El rezago del salario mínimo

El año pasado, desde el discurso del Jefe de Gobierno el Día del Trabajo, el salario mínimo surgió como tema crucial de discusión económica en el país. Su intempestiva aparición, después de décadas de ausencia, se dio en un marco internacional de preocupación por la desigualdad y sus efectos sobre el crecimiento económico. Y en un contexto en que el salario mínimo es usado en muchos países como instrumento útil y legítimo para reducir la desigualdad, asegurar un piso de ingreso digno y fortalecer la demanda interna.

Sorpresivamente se evidenció que México, de las economías más grandes y modernas del mundo en desarrollo, pionera en tratados comerciales, miembro de OCDE y foco de admiración por lanzar una nueva ronda de reformas estructurales —que abrió sus mercados petrolero y de telecomunicaciones— tenía un salario mínimo escandalosamente inferior a la “…remuneración suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos” como estipula el Artículo 123 de la Constitución Política. El salario mínimo mexicano se reveló como el más bajo de la OCDE y de los menores en América Latina, en dólares corrientes o constantes. Su nivel es el 15% del PIB per cápita, frente al 30% en Chile o Brasil, y equivale al 19% de la media salarial nacional; porcentaje muy bajo para la región. Como afirma OIT en México “el salario mínimo está por debajo de los niveles del mercado, aún para los trabajadores no calificados”, y según CEPAL “México es el único país al final de la década donde el valor del salario mínimo es inferior al del umbral de pobreza per cápita”.

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El debate apuntó la necesidad de cerrar el abismo entre el México moderno, cuya ola de reformas y clase política y empresarial busca mayor presencia en la economía mundial, y el México del salario mínimo ínfimo, en violación de la Constitución y desacuerdo con convenios internacionales en materia laboral o de derechos humanos. Se conformó una masa crítica de analistas, actores económicos y representantes de diversas organizaciones políticas que coincidió en que un requisito fundamental para elevar el salario mínimo es desvincularlo de toda transacción escasamente ligada al mercado laboral. En septiembre los coordinadores de bancada del PRD, PAN, MC y PT, y en diciembre el Presidente presentaron a la Cámara iniciativas para desvincularlo. La CONAGO respaldó la iniciativa presidencial. La Cámara emitió un dictamen en sentido positivo de las iniciativas con proyecto de decreto para reformar la constitución en materia de dicha desindexación.¹ Declaró que “es un compromiso social… que la clase trabajadora tenga como derecho adquirido lo mínimo para subsistir, razón por la cual, con las modificaciones que hoy se proponen se pretende cimentar las bases de una nueva estructura para la valoración de los salarios mínimos”. El proceso está pendiente de aprobación en la Cámara de Senadores.

Otra prueba del impacto del debate es el acuerdo del Consejo de Representantes de la CONASAMI en octubre, poco después de la entrega del documento del GDF, que constituye la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, para:

“Proponer las bases… de una política salarial que haga posible la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales, en un contexto de crecimiento de la economía nacional, sustentado en el incremento de la productividad, una vez que el Poder Legislativo haya resuelto…[su] desvinculación [legal] como unidad de cuenta….”.²

Extraña esta creación pues la CONASAMI desde 1962 tiene similar objetivo:

“ [llevar] a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia”.³

Además en enero de 2001, el Consejo de Representantes correspondiente creó la Comisión Consultiva para la Modernización del Salario Mínimo para lo mismo:

“Proponer las bases… de una política salarial que haga posible la recuperación gradual y sostenida, en términos reales, del salario mínimo en un marco de crecimiento con calidad de la economía nacional…”.⁴

El periodo de sesiones terminó en agosto y sus recomendaciones, incluyendo la de desvinculación, fueron ignoradas o inefectivas. Los salarios mínimos continuaron sin repuntar. Ojalá que la nueva Comisión Consultiva lleve a inaugurar pronto una estrategia de repunte significativo, sostenido del salario mínimo acorde al mandato constitucional; lo que CONASAMI no ha podido hacer en décadas.

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Las coincidencias hacia desvincular el salario mínimo acaban al identificar el camino a seguir posteriormente. Por un lado la Propuesta por un Acuerdo Nacional lanzada en agosto por el GDF apuntaba que, ya desvinculado, debería aumentar en 15 pesos en 2015 para cubrir la canasta básica alimentaria. ⁵ Ofreció alternativas para su recuperación de mediano plazo para llegar al equivalente a $171 pesos diarios correspondientes a la canasta ampliada. Su alza de 2.83 pesos no augura recuperación significativa en 2015.

