Desde los años ochenta el poder en Juchitán, la cuarta ciudad más grande de Oaxaca, se ha alternado entre el PRI y la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI). La COCEI tiene sus orígenes en la lucha contra la represión de los caciques priistas. Sin embargo, con el poder y el paso del tiempo los líderes de la COCEI encontraron que su herramienta de lucha, la movilización popular, también podía ser un negocio redituable. La COCEI ha apoyado por años toda clase de abusos, desde la invasión de predios hasta la obtención de créditos de Banrural “a fondo perdido” para sus agremiados, y de esta forma ha creado una relación clientelar con un sector importante de la población de Juchitán. Cuando los candidatos de la COCEI (generalmente perredistas) han ganado el ayuntamiento, las movilizaciones de la base han servido para exigir al gobierno estatal una tajada generosa de los fondos y aportaciones federales.

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Ilustración: Patricio Betteo

La historia de la COCEI en el Istmo de Tehuantepec se repite con algunas variantes en las ocho regiones de Oaxaca. En cada una tienen presencia organizaciones que surgieron para dar voz a demandas legítimas de las comunidades, pero que han hecho de la protesta social un modus vivendi. En un estado pobre, donde las oportunidades laborales y empresariales son mínimas, las organizaciones como la COCEI son el principal vehículo para que las comunidades marginadas accedan a recursos y para que sus miembros más ambiciosos intenten hacer fortuna. Las organizaciones comunitarias operan en una frontera incierta entre la legalidad y la ilegalidad. A veces buscan hacerse de tierras por medio de invasiones y en otras ocasiones obtienen beneficios de los pocos inversionistas que buscan instalarse en el estado. Sin embargo, el presupuesto público es su principal fuente de recursos (ver cuadro).

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Para lograr sus objetivos las organizaciones comunitarias de Oaxaca cuentan con varias herramientas. La primera es la presión que pueden ejercer por medio de las manifestaciones, bloqueos carreteros y otras formas de movilización de sus agremiados. A veces estas movilizaciones tienen una gran escala, como las acciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que en 2006 exigió la destitución del gobernador Ulises Ruiz. A veces las movilizaciones son minúsculas. Media docena de personas puede bloquear la entrada de un negocio o retener un vehículo en la vía pública y de esta forma presionar al dueño a desistirse de una demanda o pagar una indemnización.

La segunda herramienta de las organizaciones comunitarias es la protección institucional. Las organizaciones oaxaqueñas entienden la importancia de promover liderazgos políticos y de mantener una relación de cercanía con actores clave en la burocracia estatal y federal. De esta forma pueden gestionar apoyos con mayor facilidad y violar la ley de forma relativamente impune.

Finalmente, la maquinaria de las organizaciones comunitarias de Oaxaca también contempla el uso de la fuerza. Sin embargo, estas organizaciones no operan en la clandestinidad (tienen vínculos con autoridades y con la economía formal) y la violencia, por lo menos la violencia letal, es sólo un recurso de última instancia (en esto se distinguen de las mafias y de los grupos criminales que tienen mayor preeminencia en otras entidades del país). La violencia se reserva para aquellas ocasiones en las que es necesario lanzar un desafío a un grupo rival o a las autoridades (por ejemplo, para evitar un desalojo). En estos casos es frecuente que las movilizaciones concluyan con el incendio de vehículos o la destrucción de instalaciones.

Oaxaca es una entidad tradicionalmente violenta. Entre 1996 y 2003 ocupó el segundo lugar nacional en homicidios por cada 100 mil habitantes, sólo después de Guerrero. Aunque Oaxaca dejó de ubicarse entre las entidades más violentas en los años subsecuentes, no fue hasta 2009 que la tasa nacional de homicidios superó a la de Oaxaca. El aumento en la tasa nacional a partir de ese año se debió al incremento dramático de los homicidios dolosos en estados como Chihuahua, Durango y Sinaloa, entidades en donde la violencia se relaciona con conflictos entre organizaciones criminales. Sin embargo, cuando la violencia del crimen organizado comenzó a disminuir, la tasa de homicidios en Oaxaca volvió a superar la media nacional (ver gráfica 1).

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El crimen organizado no es el principal actor responsable de la violencia en Oaxaca. Del total de los homicidios ocurridos en Oaxaca entre 2007 y 2015, sólo 22% está relacionado con disputas atribuibles al crimen organizado. Esta cifra contrasta, por ejemplo, con estados en donde más de 70% de los homicidios tienen relación con el crimen organizado, como es el caso de Sinaloa (86%), Coahuila (84%), Michoacán (72%), Morelos (71%), Durango (71%) y Chihuahua (71%) (ver gráfica 2).

