Como en cualquier otro estado pequeño, en Colima algunos se quejan de que aquí “nunca pasa nada”. O que pasa muy poco. Otros no se quejan, sino que disfrutan y reconocen la tranquilidad con la que puede vivirse. En la capital, por ejemplo, las clases medias viven muy bien: a donde volteen hay verde, con unas espectaculares vistas al Volcán de Fuego de Colima; para llegar a sus trabajos, escuelas o lugares de esparcimiento bastan unos minutos; aquí, hasta hace un par de años, era práctica común no cerrar con seguro las casas.

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Pero en 2015, en este rincón del Pacífico central mexicano en el que no pasaba nada, de pronto pasó todo. La naturaleza puso su parte: erupciones, brotes epidémicos y amenazantes fenómenos meteorológicos. El Coloso de Fuego tuvo un incremento de actividad, con un punto clímax entre el 10 y 11 de julio que fue comparado por los especialistas con la erupción de 1913, la mayor de la que se tenga registro; incluso en la zona metropolitana de la capital colimense, a 30 kilómetros de distancia, cayó abundante ceniza, en cantidades que los especialistas aseguran que no se habían visto en un siglo.

A esto se le sumó la llegada del Chikungunya, que, aunque los primeros casos en México se dieron a mediados de 2014, en 2015 encontró en el trópico colimense el terreno fértil para propagarse de tal manera que la entidad en agosto se convirtió en la que más casos confirmados del virus se registraban por cada 100 mil habitantes en todo el país (39.3).

Y, antes de cerrar el año, en la tercera semana de octubre, el huracán Patricia, que las autoridades aseguran es el que ha tenido las mayores velocidades de vientos de los que se tenga registro en todo el mundo (con 325 kilómetros por hora), tocó tierra en el vecino estado de Jalisco, muy cerca de Colima y dejando 16,259 hectáreas de cultivos dañadas y a pequeños prestadores de servicios turísticos con sus negocios destrozados.

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Los anteriores sucesos son sólo la cereza en el pastel cuyo relleno es la inestabilidad política y gubernamental prácticamente sin precedentes en la historia de los gobiernos estatales en México.

Si decir que Colima es el único estado que registra dos anulaciones de una elección de gobernador resultara poco, repasemos a continuación algunos elementos que muestran la referida crisis política que atraviesa esta entidad.

Junto a Coahuila, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Campeche, Hidalgo, Quintana Roo, Colima es uno de los nueve estados del país que nunca ha tenido un gobierno estatal emanado de un partido político distinto al Revolucionario Institucional (PRI).

Aunque siempre priista, Colima no ha estado exento de disputas entre las cúpulas estatales y nacionales del tricolor; desde que llegó la alternancia a Los Pinos, los priistas locales le han querido arrebatar a la dirigencia nacional el poder de decisión en el estado, sobre todo cuando se trata de designar al candidato a gobernador. De cara al proceso electoral de 2015 esta tensión entre las esferas nacional y local se intensificó al grado de que el aspirante preferido o “gallo” del gobernador, el entonces alcalde de la capital colimense, Federico Rangel, en plena campaña electoral se reunió con el propio candidato del PAN y con la cúpula nacional de este partido para explorar y negociar un cambio de colores, según me confirmó uno de los asistentes en el encuentro. Pese a la sospecha de una potencial traición, el tricolor aún así buscó cerrar filas con él y con su grupo —el del futuro exgobernador Mario Anguiano—; terminó por nombrarlo dirigente estatal del partido.

Al gobernador Mario Anguiano se le acusó pública, pero no penalmente, durante la campaña de estar involucrado con el crimen organizado. El Universal publicó el 4 de mayo un video en el que se muestra a Anguiano antes de asumir el cargo, y una nota en la que se asegura que el gobernador “reprobó un examen de polígrafo cuando se le preguntó sobre vinculaciones con el narcotráfico”.

Tras la jornada electoral del 7 de junio, Mario Anguiano respondió a las acusaciones diciendo que estas fueron “cobardes y electoreras” y que el video había sido “editado y manipulado”. La nota de El Universal no explicaba el origen del video, pero la más elemental lógica apuntaba hacia el equipo del candidato del PAN a la gubernatura, Jorge Luis Preciado, quien, por cierto, semanas después de la publicación me aceptaría en la pausa de una entrevista radiofónica que “claro que no había sido una filtración anónima”, que “claro” que él había proporcionado este video al referido diario nacional.

