En enero de 2014 Guerrero ya figuraba como un foco rojo en el país: la violencia se había disparado en varios de sus municipios y la confianza de la población en sus autoridades era ínfima. En este artículo Eduardo Guerrero explica cómo es que los conflictos entre las pequeñas organizaciones criminales, surgidas luego del desmantelamiento del Cártel de los Beltrán Leyva, han quebrado la gobernabilidad en ese territorio.


2014 inició con una crisis en Michoacán que acaparó la atención de los medios. En enero era inminente el avance de los grupos de autodefensa sobre Apatzingán (un baluarte de Los Caballeros Templarios), lo que entrañaba el riesgo de un enfrentamiento armado sin precedentes en la historia reciente del país. El gobierno federal decidió intervenir. Sin embargo, las extorsiones que Los Caballeros Templarios cobraban a la población michoacana, y la penetración de las estructuras de gobierno estatal y municipal —factores que propiciaron el surgimiento y expansión de grupos de autodefensa a lo largo de 2013— eran notorios desde tiempo atrás, de hecho desde 2009, cuando Los Caballeros Templarios todavía se llamaban La Familia Michoacana.

Durante el primer semestre de 2014 Michoacán fue el tema central en la agenda de seguridad del país. Primero fue el avance de las autodefensas. Después vino el reforzamiento de la intervención federal y el nombramiento del comisionado Alfredo Castillo, una clara señal de que el gobernador priista Fausto Vallejo ya no contaba con el respaldo de Los Pinos. Más adelante vinieron las tensiones entre los grupos de autodefensa en torno a su proceso de desmovilización e incorporación a la Policía Rural (dichas tensiones culminaron con el arresto del carismático doctor Mireles, hasta entonces el líder más visible dentro de las autodefensas). Finalmente vinieron los videos exhibiendo los encuentros entre figuras públicas y La Tuta, los arrestos de algunos alcaldes y de José Jesús Reyna, quien fuera gobernador interino del estado. Mucho ruido y algunas nueces. La intervención del gobierno federal, aunque en exceso tardía, ha dado resultados aceptables. Por lo menos las ejecuciones han disminuido.

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Sin embargo, para quienes damos seguimiento a los temas de violencia y crimen organizado, era claro que Michoacán no era el único estado sumido en una grave crisis al comenzar 2014. Al respecto, en mi colaboración en nexos, publicada en abril pasado, señalaba: “…cabe destacar la delicada situación que se observa en Guerrero. Al igual que en Michoacán, en amplias zonas de dicho estado la población padece extorsiones sistemáticas del crimen organizado… la extrema pobreza de los municipios del interior de Guerrero —y la ausencia de cultivos con una rentabilidad comparable a la del aguacate y el limón en Michoacán— probablemente han evitado hasta ahora el surgimiento de un movimiento equiparable a la revuelta de las autodefensas de la Tierra Caliente de Michoacán. No obstante, ya se registran señales de alerta”.

La crisis que se vivía en el interior de Guerrero era evidente por varios factores. En primer lugar, por la violencia exacerbada. Hace ya algún tiempo que Guerrero desplazó a Chihuahua como la entidad con más ejecuciones del país. La tendencia de 2012 a la fecha no es de incremento de las ejecuciones en el estado. Sin embargo, cabe señalar que Acapulco parece seguir una dinámica relativamente independiente a la del resto de Guerrero. Como se puede observar en la gráfica 1, las ejecuciones alcanzaron un máximo en el resto de los municipios apenas en el primer trimestre de 2014. De esta forma la violencia se dispersó geográficamente y se disparó en municipios como Chilpancingo y Pungarabato (Ciudad Altamirano).

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Esta dispersión geográfica de la violencia no es exclusiva de Guerrero, sino que se observa a nivel nacional. Las organizaciones criminales han reducido su presencia visible en las zonas metropolitanas, y al parecer están concentrando sus operaciones (al menos las que generan más violencia, como la extorsión) en ciudades pequeñas y en el ámbito rural. Lo anterior supone un riesgo de largo plazo para la gobernabilidad en amplias regiones del país, pues fuera de los grandes centros urbanos las instituciones tienden a ser más débiles, la cobertura de los medios de comunicación es menor (por lo que las actividades criminales son menos visibles), y la población tiene menos recursos y alternativas para hacer frente a amenazas.

