A Samael Hernández Ruiz

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se encuentran de nueva cuenta movilizados en la capital del país y en diferentes estados de la República. Al frente está su columna mejor organizada y más activa: el magisterio oaxaqueño integrante de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). En el marco de este nuevo ciclo de protestas en contra de la reforma educativa, el pasado 19 de junio tuvo lugar en Nochixtlán un enfrentamiento entre maestros, pobladores e integrantes de diferentes organizaciones populares, por un lado, y la Policía Federal, por el otro. El objetivo de esta última era acabar con el bloqueo carretero en este punto de la autopista que comunica a Oaxaca con la Ciudad de México. La violenta batalla campal, que duró alrededor de siete horas, terminó con la muerte de al menos nueve personas, dejó a más de una centena de heridos y varias decenas de aprehendidos y la destrucción de diversos bienes muebles e inmuebles.

Al observar los actuales escenarios nacional y oaxaqueño, el espectador no sólo tiene una sensación de déjà vu, sino también la robusta impresión de presenciar un pasado recurrente que no termina de concluir. La actual crisis puede entenderse mejor si miramos las complejas historias de la formación del sistema educativo nacional y la Sección 22, por un lado, y vemos cómo se entretejieron con la del sistema de dominación oaxaqueño y la de las transformaciones del sistema político nacional, por el otro.

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Ilustraciones: Patricio Betteo

Una historia educativa

La institucionalización de la Revolución de 1910 a partir de la segunda mitad de la década de los veinte del siglo pasado significó la instauración de un régimen político nacional-popular. El Estado definió y dirigió un proyecto nacional de desarrollo económico y de integración social sustentado en la organización corporativa de determinados grupos de la sociedad. Este modelo suponía que cada sector social, como el obrero, el campesino o el empresarial, subordinaría sus intereses particulares al proyecto nacional, de tal suerte que fuese el Estado rector el que redistribuiría los beneficios del progreso económico industrial y agrario entre la población corporativamente organizada. La idea básica de este “pacto de dominación” consistió en que la sociedad otorgara lealtad política al régimen a cambio de la promoción tutelada de sus intereses y la redistribución de los beneficios del desarrollo económico nacional, al menos de acuerdo con el discurso oficialista, bajo criterios de justicia social. El Estado mexicano se perfiló entonces como un Estado fuerte gracias a su autonomía relativa frente a los diferentes actores y grupos de la sociedad, a los que podía imponer sus decisiones políticas. Esta autonomía encontraba sus fuentes de legitimidad y apoyo popular en el nacionalismo revolucionario y en su capacidad de integrar e identificar a la mayoría de la población con el proyecto estatal. El oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) resultó el instrumento eficaz de organización y control de la sociedad para lograr la centralización del poder político en el Ejecutivo federal, el cual consiguió imponerse legal y metaconstitucionalmente tanto sobre los poderes Legislativo y Judicial, como también sobre los estados y los municipios.1

La educación pública y los maestros no fueron ajenos a esta lógica estatal hegemónica. En efecto, en el momento en que la educación pública fue consagrada como un derecho constitucional (artículo 3), la educación y la política quedaron entrelazadas. De tal suerte, el Estado posrevolucionario se arrogó la ordenación y regulación exclusiva del sistema de educación básica, secundaria y normal del país (1934), por lo que se vio obligado a organizar y proveer este servicio al conjunto de la población del país. Para este fin requirió construir una burocracia (Secretaría de Educación Pública, SEP) y formar un cuerpo de especialistas (los maestros). Así, el sistema educativo continuó su proceso expansivo de centralización iniciado en el porfiriato, mientras que, en concordancia con el marco jurídico correspondiente vigente a partir de 1938, casi la totalidad del magisterio fue encuadrada compulsivamente, en 1943, en el SNTE.

La asunción de la conducción de la educación pública básica por parte del gobierno federal se manifestó en una mayor cobertura a lo largo del país. En consecuencia, aumentaron el presupuesto, el número de maestros y la burocracia dedicada a administrar este servicio. Sin embargo, justo a mitad de siglo, los efectos negativos de la centralización educativa se hicieron más patentes y amenazaban por hacer ingobernable e ineficiente al sistema en su conjunto. En este contexto, se idearon y, en ocasiones, se ensayaron un conjunto de proyectos de desconcentración y descentralización de la SEP de diferentes signo y calado (por ejemplo, en 1958 y 1969-1970). Ninguno de ellos logró su propósito fundamental debido, entre otros factores, a la oposición del SNTE.2

Los problemas estructurales no sólo permanecieron sino que, además, se agudizaron con el acelerado crecimiento demográfico y el consecuente aumento de la matrícula escolar. Durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982) se estableció una nueva política de desconcentración que, mediante el establecimiento de delegaciones de la SEP en cada estado de la República, buscaba racionalizar algunos aspectos del servicio educativo y, a la vez, redefinir la “línea vertical de autoridad” en el sistema educativo. Con esta meta se colocaron en estas oficinas desconcentradas a delegados responsables únicamente frente al secretario de la SEP. No sin parte de razón los tecnócratas de la Subsecretaría de Planeación de la SEP consideraban que el patrimonialismo y clientelismo del SNTE distorsionaban el funcionamiento eficaz del sistema educativo, provocando su crecimiento descontrolado en beneficio de los miembros del CEN del sindicato.3

Esta política buscaba eliminar “aviadores”, dobles y hasta triples plazas. Además, amenazaba el control del SNTE para designar quién ocuparía las plazas de maestro, director, supervisor y otras posiciones administrativas en la Secretaría. En tanto que la docencia es una profesión que permite a los maestros ganarse la vida e, inclusive, ascender socialmente gracias a un empleo estable, existía entonces (como ahora también) una coacción estructural que predisponía a los docentes a aceptar, en mayor o menor medida, los mecanismos de evaluación, cambio y promoción de la SEP y el SNTE. Estos mecanismos eran, a la vez, instrumentos de control y disciplina laboral en manos de supervisores y directores que manipulaban las carreras profesionales de los maestros. Lo anterior era producto de la lógica corporativa y de dominación del régimen político. La exclusividad contractual del SNTE para representar a todos los trabajadores de la educación y distribuir a discreción un conjunto de beneficios económicos, profesionales y sociales por el hecho de ser el intermediario entre éstos y el Estado, le permitía ejercer una supervisión férrea de los maestros y sus demandas laborales. Todo esto se traducía a la vez en lealtad electoral hacia el PRI y estabilidad del régimen autoritario. Por su rendimiento político los líderes del SNTE obtenían además posiciones en el sistema político: desde diputaciones locales y federales hasta gobiernos estatales. En fin, la desconcentración administrativa afectaba la base del poder del SNTE sobre los maestros, por lo que la alianza entre el sindicato y la alta burocracia de la SEP fue cuestionada.