El 7 de junio, el resultado de la elección de gobernador fue el más cerrado en la historia de las contiendas estatales en la etapa democrática del país. Esto incluso implicó que, por ley, se realizara por vez primera un recuento total de votos al haber sido la diferencia entre primer y segundo lugar inferior a uno por ciento del total (503 de 299 mil 926 votos depositados por los colimenses en las urnas), derivado de una reforma electoral generada por los reclamos en la postelección presidencial de 2006.

Antes de esto, cuando sólo faltaba el cómputo de uno de los 10 municipios para saber quién se alzaba con el triunfo de la gubernatura, la máxima autoridad administrativa electoral, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado, Alejandra Valladares, optó por no esperar al anuncio oficial y darle una primicia a Joaquín López Dóriga en vivo en su programa de la tarde en Radio Fórmula. Le dijo entonces que, sumando los datos finales del municipio de Manzanillo (el que tiene mayor cantidad de electores en el estado), la tendencia a favor del PRI marcada en el PREP y en los cómputos municipales de los restantes municipios se había revertido: “Te voy a dar la primicia Joaquín (…) Prácticamente ahora está terminando el conteo en el Consejo Municipal de Manzanillo y parecer ser que las cifras que tenemos ahora son de 0.17 por ciento de los votos, lo que implica que nos vamos al reconteo total. Estaremos reuniéndonos los consejeros a efectos de determinar hora de la sesión y a efecto de volver a revisar el conteo de los diez consejos municipales”. Tras esto, la consejera presidente dijo que el resultado final vendría después del recuento voto por voto.

“¿Son (esos votos) todavía una ventaja para el candidato del PRI?”, le preguntó Joaquín López-Dóriga.

“De acuerdo con los datos que tengo yo, se revierte la tendencia”, sentenció Valladares.

Minutos más tarde, la propia consejera presidenta aclaraba que el dato que le habían pasado de Manzanillo tenía un error y que la ventaja para el PRI se mantenía en 0.18% del total de votos. El error de la funcionaria, además de sembrar dudas sobre el actuar de la autoridad electoral, ocasionó tanto malestar que el propio PRI inició un procedimiento ante el INE para remover a Valladares del Consejo General del Instituto electoral local. Este procedimiento aún no ha sido resuelto.

En una elección así de cerrada era lógico que el resultado fuera impugnado y que todo terminara en el máximo tribunal electoral del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Los actores políticos involucrados sabían que sería una batalla larga, una carrera de aguante más que de velocidad o de espectacularidad.

Jorge Luis Preciado, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), desconoció el resultado presentado por el órgano electoral local y se dijo víctima de un fraude. Llamó a la movilización ciudadana incluso antes de que el Instituto Electoral del Estado entregara la constancia de mayoría al candidato del PRI, Ignacio Peralta.

El domingo posterior a la jornada electoral, el 14 de junio, realizó un recorrido por los principales municipios del estado que denominó “la caravana de la victoria”, la cual finalizó su recorrido en la capital colimense, a una cuadras de la sede del Instituto Electoral del Estado. Ahí, ante sus seguidores y ante la estatua del Rey Colimán, advirtió que esa sería su última protesta que haría de “forma pacífica” y adelantó que convocaría a protestas para bloquear la carretera que comunica al municipio de Colima con el de Manzanillo y también para sitiar las instalaciones de este puerto, una de las principales puertas de entrada y salida para el comercio con Asia.

Diez días más tarde, el 24 de junio, Jorge Luis Preciado solicitaba su reincorporación al Senado de la República, lo que no sólo sus detractores, sino incluso algunos correligionarios consideraron un reflejo de que ya daba por perdida la gubernatura. El aspirante panista aclaró que se trataba de un mero “trámite administrativo” con el cual buscaba desactivar los intentos del PRI de fincarle responsabilidades penales con acusaciones falsas, las cuales ni especificó, ni tampoco se concretaron.