La iniciativa generó oposición entre diversos analistas, empresarios y funcionarios. Argumentaron que elevar por decreto, de manera significativa el salario mínimo en el corto plazo sería inviable y peligroso pues, take your pick, aumentaría el desempleo, la informalidad, la inflación e incluso podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Su discurso tendió a minimizar la evidencia reciente de varios países de América Latina —por ejemplo Uruguay que elevó significativamente el salario mínimo sin afectar la inflación ni el empleo— y a hacer caso omiso de la política laboral al uso en países desarrollados en pro de la aplicación y alza del salario mínimo. Se apoyó en implicaciones de un modelo teórico de nivel introductorio del mercado laboral que, erróneamente, concibe al salario mínimo como el equilibrio resultante del libre juego de la oferta y la demanda de trabajo. ⁶ En ese modelo, elevar el salario mínimo perjudica el empleo o la inflación, al minar la competitividad empresarial. Empero investigaciones empíricas realizadas después de 1990 sobre el funcionamiento del mercado laboral y extensiones teóricas para incorporar mercados duales, competencia imperfecta concluyen que si el salario mínimo es marcadamente menor al salario medio su alza moderada no afecta adversamente al empleo y puede incrementar los ingresos laborales, el mercado interno y reducir la desigualdad salarial. Con ello se comprende el respaldo de más de 600 expertos economistas, incluyendo 7 premios Nobel, a la iniciativa para elevar el salario mínimo en Estados Unidos, el apoyo de The Economist a la política de alza del salario mínimo en el Reino Unido, y que el FMI en su reporte de 2014 sobre la economía de Estados Unidos recomiende al Presidente Obama aumentar el salario mínimo.

En el debate nacional, la objeción que aparentemente más fuerza tuvo proviene de quienes consideran que la evolución del salario mínimo no debe olvidar el desempeño de la productividad. Al respecto, el convenio 131 de OIT, ⁷ ratificado por México en 1973, afirma que la determinación del salario mínimo debe considerar las necesidades de los trabajadores y sus familias, y los niveles de productividad. Desde tal perspectiva la caída del salario mínimo real en México debe ser consecuencia del pobre desempeño de la productividad. La evidencia comparativa regional, como muestra el gráfico 1, indica otra cosa. Muestra que el salario mínimo de México es de los más bajos de la región, similar al de Bolivia y Nicaragua. Sin embargo, estas tienen la menor productividad laboral de la región, 75% inferior a la de mexicana. México acusa muy alta productividad, ligeramente detrás de la de Chile. En contraste el salario mínimo de México es la tercera parte del chileno. De hecho, por décadas la productividad laboral media de México ha sido de las más altas de América Latina. En 2011 fue la segunda mayor, apenas 3% debajo de Chile, pero 30% arriba de la de Uruguay, 60% superior a la brasileña (60%) y más que duplicando la de muchos otros países de la región. Sin embargo su salario mínimo ha sido de los más bajos. Asimismo, Brasil y Uruguay muestran que partiendo de un nivel my bajo, el salario mínimo real puede incrementarse por tiempo considerable de manera significativa por encima de la dinámica de la productividad.

 

A la vez, como afirma la Cámara de Diputados “desde hace décadas en nuestro país los salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad”. Como muestra el gráfico 2, en 1991-2013 la productividad laboral media en México subió 4.5%, pero el salario mínimo real cayó 30%.

Si el salario mínimo hubiera evolucionado como la productividad, su nivel en 2014 habría sido aproximadamente 50% mayor al registrado y se ubicaría por encima de 100 pesos diarios. Por cierto en estas décadas de divorcio del salario mínimo y productividad los hoy opositores al incremento significativo del salario mínimo se olvidaron de manifestarse contra tal distribución de ganancias de la productividad excluyente de los receptores de salarios mínimos. Si bien la productividad y la competitividad no pueden olvidarse en toda iniciativa de recuperación del salario mínimo real, en México la evolución de ambas variables ha mostrado por décadas un divorcio franco, con agudo rezago del salario mínimo frente a la productividad. Tal situación conlleva a que México aparezca en América Latina como una economía moderna, con una de las más altas productividades laborales, pero con salarios mínimos en niveles escandalosamente bajos.

