El ombudsman. El término derechos humanos no era de uso común entre nosotros hace apenas 25 años. La instauración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y poco después de las comisiones homólogas en cada una de las entidades federativas, propició que esa expresión empezara a utilizarse y a comprenderse. Las comisiones públicas de derechos humanos nacieron rodeadas del escepticismo generalizado.

El primer presidente de la CNDH, Jorge Carpizo, reconoció la falta de confianza de la sociedad en la nueva institución y dictaminó que esa confianza sólo se conquistaría con resultados y más resultados. Y la CNDH empezó a darlos para asombro de muchos, y los incrédulos empezaron a constatar su eficacia. Los gobernados disponían por primera vez de un instrumento eficaz para defenderse de los atropellos de los servidores públicos.

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No todos estaban contentos con la existencia y el funcionamiento de las nuevas instituciones. No tardó demasiado en esparcirse el rumor de que las comisiones públicas de derechos humanos defendían delincuentes. A un cuarto de siglo del nacimiento de estos organismos, nadie ha podido señalar un solo caso —¡uno solo!— en que un delito haya quedado impune por la intervención de alguna de esas comisiones.

Esas dos décadas y media sin que los detractores falsarios hayan logrado acreditar un ejemplo de impunidad a causa de esos organismos sin duda ha mellado esa falsedad. La creen menos de dos de cada 10 habitantes. Más de seis de cada 10 están persuadidos de que la principal función de las comisiones públicas de derechos humanos es proteger a las personas de los abusos de autoridad.

Por encima de rumores aviesos, hay un hecho innegable: en muchos casos los organismos públicos defensores de derechos humanos han conseguido evitar o detener injusticias, propiciar que se castiguen abusos de poder y resarcir a los quejosos en sus derechos.

La mayoría de la población (58.9%) está convencida de que las comisiones públicas de derechos humanos defienden mucho (12.8%) o algo (46.1%) esos derechos. Tres de cada 10 habitantes estiman que los defienden poco y solamente 8.5% opina que no los defienden en absoluto.

En todo caso, el ideal de los derechos humanos ya no podrá borrarse de las mentes más lúcidas, inconformistas y soñadoras. Y los organismos públicos defensores de derechos están llamados a cumplir una tarea crucial: combatir las tropelías del poder público, asumir el papel del hilo de Ariadna que permite escapar del laberinto de las arbitrariedades habitado por minotauros a veces fieros, en ocasiones negligentes, siempre abusivos.

 

Vigencia efectiva de los derechos humanos. Solamente nueve de cada 100 habitantes consideran que los derechos humanos se respetan suficientemente en el país. Son más, 15 de cada 100, los que opinan que no se respetan en absoluto. Entre esos dos extremos hay una amplia franja que estima que se respetan poco (30.4%), o algo (44.4%). Esto es, 74.8% de los mexicanos, una amplia mayoría, piensa que los derechos humanos se respetan en el país aunque no de manera suficiente. Y de esa mayoría, los que estiman que se respetan algo son claramente más, 14% más, que los que dicen que se respetan poco.

Los encuestados señalan mayoritariamente (33.8%) a su Po­licía Municipal como la autoridad que con mayor frecuencia viola los derechos humanos. El segundo lugar en esa lista nada honrosa lo ocupa el Ministerio Público (26%).

Las fuerzas armadas con 11.3%, las policías estatales con 10% y la Policía Federal con 8.7% quedaron muy por debajo de la Policía Municipal y del Ministerio Público como autoridades que más violan los derechos humanos. Es un hallazgo significativo, sobre todo en lo que se refiere a las fuerzas armadas y la Policía Federal, las cuales han estado a cargo del combate a la delincuencia organizada. De acuerdo con el informe presentado el 9 de marzo de 2015 por el relator especial sobre la tortura de la ONU, es pre­cisamente en ese combate en el que la tortura se generaliza en nuestro país. Sin embargo, solamente alrededor de 10 de cada 100 habitantes estiman que alguna de esas dos autoridades es la que más viola los derechos humanos.