Tras el paso de la impugnación por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), todo transcurría sin sobresaltos para el PRI. El tribunal local consideró el 7 de agosto infundados y/o inoperantes todos y cada uno de los agravios acusados por el PAN, incluso los que mayor eco mediático habían tenido: la acusación de que el PRI había hecho votar a los muertos, a los paisanos que migraron a Estados Unidos y que no estaban en Colima el día de la elección, a los testigos de Jehová, que lo tienen prohibido, y hasta a un interno de un hospital psiquiátrico.

Los involucrados en la disputa por la gubernatura esperaban la resolución de la última instancia, la Sala Superior del TEPJF, para finales de septiembre, pero el mes concluyó y la sentencia no llegó.

La que sí llegó fue la relativa al reparto de las diputaciones locales plurinominales, la cual le dio dos curules más que las que las autoridades estatales le habían dado al PAN. Con esto, Acción Nacional conquistó por primera vez la mayoría absoluta en el Congreso del Estado.

En el optimismo priista se leyó esto como “un premio de consolación” ante una inminente resolución favorable para Nacho Peralta en la contienda por la gubernatura. En el optimismo panista, esto fue interpretado como el aviso de un cambio de aires, como el preámbulo de que los vientos de alternancia comenzaban a llegar a esta zona del Pacífico central mexicano.

Dos semanas después, el martes 13 de octubre, el anteproyecto de sentencia que sería discutido por la Sala Superior, elaborado por el magistrado ponente Manuel González Oropeza planteaba, al igual que la resolución del tribunal local, declarar infundados y/o inoperantes todos y cada uno de los agravios señalados por el PAN y ratificar el triunfo del PRI.

El tribunal federal que estaba sesionando los miércoles no abordó el miércoles 14 de octubre todavía este anteproyecto. Ese día, el candidato del PAN catalogó esta propuesta de resolución como “una chingadera”. Incluso sembró una duda: acusó que algunos de los magistrados electorales tenían la intención de brincar de la Sala Superior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante esta sospecha, Jorge Luis Preciado advirtió que, si esa era la pretensión, que recordaran que la bancada panista en el Senado era necesaria para la requerida mayoría calificada para los nombramientos de la Corte, y que no contaran con el apoyo de los 38 senadores blanquiazules: “Desde el Partido Acción Nacional no vamos a permitir que haya un atropello a la democracia a cambio de un ministro de la Suprema Corte de Justicia”.

Llegó el siguiente miércoles, el 21 de octubre. La Sala Superior anunció a través del magistrado Salvador Nava Gomar que resolverían el caso Colima, pero concluyó el día y la sesión nunca inició. Para el jueves, mientras la tensión crecía, se supo que un día antes en la madrugada, el PAN había presentado un recurso de último momento en el que incluían pruebas supervenientes, pues el secretario de Desarrollo Social local, Rigoberto Salazar, había comparecido ante el Congreso del Estado con motivo de la glosa del sexto y último informe del gobernador Mario Anguiano y, ante la pregunta de una diputada panista, había aceptado de manera implícita que era su voz la de una grabación que fue presentada en la impugnación como prueba de la injerencia indebida del Ejecutivo estatal en el proceso electoral.

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Lo que antes era un agravio infundado, contando ya con esta aceptación por parte de Salazar, cuatro de los seis magistrados consideraron que era prueba suficiente para demostrar una injerencia del gobierno estatal en la elección y para decretar su anulación; los otros dos magistrados, consideraron que la orden para intentar coaccionar el voto se había dado en la grabación en cuestión, pero vieron “muy cuesta arriba” con sólo ese testimonio demostrar que la injerencia en efecto se había dado. Como fuera, la sentencia quedó en firme: la elección fue anulada y Colima se convirtió en el único estado en la historia de la democracia mexicana en el que dos veces se ha anulado la elección de gobernador.

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Aunque tiene causas y consecuencias políticas, se cocina aparte la profunda crisis financiera que ha afectado las arcas del gobierno estatal, en una entidad, que según cifras de México, ¿cómo vamos?, es la tercera del país cuya fuerza laboral está empleada en mayor proporción en el sector público (después de las petroleras Campeche y Tabasco).

