.

Aunque las diversas instancias avalaron las elecciones a favor del Verde, se abrieron heridas profundas en diversos municipios. En algunos, en especial, los conformados por habitantes indígenas, no se aceptaron los resolutivos del TEPJF. Surgieron conflictos poselectorales en Oxchuc, Chenalhó, Chamula, Chilón, Chanal, Tila, Amatenango del Valle e Ixtapa. Para acallar las protestas, el gobierno del estado puso en práctica otra vez la entrega de recursos económicos a los inconformes, bajo la figura de apoyo a artesanas o a comisiones de pacificación.

Con esa estrategia ha buscado subsanar el error de no reconocer los usos y costumbres para elegir presidentes municipales en las comunidades indígenas. En Chamula, todos los presidentes municipales habían emergido del PNR y del PRI. En esta ocasión decidieron que Domingo López González, quien ya había sido presidente por el PRI, contendiera por el Verde. En Chamula, ningún “pasado presidente” había repetido en el cargo y el puesto se otorgaba de forma consecutiva a los tres barrios principales.

El mismo juego prestidigitador pusieron en práctica en Oxchuc, en donde María Gloria Sánchez, quien ya había sido presidenta por el PRI en el 2004 (la primera, en una comunidad indígena de Chiapas), cambió sus colores partidistas por el Verde y sustituyó en 2015 nada menos que a su esposo Norberto López Sántiz.

Para el actual presidente del IEPCCH, Oswaldo Chacón Rojas, los pueblos indígenas no están formados en la tradición democrática de la cultura occidental y en ellos no cuadra la lógica de los partidos políticos: “lo suyo es procesar sus disputas de poder a través de los usos y costumbres”.

Al verse alterada esta tradición que el PRI había respetado con relativo éxito, detonaron los conflictos poselectorales en varios municipios indígenas de Chiapas, entre ellos Chamula.

Ingobernabilidad

El gobierno de Manuel Velasco se ha visto rebasado por los problemas heredados y los generados por su administración. El aura de corrupción e ineficacia de su gabinete le resta autoridad para hacer respetar la ley. Si un grupo se propone bloquear un camino, una carretera, incluso una autopista, no hay nadie quien lo impida.

El Estado de derecho es muy débil. Llevar a Chiapas hasta donde está cuesta trabajo, pero el gobernador se las ingeniado para dedicarle más tiempo a las revistas y a las campañas mediáticas que a reuniones ejecutivas con su gabinete. Un exsecretario dice, a condición de no citarlo, que en los tres años que colaboró con Manuel Velasco solo tuvo tres reuniones. Una por año.

El gobernador no se ha propuesto ser un hombre de Estado que contribuya a la consolidación de las instituciones, sino un estratega electoral que al fortalecer al Verde Ecologista, a Mover a Chiapas y a Chiapas Unido, ha avivado los conflictos sociales.

Chiapas es ahora una entidad con poca gobernabilidad que atraviesa además por una situación económica delicada, con un sistema débil de partidos y fuertes grupos de poder local.

Si no se generan contrapesos, si no se cambia, y con urgencia, ese sistema piramidal de rentabilizar todo, Chiapas seguirá siendo una olla de conflictos sociales.

El problema es que la clase política actual, joven pero avejentada prematuramente, parece no tener conciencia del camino al abismo a donde se encamina, ni tampoco las autoridades federales —que cargan con su propio descrédito— hacen algo para impedirlo.

En el 2018, cuando se renueve el gobierno, no sabemos el tipo de clase política que vendrá, porque cuando creíamos que se había llegado a la máxima expresión de ineficacia y corrupción, con Juan Sabines, se ha empoderado otra clase política que en nada envidia a la pasada, y que en lugar de innovar, recoge las mismas prácticas del pasado, basadas en la “cultura de la subasta piramidal”, cuyos resultados vemos hoy en el estado más pobre del país.

 

Sarelly Martínez Mendoza
Profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y columnista del portal informativo Chiapas Paralelo.
Twitter: @sarellymm.

 

9 comentarios en “Chiapas: territorio Verde, territorio de conflictos

  1. La *CORRUPCION* VERDE en Chiapas y la Mampada es lo unico sobresaliente del reflejo de la incapacidad,voracidad de los 3 niveles de Gobierno; ante el TERROR,ABANDONO que se Vive en la zona Costa… me voy huyendo con mi Familia a EEUU;la “prueba de corrupcion” a su Maxima Expreción es el PREMIO a Sabines Consul, Chiapas y Mexico es un Estado Fallido-soy Priísta pero la opción menos mala … es que Andres Manuel Lopez Obrador seá Presidente pero le pasaría lo de Colosio ó los 2 Secretarios de Gobernacion del Borracho de Felipillo Calderon … los Gringos ya se quedaron otra ves con México!

  2. Después del Sabines,wero… pretenden imponer al Empleado de TV Azteca, Luis Melgar Bravo… usurpan en la Ciudad de Tapachula,Chiapas Zona Costa… sus 2 hermanos(incapaces para desempeñar esos cargos), las unicas 2 Delegaciones Federales en la Costa, el Jr. YAMIL MELGAR BRAVO flamante Delegado del IMSS, su otro hermano de nombre Antonio Melgar Bravo Delegado de INFONAVIT … por Favor YA BASTA! ,, con VOTOS NO GANAN,

  3. Las estrategias para ir disminuyendo gradualmente la pobreza es lo que ha fallado. Se utiliza gran cantidad de recursos para este fin, pero sin logística alguna. En el gobierno tanto federal como de muchos estados existe una gran ineptitud. Pueden asignarse grandes cantidades de dinero, pero si éstas no son canalizadas con rectitud y honestidad sobre todo, y no son enfocadas adecuadamente a los núcleos marginados de pobreza y en pobreza extrema, de poco servirán. Y cuando estos recursos son malversados para enriquecimiento personal, o cuando se asignan para compra de votos entre otras distorsiones, menos se avanzará en ir sacando del subdesarrollo a estas comunidades de atraso y marginación atávica. Y desde luego que la solución para erradicar pobreza, no es entregándoles dádivas a las personas; lo que contribuye a mejorar su status de vida, es a través de eficientar bienes y servicios comunales, como los de salud, agua, drenaje, vivienda, educación, seguridad etc.; y promocionando sus productos artesanales en todo el país y en el extranjero; fomentando el turismo ecológico y de aventura que les genere a sus regiones ingresos propios; apoyando a la agricultura cíclica y de temporal, la cría de ganado bovino, porcino, avícola, apícola, etc. y otras labores propias de cada región.

  4. Muy cierto. La historia marca el paso del presente, cuando se logra alcanzar los espacios de mando en los niveles que sean por maniobras políticas utilizando la actitud enfermiza de valerse de las necesidades y carencias del pueblos, se obtiene gobernar sin el respaldo del mismo pueblo y por consiguiente se obtiene el aborrecimiento del mismo. Es raro un políticos de conciencia, abundan los políticos trinqueterosy sin respaldo de bases.

  5. Muy buena nota. Pregunto no hay quien le diga al gober de sus tonterías . De algún proyecto para generar empleo . En Chiapas estamos mal. No se dará cuenta . Vive en otro mundo

  6. Estimado Sarelly: Sin duda has descrito una realidad compleja y dolorosa de Chiapas y desnudado la voracidad y corrupción de la clase política que la ha gobernado en los últimos sexenios. Ojalá la clase política chiapaneca tenga un mínimo de inteligencia y lea tu artículo, aunque se que es como pedir que por magia divina desaparezca la pobreza y marginación en Chiapas.