A causa de diversos problemas administrativos originados por la misma política modernizadora, a finales de 1979 la SEP fue incapaz de pagar a los maestros sus salarios por varios meses. Esta situación fue aprovechada tanto por la dirigencia del SNTE —que, con el objetivo de recuperar sus posiciones perdidas con la desconcentración, denunció la incapacidad de los tecnócratas para conducir el sistema educativo—, como también por los maestros de base —que descalificaron a sus dirigentes sindicales por no representar sus intereses—. Así, los docentes se valieron del hecho de que los cambios administrativos minaban el poder, la autoridad y el control de recursos e información de los agentes del SNTE a favor de los nuevos mandos tecnócratas, para desafiar a líderes sindicales corruptos e ineficientes.

Con base en experiencias anteriores de lucha magisterial —como las de la educación socialista de la década de los treinta, la de la Sección 9 del DF, en 1956, o la de la 8 de Chihuahua, en 1977, e incluso también de las experiencias del movimiento estudiantil del 68 y la de la formación de coordinadoras populares en los setenta—, en relativamente poco tiempo los maestros disidentes lograron organizarse —en un espíritu de democracia directa radical combinada con elementos de democracia representativa— en un movimiento impulsado y dirigido por las mismas bases que, junto a las demandas de mejores condiciones salariales, exigía, sobre todo, libertad y democracia sindical. En este contexto surgió la CNTE.4

La movilización de los maestros democráticos tuvo como efecto, no obstante, que los tecnócratas de la SEP y los dirigentes del SNTE dejaran de lado, por un tiempo, sus diferencias y se aliaran de nuevo para enfrentar una amenaza común. En consecuencia, los criterios tecnocráticos de racionalización administrativa y asignación de plazas fueron aplicados de manera menos rigurosa con el fin de negociar con la dirigencia del SNTE la distribución de posiciones, plazas, cambios, promociones y toda suerte de recursos a cambio de estabilidad en el sistema educativo. El proyecto de la desconcentración se develó, a juzgar desde la pura lógica racionalizadora, como un auténtico fracaso. Asimismo, el SNTE perdió control sobre diferentes secciones que, si bien no abandonaron el sindicato, sí se convirtieron en una oposición organizada e independiente que, en principio, amenazaba su hegemonía.

En el caso concreto de Oaxaca, en mayo de 1980 los maestros inconformes con el retraso del pago de los sueldos empezaron a organizarse por su cuenta y a manifestarse, tanto en el estado como en la capital del país. Para ello contaron con un importante apoyo moral de padres de familia y grupos civiles. Después de presiones, diálogos y negociaciones con autoridades estatales y federales, a mediados de junio los disidentes lograron la respuesta integral a su pliego petitorio. En otras palabras, consiguieron el pago de salarios atrasados, aumentos salariales, diversas prestaciones sociales, pero, sobre todo, expulsar de su sección sindical a los representantes de Vanguardia Revolucionaria, el entonces grupo dominante del SNTE. Por supuesto, el SNTE hizo todo lo posible por reasumir el mando sobre los maestros rebeldes, pero éstos pudieron preservar su autonomía seccional durante la siguiente década, a pesar del desgaste que significaba una movilización continua para hacer valer sus derechos laborales y sindicales, una y otra vez negados.5

A partir de entonces y hasta la fecha los dirigentes y representantes sindicales en todos los niveles de la Sección 22 han sido fiscalizados por los agremiados gracias a una amplia y activa participación de las bases magisteriales y a la introducción de diferentes mecanismos como las coordinadoras, las asambleas estatales, los precongresos, los principios rectores y el fomento de diferentes corrientes político-sindicales que, en su conjunto, sirven como un sistema de pesos y contrapesos. Todo lo anterior ha evitado el predominio autoritario de algún grupo sindical sobre el resto de los miembros de la sección. Aquí se encuentra la fortaleza y unidad de lo que se autodenominó Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO).6

La historia del magisterio oaxaqueño hubiera sido distinta si no se hubieran conjugado diferentes factores, entre los que destacan el arribo de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, la defenestración de Carlos Jonguitud Barrios del SNTE y la colocación de Elba Esther Gordillo en su lugar. En esta constelación el nuevo Ejecutivo federal buscó relanzar la política de desconcentración educativa para solucionar los graves problemas del sistema de educación pública básica del país.7 El proceso nacional de “federalización educativa” de 1992 —concretada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB)—, ocasionó que el MDTEO se convirtiera, a la larga, en el actor local dominante en este ámbito. Gracias a este acuerdo los gobiernos estatales asumieron la responsabilidad de la conducción y operación del sistema de educación básica y normal en sus entidades respectivas. Para ello crearon sus respectivos organismos locales descentralizados, que se ocuparon del personal docente, el mantenimiento y funcionamiento de los inmuebles escolares y de todas las funciones transferidas por la federación. En Oaxaca este organismo se denominó Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Consciente de que la modernización educativa no sería viable sin contar con el consenso de los maestros democráticos, el gobierno de Heladio Ramírez López (1986-1992) negoció la aceptación del acuerdo descentralizador con la dirigencia de la Sección 22. Sin embargo, el pacto entre las partes se pensó menos en términos administrativos y más en una lógica política para otorgar legitimidad y funcionalidad al IEEPO.8 De este modo la “coparticipación” de la 22 en la burocracia educativa supuso, en los hechos, la concesión —inclusive reglamentada— de posiciones de operación, poder, decisión y veto en el sistema educativo oaxaqueño. Con ello inició el proceso de colonización sindical del instituto.

