En un libro que se descarga en versión digital varios líderes mundiales comentan las transiciones democráticas en el mundo al principiar el siglo XXI. El ex presidente mexicano Ernesto Zedillo, uno de los entrevistados, dijo: “vivimos en una democracia y tenemos que entender que la política es como una rueda de la fortuna: unas veces vas arriba y otras abajo; un tiempo estás en el gobierno y otro en la oposición. Tienes que pensar si tu estómago aguanta esas subidas y bajadas… Algunos prefieren la certidumbre y la estabilidad, lo predecible y la recompensa inmediata, lo que en política y en la vida pública no siempre se logra”. Pienso que utilizar un juego mecánico como metáfora de la vida política ilustra bien el problema que nos resistimos a enfrentar y al que aluden los artículos de Héctor Aguilar Camín, José Woldenberg y Jesús Silva-Herzog Márquez, publicados en el número anterior de nexos, cuyo pesimismo prácticamente unánime no deja de preocupar.
En el otoño de 2015 a la sociedad mexicana le preocupa la política, la vida pública, el futuro de nuestra convivencia. Esa preocupación se expresa en una crisis de confianza y de credibilidad profundas que ponen en duda lo que dice y hace el gobierno. La irritación de los pequeños pueblos que llega al linchamiento de extraños, las quemas de palacios municipales y patrullas de seguridad pública, los pactos inconsultos o el uso del dinero público para borrar o minimizar divergencias políticas. Ése es el malestar que Jesús Silva- Herzog Márquez resume con la frase: “la perversión de las funciones elementales de la democracia”. Ese número de nexos nos obliga a preguntarnos: ¿si así estamos en el 15 cómo estaremos en el 17?
Los teóricos de la ciencia política lo observan y la experiencia práctica lo confirma: la cultura política (la manera como interpretamos los acontecimientos, comunicamos y construimos la realidad, ejercemos las funciones públicas, nos comportamos frente a la autoridad) es resistente al cambio. Como hábito aprendido de la sociedad funciona instintivamente ante impulsos externos.
Las décadas de convergencia de la descolonización y la liberación nacional en el “tercer mundo” enmarcaron a nuestro 1968. Esa sincronización explica que nuestra visión de la democracia sea a la vez política, económica y social. Sin embargo, si nos centramos sólo en la cuestión política, los años que demandaron costos más altos a quienes luchaban por la democracia fueron los años duros de la Guerra Fría, la cerrazón y la intransigencia del “macartismo, estalinismo y franquismo”. Así visto, de los padres y abuelos de los sesentaiocheros heredamos estrategias y formas comunicativas con las que lucharon por defender sus derechos civiles y políticos que continúan aplicándose hoy y han resultado extraordinariamente pertinentes en el mundo global.
Aun cuando el México de 2015 sea muy distinto al de los años ochenta o sesenta, el ánimo confuso que nos envuelve persiste porque el gobierno funciona como si nada hubiera sucedido en tanto tiempo. La muestra es que los políticos se aferran a la explicación de que el presidente ocupa el centro del sistema político, personifica la unidad de la nación y como gobernante “todo lo sabe, todo lo puede y se hace obedecer”. Sin embargo, esa imagen de un solo centro que mantiene en órbita a los actores de la escena pública ha dejado de ser inspiradora y ahora deja ver su trama cosida con dificultad.
Así visto el sistema político como algo que funciona “afuera” de nuestra voluntad, resulta lógico pensar que la única decisión que toman los políticos es “entrar al juego o salirse de él”. Una frase semejante se atribuía a Fidel Velásquez, líder eterno y personificación de la política autoritaria. Preferimos imaginar que enfrentamos “un sistema político” preexistente, ajeno a nuestra voluntad; inmensa maquinaria fuera de nuestro control: gigantesca rueda de la fortuna (ver la película de Fritz Lang, Metrópolis) que convierte a los operadores en engranajes o a los ciudadanos en autómatas (Charles Chaplin). El riesgo de sostener esa visión exógena de la política es que paraliza a la sociedad y contamina las relaciones entre el gobierno y las percepciones de las opiniones públicas.
Repetir la misma película una y otra vez no es un buen síntoma. Sobre todo cuando la sociedad dispone de nuevas tecnologías capaces de construir “otras realidades”. Actualmente un cineasta dotado con tres cámaras y un programa de cómputo comercial puede “tejer” en una sola esfera la realidad que engañe a los sentidos y nos transmita la sensación de que “estamos ahí”, en “otra realidad”. Los efectos de propiciar la inacción política pueden ser peores que el desencanto de hoy.
Propongo entonces enfocar nuestra visión de una manera menos mecánica. Atender más al contexto (mundial, industrial, científico, social y demográfico) y a la cultura que surge en la periferia. Entender qué parte del problema radica en que nos cuesta mucho aceptar que nuestra vida pública es el resultado de las instituciones políticas que “nos hemos dado” con el propósito de convivir, pero cuyos efectos colaterales ampliaron la exclusión y los problemas.