Mario Anguiano, gobernador que, por cierto, conquistó el poder tras un jaloneo entre la cúpula priista nacional y la local en el que resultó victorioso el grupo del ex

mandatario Silverio Cavazos (asesinado el 21 de noviembre de 2010, un año y 21 días después de haber dejado el cargo), llegó al Ejecutivo estatal asegurando que su prioridad era arreglar los problemas financieros de la entidad y prometiendo que lo lograría. Minutos antes de jurar el cargo ante el Congreso del Estado, el 1 de noviembre de 2009, fue abordado por un reportero de Ángel Guardián, el sistema informativo radiofónico líder en la entidad, y cuestionado sobre los retos con los que llegaba al gobierno. “A pesar de las circunstancias económicas difíciles, vamos a actuar con responsabilidad, vamos a tomar las medidas necesarias y vamos a lograr estabilizar bien el gobierno en la parte económica”, fue el mensaje de Anguiano.

Seis años después dejó la administración estatal reconociendo un déficit de 1,598 millones de pesos, comparado con el déficit de 144 millones con el que cerró su primer año de gobierno; y con una deuda total de al menos dos mil 929 millones de pesos, un incremento de 211% sobre los 939 millones de pesos registrados al cierre de 2010. Y sin siquiera contar con la solvencia para pagar las quincenas de la burocracia estatal, lo que lo llevó incluso a despedir a 1,050 trabajadores con contratos temporales menos de dos meses después de la votación del 7 de junio y tres meses antes de concluir su sexenio.

La deuda colimense quizás no ha sido tan escandalosa como la de otros estados porque estamos hablando de una deuda total menor a 3 mil millones de pesos, y no una deuda de 36 mil 675 millones de pesos como la que alcanzó Coahuila en el final del gobierno del primero de los hermanos Moreira (con un crecimiento de 11,254%), pero tiene algunos elementos que le agregan una gravedad no vista en otras regiones de México.

A inicios de agosto de este año, la agencia calificadora Fitch Ratings determinó bajar la calificación de la calidad crediticia del gobierno estatal de Colima de A a RD (default restringido), luego de que la administración estatal simplemente incumpliera dos pagos por 143.5 millones y 200 millones de pesos, respectivamente con HSBC y BBVA Bancomer. En el caso de este último, fue la primera ocasión en la historia de BBVA Bancomer en que un gobierno estatal no paga un adeudo y ni siquiera avisa que no va a pagarlo. “Bastaba una llamada para acordar una prórroga o un refinanciamiento, pero la llamada nunca llegó”, me dijo un alto directivo de esta institución financiera.

La calificación que le dio Fitch Ratings de “default restringido” era un paso previo al “default” es decir, a la quiebra o suspensión de pagos de un gobierno a sus acreedores.

Posteriormente, en la segunda quincena de agosto, la administración estatal contrató un crédito por 638 millones de pesos, de corto plazo con vencimiento el 31 de diciembre de 2015, lo que posibilitaba legalmente esta contratación sin tener que pasar por el trámite de solicitar una autorización ante el Congreso del Estado ni, mucho menos, tener que someterse al escrutinio de la opinión pública.

Este crédito de corto plazo le permitió al estado elevar su calificación crediticia de RD a CCC —que todavía mantiene—, lo que implica una mejoría pero también que persistía el riesgo de que se incumplieran pagos a deudores.

Cuando se conoció la contratación de este crédito, personal de las agencias calificadoras se manifestaba sorprendido, pues no comprendían la razón que llevó al gobierno a solicitarlo, pues, en las últimas cifras oficiales disponibles hasta ese momento, las de finales de marzo de 2015, las arcas estatales mostraban un ligero superávit. “No entiendo qué pasó que llevó al gobierno a pedir estos créditos”, me comentó un directivo de una agencia calificadora bajo la condición de mantener el anonimato. Mucho menos comprendía el especialista qué gastos llevaron a que, el 31 de julio del presente año, el gobernador Mario Anguiano anunciara la existencia en su administración de un déficit de 1,598 millones de pesos y que, buscando disminuirlo, decidiera la no recontratación de 1,050 burócratas estatales y otras medidas cosméticas, como reducirse el sueldo a la mitad, faltando exactamente tres meses para dejar su cargo (a lo que hay que agregar que, por cierto, nunca demostró que efectivamente se hubiera dado la reducción salarial). Ceteris paribus dirían los economistas, es decir, que con todo lo demás constante, los 42 millones de pesos supuestamente ahorrados en el último trimestre por las medidas de austeridad decretadas por el mandatario estatal en el último trimestre de su administración, de mantenerse, tardarían 26.9 años en generar los recursos suficientes para llevar a cero el déficit de la entidad y pagar también la deuda de corto y largo plazo y los pasivos con proveedores, que en total sumaban a finales de julio 4 mil 527 millones de pesos.