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No se puede destacar de manera suficiente este hecho. Casi 10 años antes el MDTEO se hallaba en una posición defensiva, sin reconocimiento legal de sus representantes, resistiendo todas las intentonas del SNTE por desarticularlo y soportando todas las chicanas administrativas de la SEP para poner en orden a los maestros opositores. Una década más tarde los disidentes oaxaqueños lograron penetrar el terreno estatal más inmediatamente vinculado a sus actividades laborales. Esto dio lugar a un efecto paradójico que explica mucho de los conflictos políticos, sindicales y educativos locales y nacionales de los últimos 10 años. Por un lado, tuvo lugar un acoplamiento estructural creciente entre la 22 y el IEEPO que permitió al sindicato, en la modalidad de “cogobierno”, ensanchar su influencia en todo lo concerniente a la política educativa local. Sin embargo, con la asunción de una mayor responsabilidad en la gestión del sistema educativo oaxaqueño los márgenes de maniobra y opciones de decisión de la 22 se estrecharon más allá de lo deseable desde la perspectiva del MDTEO, es decir, de las bases magisteriales. A la larga esto derivó primero en una mayor diferenciación y, después, un distanciamiento creciente entre la Sección 22 y el MDTEO.9

De este modo, mientras que la lógica de supervisión, participación y decisión del MDTEO se introdujo en el diseño institucional del IEEPO, la lógica del sistema educativo también penetró la vida sindical en forma de prácticas neocorporativas, clientelares, patrimonialistas y de distribución discrecional de recursos y privilegios. La competición de las corrientes políticas sindicales por conducir ideológica y políticamente al MDTEO se fue orientando, cada vez más, hacia una lucha por hacerse de puestos sindicales y en el IEEPO con el fin de apropiarse de recursos y aumentar su influencia en el magisterio y entre diversas organizaciones populares de masas. Con ello no sólo se generaron problemas de coordinación administrativa al interior del IEEPO y entre éste y la Sección 22 sino, además, se fortalecieron las corrientes y la burocracia sindicales a costa de las bases magisteriales.

Los órganos extraestatutarios del MDTEO creados para regular y vigilar el comportamiento de los dirigentes y representantes sindicales y evitar el autoritarismo y la corrupción fueron parcialmente refuncionalizados con el acoplamiento entre la 22 y el IEEPO, como aparatos de control político-administrativo sobre las bases magisteriales y los grupos disidentes y opositores en el sindicato. Ante el cansancio de las bases por los continuos paros laborales y las “jornadas de lucha”, sus resultados a veces desfavorables y su desconfianza creciente hacia su dirigencia por diferentes casos de corrupción —en especial a partir de mediados de los años noventa y hasta hoy día—, el espíritu original de estos órganos ha sido sustituido por mecanismos que combinan controles e incentivos de promoción laboral para asegurar la participación, aunque sea compulsiva en parte, en las movilizaciones magisteriales.

Parecería que los maestros oaxaqueños empezaron a retornar, de manera subrepticia, a un pasado que creían superado. Sería erróneo pensar, no obstante, que se trataba de la reedición de la historia de Vanguardia Revolucionaria con ropaje democrático. La diferencia fundamental entre una y otra situación se encuentra en que, justamente gracias al sistema de pesos y contrapesos con que el MDTEO dotó a la Sección 22, en el sindicato no se ha conformado una elite dominante que hegemonice la vida sindical. La misma competición entre las corrientes político-ideológicas internas tiene, inclusive, un saludable efecto que vigoriza, aunque no sin cierta estridencia discursiva y golpes bajos, la vida pública al interior del sindicato. Al mismo tiempo, estas luchas internas por acceder a puestos de representación y mando en el sindicato (y, por tanto, en el IEEPO) han conducido a la 22, hay que decirlo con claridad, a comportamientos radicales en negociaciones laborales y políticas en Oaxaca y el centro del país. En efecto, la competencia entre estos grupos por la conducción del gremio tiene como condición que los delegados de las bases magisteriales deben ser convencidos, en el marco de las asambleas sindicales, para que voten a favor de los candidatos a asumir puestos de representación y dirección en la 22. Los delegados y candidatos no son propuestos ni están ligados, necesariamente, a las corrientes, pero sí son cabildeados por éstas, prometiéndoles toda suerte de respaldos futuros en caso de ganar. Cuando son electos, las corrientes cobran su apoyo.

Debido a la cultura de la protesta que desarrolló el MDTEO desde sus inicios y que configuró su identidad político-sindical, los discursos de autonomía gremial y crítica al gobierno tienen todavía gran resonancia emocional entre las bases magisteriales y los delegados —en particular, en situaciones de conflicto laboral y político con las autoridades públicas en las que, naturalmente, se privilegian la unidad y la disciplina—. Así una de las formas de expresión de la competencia entre las corrientes consiste en el “radicalismo político”. Éste se considera un signo de “autenticidad” que, se supone, garantizaría evitar negociar en contra de los intereses del magisterio y “venderse al gobierno”. Los continuos zigzags en las posiciones de la dirigencia sindical durante los diálogos y encuentros con la autoridad pública se explican por las presiones que ejercen estas corrientes sobre los líderes, quienes ven amenazados su apoyo entre las bases si no asumen, a su vez, una retórica radical. Con ello buscan disminuir la suspicacia de las bases en torno a una eventual traición al “movimiento”, pero a la vez generan desconfianza en la contraparte de la negociación, la cual, en su desconcierto, se pregunta qué tan serios pueden llegar a ser los acuerdos eventualmente alcanzados.10 La paradoja es que estas corrientes no son realmente radicales. Por supuesto, casi todas ellas se identifican con un programa político-ideológico a favor del socialismo o el comunismo y, en consecuencia, ven en la lucha de clases el medio para materializar ese fin último. Su radicalismo es, más bien, producto de la competencia interna por el poder sindical. Cuando logran la representación gremial y posiciones en la administración del IEEPO, su espíritu revolucionario y contestatario se apacigua. Así, dependiendo del grado de inclusión de las corrientes en las posiciones organizativas de decisión de la 22 y el IEEPO, éstas fungen como aliadas u opositoras de la dirigencia.

En un marco de competición por la conducción del MDTEO no hay nada extraño en el hecho de que las corrientes aspiren a asumir el rol de autoridad en la Sección 22. Nos encontramos frente a otra cuestión, en cambio, cuando los mecanismos de participación y representación sindicales son subvertidos con el fin de generar privilegios e incurrir en actos de abuso y corrupción por parte de los dirigentes y grupos aliados. En esta circunstancia, la independencia del MDTEO ha sido amenazada por situaciones de complicidad con el gobierno de Oaxaca —como lo ilustran muy bien los casos de las administraciones de José Murat y Ulises Ruiz Ortiz, en particular en el primer año del gobierno de este último.