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Las organizaciones sociales, que como ya se mencionó recurren a la violencia como mecanismo de presión de última instancia, son a su vez el principal blanco de la violencia letal en el estado. Un análisis de eventos violentos relacionados con conflictividad —secuestros no económicos, homicidios de alto perfil, linchamientos, rafagueos, balaceras, incendios provocados, bloqueos, marchas, movilizaciones y toma de instalaciones— revela que en Oaxaca la mayoría de éstos se relacionan con conflictos políticos y sociales (de acuerdo con cifras de Lantia Consultores, los homicidios de alto perfil constituyen 40% de estos eventos). Asimismo, en la base de datos de Lantia Consultores se observa que un alto porcentaje de estos homicidios corresponde a activistas, dirigentes de organizaciones y líderes sociales. A diferencia de otros estados, donde la violencia es resultado primordialmente de las actividades del crimen organizado, más de la mitad de los homicidios de alto perfil en Oaxaca parecen tener una motivación política (ver gráfica 3).

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La conflictividad social en Oaxaca aumentó de forma dramática a partir de la desaparición de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Con la radicalización del movimiento de protesta en contra de la reforma educativa, 2016 se perfila como el año con mayor número de movilizaciones desde 2013. Desafortunadamente, es probable que la conflictividad social también se traduzca en un repunte de la violencia, en particular de los homicidios. Al evaluar las cifras de homicidios dolosos y eventos de conflictividad social en Oaxaca entre junio de 2013 y mayo de 2016 se observa una relación positiva y estadísticamente significativa. Dicho de otra manera, cuando hay un aumento en el número de incidentes de conflictividad social, como protestas o bloqueos, también se observa un aumento en el nivel de violencia (ver gráfica 4).

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En los medios de comunicación nacionales la CNTE aparece como la principal responsable de las crisis de gobernabilidad que de forma recurrente estremecen a Oaxaca. Sin lugar a dudas los maestros disidentes de la Sección 22 desempeñan un papel crítico. La CNTE es probablemente la única organización con una presencia sólida en todas las regiones del estado y con una agenda que rebasa los agravios históricos —pero geográficamente acotados— de las comunidades, y los intereses personales de sus líderes. Por ello es que la convocatoria de la CNTE ha sido un factor indispensable para articular la efervescencia social de Oaxaca, tanto en 2006 como en los últimos meses.

Sin embargo, el verdadero riesgo para la gobernabilidad y la paz en Oaxaca no radica en la CNTE, sino en las acciones que tomen las organizaciones comunitarias (mucho más fragmentadas en su liderazgo y difíciles de controlar en sus bases). La estrategia que dichas organizaciones decidan seguir será la que defina si las movilizaciones culminan con más muertos. No hay que olvidar que las víctimas de los trágicos eventos ocurridos en Nochixtlán en junio pasado no eran miembros de la CNTE.

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Más allá de las negociaciones que la Segob y la SEP sigan para destrabar el conflicto magisterial, es necesario que los actores involucrados asuman con responsabilidad el desafío que supone la actual crisis de gobernabilidad. Esta responsabilidad corresponde en primer lugar a la propia dirigencia de la CNTE, que históricamente ha sido renuente a condenar los abusos de organizaciones afines (ni siquiera de las vergonzosas vejaciones a las que fueron sometidos en mayo un grupo de maestros de Comitán, Chiapas). Asimismo, es necesario que el gobierno federal tome las medidas necesarias para minimizar los riesgos asociados a la intervención policial. La actuación de la Policía Federal en Nochixtlán dejó ver fallas graves tanto en materia de inteligencia como de despliegue policial y de comunicación social.

Por su parte, el gobernador entrante, Alejandro Murat, ya tendría que haber tomado una posición firme si no quiere terminar, al igual que Gabino Cué, como un administrador más de los eternos conflictos y movilizaciones que ahogan la economía oaxaqueña. Finalmente, es necesario destacar el papel que puedan jugar Andrés Manuel López Obrador y Morena (que ante la debacle del PRD ya se perfila como el nuevo brazo electoral de las organizaciones sociales oaxaqueñas). Si AMLO logra aprovechar a su favor el “mal humor” social que se observa en Oaxaca y otras entidades, y encauzar las movilizaciones por una vía pacífica y constructiva, abonaría a la imagen de moderación que tendrá que consolidar si en serio aspira a llegar a Los Pinos en 2018.

 

Eduardo Guerrero Gutiérrez
Socio de Lantia Consultores.

Agradezco el valioso apoyo que me brindaron Marcela Figueroa y Roberto Valladares en la elaboración de este texto.