En segundo lugar, está la confianza de la población respecto a sus autoridades, que se encuentra entre las más bajas del país (incluso considerando que la confianza en las autoridades tiende a ser más alta en los estados con un mayor componente de población rural, como Guerrero). Como sugieren los datos de la ENVIPE 2014, la brecha entre el nivel de confianza nacional y el que se observa en Guerrero es particularmente alto en el caso de las policías municipales (ver gráfica 2).

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Más allá del clima de conflictividad, que resulta obvio de la lectura de las cifras, está la información de campo, los testimonios que miles de guerrerenses pueden dar sobre las actividades que los criminales desarrollan de forma cotidiana en sus comunidades, muchas veces en abierto contubernio con las autoridades (a quien se los pregunte con tacto y discreción, pues con sobrada razón son cautelosos). En el caso de Iguala, las declaraciones de René Bejarano —quien dice que alertó a la PGR sobre la presunta implicación del alcalde José Luis Abarca en el homicidio del activista Arturo Hernández Cardona— señalan una preocupante pasividad de distintas autoridades. Por supuesto, cabe preguntarse, por qué no se alertó también a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero o directamente al gobernador Ángel Aguirre, correligionario de Bejarano.

Una diferencia importante entre Michoacán y Guerrero es que en el segundo estado no existe un grupo con un claro predominio sobre las actividades criminales. La violencia en Guerrero es resultado de los constantes conflictos entre un gran número de pequeñas organizaciones criminales, mismas que surgieron como resultado del desmantelamiento del Cártel de los Beltrán Leyva, después de que sus principales líderes fueran capturados en 2009 y 2010. Se tiene registro de al menos 22 bandas del crimen organizado que mantienen operaciones en Guerrero. Aunque la mayoría tienen su origen en la organización de los hermanos Beltrán Leyva (Los Pelones, Guerreros Unidos, Los Rojos y Nuevo Cártel de la Sierra, entre otros), también mantienen presencia en la entidad grupos asociados al Cártel de Sinaloa (La Barredora y El Comando del Diablo), La Familia Michoacana, el Cártel de Jalisco-Nueva Generación (Los Guerreros) y Los Caballeros Templarios (Pueblos Liberados). Estas organizaciones no tienen capacidad para participar en el tráfico transnacional de drogas, razón por la cual compiten por el control de otras actividades delictivas, de forma destacada la extorsión (en su modalidad de “cobro de piso” a comerciantes, empresarios e incluso jornaleros y profesionistas) y el narcomenudeo. El grado de peligrosidad de estos grupos es variable, actualmente se considera que los que representan una mayor amenaza son Los Rojos, Guerreros Unidos, La Barredora y El Comando del Diablo porque cuentan con las estructuras operativas más sofisticadas y con mayores recursos.

Cabe mencionar que varias de estas organizaciones operan lo mismo en Guerrero que en municipios de Morelos y del sur del Estado de México. El caso de Javier Guadarrama Ríos, El Ángelo, exhibe la estructura de complicidades que protege al crimen organizado en Guerrero y los estados colindantes. El Ángelo fue detenido por la Policía Federal en 2008 en Alpuyeca, Morelos, pero le tomó poco tiempo salir del penal de Atlocholoaya. En 2009 volvió a ser detenido por autoridades mexiquenses y procesado por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Hoy se le identifica como uno de los principales líderes de Guerreros Unidos. Como su caso hay varios ejemplos de líderes de células criminales que son detenidos por delitos graves pero que al poco tiempo reaparecen al frente de nuevas organizaciones. 