Un dato muy interesante es el de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, únicamente fue señalado por 0.1% de los encuestados. Solamente uno de cada mil mexicanos lo considera la autoridad que más viola los derechos humanos. Este porcentaje minúsculo contrasta con los señalamientos categóricos de ciertos analistas, incluso algunos con cierto prestigio en determinados círculos académicos o periodísticos. Edgardo Buscaglia, por ejemplo, afirma que el presidente “va a utilizar al Ejército y la fuerza pública para reprimir y asesinar hasta el último minuto (sic)”, pero no explica en qué consideraciones basa su oscuro pronóstico (Buscaglia, E., “Un país sin alternativas”, en Boris Nerey Obregón, Variopinto, núm. 31, México, enero 2015, p. 16).

Sólo cinco de cada 100 mexicanos se sienten muy protegidos contra los abusos de autoridad. Son el cuádruple, 20 de cada 100, los que no se consideran nada protegidos: la quinta parte de la población juzga que vive a la intemperie, a merced de los atropellos de los servidores públicos. Entre esos dos extremos —muy protegidos, nada protegidos—, una mayoría relativa se siente poco protegida (40.6%) y una tercera parte (32.4%) se percibe algo protegida. Un hallazgo sumamente relevante de la encuesta es que la mayoría de la población (57.4%) respondió negativamente a la pregunta acerca de si considera que alguna vez se han violado sus derechos humanos.

Hay un reconocimiento del papel desempeñado por las autoridades judiciales del ámbito federal en la protección de derechos. Seis de cada 10 personas admiten que el juicio de amparo ha sido eficaz para defender derechos de los gobernados. Dos de cada 10 estiman que ha servido mucho. Pero 36.9% de la población, la mayoría relativa, tiene poca confianza en los jueces, y sólo tres de cada 10 habitantes tienen algo de confianza en ellos. Los que tienen mucha confianza en el Poder Judicial son una muy reducida minoría: solamente cinco de cada 100. Mucho mayor es el porcentaje de quienes no tienen ninguna confianza en los juzgadores: casi la cuarta parte de los encuestados.

La diferencia porcentual entre quienes consideran que el juicio de amparo sirve mucho o algo para defender los derechos de las personas (61.6%), y los que tienen mucha o algo de confianza en los jueces (únicamente 38.4%) es muy grande y claramente indicativa de que los juzgadores y los tribunales federales —los que conocen de los juicios de amparo— gozan de mucho mayor aprecio que los jueces y tribunales del fuero común.

El más alto grado de confianza de la población respecto de las autoridades judiciales es el que felizmente ha conquistado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, el que resuelve en última instancia los asuntos más relevantes, y el que fija criterios definitivos de interpretación de la ley.

 

Límites a los derechos humanos. Es verdad que la mayoría (51.2%) está de acuerdo en que los derechos humanos deben limitarse si afectan los derechos de un tercero, pero apenas supera en menos de 7% a quienes sostienen que los derechos humanos no deben tener límites.

¿El derecho a manifestarse puede ejercerse sin restricción alguna, incluso si durante una manifestación se cometen actos vandálicos? Específicamente en este tema las respuestas son distintas de las que se dieron a la pregunta de si los derechos humanos deben tener limitaciones: ya no es un porcentaje alto el de quienes piensan que no debe haber restricciones, como lo es cuando se pregunta genéricamente si el ejercicio de los derechos debe estar sujeto a ciertos límites. Incluso una mayoría relativa, cuatro de cada 10 habitantes, condiciona la respuesta a la pregunta de si es correcto que las personas se manifiesten en la vía pública: “más o menos, depende”. Pero si sólo cuatro de cada 10 encuestados respondieron “más o menos, depende”, sólo uno de cada 10 —una minoría claramente exigua— contestó que no debe haber límites. Esto parece indicar que la respuesta según la cual los derechos humanos genéricamente considerados no deben tener límites fue irreflexiva.

¿Qué límites son los que no deben transgredirse en las manifestaciones callejeras? Cuatro de cada 10 señalan el respeto al libre tránsito y tres de cada 10 no destruir ni dañar bienes. Ambas respuestas están muy por encima de la de quienes creen que el límite es no agredir a particulares. ¿Es más reprobable destruir o dañar bienes que lesionar a seres humanos? ¡Solamente uno de cada 10 encuestados invocó como restricción esta última!

