En la noción de dignidad podríamos entender el desarrollo de las sociedades. Las vejaciones que un día fueron norma y llevaron a un niño a un campo de trabajo hoy nos resultan reprochables a partir del sentimiento de los derechos que trajeron el Siglo de las Luces y la Revolución francesa.

Su definición es en sí misma un dilema moral. Podría parecer subjetiva a partir de lo que para unos es digno y no lo es para los demás, aunque en ella, en su necesidad de objetividad, descansan los acuerdos irreductibles con los que buscamos condiciones y futuros más decentes.

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Ilustración: Víctor Solís

La dignidad no es un espacio como lo puede ser la soledad. Tampoco el elemento con el que se llena ese espacio. La adulación no enaltece al digno, el terreno de los aplausos es arado de algún tipo de perversiones donde la verdadera conciencia apenas llega a ser tocada. Sin embargo, la constante reprobación merma el espíritu del individuo. En la conciencia vemos la condición mínima de nuestra especie. La dignidad es la conciencia que tenemos de nosotros mismos y hacia los demás, cualquier afrenta a esa noción es un ataque por encima de la vida misma.

Quién con un dedo de frente, mientras lee estas líneas, se atrevería a decir algo a favor de la esclavitud o la tortura, la persecución o la desaparición, las agresiones sexuales o la segregación. La violencia contra la dignidad en aquellas acciones es indiscutible, pero seguimos sin entender que los derechos humanos son producto de ella.

Da la impresión de que se necesita cierto grado de cinismo o hipocresía, tal vez ambas, para decir que un país, cualquiera, marcha por buen rumbo cuando la dignidad de sus ciudadanos es transgredida. Una nación con una economía por encima del promedio no tendrá posibilidad de asumirse muy desarrollada si los derechos de una sola persona atraviesan momentos que permiten lo cuestionable.

Lo que entendemos como derechos humanos es la interpretación moral y jurídica de la dignidad. Una línea que marca uno de los grandes triunfos de Occidente. La igualdad es parte de un lenguaje en ocasiones intraducible en latitudes como las africanas o medio orientales. La persecución en algunos de esos países es parte de lo que mantiene a salvo la estructura social de ciertas comunidades donde la otredad no aparece en los diccionarios. Así, los derechos humanos son un pilar de la evolución occidental que no podemos darnos el lujo de perder. Comparten un aspecto con la democracia, el triunfo se encuentra en la búsqueda de mejores condiciones en el camino antes que en el desenlace. Porque las sociedades evolucionan.

Si bien es interminable la narración sobre vejaciones a los derechos humanos en el mundo, la comparación no siempre es una buena compañera para desarrollar una idea. He escrito múltiples textos acerca de la barbarie en países en situación de guerra, donde las reglas son diferentes y los límites se diluyen. Ahora necesito pensar en el caso mexicano: pasamos de ser el país del “aquí no pasa nada” al de “aquí puede pasar todo”. Es tal vez esto producto de nuestros pequeños logros; México no es el mismo país en el que transcurrió parte de mi infancia. Ha mejorado pero se enfrenta a perversiones groseras. En un país donde la nota roja se mezcla y trasforma en los intereses de la nación, las cosas van mal. Para quien tenga como mínimo mi edad, no le será difícil recordar la ausencia de noticias en los medios de otra época, dando cuenta de eventos que todo mundo conocía. Pero el conocimiento en la prensa de las violaciones a derechos humanos, gracias al cambio y posible evolución social que por instantes hemos transitado, dejó de ser libertad de prensa para transformarse en deterioro de la política nacional.

Durante el siglo XVIII el avance de las sociedades que permitió ese sentimiento de los derechos, encontró en la ley —después de atrocidad y media, por supuesto; somos una especie profundamente bestia— el punto de partida para reconocer la evolución de los términos de convivencia y, a la vez, adelantarse a sus propios tropiezos. Se legisló sobre los derechos integrales con los que se protegería la dignidad de los individuos sobre la sociedad misma, dando las bases de lo que hoy entendemos en los ideales de un Estado proverbial. La laicidad es el mejor ejemplo de ese adelanto sobre los elementos primitivos de las sociedades: puede un pueblo entero rezarle a un santo frente al que se arrodillan, pero la igualdad entre los creyentes y los no creyentes está establecida por la ley. El ingrediente básico para ese espíritu jurídico siempre fue la dignidad. México tuvo durante muchos años una serie de leyes, avanzadas sobre las de sus pares. Una gran falla hizo mella hasta transformarse en costumbre: la base sobre la presunción de culpabilidad. Con esta noción impuesta en el convencimiento de las masas cual autenticidad de paño de Virgen, la dignidad pasó a ocupar un peldaño por debajo del que se había situado tres siglos atrás. La duda que debía estar en beneficio del acusado, por encima de las evidencias que lo acusen, se convirtió en algo incomprensible e inexplicable. Si, aun cuando todo diga lo contrario, de existir una ínfima duda sobre la culpabilidad de quien sea, ésta siempre deberá de correr en provecho del acusado. Por las posibilidades de error o abuso que anulen su dignidad. Pero nuestro sistema judicial decidió, por múltiples vicios históricos, centrar en la confesión la piedra angular del procedimiento penal, en lugar de tomarla como sólo una de sus partes. La figura de confesor y confesado, herencias de la Inquisición y los tribunales eclesiásticos, olvidó que toda confesión debe ser probada. Torturen suficiente a quien sea. En pleno siglo XXI confesará haber matado a Ana Bolena.

