El espíritu de moderación debe ser el del legislador.

—Montesquieu

En agosto de 1817 Diego de Barrenechea, teniente gobernador de la Provincia de La Rioja, Argentina, dictó un bando cuyo artículo 8 prohibía: “toda clase de conversación u opinión que directa o indirectamente toque acerca de las operaciones políticas del Soberano Congreso, del Supremo Gobierno y demás autoridades, pues lejos de resultar de sus consecuencias nuestra unión y organización, nos trae una dislocación que nos conducirá a la más detestable ruina”. Ya sea bajo la perspectiva que define a la norma jurídica como una orden general dada por quien tiene autoridad para regular la conducta de otros, o bien desde el mirador que distingue entre las finalidades del derecho: la solución de problemas, la canalización y la racionalización de conductas y expectativas, la determinación de la autoridad, y la organización de la sociedad “como un todo”, etcétera, el bando Barrenechea cumplía con la ortodoxia y buscaba canalizar conductas y expectativas de la sociedad riojana para, a fin de cuentas, evitar “la más detestable ruina”.

Lo mismo aplica en el anuncio del fiscal de la Villa de Catimbu, de Minas Gerais, del Imperio del Brasil, del 4 de marzo de 1868 que hizo saber a los pueblos de esa jurisdicción: “Art. 5. Portugués de brazo con negra esclava, en la noche alta es aventura de muchacho malcriado y sinvergüenza. Prisión para los dos, en celdas separadas, para evitar dudas”. Tratándose de una orden dada por quien tiene autoridad para regular la conducta de otros, tuvo el fiscal la precaución de agregar un último párrafo a su decreto, digno de los faraónicos mausoleos de la certeza jurídica: “Y para que no digan que no lo sabían, mando fijar este edicto en la puerta del frente y en la de atrás del boticario, que es donde se habla de vidas ajenas”.

 

El tiempo evaporó a estos ordenamientos, pero cuando uno se sienta a contemplar el cementerio de las leyes abrogadas y derogadas (por ejemplo, la cláusula de gobernabilidad,1 un exquisito cadáver constitucional que finge reposo, y cuya endecha nocturna oímos mientras paseamos por la Rotonda de las Leyes Absurdas) concurre a hacernos compañía la idea de que hay muchas otras normas que —estando aún vigentes— hace tiempo que tendrían que haber ocupado su correspondiente fosa en este panteón. En esta nota daremos cuenta de algunas de ellas, específicamente de las que aún respiran en la legislación nacional.

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La Ley General de Población (DOF, 7-I-1974) dispone en su artículo 98 que los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana. Tras establecer los datos y elementos de la “CIC”, la propia ley ordena que deberá ser renovada “cuando los rasgos físicos de una persona cambien de tal suerte que no correspondan con los de la fotografía que porta la cédula” (art. 109, f. III).

 

La Ley sobre Delitos de Imprenta (DOF, 12-IV-1917) es un material inapreciable de consulta para mitigar el taedium vitae. Está repleta de enunciados que podrían haber sido recitados por Mimí Derba (cfr. Ustedes los ricos, 1948). Veamos algunos de ellos:

• Constituye un ataque a la moral toda distribución, venta o exposición al público, de cualquier manera que se haga, de escritos, folletos, impresos, canciones, grabados, libros, imágenes, anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, pinturas, dibujos o litografiados de carácter obsceno o que representen actos lúbricos (art. 2, f. III).

• Hay excitación a la anarquía cuando se aconseje o se incite al robo, al asesinato, a la destrucción de los inmuebles por el uso de explosivos o se haga la apología de estos delitos o de sus autores, como medio de lograr la destrucción o la reforma del orden social existente (art. 8).

• Queda prohibido publicar en cualquier tiempo sin consentimiento de todos los interesados, los escritos, actas de acusación y demás piezas de los procesos que se sigan por los delitos de adulterio (art. 9, f. II).

• Queda prohibido publicar los nombres de los soldados o gendarmes que intervengan en las ejecuciones capitales (art. 9, f. VII).

• Queda prohibido publicar las palabras o expresiones injuriosas u ofensivas que se viertan en los juzgados o tribunales, o en las sesiones de los cuerpos públicos colegiados (art. 9, f. XII).

• En las representaciones teatrales y en las exhibiciones de cinematógrafo o audiciones de fonógrafo, se tendrá como responsable, además del autor de la pieza que se represente o exhiba o constituya la audición, al empresario del teatro, cinematógrafo o fonógrafo (art. 19).

• En ningún caso podrán figurar como directores, editores o responsables de artículos o periódicos, libros y demás publicaciones, personas que se encuentren fuera de la República (art. 26).

• En toda sentencia condenatoria se ordenará que se destruyan los impresos, grabados, litografías y demás objetos con que se haya cometido el delito (art. 30).