Pero mucho, muchísimo más preocupante es que sólo cuatro de cada 100 —¡cuatro de cada 100!— acoten como límite no agredir a la policía, no obstante que abundan las escenas televisivas en las que se advierte la saña extrema con que la policía es atacada. Esta respuesta ameritaría todo un ensayo. Por lo pronto, parece claro que revela un profundo desprecio por nuestras policías, motivado, por una parte, por los no infrecuentes abusos y corruptelas en que incurren sus miembros, pero, por otra, por una actitud clasista, pues a los cuerpos policiales mexicanos ingresan solamente personas provenientes de los estratos sociales más desfavorecidos.

De quienes consideran que la libertad de expresión no debe ser ilimitada, una amplia mayoría está convencida de que esa libertad no puede extenderse a ninguna clase de pornografía, y tampoco a la imputación falsa de un delito —la calumnia—, las amenazas, los insultos y la incitación a cometer un delito, la vida privada y la apología de un delito; 40.4% de quienes admiten restricciones piensa que las creencias religiosas deben serlo absolutamente, y 22.4% que deben serlo en algunos casos.

Seis de cada 10 encuestados señalaron la vida privada como límite incondicional al ejercicio de la libertad de expresión, y dos de cada 10 como un límite condicionado. Solamente 14.3% indicó que la libertad de expresión no debe tener un dique en la vida privada.

Por lo que toca a las creencias religiosas, cuatro de cada 10 encuestados consideran que no deben ser tocadas en modo alguno por el ejercicio de la libertad de expresión; dos de cada 10 respondieron depende, tal vez considerando que esas creencias pueden discutirse pero no ser objeto de ironía, sarcasmo o burla, y sólo tres de cada 10 no las consideran un límite del ejercicio de tal libertad.

Así pues, la mayoría relativa considera a las creencias religiosas una zona infranqueable del ejercicio de la libertad de expresión, dato sumamente interesante en un país como el nuestro, en el que el laicismo está constitucionalmente instaurado desde hace un siglo y medio. Después del atentado en París contra Charlie Hebdo la cuestión cobra la mayor relevancia.

Para mi asombro, la mayoría de los encuestados, un abrumador 60.7%, opina que los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos deben respetarse siempre, y solamente 35% sostiene que tales usos, costumbres y tradiciones deben respetarse sólo cuando no afecten los derechos humanos.

 

Derechos humanos y seguridad pública. Sólo 15 de cada 100 habitantes encuestados creen que los derechos humanos son invariablemente un obstáculo para garantizar la seguridad pública; 37% está convencido de que no lo son; 43.8%, la mayoría relativa, respondió “más o menos, depende”, lo que amerita alguna reflexión. Mucha gente sigue pensando que en ciertos casos se justifica que las policías actúen arbitrariamente, y a partir de esa creencia se concluye que los derechos humanos, contrarios a tales prácticas, son un obstáculo para garantizar la seguridad pública.

Sólo 14 de cada 100 habitantes manifestaron categóricamente su desacuerdo con la cancelación de los derechos de los secuestradores. Esta pequeña minoría es la que defiende con convicción la mejor bandera, la más difícil de comprender, pero también la más fuerte, de los derechos humanos: aun al peor de los criminales hay que tratarlo con respeto para preservar la dignidad humana.

 

Maltrato, tortura, prisión y pena de muerte. A pesar de la desazón y la rabia que produce la criminalidad, la mayoría de los encuestados, 67.2%, está en desacuerdo, o muy en desacuerdo, con que la policía o las fuerzas armadas hagan daño a una persona una vez que la han sometido. También la mayoría de los encuestados, 62.6%, desaprueba que se torture a un detenido.

A la pregunta de si el preso debe tener derechos, la mayoría de los entrevistados, 61.8%, afirmó incondicionalmente que sí, y un segmento adicional, 18.3%, eligió la opción depende. Solamente 17.6%, menos de dos de cada 10, respondió que al preso no deben concedérsele derechos.

Menos de la mitad de los encuestados contestó que cree que en las cárceles del país se violan los derechos de los presos, si bien 36.4% cree que se violan a veces y apenas 12.9% respondió que se respetan.

La mayoría de la población encuestada percibe que, al menos en parte, el sistema penitenciario logra los objetivos de supervisar y controlar a los presos y ayudarlos a convertirse en ciudadanos respetuosos de la ley.

A pesar de los avances del movimiento contra la pena de muerte, ésta aún tiene defensores en todos los países. En el nuestro, 22.6% de la población encuestada estaría muy de acuerdo, o de acuerdo, 34.1%, en que se reimplantara la pena de muerte para los delitos más graves.