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El debate sobre el salario mínimo ha marcado al país. En primer lugar creó conciencia del agudo deterioro que ha tenido por décadas y que le coloca en un monto lejos de garantizar el nivel de vida digno que estipula nuestra Constitución Política como derecho de los y las mexicanas. Su deterioro ha frenado el alza real de los demás salarios y, con ello, contribuido a que hoy el salario del 43% de la población no alcance para comprar la canasta alimentaria básica y a que la participación de las remuneraciones laborales en el PIB de México sea de las menores en la OCDE y en América Latina.

En segundo lugar, en menos de ocho meses el debate conformó una masa crítica y presión política convencida de la necesidad de insertar al salario mínimo en una senda de recuperación acorde con el mandato constitucional, misma que se tradujo en la presentación de tres iniciativas —incluso por el Presidente— ante la Cámara de Diputados para desvincular legalmente al salario mínimo de toda función de unidad de referencia de transacciones ajenas al mercado laboral. Estas fueron dictaminadas positivamente por dicha Cámara y aguardan su aprobación, ojalá a la brevedad, en la Cámara de Senadores. En tercero, reveló que muchas de las objeciones a colocar el salario mínimo en una pauta de repunte considerable y sostenido tienen poco sustento en la concepción moderna del mercado laboral o en la evidencia histórica comparativa regional. En particular, el debate ha hecho evidente que afirmar que las mejoras en productividad laboral beneficiarán significativa y automáticamente a los receptores del salario mínimo es iluso o falso.

A fin de cuentas elevar el salario mínimo al nivel acorde con la Constitución es una cuestión de respeto a la ley ( The Rule of Law), de conducta ética con los trabajadores que menos ganan y de compromiso con la sociedad más igualitaria y la economía más dinámica que debemos y podemos construir en México. Quizás el mayor impacto del debate ha sido hacer patente la desigualdad en el país y su relevancia como un obstáculo al crecimiento económico. Cifras recientes de OCDE indican que la desigualdad ha restado 10 puntos de crecimiento del PIB de México entre 1990 y 2010.⁸ Al respecto, el modelo de desarrollo seguido por México en los últimos 30 años ha fracasado en insertar a la economía en una pauta de crecimiento elevado y sostenido de la actividad económica y del empleo. La discusión ha subrayado que este fracaso se ha acompañado de, y en parte se explica por, una dinámica de distribución de los beneficios de la productividad que incluye insuficientemente a los trabajadores, sobre todo a los receptores de salarios mínimos. Reconstruir la dinámica de distribución del ingreso con una orientación más igualitaria hacia los trabajadores, y que fortalezca el mercado interno y lo potencie como motor del crecimiento económico va más allá de la indispensable renovación de la política de fijación de salarios mínimos que tan buena manera sería de dar expresión concreta al objetivo de democratizar la productividad de la actual administración. Requiere un acuerdo nacional en torno a una estrategia de desarrollo en la que, como sostiene CEPAL, la igualdad y el crecimiento económico sean reconocidos como objetivos complementarios e inseparables, en vez de antagónicos y secuenciales como han sido vistos tradicionalmente.

 

Juan Carlos Moreno-Brid
Director Adjunto de la CEPAL

Stefanie Garry
Economista de la CEPAL en México.

Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente coinciden con las de la ONU.

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¹ Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, Año XVIII, Número 4173-II, miércoles 10 de diciembre, 2014.

² Integrada por representantes patronales, de los trabajadores, del Banco de México, SHCP e INEGI, presidida por la CONASAMI. Lleva tres meses operando sin dar comunicado público de sus avances ni resultados.

³ Ver http://www.conasami.gob.mx/quienes_somos.html.

⁴ CONASAMI y STPS, Comisión Consultiva para la Modernización del Sistema de Salarios mínimo; estudios y ponencias. México D.F., 2002.

⁵ Véase Gobierno del Distrito Federal, Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito federal. Ciudad de México, 2014.

⁶ Ver GDF, (ibid) y Campos Vázquez, Raymundo M. El salario mínimo y el empleo: Evidencia internacional y posibles impactos para el caso mexicano, Economía Informa, 2014, en prensa.

⁷ Ver OIT, Convenio (Número 131) sobre la fijación de salarios mínimos con especial referencia a los países en vías de desarrollo (Entrada en vigor: 29 abril 1972).

⁸ Cingano, Federico, (2014), Trends in Income Inequality and it impact on Economic Growth, OCDE Social, Employment and Migration Working papers no. 163. OECD.