A últimas fechas veo en México un retroceso en estos temas. Es evidente que no tenemos las preocupaciones y angustias que inundan la vida de Nigeria, Siria, China o Irak. He perdido la cuenta de los textos en los que he pedido evitar la tontería de decir que vivimos situaciones parecidas, pero ahí, en nuestras diferencias, encuentro una de las dos grandes crisis que vivimos en el país. Da la impresión de que ya hemos aceptado que la corrupción es una de ellas, la otra, sin dudarlo, son los derechos humanos. Es decir, la dignidad. Logramos tambalear y subir a la mesa de debate, lo único que nadie está dispuesto a perder. Se puede prescindir de infinidad de cosas, de la libertad, de un buen alimento, de una educación, de varios de los derechos que están establecidos y reconocidos por la mayor parte de los países del mundo, sólo que incluso en la ausencia de ellos, la dignidad aquí se hizo tema de discusión.

¿Qué ha pasado en México para que nos volviera a salir lo salvaje? Habíamos contenido a la bestia. ¿Qué se agitó en la jaula?

Le hemos dado a la primera crisis un nivel jerárquico, superior a los derechos, y transformamos esa corrupción en causa en lugar de síntoma de la iniquidad. Actuamos como si fuéramos tutelares de la corrupción y poseedores de una nunca antes vista. Sólo que la corrupción no es privativa de México y nuestro entendimiento de los derechos humanos, da asomos de una originalidad macabra. La corrupción puede existir en lugares donde los derechos humanos se transgreden y nadie asume que su respeto es impoluto. En Egipto o Siria quién duda de los crímenes de lesa humanidad que ahí se comenten. En México atentamos contra las garantías básicas y nos convencemos de que no lo estamos haciendo. Basta leer las columnas de más de un opinócrata en por lo menos cuatro de los diarios de mayor circulación. Es bipolar, se lee en la misma página a dos que critican las torturas o métodos sistemáticos que hasta el Secretario de Defensa admite contra uno que ve como un logro inmenso el reconocimiento del militar. El último se lleva las fanfarreas. El valor para ese que niega la crisis de derechos humanos cae en la declaración, no en la dignidad de los torturados. Es el pentateuco. ¡Se lo merecen! ¡Se declaró culpable! ¡El maldito debido proceso!

—¡Disculpen: yo maté a la reina de Inglaterra! ¡Quítenme esa bolsa de la cabeza!

El debido proceso es para buenos y malos, afortunadamente. Con él se evita el atropello y la injusticia hacia cualquiera de nosotros. ¿No sería más fácil evitar las fallas que permiten a un bandido salirse con la suya que anular su dignidad y sus derechos? Entendamos: son los de todos.

Asumimos la existencia de la tortura en México como a quien le da un resfriado. Decimos ejecuciones extrajudiciales como si nuestra legislación permitiera las judiciales y legítimas.

En países desarrollados un único caso de tortura es asunto público. En México lo público no es de nadie, me dijo un buen amigo.

¿Será que el Estado perdió su papel educador?

Hay derechos que se resuelven legislando. Las recientes iniciativas por regular ciertos asuntos relacionados con la corrupción tuvieron un eco loable. La corrupción afecta a la mayoría y lo hace directamente. El ataque a los derechos humanos atañe al afectado. ¿Si lo público no es de todos por qué ha de importarnos de la misma forma?

Somos perversos. La gran crisis de derechos humanos en México no está en la sistematización de prácticas que se han establecido en los últimos nueve años. Se encuentra en la legitimidad que gran parte de la sociedad le da a lo inadmisible. Logramos justificar nuestra propia degradación.

 

Maruan Soto Antaki
Ha publicado: Casa Damasco, La carta del verdugo, Reserva del vacío, Clandestino y Pensar Medio Oriente.
@_Maruan