 

El aborto consentido. Menos de la cuarta parte de la población está en desacuerdo (17.9%), o muy en desacuerdo (5.3%) en que se castigue a una mujer que aborte; 27.2% no tiene opinión al respecto, y más de cuatro de cada 10, la mayoría relativa, están de acuerdo (24.4%). O muy de acuerdo (18%) en que sea castigada.

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Igualmente, menos de la cuarta parte de los encuestados manifestó su desacuerdo con que se castigue al tercero que practica el aborto con consentimiento de la mujer embarazada; 22.9% no está a favor ni en contra de que se le castigue, y más de cuatro de cada 10 creen que debe ser castigado. Confieso mi asombro. Ésta es para mí una de las más grandes sorpresas de la encuesta.

 

Derechos sociales. De acuerdo con los resultados de la encuesta solamente nueve de cada 100 familias mexicanas tienen ingresos que permiten atender sus necesidades y ahorrar. Éste es el angosto segmento de la población cuya situación económica es satisfactoria. A poco menos de la mitad de las familias les alcanzan sus ingresos sin demasiadas dificultades, aunque no para ahorrar. Su situación no es la óptima pero no se ven sometidas a privaciones de satisfactores básicos. Es de advertirse la coincidencia de las cifras que arroja la encuesta con las oficiales. A cuatro de cada 10 familias sus ingresos les son insuficientes, indica la encuesta: esta cifra es ligeramente mayor a 33% de la población que de acuerdo con cifras oficiales vive en pobreza moderada. Ocho de cada 100 familias sufren grandes dificultades por la insuficiencia de sus ingresos, proporción ligeramente menor a la cifra oficial de pobreza extrema, que es 9% de la población.

Sólo uno de cada cinco mexicanos califica como muy eficientes los servicios de salud, pero tres de cada 10, la mayoría relativa, los califican de muy eficientes. Una proporción similar no los aprueba ni los reprueba, lo que quizá significa que no los considera impresentables pero están muy lejos de ser buenos. Curiosamente, son también cinco de cada 100 los que tildan a los servicios de salud de muy ineficientes, misma proporción de los que tienen exactamente la opinión contraria.

La mayoría (84.7%) está satisfecha con las condiciones de su vivienda, aunque 40% sólo en parte. No todos tienen esa satisfacción: 14.4% de los habitantes encuestados señala que no habitan una vivienda digna. Se trata del segmento de la población que vive en condiciones de hacinamiento al compartir su morada con otra u otras familias, que habita en viviendas construidas con materiales deteriorados o de poca calidad y duración.

Únicamente cuatro de cada 100 mexicanos conside- ran que la educación pública es muy mala y 21 de cada 100 que es mala, es decir, 75% de los mexicanos no reprueba la calidad de la educación pública. La mayoría relativa (35.1%) respondió que “no es buena ni mala, depende”, seguramente tomando en cuenta que la calidad educativa varía no solamente de una escuela a otra sino también de un profesor a otro; 34 de cada 100 mexicanos consideran que la educación pública es buena y solamente cinco de cada 100 la califican de muy buena.

Más de la tercera parte de la población siente que no tener dinero ha sido el motivo por el cual por lo menos alguna vez no se han respetado sus derechos.

 

Discriminación. El color de la piel queda en el cuarto lugar entre los motivos por los que los encuestados sienten que se han violado sus derechos: cifra sumamente elevada (22.6%) para un país mestizo y multiétnico, cuyos habitantes tendrían legítimas razones para sentirse orgullosos de su mestizaje. Ese porcentaje es muy similar al de los encuestados que creen que las personas de piel oscura son tratadas en México peor que el resto de la población (22.7%); aunque la mayoría (58.1%) cree que se les trata igual que a los demás y un sorprendente 8.4% opina que se les trata mejor que a los demás.

Una de cada cinco personas siente que sus derechos fueron vulnerados en razón de su sexo, lo que pone de manifiesto que el sexismo, seguramente sobre todo el sexismo machista, es una actitud recurrente en nuestra sociedad. No obstante, el machismo mexicano se va reduciendo. La mayoría absoluta de la población está muy de acuerdo o de acuerdo en que la mujer y el hombre sean iguales ante la ley, en que las mujeres deben percibir los mismos ingresos que los hombres si desempeñan el mismo trabajo, en que las mujeres tienen derecho a participar en las decisiones de la familia y en que tanto las mujeres como los hombres tienen derecho a decidir sobre la procreación de un hijo. Quienes están en desacuerdo no llegan a tres de cada 100 personas.