Una historia larga de dominación

La constitución del MDTEO no se explica únicamente por los procesos y conflictos al interior del sistema educativo. Hay que entenderla, también, en el marco del sistema de dominación oaxaqueño y las luchas de los sectores populares por transformarlo. El origen de este sistema se remonta a la Colonia.11 Desde entonces a la fecha ha beneficiado a las elites económicas, políticas, militares y religiosas. Desde su configuración su fundamento ha sido el control sobre la población, su trabajo y tierras, por un lado, y la apropiación de y la restricción del acceso al aparato público administrativo y el establecimiento de relaciones económicas ventajosas entre los principales centros urbanos del estado y sus regiones rurales, y entre estas ciudades y la capital del país, por el otro. Frente al Estado nacional las elites han jugado, históricamente, un papel de intermediarios entre aquél y la población oaxaqueña. Así, estos grupos desarrollaron un robusto sentido patrimonialista de la política. En otras palabras, el poder político y administrativo ha sido usado para el beneficio propio. La corrupción y malversación de bienes y recursos públicos han servido para apuntalar negocios privados, cuyas ganancias, a su vez, se invierten en la política para afianzar su posición y participación en este sistema.

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Se trata de un sistema relativamente cerrado en el que las disputas entre las elites le dan cierto dinamismo. Sin embargo, los actores que no pertenecen a este núcleo de poder participan subordinadamente en el sistema mediante su encuadramiento corporativo. Así, sólo los “sectores” organizados (es decir, reconocidos y controlados por el propio sistema) han gozado de una relativa representación política de sus intereses y de bienes materiales y simbólicos en el marco de relaciones clientelares a cambio de apoyo político incondicional al gobierno y su partido. En este sentido, en el sistema no existe una concepción de una ciudadanía conformada por individuos libres, plurales y con derechos civiles, políticos y sociales efectivos.

En su forma moderna el sistema de dominación oaxaqueño se configuró a imagen y semejanza del sistema político nacional. La continuación posrevolucionaria del proceso de centralización del poder político iniciado en el último cuarto del siglo XIX supuso la apropiación de la maquinaria burocrática por parte del Estado nacional. Con ello subordinó a los gobiernos estatal y municipal, que perdieron gran parte de sus capacidades políticas, administrativas y fiscales. Esta merma significó para los gobernadores, paradójicamente, una descarga de las responsabilidades de las tareas principales de gobierno —ahora en manos del Poder Ejecutivo y la administración federales— y una mayor libertad para ejercer su dominio institucionalizado (es decir, no personal y, en consecuencia, temporal) al interior de su estado sin mayores contrapesos.12

Una vez que lograban la aprobación y el apoyo del centro del país, al menos hasta antes de la denominada transición a la democracia, los gobernadores oaxaqueños utilizaron sus facultades legales y extraconstitucionales para someter a los poderes Legislativo y Judicial del Estado y controlar a los municipios, cuadros partidistas, sindicatos, líderes organizacionales, caciques locales y comunidades indígenas. Pero, al igual que su contraparte en la capital de la República, las bases del poder de los gobernadores han sido de carácter institucional. Tras la conclusión de su administración su influencia menguaba de modo considerable. En consecuencia, las lealtades políticas y económicas de las elites y grupos de influencia se realineaban a favor del nuevo gobernante y su camarilla política.

Por supuesto, este sistema de dominación no ha estado exento de conflictos. Algunos de ellos han sido disputas entre las elites mismas de diferentes regiones en torno al incremento de su influencia en la conducción de Oaxaca. Sobra decir que ello ha sucedido sin pretender cuestionar las mismas bases de la dominación. Ejemplos de esto fueron las disputas fiscales en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Los gobernadores en turno introdujeron nuevos impuestos (1946) o intentaron promulgar un nuevo código fiscal (1952). En ambos casos estas iniciativas provocaron protestas airadas de los comerciantes locales, que condujeron a la pronta deposición de los mandatarios por su incapacidad de mantener la “paz social”.

En realidad, los desafíos auténticos a la dominación han provenido, más bien, de las periferias del sistema de dominación. Desde finales de los años sesenta y hasta el día de hoy diferentes actores populares empezaron a demandar cambios en el sistema y, a la vez, su inclusión en él, pero con independencia del corporativismo priista con el objetivo inmediato de conseguir una representación auténtica de sus intereses sectoriales y, a largo plazo, la democratización del régimen.13 Este fue el caso, por ejemplo, de los estudiantes de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca (1968), las secciones estatales de los sindicatos electricistas y ferrocarrileros (1972) o los frentes populares (COCEO y COCEI, en 1971 y 1974, respectivamente), entre otros. El éxito más rotundo de sus movilizaciones contestatarias fue la caída del gobernador Manuel Zárate Aquino en 1977, quien, a pesar de la violenta represión que orquestó para acabar con la oposición (“grupúsculos comunistas y delincuenciales”, como los calificó en su momento), no pudo mantenerse en el poder.

El orden no retornó con ello a Oaxaca. Mucho menos se consiguió la apertura del sistema. De ello dan fe las crecientes protestas de los actores del “movimiento étnico” a lo largo de los años ochenta. Sus demandas eran de carácter económico (defensa de la tierra y los recursos naturales de sus territorios), sociocultural (reconocimiento de identidades, tradiciones y culturas indígenas) y políticas (servicios y bienes públicos diversos, defensa de la democracia, excarcelación de presos políticos, fin de la represión caciquil). Inclusive el reconocimiento constitucional en Oaxaca de los “usos y costumbres” para el autogobierno de los indígenas, a mediados de los años noventa, pueden verse como parte de estos esfuerzos diversos y colectivos de transformación del orden oaxaqueño.14

La lucha civicopopular por la transformación del sistema de dominación y la democratización del sistema político también se llevó a cabo en el terreno electoral. Con la legalización de los partidos de izquierda la participación electoral para ganar municipios se tornó en una fuente más de tensiones y protestas tanto por los métodos de selección de los candidatos en el PRI como por los fraudes en los comicios para evitar los triunfos opositores. Y cuando se reconocía la victoria a un partido o coalición opositora, entonces el conflicto se expresaba, más adelante, en la exigencia de respeto a la autonomía de los ayuntamientos y la liberación de recursos suficientes para las tareas de gobierno municipal.