 

Hay un pasaje en Rey Lear en que el bufón lanza al rey un acertijo: “la razón por la que hay siete y no más de siete estrellas es una bella razón”, y el rey contesta: “porque no son ocho”, y el bufón le dice: “Sí, por cierto. Tú serías un buen bufón”. El artículo 44 de la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal (DOF, 26-V-1945) tiene un discreto perfume shakesperiano que permite y, a la vez, acota: “todos los profesionales de una misma rama podrán constituir en el Distrito Federal uno o varios colegios, sin que excedan de cinco por cada rama profesional”.

 

Aún está vigente la Ley a Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado (DOF, 7-I-1950) y para que uno pueda recibir los favores de esta ley —insistimos, aún vigente—, es tan simple y heroico como haber prestado servicios activos a la Revolución entre el 19 de noviembre de 1910 y el 5 de febrero de 1917 (art. 2, 1º). Así, si usted se enroló con una edad de 15 años, el 4 de febrero de 1917, a las 23:00 horas, podrá seguir recibiendo los beneficios correspondientes, y muy merecidos, a sus 112 años. También su cónyuge supérstite o su concubina pueden disfrutar de los beneficios de la ley (art. 18) y hasta sus hijos pueden beneficiarse… siempre que sean menores de 18 años. Solamente hay que tomar en cuenta la acotación prevista por el artículo 20: en ningún caso gozarán de los beneficios de la presente ley quienes con las armas en la mano sirvieron al régimen de Victoriano Huerta, o que hubiesen colaborado con el mismo en alguna otra forma importante.

 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado —LFTSE— (DOF, 28-XII-1963) es de observancia general para titulares y trabajadores de diversas instituciones enunciadas en su artículo 1, varias de las cuales han desaparecido, pero no del primer artículo de la ley: Juntas Federales de Mejoras Materiales; Instituto Nacional de la Vivienda; Instituto Nacional de Protección a la Infancia; Instituto Nacional Indigenista; Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, y Centro Materno-Infantil Maximino Ávila Camacho.2

Es la misma LFTSE, la que en su artículo 5 contiene una descripción gigantesca acerca de lo que debe entenderse por “trabajadores de confianza” y todo, para que tan sólo tres artículos más adelante propine un golpe de timón, digno de stand-up comedy: “Quedan excluidos del régimen de esta ley los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 5” (art. 8).

 

Otras dos leyes que continúan vigentes son, respectivamente, la Ley que Señala el Destino Final de los Bienes Ocupados a los Súbditos y Nativos de Italia (DOF, 31-XII-1948), y la Ley Para Conservar la Neutralidad del País (DOF, 10-XI-1939). En el primer caso, si tiene amistades italianas, no deje de darle la buena nueva: “Se confirma y declaran válidas las desintervenciones de bienes acordadas por la Junta Intersecretarial relativa a Propiedades y Negocios del Enemigo en favor de los súbditos y nativos de Italia” (art. 1). Pero que su interlocutor(a) modere su entusiasmo, porque siguen siendo propiedad de la nación las embarcaciones “Poza Rica” (ex  “Fede”), “Ebano” (ex “Stelvio”), “Minatitlán” (ex “Tuscania”), “Pánuco” (ex “George Fassio”), y “Tabasco” (ex “Marina O”) así como los derechos e indemnizaciones inherentes a su posesión (art. 3). Ahora bien, si le preguntan por la nave “Atlas”, responda que ya no se llamaba así, sino “Las Choapas”, y que fue hundida por acción de las potencias del Eje, sin estar asegurada (art. 4). Por su parte, la Ley para Conservar la Neutralidad del País, con claro énfasis —y vigencia— advierte: “No se permitirá que los aeroplanos que se encuentren a bordo de los barcos beligerantes, se separen de los mismos mientras dichos barcos permanezcan en puertos, fondeaderos o aguas territoriales mexicanos” (art. 4).

 

La histórica Ley de Matrimonio Civil de 1859 (publicada en la Legislación Mexicana, tomo VIII, Edición Oficial, por Manuel Dublán y José María Lozano, el 23 de julio de 1859, pp. 691-695) definía al matrimonio como un contrato civil (art.1), que no podía celebrarse más que por un solo hombre con una sola mujer (art. 3). Disponía la ley: “el día designado para celebrar el matrimonio, ocurrirán los interesados al encargado del registro civil, y éste […] les manifestará: Que éste es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Que éste no existe en la persona sola sino en la dualidad conyugal. Que los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. Que el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar, y dará a la mujer, protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él y cuando por la sociedad se le ha confiado. Que la mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo…” (art. 15).