También una clara mayoría, siete de cada 10 mexicanos, opina que los hombres debieran tener permiso en su trabajo para ayudar a cuidar a sus hijos bebés. Dos de cada 10, en cambio, aún creen que esa tarea es exclusiva de las mujeres, por lo que en su opinión no se justifica que los varones tengan permiso en su centro laboral para colaborar en ella.

Asimismo, la mayoría de los encuestados (ocho de cada 10) están convencidos de que el maltrato de un hombre a su mujer no es un asunto privado, por lo que la autoridad debe intervenir en esos casos. Pero quienes aún creen que se trata de un asunto privado, en el que las autoridades no deben intervenir, son un buen número: 12.9% de los encuestados está de acuerdo en que el hombre maltrate a su mujer. Esto supone que en 13 de cada 100 hogares el marido maltrata a su mujer cotidianamente o por lo menos, considerándolo legítimo, está dispuesto a hacerlo.

Aunque la edad también es objeto de numerosos señalamientos como motivo de vulneración de derechos (18.9%, lo que es significativo en un país que, por una parte, tiene una población mayoritariamente de jóvenes pero en la que están aumentando las personas que llegan a edades avanzadas), la mayoría absoluta de los mexicanos encuestados está de acuerdo en que las personas de edad avanzada tengan oportunidades laborales acordes a sus capacidades. Casi todos los encuestados (nueve de cada 10) afirmaron que es deber de los hijos cuidar de sus padres de edad avanzada cuando éstos ya no puedan hacerlo por sí mismos, si bien tres de cada 10 matizaron su respuesta: “sí, en parte”. Menos de cinco de cada 100, una proporción escasa, manifestó su desacuerdo con ese deber.

La cuarta parte de la población encuestada —un porcentaje enorme— no sólo ve con malos ojos las muestras públicas de homosexualidad, ¡sino que estaría de acuerdo en que se penalizaran, tal como ocurre en regímenes fundamentalistas! Similar intolerancia se observa respecto del derecho de los transexuales a decidir su propio género. Solamente 16% de los encuestados estaría en contra de que una persona condenada a prisión fuera recluida en un centro penitenciario de acuerdo con su sexo biológico y no con el que se identifica. En este asunto la franja de quienes no tienen opinión es mucho mayor que en otros: tres de cada 10 habitantes.

Segmentos muy amplios de la población se aterran ante la posibilidad de que su hijo o hija no sigan las pautas que la sociedad considera normales en materia de preferencia o conductas de índole sexual. Tres de cada 10 encuestados sostienen que no tolerarían que su vástago manifestara su homosexualidad, y a cuatro de cada 10 les parecería intolerable que usara vestimenta del sexo opuesto o que solicitara cambiar de sexo.

La mayoría relativa de los mexicanos encuestados (cuatro de cada 10) está en desacuerdo con que se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El temor o el desafecto a los distintos, a los otros, a los que no son como uno mismo, es de proporciones muy altas. Entre 16 y 20 de cada 100 mexicanos dejarían de rentar una habitación de su casa a un potencial inquilino por razones absolutamente ajenas a conductas ilícitas o reprobables que se le atribuyeran a éste. Los rechazados son principalmente los enfermos de sida, motivo en el que parece influir decisivamente una ignorancia asombrosa.

La orientación sexual está en segundo puesto entre los motivos de desaire, lo que revela que la homofobia ha disminuido pero sigue abarcando a amplios sectores de la población. Dos de cada 10 personas cerrarían la puerta a una persona de orientación sexual distinta. El color de la piel, las ideas políticas y el padecimiento de alguna discapacidad empatan en el tercer lugar de los motivos por los que se rehúsa a un posible huésped; 16.3% de los encuestados lo manifestó así. A los extranjeros no los admitiría como arrendatarios en la propia casa 16.1% de la población. Finalmente, 16% no rentaría habitación a una persona por su religión.

 

Grupos vulnerables. La mayoría está de acuerdo (41.6%) o muy de acuerdo (29.2%) en que los gobiernos gasten cantidades importantes de recursos para que las ciudades sean más habitables para las personas con alguna discapacidad.