Todo esto da cuenta de que la legitimidad del sistema de dominación oaxaqueño ha disminuido. Si tomamos como indicador de ello el porcentaje de votos recibidos por el PRI en las elecciones para gobernador entre 1986 y 1995, en casi una década se pasó de una votación de 92% a 50% del total.15 A pesar de la creciente competencia electoral de mediados de los noventa hasta la elección de Gabino Cué Monteagudo como el primer gobernador no priista de Oaxaca (2010-2016) —que, sin duda, se puede interpretar como la apertura del sistema político local—, el conflicto, la movilización contestataria y la violencia política en Oaxaca no han disminuido. Como epítomes de esto pueden tomarse al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La aparición del EPR en 1996 en la región de Loxicha en la Sierra Madre Sur fue respondida con una cruenta y larga represión militar. La protesta de la APPO en 2006 en contra del autoritarismo y la corrupción del gobernador Ulises Ruiz fue contenida también mediante una violenta represión policiaca. En ambos casos hubo decenas de muertos, un número indefinido de desapariciones y cientos de heridos y encarcelamientos.16

No es necesario abundar demasiado en el hecho de que el uso de la violencia política para lidiar con opositores es un índice por lo demás elocuente de lo endeble de la legitimidad de este orden de dominación. Así lo demuestran los múltiples conflictos rurales, sindicales, electorales, universitarios, populares, guerrilleros, etcétera, en los que se ha cuestionado la dominación en Oaxaca. De hecho, la persistencia, el volumen y la ubicuidad de la violencia política en el estado indican que su uso es un recurso cotidiano de gobierno y control. Esto requiere ser subrayado: la violencia, como el fundamento del poder político, no es en Oaxaca la ultima ratio de la dominación para enfrentar situaciones extraordinarias, sino un medio del que se echa mano en las relaciones típicas con los opositores —inclusive con los integrantes mismos del sistema que no satisfacen las expectativas de obediencia y aquiescencia de los dominadores.

Es innegable que el acceso al poder político se ha vuelto electoralmente más disputado. Sin embargo, tal parece que las instituciones políticas no tienen la capacidad ya no de desmantelar el sistema de dominación, sino siquiera de reformarlo. Esta parece ser una de las lecciones de la frustrante primera experiencia de alternancia política en Oaxaca durante el gobierno de Gabino Cué.

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El sistema de dominación oaxaqueño ha demostrado una gran adaptación a la institucionalidad de la democracia representativa aprovechando la nueva realidad del “centro dividido” (Rogelio Hernández Rodríguez) del sistema político mexicano. La larga transición a la democracia tuvo como efecto el socavamiento del presidencialismo y la pérdida de sus controles (meta)legales para someter a los otros poderes constitucionales y a los estados. Esto se tradujo a su vez en una creciente autonomía política y el fortalecimiento económico de los gobiernos estatales (y grupos locales y liderazgos caciquiles). Los mecanismos externos de supervisión sobre los gobernadores han desaparecido o resultan ineficientes. Lo anterior ha aumentado la oportunidad de comportamientos arbitrarios, facciosos, corruptos e ilegales que casi siempre quedan impunes por la razón de que los gobernadores (con el apoyo de las elites) ejercen un dominio casi irrestricto sobre la administración pública, los poderes Judicial y Legislativo, las instituciones “autónomas” (como las electorales o de defensa de los derechos humanos) y, en muchos casos, incluso sobre los partidos de oposición.17

En este contexto nacional se ha conseguido la continuación del neopatrimonialismo del sistema de dominación oaxaqueño, en el que la disputa del poder político tiene lugar, principalmente, entre diferentes facciones de la elite local (ex) priista (lideradas por los ex gobernadores Diódoro Carrasco, José Murat y Ulises Ruiz). Esto se pudo observar perfectamente en las elecciones estatales pasadas. A pesar de sus diferencias, lo que tienen en común es su falta de interés en transformar el sistema de dominación para construir un orden social más incluyente, democrático, igualitario, ajustado a derecho, generador de bienestar para la mayoría de la población y protector de la naturaleza.

Dominación, educación y violencia

En 2010 concluyó la administración de Ulises Ruiz Ortiz en los tiempos que marca la ley. No fue depuesto y enjuiciado como habría querido la APPO cuatro años antes. Más bien fueron los ciudadanos los que rechazaron la continuidad del PRI al frente del gobierno mediante un voto de castigo que favoreció a Gabino Cué Monteagudo, candidato de una amplia alianza opositora. Sin embargo, parte del crédito de la primera transición democrática en Oaxaca después de 80 años de dominio priista ininterrumpido se le debe otorgar, indirectamente, a la APPO. La posición de la Asamblea en relación con los comicios fue salomónica y formalista: no actuó ni se pronunció a favor de ningún partido político, dado que sus propios estatutos se lo impedían; no obstante, se manifestó en contra del PRI y sus candidatos, siguió denunciando a Ruiz Ortiz y dejó en plena libertad a cada uno de sus integrantes colectivos o individuales de participar en el proceso electoral, inclusive haciendo campaña por algún partido de su preferencia, pero siempre y cuando fuera a título individual y no en nombre de la APPO. Por su débil institucionalidad y presencia territorial irregular a lo largo y ancho del estado (sobre todo en el campo), los partidos de oposición han dependido, en gran medida, de las alianzas con organizaciones populares. Éstas les garantizan votos corporativos a cambio de candidaturas y apoyo en los programas y acciones de gobierno. La experiencia de las elecciones locales de 2007 enseñó a gran parte de las agrupaciones que componían la Asamblea que si se abstenían de tomar parte en los comicios —de acuerdo con el principio de que hacerlo significaba “legitimar” al régimen—, entonces se dejaría libre la arena electoral al PRI, que fácilmente podría ganar con la conjugación de la movilización de su voto duro y de prácticas fraudulentas —sin mencionar, siquiera, la escandalosa parcialidad del árbitro de la contienda.

