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Siete y contando. Ése es el número de gobiernos sin mayoría que acumula México de manera consecutiva. Sin importar sus reglas electorales o número de partidos los sistemas presidenciales producen gobiernos divididos con mayor o menor regularidad y con mayor o menor sistematicidad.

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Después de las elecciones intermedias de 2015 México tendrá una nueva distribución del poder político —federal y local— producto del cambio en las preferencias del votante mexicano y del marco electoral que regula la competencia y la transformación de votos en cargos. El séptimo gobierno sin mayoría es distinto cuantitativa y cualitativamente a los anteriores. Cada uno respondió a diferentes circunstancias. Cada uno tuvo distintas composiciones. Cada uno restringió o habilitó en mayor o menor medida al partido del presidente. Cada uno permitió diferentes alianzas políticas. El de hoy está en los linderos de la mayoría. Si se cuenta a sus asociados se puede hablar de una coalición gobernante mayoritaria (ver cuadro 1).

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Hasta el momento no han sido causa de parálisis. Así lo atestiguan las reformas que con mayor o menor dificultad se han ido concretando. La negociación como esencia de la política se ha implantado y ha rendido frutos. De las 605 modificaciones a los diversos artículos de la Constitución en los últimos 98 años, 229 o 38% ocurrieron en los 18 años de gobiernos sin mayoría.

Novedades de la elección: acechadas pero competidas

Las elecciones de 2015 fueron de enorme complejidad, pero el proceso pudo fluir como ha venido ocurriendo desde hace dos décadas. Hubo continuidades que hubiera sido deseable no tener: abusos y conductas abiertamente ilegales de los partidos y candidatos, cuestionamientos permanentes a la autoridad electoral, la percepción de cierta permisividad de ella frente a lo que a los ojos de muchos constituían faltas graves y sistemáticas, litigios en demasía.

Hubo también notas distintivas. Fue el proceso electoral más acechado por conflictos sociales (CETEG y CNTE) y el temor de intervención del crimen organizado. Si en las elecciones intermedias de 2009 se declararon mil 942 secciones electorales de atención especial por motivos de “inseguridad, narcotráfico y actividades ilícitas de carácter regional”, en 2015 el número se incrementó a seis mil 656. Hubo incendio de locales partidistas, toma de juntas distritales, quema de material electoral, privación de libertad de funcionarios del INE, advertencias de boicot y hasta espionaje telefónico. A estos riesgos se les sumaron el fantasma de la abstención y la campaña por el voto nulo. Ninguno de los dos prosperó. La participación fue dos puntos porcentuales mayor que en 2009 y el voto nulo disminuyó ligeramente (de 5.4% a 4.9%). Se les sumó también el riesgo de la experimentación con un nuevo marco electoral tan abigarrado como inacabado y el de un Consejo Electoral renovado.

El proceso electoral (enero-junio) resultó ser el más violento. Se contabilizaron 22 homicidios entre precandidatos y candidatos (ocho) e integrantes de los equipos de campaña (14). Durante la jornada electoral se registraron otros tres.

Fueron también las más litigadas de las que se haya tenido noticia. Sin contar la cifra de litigios postelectorales, se presentaron 14 mil 566 denuncias ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) frente a mil 578 que se recibieron en el proceso electoral intermedio de 2009. Un crecimiento de 820%.

Finalmente, resultaron las más caras de la historia. A las elecciones intermedias de 2009 se le asignaron 14 mil 13 millones de pesos. Esta cifra incluye los recursos para el entonces IFE, el dinero entregado a los partidos, el presupuesto para el TEPJF y el de la FEPADE. En contraste, las de 2015 costaron 21 mil 786.7 millones de pesos. Todo esto sin contabilizar el valor de 40.9 millones de spots pautados en precampañas, intercampañas y campañas.

Del lado positivo, las elecciones 2015 fueron las más “transparentes”. Solamente 397 de alrededor de 16 mil candidatos acudieron a la convocatoria de Transparencia Mexicana y el IMCO para hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, pero en un hecho inédito ocho de los nueve nuevos gobernadores serán “gobernadores transparentes” y su patrimonio será fiscalizable por los ciudadanos. La excepción fue Campeche, estado que nunca ha gozado de la alternancia.