Es paradójico que el símil “juego mecánico y política” lo hubiera revivido el ex presidente que aprobó reformas constitucionales que cambiaron piezas clave en el sistema político mexicano: reformas a los procesos electorales, al financiamiento de las campañas políticas, a las funciones del Poder Judicial y el establecimiento de tribunales electorales. Ese “tiempo reformista” estableció nuevos quehaceres a la Suprema Corte de Justicia ubicándola en el centro de importantes debates sociales en México.
En octubre de 2015 un grupo de políticos que han luchado por la democracia participativa y líderes sociales defensores de derechos humanos coincidieron en el propósito de convocar a la sociedad a proponer los cambios constitucionales que a su juicio respondan mejor a los múltiples problemas que enfrenta el México de hoy. Ese proceso ya está en marcha y a su tiempo conoceremos el resultado.
En 2016 iniciarán los actos conmemorativos del centenario del Congreso Constituyente que aprobó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en febrero de 1917. Entre los actos conmemorativos previstos el ejército mexicano recorrerá pueblos y ciudades mostrando los símbolos patrios: las banderas históricas y el manuscrito firmado por los diputados que integraron el Congreso Constituyente. Ese desfile de “monumentos” ampliará la distancia entre el texto constitucional y su función práctica que corresponde al gobierno político de la nación.
En ese contexto leer los debates que sostuvieron los diputados constituyentes en enero de 1917, cuando se discutieron las cuestiones del gobierno, resulta pertinente. Independientemente del formato controversial adoptado en aquellos debates: dar la voz a un diputado para exponer los argumentos a favor y a otro para exponer los argumentos en contra (método retórico más cercano a la confrontación escolástica que al debate parlamentario moderno), y que la asamblea ya estuviera dividida entre una minoría carrancista y una mayoría obregonista, la lectura de los debates en sesiones borrascosas de un Congreso mexicano resultan insólitas. A golpe de mociones, votos particulares, dispensa de trámites, desalojo de la sala, discusiones a puerta cerrada y sesiones secretas, sucedió una suerte de “revolución en la revolución”. Por la presión del tiempo las amenazas intervencionistas de Mister Wilson y la entrada de los estadunidenses a la Primera Guerra Mundial estremecieron el corazón del poder pero no llegaron a modificar su naturaleza profunda.
Sin embargo, en 1917 el tema salió a flote, se debatió y se dijeron cosas importantes. Después no se volvió a tocar, al menos en público. El “gran problema de la política” quedó tal cual y permaneció sin alteraciones mayores la relación establecida entre el Ejecutivo y el Legislativo desde la Constitución de 1857. Como nunca se volvió a hablar con la misma franqueza de ese tema, ¿de qué nos extrañamos cuando los diputados de oposición en el Congreso se quedan hablando solos? Todo se decide con evasivas y amenazas, como si la posibilidad de modificar implicara aceptar que sin esa relación “sobrevendrá la catástrofe”. Aunque no lo queramos reconocer esa relación llegó a su límite y está en la base de la pérdida de credibilidad política de nuestros días.
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es la clave que divide los regímenes políticos entre presidencialistas y parlamentarios. Que un sistema sea presidencial o parlamentario es el principio que dirime una cuestión: ¿puede el Legislativo plantear un juicio político al Ejecutivo que lo obligue a renunciar?
Algunas intervenciones entresacadas del Diario de Debates del Congreso de la Unión del 15 y 16 de enero de 1916 son pertinentes:
• La facultad de juzgar al presidente es el arma de mayor peligro que puede esgrimir el Congreso de la Unión en contra del Ejecutivo.
• El Ejecutivo se defenderá porque no puede permitir sentirse amenazado a todas horas
• Si no se le dan medios legales para defenderse forzosamente procurará la corrupción de la Cámara, porque dispone de enormes recursos y no se dejará dominar
• Si la facultad del Congreso de deponer al presidente se descarta, la opción es el modelo establecido en la Constitución del 57: “democrático en el fondo pero imperfecto en la forma”.
• Si se adopta el modelo de darle fuerza al Congreso para que pueda citar al Presidente, el Ejecutivo corromperá a la mayoría de los diputados para que esto no suceda durante su mandato.
• Hay que escoger: si queremos Parlamento libre debemos dar al Ejecutivo la seguridad de que ese Parlamento no puede deponerlo a la hora que quiera y que se sostendrá perfectamente en su puesto.
• Lo mismo se plantea cuando la pregunta es si el Ejecutivo tiene o no derecho de convocar a reuniones de emergencia del Congreso.
• Cuando se habla de la responsabilidad o irresponsabilidad del Ejecutivo se debe considerar la máxima irresponsabilidad. Sus ministros serán los responsables y la responsabilidad mayor de ellos será no pasarle la responsabilidad al presidente
• Y cuando haya prensa libre, el presidente será sancionado por la opinión pública. El ejecutivo evitará la preeminencia del Legislativo, pues la aspiración de éste será mantenerse en asamblea permanente. El tema pues, se discutió. Para dar una idea de cómo se argumentaron las ideas y tener un punto de referencia comparativo con la manera como se ocupa la tribuna parlamentaria en nuestros días, recupero una escena:
Se escucha la voz de Francisco Múgica mientras camina de su curul a la tribuna. ¡Moción de orden¡ ¡Moción de orden! propongo que ese artículo se reserve para después continuar el debate.