Es casi imposible no ver, sino como un apolillado mueble decimonónico, al artículo 143 del Código Civil para el estado de Oaxaca que sigue definiendo al matrimonio como un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida.3

Normalmente, las incapacidades son establecidas con el propósito de proteger al propio incapaz o a la sociedad de las consecuencias de sus actos. Un principio general dispone que “la capacidad es la regla”, en consecuencia, todos los sujetos de derecho son en principio capaces de goce y de ejercicio, y dichas capacidades únicamente podrán ser restringidas cuando exista una norma que así lo establezca. Tres estados de la República (Campeche, Guanajuato, Tlaxcala) aún conservan en sus códigos civiles supuestos sobre incapacidad que habrían sorprendido al Justice Colmes,4 con la siguiente fórmula: “Tienen incapacidad natural y legal: […] II.- Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, aun cuando tengan intervalos lúcidos”. Por su parte, en Tamaulipas, tienen incapacidad legal los mayores de edad con discapacidad intelectual con un rango por debajo del 70 de coeficiente intelectual (art. 420, C.C.).

Las fórmulas aún empleadas por esas tres entidades nos remiten, tanto a la Grecia de Pericles,5 como a la antigua Roma,6 pero nada tienen de esplendor renacentista, y no es casual que la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de las Naciones Unidas (2006), obligue a los Estados Partes a tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad (art. 4, 1, b)

 

El propósito de esta nota ha sido, llanamente, hacer hincapié en varias disposiciones jurídicas que, como “letra muerta”, y pudiendo haber ingresado al cementerio legal hace mucho tiempo, por alguna razón difícil de ubicar, conservan su vigencia a inicios del año 2015. Así, los ciudadanos seguirán obligados a tramitar una extraña cédula de identidad; los empresarios del fonógrafo continuarán siendo responsables de las audiciones; decenas de miles de profesionales del Derecho tendrán que hacinarse en uno de los cinco colegios de abogados permitidos en el DF; persistirá la búsqueda de los “últimos revolucionarios” a quienes una ley ex profeso favorece; en la calle, transeúntes nos seguirán preguntando sobre cómo llegar a la Junta Federal de Mejoras Materiales, o al Maximino Ávila Camacho; encontraremos refugio en leyes sobre neutralidad y buques enemigos a propósito de una guerra que terminó en 1945; el matrimonio seguirá siendo visto como la unión de un hombre y una mujer para perpetuar la especie, y las personas incapaces seguirán siendo vistas como locas, idiotas o imbéciles.

 

Alejandro Anaya
Doctor en administración pública.


1 En virtud de la cláusula de gobernabilidad —prevista por la Constitución federal entre 1986 y 1993— se otorgaba una mayoría abso- luta de curules en la Cámara al partido que, sin lograr siquiera el 51% de la votación nacional, tuviese más constancias de mayoría.

2 Este Centro Materno-Infantil Maximino Ávila Camacho estuvo ubicado en Electrificación y Constituyentes, en la ciudad de México y cerró abruptamente. El 19 de mayo de 1984 la redacción de Proceso daba cuenta así: “Cerró el Hospital Ávila Camacho; con dos escuelas será parque militar. —Aquí ya no hay consultas Ya no es hospital; —Pero… Imposible terminar la réplica, porque de inmediato el vigilante dice: “No, no se preocupe. Puede ir a otro hospital, como el General o el Juárez o a cualquier otro de la Secretaría de Salubridad. No, no habrá problemas. Allá la atenderán. Aquí ya no es hospital”.

3 Al respecto, al resolver el amparo en revisión 152/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis aislada que lleva por rubro: MATRIMONIO. LA LEY QUE, POR UN LADO, CONSIDERA QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINE COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL.

4 Fue Oliver Wendell Holmes, Justice de la Suprema Corte de Estados Unidos, al resolver el caso Buck v. Bell (1927. Caso donde se confirmó una ley de Virginia que permitía la esterilización de personas con discapacidad intelectual) quien escribió: “Three generations of imbeciles are enough”.

5 Idiotez —del griego ιδιος, “propio”— era el término por el cual los antiguos griegos llamaban a personas aisladas que ignoraban asuntos públicos, sin nada que ofrecer a los demás y obsesionados por las pequeñeces de su casa y sus intereses privados. Un idiota era quien no se metía en política, preocupado tan sólo en lo suyo, incapaz de ofrecer nada a los demás.

6 Desde la jurisprudencia romana se reconocían varias especies de locura, expresadas por varias y diversas locuciones: mente captus, fatuus, demens, furiosi, etc. Pomponio dice: Furiosus absentis loco est: “el loco es como si estuviera ausente” (Digesto, 50, 17, 124), y en 1698, en un alegato pronunciado ante el Parlamento de París a propósito del testamento del abate de Orleans, D ́Aguescau decía que: “un loco es aquel, que en la sociedad civil, no puede elevarse a la mediocridad de los deberes generales”.

 

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