Fueron las elecciones más competidas: en 76 distritos la diferencia entre los punteros fue de menos de 5%; en 102 de los 300 distritos hubo alternancia;  cinco de las nueve gubernaturas cam-biaron de partido; y ocho de las 17 capitales en juego cambiaron de color. La incertidumbre sobre qué partido/candidato ganaría cada cargo —sobre todo a nivel estatal— se mantuvo a lo largo del proceso dándose elecciones tan cerradas como la de Colima en la que la diferencia de votos para gobernador fue de 0.1%. Lo mismo ocurrió en el D.F. con la Asamblea Legislativa y las delegaciones. La incertidumbre reinó y los resultados fueron sorprendentes en muchas demarcaciones.

Por último, no puede dejar de  mencionarse el resultado de unas  elecciones que estrenaron la figura  de candidaturas ciudadanas. De los 127 candidatos ciudadanos, resultaron electos un gobernador (Nuevo León), un diputado federal (Sinaloa), tres alcaldes (Morelia, García y Comonfort) y un diputado local (Jalisco).

Compitieron 10 partidos, el mayor número desde 1997. Cada uno enfrentaba desafíos distintos. El PRI su refrendo como partido gobernante. El PAN su recuperación y reposicionamiento. El PRD su permanencia como tercera fuerza. El PVEM su crecimiento para elevar su valor dentro de  la coalición gobernante. Morena su capacidad para atraer a los votantes de izquierda, para ganar nuevos adeptos que le permitieran desbancar al PRD como fuerza hegemónica de la izquierda y, por supuesto, el posicionamiento de López Obrador hacia 2018. El resto (PT, Panal, Humanista y Encuentro Social) su supervivencia con el nuevo umbral de 3%. Todos: una jugosa bolsa de recursos públicos.

Romper la maldición

Algunos resultados fueron los esperados, otros sorprendieron. Con pocas excepciones (MC y PES) la votación federal se comportó de acuerdo a las expectativas creadas por las encuestas.

Destaca que el PRI logró romper la “maldición” de las tres elecciones intermedias anteriores en las que el partido del presidente perdía una proporción importante de votación y curules. Peña Nieto es el presidente que mejor desempeño electoral ha tenido a mitad del mandato desde que la competencia es razonablemente equitativa y los votos cuentan y se cuentan. Zedillo perdió 61 diputados de 1994 a 1997; Fox perdió 58 de 2000 a 2003 y Calderón 63 de 2006 a 2009. En contraste, Peña Nieto mantuvo para su partido más o menos la misma votación que en 2012 y más o menos la misma proporción de asientos en la Cámara de Diputados (pasó de 42% a 41%) perdiendo únicamente 11 asientos1 (ver cuadro 2).

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Al menos a nivel federal no hubo voto de castigo. En los aspectos que la población identifica como sus mayores preocupaciones, los resultados de los primeros 30 meses del sexenio no han sido satisfactorios: economía, violencia y corrupción. Las variables que la teoría señala como determinantes del voto para el rechazo del partido en el poder parecen no haber operado en las elecciones de 2015: la percepción ciudadana del desempeño gubernamental o voto retrospectivo, las expectativas para el futuro o voto prospectivo y la imagen del partido. En las dos primeras la percepción era más bien negativa para cada uno de los principales problemas identificados por el ciudadano.

En lo retrospectivo:

• 59% de los mexicanos piensa que la seguridad ha empeorado (BGC).

• 40% que la situación económica ha empeorado vs. 14% que ha mejorado (Reforma).

• 24% que la situación política está peor que el año pasado vs. 9% que ha mejorado (GEA).

• 60% que la corrupción y la impunidad han aumentado mucho o algo (INEGI).

En lo prospectivo:

• 53% de los mexicanos piensa que la situación de la violencia generada por el narcotráfico el año próximo será peor y 18% que será igual (BGC).

• Sólo 30% cree que la situación económica del país para el año próximo mejorará (GEA).

• Sólo 24% piensa que puede mejorar (GEA).

• 71% piensa que la corrupción aumentó en los últimos dos años (TI).

• 54% piensa que el Sistema Nacional Anticorrupción no servirá (Reforma).