Diputado Macías: “pido la palabra”. Presidente: “tiene la palabra el diputado Macías”. Macías: “después de la brillante exposición que ha hecho el diputado Machorro Narváez, presidente de la segunda Comisión dictaminadora, pocas palabras tengo que agregar. El sistema establecido por la Constitución de 1857, democrático en el fondo, fue imperfecto en la forma. Cuando el general Díaz llego al poder, lo primero que hizo fue apoderarse del Congreso. Consiguiendo que fueran amigos incondicionales, si no todos, casi todos los miembros del Parlamento electos diputados y senadores que llevaran el compromiso formal con Porfirio Díaz para que no fueran a hacer oposición”.
“De manera que un presidente para sostenerse en el régimen presidencial como el adoptado por la Constitución del 57 tendrá la necesidad de corromper a los diputados, si no en su totalidad, si en su mayor parte…. Así que hay que escoger: si queremos Parlamento libre, debemos darle al Ejecutivo la seguridad de que ese Parlamento no pueda deponerlo a la hora que quiera y de que se sostendrá perfectamente en su puesto… hay otra pregunta que puede asustar mucho a los diputados: ¿cuando debe ser responsable el presidente de la República? El presidente debe ser lo menos responsable posible. Los responsables, en todo caso, deben ser sus ministros y cuando haya prensa libre, porque no depende del Ejecutivo, serán los periodistas, individuos sacados de la masa del pueblo, quienes juzgarán al presidente”.
El régimen parlamentario es claramente legible: si la descalificación del presidente del gobierno llega a ser abrumadora, todavía le queda la posibilidad de formar un nuevo gabinete o de convocar elecciones anticipadas. El modelo presidencialista en Estados Unidos prevé expresamente en qué condiciones se puede exigir la dimisión del presidente. Entre nosotros, sólo en caso de falta definitiva o comisión de un delito tipificado en el código penal, el Poder Judicial analizaría la sustitución del mandatario. No existen instrumentos de política para procesar crisis de la política. En esas condiciones lo que queda es que la opinión pública, los medios y las redes sociales mantengan al Ejecutivo bajo juicio político permanente.
He aquí una brevísima historia de por qué sobrevive en México esa fórmula peculiar de relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La propuesta de Carranza estaba sustentada en una contradicción de origen: incorporaba el intervencionismo radical de los decretos preconstitucionales (distribución de la tierra, derechos laborales, municipio libre, derechos de las familias y reconocimiento de la paternidad) y la separación de poderes propia de la Constitución del 57. Ese equilibrio inestable mantuvo al Ejecutivo separado de los otros dos poderes, los que a su vez gozaron de márgenes de autonomía cada vez más amplios.
Don Porfirio gobernó con la Constitución del 57 porque tejió un método político que mantuvo el respaldo de los diputados: les dio juego político y posibilidades de presidir comisiones especiales sólo a sus incondicionales. Al resto, los puso “a dieta”. Con esa estrategia de reparto económico mantuvo un Congreso estructuralmente incapaz de formar mayorías opositoras. El remolino de la revolución puso fin a esa manera de gobernar. Cuando los debates del Constituyente formaron una nueva mayoría surgió la fórmula infalible pero facciosa de una mayoría, compuesta por jefes militares disciplinados que respaldaban sin discutir las instrucciones legislativas del primer jefe al principio y del jefe máximo después.
Parte de nuestras dificultades políticas actuales radican en que ya no existen esas mayorías impuestas. Rota la unanimidad cualquier discusión reclama responsabilidad de los individuos. Tampoco es posible coordinar, ni por razones de tiempo ni de lugar, a los múltiples medios que transmiten las opiniones. Por eso se escuchan simultáneamente razones de unos que parecen sinrazones a los otros. Ese “ruiderío” genera un nuevo tipo de “opinión pública” cuya principal característica sistémica es emitir juicios políticos fulminantes contra del Ejecutivo. Las consecuencias de ese nuevo panorama político las resiente la sociedad. Es decir, las instituciones y su forma de operar nos han deparado un escenario confuso y deprimente.
Para terminar: como ciudadana habitante y estante en la ciudad de México, propongo dar por terminado un ciclo centenario y reiniciar con franqueza el análisis de los puntos centrales de la organización del poder en México. Es necesario revisar nuestras herramientas constitucionales para romper el impasse que da impresión de estar en movimiento pero no cambiar de lugar.
Volvamos al Congreso Constituyente de 1917 y escuchemos la voz del secretario: “Se procede a la votación de este punto: por la afirmativa: 44 votos, por la negativa 90, Desechado”.
Alejandra Moreno Toscano
Historiadora.