Después, previo al final de la Legislatura local 57 (2012-2015) en la que el PRI contaba todavía con la mayoría, el gobernador pidió autorización al Congreso local para que le aprobara solicitar créditos de largo plazo por hasta 1,728 millones de pesos, lo que generó gran polémica entre algunos actores políticos y gran rechazo en amplios segmentos de la población.

En el Congreso estatal hubo tomas de tribuna, se reunieron firmas para echarlo abajo, incluso se iniciaron diversas acciones legales que buscaban frenar la contratación del crédito pero ninguna prosperó; sin embargo, tras la anulación de la elección y tras la designación de un gobernador interino, la contratación del empréstito tampoco se ha concretado. Públicamente, el mandatario interino Ramón Pérez Díaz ha argumentado que primero está buscando apoyos de la Federación para poder enfrentar los problemas financieros de corto plazo, sin embargo, en el equipo del Ejecutivo estatal tienen dudas de que sea constitucional y legal la contratación de un crédito de largo plazo para realizar el pago de otro de corto plazo.

En las agencias calificadoras temen que, si el crédito no terminara por contratarse, y la administración local no consigue recursos para el pago del vencimiento de 638 millones de pesos al finalizar 2015, esta sería la primera vez en que un estado de México incumple en dos ocasiones con sus obligaciones con acreedores financieros, lo que los obligaría a llevar la calificación a “default”. “Si esto no se arregla antes de fin de año, los tendríamos que volver a bajar a D(mex) y las consecuencias en el largo plazo para la calificación serían devastadoras. Dos incumplimientos en menos de 6 meses es algo sin precedentes… Es más, en México no hay una sola entidad que haya incumplido dos veces”, señala Gerardo Carrillo, director senior de Fitch Ratings México.

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Si el clima político ya estaba enrarecido y tenso por el proceso electoral y por las dificultades financieras del gobierno estatal, el 12 de octubre se registró un incidente que sacudió a la clase política colimense.

Fernando Moreno Peña, ex gobernador de Colima (1997-2003), recibió cuatro balazos cuando desayunaba en el frecuentado restaurante Los Naranjos Campestre en la capital de la entidad. Dos sujetos armados con pistolas nueve milímetros entraron al lugar, fueron directo hacia su mesa; los testigos en el lugar y fuentes del gobierno estatal han corroborado que una falla en el arma de uno de los pistoleros provocó que sólo dieran cuatro balazos y que no pudieran cumplir con su objetivo. Las cuatro balas le ocasionaron heridas en el brazo, la mano, el tórax y el cuello, sin embargo, milagrosamente salvó la vida.

Moreno Peña no es el primer mandatario colimense que sufre un ataque de este tipo: el 21 de noviembre de 2010, Silverio Cavazos (gobernador entre 2005 y 2009) fue asesinado a balazos fuera de su domicilio; su predecesor, Gustavo Vázquez, falleció en 2005 en un accidente aéreo cuya causa, según la versión oficial, fue una falla mecánica, pero que no ha estado exento de especulaciones sobre un atentado que nunca ha sido demostrado.

En los últimos 19 días de su mandato (que culminó el 31 de octubre), el entonces gobernador Mario Anguiano prometió esclarecer el atentado; ofreció un par de ruedas de prensa explicando la información con la que contaban, asegurando que tenían plenamente identificados a los atacantes pues habían sido detenidos cuatro días antes del ataque por posesión de arma de fuego, pero habían sido liberados por la autoridades federales.