Por otra parte, se tiene registro de la presencia de grupos de autodefensa en por lo menos 47 municipios de Guerrero. Estos grupos están afiliados a organizaciones comunitarias reconocidas por el gobierno estatal, entre las que destacan la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG), la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía, Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP),  la Policía Ciudadana de Olinalá y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC). Las dos agrupaciones principales son la UPOEG —con presencia en 22 municipios— y la CRAC —que opera en 16 municipios—. Ambas organizaciones cuentan con amplio respaldo popular y mantienen relaciones cordiales con las autoridades municipales y estatales. Sin embargo, existe el riesgo de una proliferación de grupos de autodefensa vinculados con el crimen organizado. Por ejemplo, en los municipios de Cuetzala y Apaxtla se ha detectado el surgimiento de grupos de autodefensa asociados con Guerreros Unidos, pero sin vínculos con alguna de las organizaciones comunitarias legítimas.

En Guerrero, además del crimen organizado y los grupos de autodefensa, operan otros actores con capacidad para generar violencia e inestabilidad, incluyendo células guerrilleras, sindicatos y movimientos estudiantiles y sociales. Muchos de estos actores abanderan causas legítimas, cuentan con apoyo popular sustancial y se mantienen activos en asuntos de índole política, social y de seguridad. Sin embargo, el reciente llamado del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) al “ajusticiamiento” de Guerrero Unidos, y los disturbios que tuvieron lugar en Chilpancingo por las protestas del pasado 13 de octubre ilustran esta complejidad. En la tabla se enlistan a los principales actores con capacidad de generar inestabilidad en Guerrero, de acuerdo a su presencia territorial y nivel de amenaza (ver tabla).

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Es justo señalar que el gobierno federal incrementó desde marzo su presencia en el estado, cuando 300 elementos de la Policía Federal se sumaron a la policía estatal para hacerse cargo de la seguridad pública en Chilpancingo. Asimismo, se acordó con el gobernador Ángel Aguirre la implantación del mando único (en principio se acordó poner en práctica el modelo en seis municipios: Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Tixtla, Iguala y Teloloapan). Sin embargo, no se actuó de forma proactiva en lugares como Iguala, donde se tenían indicios de colusión entre el crimen organizado y las autoridades. El alcalde de dicho municipio no permitió la operación del mando único, lo que también debió prender las alertas en los gobiernos estatal y federal (a la luz de los hechos resulta necesario evaluar los avances en los otros cinco municipios que acordaron sumarse). 

Desafortunadamente, el gobierno reacciona sólo ante las amenazas que tienen un alto perfil mediático. Fueron necesarios seis muertos y la desaparición de 43 estudiantes normalistas, así como la indignación ciudadana que justificadamente se generó por esta tragedia, para que se reconociera que la policía municipal de Iguala muy probablemente trabajaba para los criminales (ya sea voluntariamente o por intimidación); 22 elementos fueron procesados por su probable participación en la desaparición de los estudiantes y más de 300 fueron trasladados a Tlaxcala para ser sujetos a procesos de certificación.

Mientras las intervenciones del gobierno federal mantengan una dinámica reactiva (es decir, concentrar los recursos en el control de crisis y no en la intervención proactiva en las localidades donde las organizaciones criminales extorsionan de forma sistemática a la población), la inseguridad seguirá siendo la constante en todas las regiones donde confluya la presencia de organizaciones criminales con instituciones locales débiles (de entrada, en todos los municipios de la Tierra Caliente del Estado de México, Guerrero y Michoacán; el “Triángulo Dorado” en Chihuahua, Durango y Sinaloa; y la “Frontera Chica” en Tamaulipas). El desarrollo de una política proactiva requiere, en primer lugar, contar con una presencia territorial que genere inteligencia en dichas regiones, para que las autoridades federales estén enteradas de lo que sucede de forma cotidiana en todos los municipios que las integran. Los reportes de medios de comunicación, inciertos y sujetos a los sesgos de quienes influyen en la agenda pública, no pueden ser la principal brújula que oriente las acciones de las agencias de seguridad, que deben seguir una racionalidad de Estado.

Es ingenuo pensar que el caso de José Luis Abarca, el alcalde de Iguala que sigue prófugo mientras escribo estas líneas, es único en el país. Desafortunadamente, si el CISEN o la PGR no toman medidas para identificar a otros alcaldes coludidos con el crimen organizado, cientos de miles de mexicanos seguirán siendo víctimas cotidianas de expoliación por parte de los criminales; y las desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos se seguirán presentando. Tal vez sea difícil en el corto plazo hacer una depuración sistemática de las alcaldías. No obstante, se podría empezar por incrementar las presiones en contra de los alcaldes que se resistan a ceder el mando de cuerpos policiales ostensiblemente amafiados, y por abrir investigaciones judiciales en su contra cuando se nieguen y existan sospechas razonables de contubernio con los criminales.