Un resultado que es sorpresivo para mí es el de la enorme mayoría (siete de cada 10 mexicanos encuestados) que cree que las personas con alguna discapacidad mental deben ser recluidas en un centro psiquiátrico sólo en razón de dicha discapacidad, respuesta ligeramente matizada por tres de cada 10 que contestaron “sí, depende”.

Para tratarse de una agresión selectiva, casi siempre de varios contra uno, el porcentaje de acoso en la escuela o en el trabajo es alto: 15.5% de los encuestados ha sido víctima de acoso escolar (bullying) y 14 de cada 100 han sufrido acoso laboral (mobbing).

¡Tres de cada 10 mexicanos (un porcentaje pasmosamente elevado) consideran que no existen límites para corregir a los hijos! ¿Cómo han de tratar a los suyos estas personas, si los tienen, o cómo los tratarán cuando los tengan? Decir que no hay límites para corregirlos es justificar cualquier maltrato, cualquier clase de violencia, cualquier tormento que se inflija con tal de que tenga la finalidad de corregir.

De quienes consideran que sí debe haber límites para corregir a los hijos, más de la mitad no consideran que tales límites sean los golpes que causen dolor ni los actos o palabras que humillen, y la mitad opina que son legítimos los actos o palabras que causen angustia o temor. Los porcentajes alcanzados por estas respuestas nos indican que una buena parte de los niños mexicanos sufren en sus propios hogares castigos crueles propios de tiempos muy remotos pero que persisten y se consideran válidos en amplísimas capas de la población.

En contraste, seis de cada 10 mexicanos están de acuerdo con que los padres permitan a los hijos emitir libremente sus opiniones y tres de cada 10 estiman que por lo menos en parte se debe permitir tal libertad. Sorprendente resultado, pues revela que muchos de quienes admiten castigos crueles contra los niños están, en cambio, a favor de que éstos puedan externar con libertad sus puntos de vista.

Menos de siete de cada 10 mexicanos afirman que el gobierno debe proteger del crimen organizado a los migrantes que cruzan el país, en tanto que 15% responde “sí, depende”. Lo inadmisible ética y jurídicamente es la respuesta de 14.6%, casi 15 de cada 100 mexicanos, en el sentido de que el gobierno no debe proteger a los migrantes, el grupo más vulnerable y más agredido del país. Cuatro de cada 10 encuestados opinan que el gobierno protege “algo” a los migrantes. Sólo 12% considera que los protege suficientemente. En cambio, la mayoría relativa cree que los protege “poco” (25.3%) o “nada” (20.8%).

 

Luis de la Barreda Solórzano
Doctor en derecho. Es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 

5 comentarios en “Los mexicanos ante/frente/contra los derechos humanos

  1. Luis de la Barreda Solórzano es hijo del asesino, torturador y violador Luis de la Barreda Moreno.

    Luis de la Barreda Moreno torturó y asesinó a Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra.

    Luis de la Barreda Moreno también torturó y asesinó a cientos de disidentes políticos.

    Luis de la Barreda Solórzano tuvo el cinismo de escribir un libro para defender la “inocencia” de su padre Luis de la Barreda Moreno.

    ¡Y ahora viene a pontificar sobre derechos humanos!

    Mientras Luis de la Barreda Solórzano vacacionaba en Europa, Jesús Piedra Ibarra era torturado y asesinado.

    En Argentina los asesinos, torturadores y violadores de la dictadura militar se pudren en la cárcel. Mientras tanto acá en la nopalera mueren impunes, libres, rodeados de lujos y comodidades.

  2. En México no se vive un estado de derecho, el sistema de justicia esta podrido,solo hay “justicia”, para el que tiene dinero, inclusive en lo laboral el amparo es una ficción, en la que los administradores de justicia cometen los mas burdos atropellos, al no tomar en cuenta las circunstancias en que

  3. En México no se vive un estado de derecho, el sistema de justicia esta podrido,solo hay “justicia”, para el que tiene dinero, inclusive en lo laboral el amparo es una ficción, en la que los administradores de justicia cometen los mas burdos atropellos, al no tomar en cuenta las circunstancias en que el estado como patrón abusa de los trabajadores. La corrupción reina en los tribunales laborales. Bueno es que lo laboral no son derechos humanos