Lo mismo ocurre si analizamos la imagen de los partidos que según los teóricos es otra variable que explica el sentido del voto. En las elecciones 2015 se dio la paradoja de que a mayor rechazo del partido en cuestión, mayor votación: el PRI tenía 44% de rechazo y 31% de votación; el PAN 37% y 22%, y el PRD 35% y 11%.

La conclusión bien podría ser que las variables que mejor explican los resultados del 7 de junio —al menos para el partido del gobierno— fueron las de la preferencia dura junto a la fortaleza de la maquinaria partidaria. Esta explicación es complementada por el hecho de que sus principales opositores no utilizaron los escándalos y el mal desempeño gubernamental como parte central de sus campañas y así minar la credibilidad del adversario.

Lo anterior se traduce en una coalición gobernante (PRI-PVEM-PANAL) mejor posicionada que en el pasado obteniendo 260 curules o 52% de la Cámara de Diputados (ver gráfica 1).

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Efectos de la elección sobre el sistema de partidos

Por sus consecuencias sobre la distribución del poder, la elección de 2015 sólo es equiparable a la de 1997 cuando se inauguró el primer gobierno sin mayoría y el sistema de partidos sufrió una profunda transformación.

Hasta ahora los tres partidos mayores se habían llevado en promedio 83% de la votación y 85% de los asientos en la Cámara de Diputados. En 2015 la situación cambió. La votación agregada de PRI-PAN-PRD alcanzó sólo 61% y la porción de curules que se repartían bajó a 73% (ver gráfica 2).

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Ya no se pueden contabilizar tres partidos grandes sino dos (PRI-PAN) que explican poco más del 50% de la votación, cuatro medianos (PRD-Morena-PVEM-MC) que dan cuenta en conjunto de poco más del 30% y cuatro pequeños (PANAL-PES-PT-PH) que obtuvieron casi 13%. Uno de ellos (PH) quedó sin registro. La permanencia del otro (PT) dependerá del curso que sigan los litigios postelectorales y de cuántos votos más se anulen (ver gráfica 3).

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Lo mismo ocurre, aunque de manera más acusada, en términos de la distribución de la Cámara de Diputados: el PRI-PAN con poco más de 60% de los puestos, los cuatro medianos con poco más de 30% y los dos pequeños con 4%. El resto quedó en manos de un independiente y los seis diputados ganados por el PT que, en caso de perder el registro, se sumarán a algún grupo parlamentario (ver gráfica 4).

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Dos hechos llaman la atención. El primero es que el PVEM obtuvo prácticamente la misma votación que en 2012 (6.4% versus 7.2%) y sin embargo pasó de 27 a 47 diputados. El segundo es que Morena obtuvo una mayor votación que el PVEM pero 12 diputaciones menos. La explicación a ambos casos está en la fórmula para traducir votos en asientos y en la coalición que pactó el PVEM con el PRI y que le valió 29 diputados de mayoría.2 En contraste, Morena ganó solamente 14 distritos de mayoría, 11 de los cuales estuvieron concentrados en el D.F.

Otro cambio relevante es que el porcentaje de votos que recibe la autodenominada izquierda es mayor que en cualquier otra elección intermedia. Si en 2009 PRD-PT-MC obtuvieron en conjunto 18%, su votación en 2015 —incluido Morena— fue de 28.3%. Hoy se presentan el PRD y Morena como adversarios irreconciliables pero en un futuro no lo sabemos. Un crecimiento de 10% en seis años no es desdeñable y cambia la correlación de fuerzas pues sitúa a la izquierda como segunda fuerza en la Cámara de Diputados. En términos ideológico-programáticos el mapa queda de la siguiente manera: una coalición gobernante de PRI-PVEM-PANAL, un centro derecha que ocupa el PAN en solitario y una izquierda desunida formada por cuatro partidos si es que el PT conserva el registro. Hasta el momento se asume que el PES será un partido satélite más del PRI. Habrá que esperar a ver su comportamiento parlamentario antes de pasar un juicio pero su peso en la Cámara es menor (ver gráfica 5).