El 21 de octubre el gobierno estatal había convocado a una rueda de prensa para anunciar “importantes avances” en la investigación; sin embargo, horas después informó que el encuentro con los medios se suspendía y, desde entonces, la administración estatal no ha informado absolutamente nada sobre la indagatoria.

El vacío en la información oficial lo han llenado los columnistas de los medios locales y nacionales con dos hipótesis: fue un ataque del crimen organizado, ya sea porque el ex mandatario tuvo o tiene algún vínculo con grupos criminales o porque atentando contra él se podía mandar un mensaje al que parecía un inminente gobierno de Ignacio Peralta; la otra hipótesis repetida es la de la revancha política, en la que se ha sugerido que los autores intelectuales podrían estar en la administración estatal saliente e, incluso, El Diario de Colima (el principal impreso en la entidad) sugirió en su columna institucional “Jueves Político” que había líneas de investigación que apuntaban al móvil político y que en estas tenía que ser analizado lo dicho por el panista Jorge Luis Preciado, quien tras el atentado dijo que Fernando Moreno Peña “ya debía muchas…”. Con una redacción “muy cuidada”, pero no por eso menos temeraria, sugerían que el aspirante panista a la gubernatura podía ser el autor intelectual del ataque.

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Con la crisis política previa, la crisis financiera aún sin resolver, con las dudas generadas por un intento de magnicidio y con una gran polarización política en la sociedad, Colima enfrenta un proceso electoral extraordinario inédito, entre otras cosas, porque es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral organizará por completo una elección local.

Y ante este escenario, no hay en el horizonte indicios de que la vida política e institucional en Colima vaya a normalizarse pronto. La tensión no disminuye. Una campaña de 35 días en la que antes de haber iniciado quedaba en evidencia ya que lo que abundará será lodo y confrontaciones personales, filtraciones anónimas y autofiltraciones (o autoflagelos).

Con la campaña iniciada el pasado 10 de diciembre las sospechas quedaron confirmadas. El candidato del PAN adelantaba que lo acusarían de trata de personas y presentó un par de desplegados al respecto de “un ciudadano” que un diario local se negó a publicar al considerarlos difamatorios. Más adelante, el candidato del PRI lo acusaría en un discurso de “ser el primero en tener redes de prostitución y de trata de blancas”; al ser cuestionado sobre con qué hacía ese señalamiento, Nacho Peralta explicó que lo hacía retomando estos dichos que consideró una “autoincriminación”, además de recogía también “la sabiduría popular”, lo dicho por la gente, y que sus sospechas aumentaban porque Jorge Luis Preciado supuestamente ha sido propietario de moteles y porque no es bien visto su accionar como senador por diversas organizaciones que luchan contra la trata.

Además de este tema, le han achacado al abanderado panista tener problemas con el alcohol. Para esto no se necesitan pruebas que puedan sostenerse ante un juez (como en el caso de un delito), pero sí hay evidencias que lo dejan mal parado ante la opinión pública: le han recordado su fiesta en el Senado en 2013, en la que terminó con trago y puro en mano cantando “el rey de chocolate”, en un acto que el periódico Reforma y otros medios convirtieron en todo un escándalo nacional; y un discurso en el municipio de Tecomán, en julio pasado, en el que evidentemente arrastraba la voz.

Pero el bando panista no ha dejado los ataques sin respuesta. Acusaron al candidato priista de haber arrollado el 31 de mayo pasado a un motociclista, en plena campaña electoral. La acusación la hizo el propio implicado en un video muy bien producido y convenientemente difundido en redes sociales; en éste, los señalamientos hacia Nacho Peralta no eran directos, como sí fueron después en el uso que le dio al caso el equipo de campaña de Jorge Luis Preciado… El asunto culminó en una denuncia por difamación en contra del senador con licencia.

Seguramente midiendo el hartazgo social por la guerra de lodo, los aspirantes al gobierno de Colima han intentado presentar propuestas, pero la verdad es que hasta ellos se sienten incómodos haciéndolo. Se desvuelven mejor, nadando en el fango en que han convertido a esta contienda político-electoral.

¿Todavía habrá algo que pueda sorprender en 2016 a este Colima en el que no pasaba nada y en el que en 2015 pasó todo?

 

Miguel Ángel Vargas.
Periodista y subdirector de Noticias de Radio Levy.