 

Eduardo Guerrero Gutiérrez
Consultor en seguridad de www.lantiaconsultores.com.

 

6 comentarios en “El estallido de Iguala

  1. Me llama poderosamente la atención la ausencia de la dimensión de los DH, por igual en la interpretación de las condiciones históricas de la entidad, como en la terreno de los costos de las intervenciones de la autoridad, justo a nombre de la seguridad.

  2. Podemos entonces hablar de un paìs sin mando, a merced del crimen organizado. Donde la “inteligencia” policiaca es capaz, entre aplausos, de encontrar y consignar al ex- alcale, mientras es totalmente incapaz de encontrar los cadáveres de 43 estudiantes. Digo, vivos no están, seamos serios.

  3. Que buen artículo, me surge una pregunta ¿fue en Acapulco en donde comenzaron a aparecer los descabezados en hieleras afuera de la presidencia municipal, cuando V. Fox era presidente? Si alguien me pudiera responder por favor, solo para darme mas contexto.

    • A la pregunta de si fue en Acapulco en donde comenzaron a aparecer las cabezas en hieleras, la respuesta es si, y por esa misma época quince descabezados tirados frente a un centro comercial, fosas por miles, hasta en la parte alta de Costa Azul, ahí empezó el terror, la brutalidad el horror absoluto de una sociedad totalmente sumisa y hasta mimetizada con la violencia …hasta hoy.
      ” Habla bien de Aca “???? Es el eslogan de una sociedad preocupada solo de los ingresos del turismo; ocultando las cifras de criminalidad y ocultando por consigna las estadísticas reales de muertos diarios, para no perder turismo; conocen las fosas, las encuentran pero ni las destapan ni porqué investigar, les echan mas tierra. Porque en Guerrero. No hay industria, ni pesca ni agricultura, un estado entero viviendo 90% de Acapulco, y 10% de Ixtapa, Taxco y auto consumo. Los gobernadores suponiendo que su papel es dar dádivas y la población, cuando no exigiéndola, arrebatando.
      La impunidad es tal que como bien titulaba un artículo del mismo Eduardo Guerrero ” La muerte tiene permiso”; además del Crimen organizado, crímenes de pleitos de familia, vecinos violencia doméstica criminal. Y la sociedad en la creencia que este modo de sobrevivencia es normal, que la manera de arreglar algo es matando al,prójimo, es triste tristísimo.
      Vivo en Acapulco hace 8 años, y he visto con horror crecer esta infamia, si bien la ausencia de autoridad y estado de derecho es mas que evidente, siempre he pensado que algo está mal aquí, porque las personas no matamos solo porque se nos presenta la oportunidad, no soy socióloga, pero aquí está pasando algo tan horrible que siempre pensé que sucedería algo inocultable que haría forzoso un giro. Con todo mi dolor ante el horror sucedido, creo que ese momento ya llegó.

  4. “crimen organizado”(?)….y el Estado, cuando????….Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, N.L,Veracruz, Guerrero, todo el territorio nacional es una fosa común, hemos perdido la capacidad de asombro, ya estamos “acostumbrados”(?) ala barbarie, que sigue?, armarnos?, es lo que espera el Estado?, o es lo que esperan quienes se llenan las bolsas con el mercado del terror?

  5. No termino de entender la propuesta de las “zonas económicas especiales”. se supone son regiones con minima regulación gubernamental y exenciones de impuestos. Siempre que alguien las recomienda, ponen de ejemplo a Hong Kong. PEro ¿no surgieron hong kong y el HSBC como el epicentro del contrabando de opio a china? ¿Que evitaria que las zonas economicas especiales fueran usadas por el narcotrafico para limpiar sus ganancias, o por grandes empresas para evadir impuestos?¿o para evadir los derechos laborales de los empleados moviendo su domicilio fiscal a esas zonas y utilizando la subcontratación en regiones fuera de la zona economica especial?