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Además del fraccionamiento del Congreso, la elección de 2015 trajo aparejado otro fenómeno que podría conceptualizarse como la “estatalización” de los partidos. Sobre todo de los medianos y pequeños. Mientras que 50% de la votación nacional recibida por el PRI y el PAN se dispersó en 10 y nueve estados, respectivamente, la del PRD, Morena, PVEM, MC y PES se concentró entre tres y cinco estados. Los casos más extremos son los del MC que reunió 35% de su votación en Jalisco, el PVEM 25% en Chiapas y Morena 23% en el D.F. Llamar a estos partidos “nacionales” no parece hacer justicia a los hechos.

Visto desde otra perspectiva, la mayoría de los partidos (PRD, Morena, PVEM, MC, PANAL y PES) no alcanzan ni siquiera 10% de su votación en 20 entidades federativas. Ninguno de los cuatro partidos pequeños alcanzan a marcar un 5% en 24 entidades (ver cuadro 3).

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¿Playing solo?

Puede afirmarse que la necesidad de construir3 una mayoría de dos tercios pasó a segundo plano en tanto que las principales reformas constitucionales que el presidente requería para su proyecto de gobierno ya están prácticamente concluidas. Ahora sólo necesita de la mayoría simple para poder aprobar las leyes secundarias que aún faltan para terminar el trabajo legislativo de las reformas estructurales y, desde luego, para conformar los presupuestos de los próximos tres años. Para ello el PRI necesita solamente del PVEM y del PANAL. En todo caso, el partido del presidente cuenta con una ventaja adicional: el fraccionamiento de la oposición.

Dada la correlación de fuerzas, jugar en solitario es una alternativa pero por algún motivo —para mí desconocido— los presidentes no suelen tomar esta opción. Buscan el mayor consenso posible aun a costa de desfigurar las iniciativas. A diferencia de otras democracias en las que se celebra como un triunfo alcanzar la mayoría —aunque sea por un voto— para la aprobación de una reforma, en México eso resulta vergonzante. A casi 20 años de instalada la plena pluralidad en el Congreso, sigue existiendo una especie de temor a que se diga que el partido del presidente ha mayoriteado al resto de las fuerzas políticas y que eso resta legitimidad a las decisiones.

La distribución del poder político en el Congreso permite las siguientes coaliciones mínimas ganadoras para las reformas constitucionales y ordinarias4 (ver cuadro 4).

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La nueva distribución del poder político deja al partido del presidente en una posición bastante cómoda. El Senado se mantiene inalterado y desde 2012 el PRI tiene por sí solo el poder de veto sobre cualquier iniciativa de reforma constitucional que pudiese intentar la oposición. Ésta simplemente no reúne los 85 senadores necesarios para aprobar una reforma constitucional. Lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados.

Esta situación se reproduce aun para las reformas ordinarias, pues aunque el PRI perdió 11 asientos, su socio principal —el PVEM— aumentó los suyos en 20. Estos dos partidos juntos alcanzan justo la mitad de la Cámara y si se les agrega al segundo socio —el PANAL— suman 260 curules o 52% de la Cámara. Con esta aritmética parlamentaria es evidente la posición de privilegio del PRI. Sus opciones para hacer alianzas —probables e improbables— son mayores que para el resto de los partidos. Peor aún, la oposición en su conjunto (PAN+PRD+Morena+MC+PES+PT+ IND) suma 240 votos y por tanto no puede ganarle una sola votación a la coalición gobernante (ver cuadro 5).

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¿Y las entidades federativas?

A diferencia de lo que ocurrió en la elección federal, en las estatales la votación difirió de lo que las encuestas habían reflejado, hubo mayor competencia y alternancia y se presentó un importante voto de castigo en al menos cinco estados y en otros, como Colima y Campeche, en donde nunca ha habido alternancia, la votación se cerró como nunca antes.

 La diferencia de votación entre el primero y el segundo lugares fue de menos de 5% en dos gubernaturas (Colima y SLP) y de entre 6% y 10% en cinco gubernaturas (BCS, Campeche, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sonora). Nuevo León, en cambio, tuvo una diferencia de 25% entre el candidato independiente y la candidata del PRI.

De nueve gubernaturas en juego en cinco hubo alternancia y de las 16 capitales en ocho. Por su parte, al igual que a nivel federal los gobiernos sin mayoría se han vuelto comunes. De las 16 entidades en las que hubo elecciones locales en siete se registraron gobiernos sin mayoría.