La Sección 22, como la “columna vertebral” de la Asamblea, hizo lo propio sin declarar abiertamente su apoyo al candidato opositor, ya que sus reglamentos internos también se lo prohíben. El aval magisterial a Gabino Cué abrigaba también el interés de asegurar “compromisos” y manifestar que, si bien el sindicato estaba a favor de la democratización del régimen, no obstante mantendría su autonomía frente al nuevo gobierno y fiscalizaría y, en dado caso, denunciaría sus acciones si se enderezaban en contra de los docentes o no respondía favorablemente a sus demandas. Las exigencias a la nueva administración eran claras e “innegociables: castigo a Ulises Ruiz y todos los responsables y participantes en la represión de 2006, justicia para las víctimas, desaparición de la Sección 59 (formada a raíz del conflicto de ese año), recuperación de las escuelas en su poder, mayores recursos a la educación pública en el estado, rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE)18 y aprobación de un proyecto educativo alternativo para Oaxaca. Con este rasero la 22 pretendía medir la voluntad de Gabino Cué y la profundidad de la transición democrática —o, como diversos observadores políticos locales opinarían, el magisterio buscaba doblegar a su gobierno con base en su enorme capacidad de movilización.

El distanciamiento entre el magisterio y el gobierno estatal no se hizo esperar. El mismo día de la toma de posesión de Cué los maestros realizaron una marcha “de despedida” en contra de Ulises Ruiz y también para recordar al nuevo mandatario sus demandas. Además, desconocieron como “interlocutora válida” a la secretaria general de gobierno, Irma Piñeyro Arias, por su relación con el Partido Nueva Alianza y la entonces todavía “presidenta vitalicia” del SNTE, Elba Esther Gordillo, y por impulsar en el estado la ACE. Y, por último, advirtieron al director general del IEEPO que exigirían su destitución si no cumplía con sus futuras peticiones.

Apenas dos meses y medio más tarde, en el marco de la visita oficial de Felipe Calderón a Oaxaca, el 16 de febrero de 2011, la dirigencia sindical rompió el diálogo con el gobernador a raíz de la represión que sufrió el magisterio por parte de la Policía Federal y el Estado Mayor presidencial durante su marcha en protesta por la presencia del mandatario. El enfrentamiento dejó 20 heridos (15 de ellos policías), un tráiler quemado, patrullas y vehículos particulares destrozados y daños a comercios y edificios. El secretario general de la 22 reclamó la renuncia de la secretaria general de Gobierno, el director del IEEPO y el secretario de Seguridad Pública. Asimismo, anunció un plan de acción en contra del nuevo gobierno, que incluía paros laborales, plantones, toma de casetas y edificios públicos. El movimiento estaba preparado, afirmó, para “una guerra prolongada”.

Las airadas declaraciones del dirigente sindical no eran palabras hueras. La “guerra popular-magisterial prolongada” se definía en el horizonte de la ya en ese entonces oteable reforma del sistema educativo nacional.

Con el triunfo electoral del candidato presidencial del PRI en julio de 2012, un ciclo de la transición democrática iniciada en 1997 con la elección de un Congreso sin mayoría priista, llegó a su fin. En comparación con la falta de grandes acuerdos en los dos sexenios anteriores, los primeros meses del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se antojaron como el regreso de la política para asumir su otrora papel rector en la vida nacional. Tanto los gestos —por ejemplo, el encarcelamiento de la poderosa y corrupta presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo— como también, y sobre todo, las iniciativas presidenciales —muy en particular el conjunto de reformas constitucionales en materia de educación, telecomunicaciones, transparencia, impuestos y energía enviadas al Congreso sucesivamente en los dos primeros años para su discusión y eventual aprobación, generaron en un sector de la opinión pública, al menos durante un año, la imagen de un gobierno federal con un proyecto claro, capaz de negociar y lograr compromisos con las diferentes fuerzas políticas—. El instrumento de esta recobrada capacidad de conducción fue el denominado Pacto por México, un mecanismo de gobernabilidad diseñado para construir consensos entre el gobierno federal y las dirigencias de los partidos políticos principales (PRI, PAN y PRD).

En este contexto, el 26 de febrero de 2013 se publicó la iniciativa de la reforma educativa de los artículos 3 y 73 constitucionales en el Diario Oficial de la Federación. La reforma constitucional en materia educativa pretendía, según sus promotores, dotar al sistema educativo mexicano de recursos para mejorar y fortalecer la calidad de la educación pública y, de este modo, promover la equidad social.

El núcleo duro de la CNTE —es decir, las secciones sindicales de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca— manifestó de inmediato su oposición a esta iniciativa y empezó a preparar la organización de la movilización a nivel nacional (con su epicentro en la Ciudad de México) con el fin de disputar el contenido de las leyes secundarias en la materia. Los protestantes han sostenido hasta el día de hoy que no se trata de una reforma educativa sino laboral. Con el pretexto de fomentar una educación de calidad, se introducirían mecanismos de evaluación a los docentes para regular su ingreso, permanencia y desarrollo en el sistema educativo. A pesar de la insistencia del gobierno federal de que los derechos laborales adquiridos serían respetados, los detractores aseguran que las evaluaciones conducirán al aumento de la inseguridad y vulnerabilidad laborales. En este sentido, la reforma educativa abrigaría, en su opinión, el propósito político de reasumir el control gubernamental sobre el magisterio en su conjunto. En fin, la protesta abrigaba el propósito de presionar a autoridades y legisladores para que los maestros fueran incluidos en el proceso de deliberación y, de este modo, sus preocupaciones e intereses se reflejaran en la reforma. Después de una intensa campaña de movilización nacional, que concitó la solidaridad y apoyo de múltiples organizaciones populares y sindicales, la CNTE no pudo evitar que la reforma fuera aprobada el 10 de septiembre de 2013

La Sección 22 abrigó, sin embargo, la aspiración de que esta exhibición de fuerza en la Ciudad de México se pudiera traducir en mejores condiciones de negociación con los gobiernos estatal y federal para lograr, al menos en su estado, ciertas “concesiones” y “excepciones” en la aplicación de la reforma educativa. La arena de conflicto se trasladó a Oaxaca, en donde la 22 planteó sus exigencias a los gobiernos estatal y federal: respeto a los derechos y conquistas laborales, incorporación del Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO)19 a las leyes estatales de educación, otorgamiento de recursos para poner en marcha dicho programa, desaparición de la Sección 59, devolución de las escuelas tomadas por esta última durante el conflicto y pago de quincenas retenidas y de bonos por inicio del ciclo escolar 2013-2014.20

Con la reforma educativa de 2013 se cerró, en un sentido muy concreto, el proceso descentralizador de la educación pública iniciado, tras décadas de discusión, protesta y negociación, en 1992 con la entrada en vigor del ANMEB. Justamente una de las principales razones de los nuevos cambios legislativos había sido el problema político y de financiamiento de la educación pública estatal bajo la práctica de la doble negociación del SNTE a nivel federal (SEP) y a nivel local. A la larga esto condujo a la formación de crecientes déficits en las arcas de los estados debido a que se acostumbró erogar cada año cantidades extras del presupuesto con el fin de pacificar a las secciones sindicales correspondientes. De este modo los cambios constitucionales implican una recentralización del sistema de pagos del sector educativo por parte de la SEP.