A pesar de estos cambios la distribución del poder en términos de número de gubernaturas en manos de cada partido quedó prácticamente inalterado y el partido del presidente sigue manteniendo una posición privilegiada en lo que al poder territorial se refiere (ver mapa 1).

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A nivel local resaltan tres procesos electorales: el de Nuevo León, el de Guadalajara y el del D.F. Curiosamente, entidades o ciudades de la mayor importancia a nivel nacional, ninguna de las cuales quedó en manos del partido en el gobierno ni de ninguno de los partidos mayores.

Nuevo León le fue arrebatado al PRI por un “candidato independiente” que mostró un desempeño electoral excelente con 49% del voto. Sus más cercanos competidores, PRI y PAN, obtuvieron 24% y 22% de la votación, respectivamente. El triunfo de Jaime Rodríguez El Bronco no sólo terminó con la alternancia PRI-PAN en la entidad sino que ha puesto a la defensiva a los partidos políticos. Tal ha sido el impacto que a menos de un mes de la elección tres estados han legislado para dificultar aún más las candidaturas independientes.

En Jalisco no hubo elecciones para gobernador pero la capital se había alternado entre PAN y PRI y ahora pasó a manos de un candidato, Enrique Alfaro, que compitió por Movimiento Ciudadano, partido que tuvo importantes triunfos en el área metropolitana de la entidad.

En la capital de la República tampoco hubo elecciones para jefe de gobierno pero la distribución cambió y la hegemonía del PRD se rompió tanto a nivel de la Asamblea Legislativa como a nivel de las delegaciones. Morena resultó un partido extremadamente competitivo, el PRD recibió un fuerte voto de castigo y el PAN y el PRI mejoraron ligeramente su desempeño en las delegaciones no así en la Asamblea.

Hoy la Asamblea Legislativa estará tan fraccionada como la Cámara de Diputados, con la diferencia que el partido en el gobierno será la segunda fuerza parlamentaria y no la primera.

El control sobre la Asamblea del D.F. no podrá darse por sentado y con 15% de asientos que detenta cada uno, el PRI y el PAN podrán convertirse en fieles de la balanza (ver cuadro 6).

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De igual manera quedó trastocada la estructura delegacional. El PRD pasó de tener en sus manos 14 de 16 delegaciones a conservar tan sólo seis. Morena se llevó cinco; el PRI conservó Cuajimalpa y sumó Magdalena Contreras y Milpa Alta; y el PAN mantuvo Benito Juárez y agregó Miguel Hidalgo. Con este movimiento el jefe de gobierno tendrá que negociar la política capitalina no sólo con “su” partido (PRD) sino con otros tres más. Además, en total, el PRD y Miguel Ángel Mancera habrán perdido alrededor de nueve mil 700 millones de pesos de presupuesto. En contraste, Morena contará con ocho mil 100 millones, y el PRI y el PAN con mil  800 millones cada uno (ver mapa 2).

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Lo que viene

En términos del marco jurídico las elecciones 2015 han mostrado la necesidad de otra reforma. La bajísima calidad del debate público que facilite la emisión de un voto medianamente informado, el fallido modelo de comunicación política, la simulación en el financiamiento y el gasto electoral que ha sido documentado en estas páginas por Luis Carlos Ugalde (nexos, febrero 2015), los incentivos para la judicialización de los procesos electorales, el desgaste producto del traslape de funciones entre el INE y el TEPJF, la absurda manutención de un instituto nacional coexistiendo con 32 institutos locales, el costo creciente de la democracia y la inclusión de sanciones en el catálogo de delitos electorales que la autoridad sería incapaz de imponer, son todos aspectos de la legislación que tendrían que ser revisados. Por ello habría que pensar en lo que María Marván ha llamado acertadamente la legislación electoral base cero.