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El fondo de la inconformidad del magisterio oaxaqueño con la nueva realidad de la recentralización del sistema educativo es que ésta supone un mayor control federal sobre el “nuevo IEEPO” y, en consecuencia, menores posibilidades de que la 22 continúe su “colonización” —por lo menos en la forma en que lo ha hecho desde 1992 hasta 2014—. Como apunté más arriba, el cogobierno de la Sección 22 del sistema educativo estatal significó no sólo la garantía de proteger el empleo, los derechos laborales y los intereses de sus agremiados sino, además, la asunción de los instrumentos administrativos de control sobre las bases sindicales, el acceso y uso, casi a discreción, de recursos públicos para mantener el clientelismo interno y, por último, la oportunidad de corrupción entre los cuadros medios y superiores de la dirigencia sindical.

Estas prácticas patrimonialistas podrían prevalecer en la Sección 22 si logra adaptarse a la nueva realidad de un IEEPO supervisado por la federación para continuar su colonización mediante estrategias aún inéditas y a ensayar. Al menos para ciertos sectores de la burocracia y dirigencia sindical esto es lo que está en juego en el actual ciclo de protestas nacional y local. Las bases magisteriales están conscientes de la corrupción en su sindicato y la han denunciado desde hace años, tal y como se manifiesta en múltiples documentos de asambleas y congresos seccionales. En su disputa por la conducción del gremio en muchas ocasiones han sido las mismas coaliciones cambiantes entre grupos políticos y corrientes ideológicas las que han solapado y sostenido a dirigencias y representantes sindicales cuestionados. Pero ante las evidentes intenciones autoritarias del gobierno federal de acabar con la “insurgencia magisterial” oaxaqueña, los maestros de base también saben que la mejor manera de preservar su trabajo y derechos laborales es a través de la unidad gremial y la alianza con diferentes sectores sociales. En esta situación, ¿puede sobrevivir la dupla Sección 22/MDTEO sin su dominio de jure y de facto del IEEPO? ¿Estarían dispuestas las bases magisteriales a renunciar a sus privilegios21 a cambio de la defensa sindical auténtica e irrestricta de sus derechos laborales, la democratización de su gremio y la supervisión efectiva sobre su dirigencia? ¿Aceptarían los maestros el desacoplamiento de “sindicato” y el “movimiento” para considerar de verdad el interés de los alumnos oaxaqueños de gozar de su derecho a una educación pública, laica, gratuita y de calidad?

Por supuesto, no se trata de un mero acto de voluntad de los maestros por dos razones centrales. En primer lugar, porque la transición política en Oaxaca parece haber fracasado. En efecto, durante el gobierno de Cué continuó la corrupción y el nepotismo, la pobreza y desigualdad social se han mantenido, no obstante —hay que apuntarlo también— disminuyeron la violación de los derechos humanos y la violencia política. En segundo lugar, porque en las condiciones del sistema de dominación oaxaqueño el “nuevo IEEPPO”, ahora bajo el control administrativo de la SEP, ha resultado ser hasta la fecha más que un instituto operador del sistema educativo local, un instrumento político para desarticular y desmovilizar la protesta magisterial por medio de amenazas de descuentos salariales o inclusive el despido de los maestros paristas. Pero como se puede comprobar observando los sucesos de los últimos años, esta manipulación del instituto ha sido un fiasco.

El autoritarismo del gobierno federal (presidencia, SEP y Segob), obnubilado por una retórica vacía y mendaz en torno a cumplir la ley y hacerla respetar, aunque sea punitivamente, parece no aprender y comete los mismos errores del pasado. Como sucedió en 2006 con la formación de la APPO, ahora la matanza de Nochixtlán ha permitido al magisterio nacional y local cerrar filas, relanzar su movilización contestataria y sumar aliados de distintos sectores. Su primer éxito ha sido establecer, en estos días, una mesa de diálogo con la Segob.

La salida a la crisis política a nivel nacional y local pasa, necesariamente, por reconocer a la CNTE y la Sección 22 como interlocutoras legítimas, iniciar un verdadero diálogo sin condicionamientos entre las partes, revisar la reforma educativa —sobre todo en su carácter predominantemente administrativo y laboral—, e incluir temas sustantivos de educación y profesionalización pedagógica. Esta podría ser una salida ideal. No obstante, si se considera el comportamiento histórico de las partes en conflicto, no es muy probable, porque ni el gobierno federal ni la CNTE y la 22 conocen y aceptan la negoción democrática política; sólo saben de imposiciones y arreglos para sortear crisis, pero sin resolver de fondo el problema sustantivo en los ámbitos educativo y laboral.22 Es de temerse, por tanto, que en un par de años volvamos a tener esta impresión de déjà vu. Observar el mundo social sin ilusiones, pero con realismo, nos conduce a suponer que la movilización magisterial proseguirá más allá de 2016 (inclusive si tiene lugar una represión masiva, por desgracia nada descartable si uno toma en cuenta el patrón de tratamiento de la protesta social popular del Estado mexicano)23 y la administración del conflicto continuará como estrategia del Poder Ejecutivo.

1 de julio de 2016

 

Marco Estrada Saavedra
Profesor e investigador de El Colegio de México. Autor, entre otros libros, de El pueblo ensaya la revolución. La APPO y el sistema de dominación oaxaqueño.

Agradezco al maestro Samael Hernández Ruiz y al doctor Alejandro Agudo Sanchiz sus comentarios a una versión previa de este artículo. La responsabilidad del contenido del texto es, por supuesto, mía.