El mayor cambio producto de las elecciones federales de 2015 fue el que se operó en el sistema de partidos. Ni el abstencionismo, ni el voto nulo, ni las candidaturas independientes fueron retos para los partidos a nivel nacional. Sí, en cambio, puede documentarse el incremento en el voto por partidos distintos a los tres mayores, siendo el PRD el más perjudicado. En conjunto, los tres partidos mayores obtuvieron 74% de la votación en 2012 y 77% en 2009. En cambio, en 2015 obtuvieron sólo 61%. Si se comparan únicamente las elecciones intermedias (2015 versus 2009), PRI, PAN y PRD perdieron 2.4 millones de votos en conjunto. Curiosamente, el PRD no perdió votos sino que ganó poco más de 110 mil votos

Como es natural, la votación se reflejó en la Cámara de Diputados, en la que también se contabilizan pérdidas para los tres mayores partidos (71 asientos) y ganancias para casi todos los pequeños (ver gráfica 6).

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El saldo neto fue la mayor fragmentación del sistema de partidos que, de cualquier manera, no tuvo consecuencias mayores sobre la coalición gobernante. Si cabe, habría que dejar asentado que el aumento en el número de asientos para el PVEM eleva su poder de chantaje y su precio, y deja en una posición más vulnerable al PRI.

En el plano local se documentó una mayor competencia y alternancia pero la gran lección provino del rechazo al PRI y al PAN en Nuevo León y, con él, la lección de que esos dos partidos son (o al menos fueron en esta ocasión) prescindibles para llegar al poder.

Mostró, también, el poder de los grupos empresariales. Más allá de que en los análisis electorales se haya resaltado la posibilidad de ganar sin el apoyo de la televisión y sin el cobijo de la etiqueta partidaria, sorprende que no se haya prestado atención al fuerte apoyo empresarial que recibió El Bronco. Es la segunda ocasión que Nuevo León rompe paradigmas. La otra fue en el muy exitoso experimento de una asociación público-privada para la renovación de la policía estatal. Ni este caso ni el del Bronco pueden explicarse sin la intervención de los grandes empresarios.

Valdría la pena evaluar hasta dónde puede llegar el experimento de las mal llamadas candidaturas independientes. En exámenes apresurados detecto conclusiones que no parecen sostenerse: que los independientes podrían llegar a marginar a los partidos, que a diferencia de los candidatos de partido los independientes no llegan con compromisos o “amarrados”; que como ciudadanos que son sí velarán por el interés público y no serán presa de los vicios que padecen los políticos profesionales. Podría ser distinto pero hasta ahora las candidaturas independientes siguen siendo marginales en las democracias, las consolidadas y las emergentes. Las candidaturas independientes o ciudadanas surgen en coyunturas determinadas y pueden ayudar a que los partidos se interesen en reconstruir sus vínculos con la ciudadanía, pero pasada esa coyuntura tienden a volver a dejar el espacio a los partidos. El Bronco ha dicho que ha mandado a la jubilación al PRI y al PAN por seis años pero se los topará todos los días en el ejercicio de gobierno.

Las elecciones terminaron y aunque ya se habla de las siguientes quedan tres años de administración. Con una posición cómoda en el Congreso el gobierno de Peña Nieto queda comprometido. Está en sus manos la elaboración y aprobación de las leyes secundarias que aún faltan para comenzar a concretar las reformas estructurales. También está en sus manos la asignación adecuada y el ejercicio eficaz del gasto público.

Como después de cada elección, la suerte está echada. Los límites al gobierno de Peña Nieto no provendrán del Congreso. Vendrán, en todo caso, de la falta de apoyos sociales, de un federalismo mal concebido y peor operado, y de una administración pública (incluido el sistema de justicia) en cuyas capacidades no se ha invertido.

 

María Amparo Casar
Profesora-investigadora del CIDE. Es editorialista del periódico Excélsior.


1 Las cifras de este artículo son todas preliminares. El INE dará a conocer las definitivas en el curso de agosto.

2 La coalición PRI-PVEM abarcó 250 distritos (en 2012 sólo fueron en coalición en 200 distritos). El PVEM no ganó ningún distrito electoral por sí mismo pero sí en los de coali- ción. En la distribución original de la elección 2012, el Verde obtuvo 33 curules. Al formarse los grupos parlamentarios seis diputados se trasladaron a la bancada del PRI.

3 La Constitución impide que un partido tenga más de 60% de la Cámara de Diputados.

4 En estos cálculos se asume la disciplina de los integrantes de cada grupo parlamentario.