1 Sobre el tema, consúltese: Loaeza, Soledad (2010): “La metamorfosis del Estado: del jacobinismo centralizador a la fragmentación democrática”, en Soledad Loaeza y Jean-Francois Prud’homme (coords.), Instituciones y procesos políticos, vol. XIV de Los grandes problemas de México, El Colegio de México, México, pp. 24-70.

2 Para un tratamiento profundo y amplio de la materia, léase: Arnaut, Alberto (1997): La federalización educativa en México. Historia del debate sobre la centralización y la descentralización educativa (1889-1994), El Colegio de México, México.

3 Revísese al respecto: Street, Susan (1992): Maestros en movimiento. Transformaciones en la burocracia estatal (1978-1982), CIESAS, México.

4 Sobre el origen, organización y desarrollo de la CNTE, se pueden consultar los libros: Cook, Maria Elena (1996): Organizing dissent. Unions, the State, and the democratic teachers’ movement in Mexico, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania; Foweraker, Joe (1993): Popular mobilization in Mexico. The teachers’ movement 1977-87, Cambridge University Press, Canadá.

5 Para la historia de la disidencia magisterial de la Sección 22 del SNTE, sigue siendo indispensable la monografía: Yescas Martínez, Isidoro y Zafra, Gloria (2006): La insurgencia magisterial en Oaxaca, 2a edición, IEEPO-IISUABJO, Oaxaca.

6 Sobre la compleja relación entre la Sección 22 y el MDETO, consúltese mi trabajo: “Disidencias y connivencias: la colonización del sistema educativo oaxaqueño por parte de la Sección 22 del SNTE”, en Agudo Sanchiz, Alejandro y Estrada Saavedra, Marco (2014): Formas reales de dominación del Estado. Perspectivas interdisciplinarias del poder y la política, El Colegio de México, México, pp. 153-196.

7 Remito de nuevo al lector al trabajo de Alberto Arnaut (op. cit.).

8 Para un análisis detallado de este proceso a nivel nacional y, en particular, en Oaxaca, véase Muñoz Armenta, Aldo (2005): El sindicalismo mexicano frente a la reforma del Estado. El impacto de la descentralización educativa y el cambio político en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 1992-1998, Universidad Iberoamericana, México.

9 La distinción Sección 22-MDTEO es de carácter analítico.

10 Sobre la función de la “semántica de la traición” en los movimientos y la política populares, revísese mi trabajo: “Reflexiones finales. Pensar la APPO desde la diferencia”, en Bolos, Silvia y Estrada Saavedra, Marco (coord.), Recuperando la palabra. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Universidad Iberoamericana, México, 2013, pp. 303-316.

11 Una panorámica histórica y sociológica de este sistema se encuentra en: Bailón Corres, Jaime (2002): Pueblos indios, elites y territorios. Sistemas de dominio regional en el sur de México. Una historia política de Oaxaca, 2a reimpresión, El Colegio de México, México.

12 Sobre este tema son indispensables dos libros estupendos: Hernández Rodríguez, Rogelio (2008): El centro dividido. La nueva autonomía de los gobernadores, El Colegio de México, México; y, del mismo autor (2015): Presidencialismo y hombres fuertes en México. La sucesión presidencial de 1958, El Colegio de México, México.

13 Al respecto, consúltese: Martínez Vásquez, Víctor Raúl (1990): Movimiento popular y política en Oaxaca (1968-1986), Conaculta, México.

14 Sobre este punto y las transformaciones en el sistema político oaxaqueño, véase: Recondo, David (2007): La política del gatopardo. Multiculturalismo y democracia en Oaxaca, CIESAS-CEMCA, México.

15 Después de un breve intervalo (2010-2016) el PRI ha recuperado la gubernatura de Oaxaca en junio pasado, pero con una votación de sólo 32% del total —porcentaje obtenido, hay que observar, por la coalición PRI-PVEM-PANAL.

16 Sobre el análisis, explicación, efectos y significado de la constitución, organización y movilización de la APPO, consúltese mi libro (2016): El pueblo ensaya la revolución. La APPO y el sistema de dominación oaxaqueño, El Colegio de México, México.

17 Las denominadas “cacerías de brujas” no son un signo de la operación efectiva e imparcial del Estado de derecho, sino simples ajustes de cuentas, muchas veces de orden personal, entre los miembros de las elites. En sentido literal, son la perversión de la ley y su aplicación.

18 La ACE fue el antecedente del gobierno federal panista de la reforma educativa actual.

19 El “plan” sería incorporado en 2014 a la política educativa del estado. El PTEO pretende el mejoramiento escolar y de los niveles de vida de los alumnos, el reconocimiento a la labor de los docentes e invertir en la infraestructura y equipamiento de las escuelas. Para ello se creó un sistema estatal de evaluación y otro de formación profesional de los trabajadores de la educación en Oaxaca. Si bien existe, en lo general, concordancia entre los objetivos del PTEO y la reforma educativa constitucional, la diferencia central consiste en que en el “plan” el magisterio no pierde su posición dominante (y escasamente fiscalizada) dentro del sistema educativo local.

20 Un análisis completo de la movilización de la Sección 22 en 2013 se encuentra en: Hernández Ruiz, Samael (2014): Protesta y conflicto. La Sección 22 del SNTE en la toma de la Ciudad de México, manuscrito inédito.

21 Sobre la cuestión de los “privilegios”, véase: Zafra, Gloria (2008): “Sindicalismo o educación: la paradoja del magisterio oaxaqueño”, El Cotidiano, UAM-A, núm. 148, pp. 39-45.

22 El encarcelamiento de los secretarios general y de organización de la Sección 22 es un ejemplo elocuente de lo que el gobierno federal entiende por “diálogo”. Por su parte, la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, que supervisa a su Comisión Nacional Única de Negociación, ha definido su demanda principal a las autoridades públicas la “abrogación de la reforma educativa”. Al escribir estas líneas, el 30 de junio, la “negociación” entre la CNTE y la Segob están prácticamente suspendidas. Este ínterin será aprovechado, muy probablemente, por las corrientes radicales de la CNTE-22 y las fracciones duras del gobierno federal para agudizar el conflicto.

23 Al respecto, el siguiente trabajo es una referencia obligada: Favela Gavia, Diana Margarita (2006): Protesta y reforma en México. Interacción entre Estado y sociedad 1946-1997, UNAM-Plaza y Valdés, México.