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A finales de 2013 el gobierno de Peña Nieto presentó su Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Un documento interesante, con buena información: una radiografía del problema. Sin embargo, hasta la fecha, a meses de cumplir un año de su lanzamiento, pocos han sido los avances para concretar ese cúmulo de acciones que engloba esta estrategia. Más que una ruta de decisiones, hasta el momento, pareciese un documento de consulta. Tan es así que prácticamente no se han ejecutado ninguno de los recursos destinados para este propósito en el presupuesto de egresos de este año.

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Pero, aunado a esto, otra falla no menor de esta estrategia es que no presenta siquiera un guiño a una de las discusiones más relevantes para enfrentar algunas de las principales causas de la obesidad. Se trata de uno de los filones regulatorios más prometedores para enfrentar este y otros problemas con altos costos sociales derivados de estilos de vida y decisiones individuales, y que tiene como fundamento los hallazgos que han encontrado en los últimos años la psicología cognitiva y la economía del comportamiento. Gracias a estos estudios cada vez hay más pruebas que permiten concluir que, contrario a la imagen caricaturesca de la Ilustración, los seres humanos si bien somos capaces de ser racionales, la realidad es que en nuestro día a día tomamos un sinfín de decisiones enteramente irracionales.

Un caso claro del quiebre de nuestra racionalidad se presenta cuando nuestras decisiones presentes, que nos causan placer, en el mediano y largo plazos pueden tener un alto costo en valores que reflexivamente también deseamos, como es una buena calidad de vida. Esto es lo que está detrás de problemas como tabaquismo, obesidad, sexo sin protección y endeudamiento en tarjetas de crédito: decisiones presentes que racionalmente sabemos que en un arco de plazo significativo pueden afectar nuestra salud o finanzas, pero que aun así elegimos por el placer inmediato. En este sentido, los avances en el estudio del cerebro en relación con los procesos de decisiones, demuestran que en no pocas ocasiones elegimos opciones que van justo en demérito de nuestra esperanza de vida y estabilidad financiera aunque reflexivamente no deseemos tales escenarios futuros.

Justo estos hallazgos son el sustrato para esta nueva tendencia regulatoria conocida como paternalismo libertario, cuyo propósito es tratar de influir, sin coacción, en las decisiones de las personas.1 De tal manera que éstas adopten aquellas que resulten en una vida más larga y de mejor calidad. Es decir, no se trata de prohibir estilos de vida, sino de diseñar políticas que al aprovechar los estudios sobre nuestra irracionalidad nos “empujen” para tomar la decisión más adecuada.

Algunos ejemplos: varios estudios apuntan que los seres humanos tendemos a procrastinar y a flotar en la inercia, de tal manera que diferimos el momento en el que debemos tomar decisiones relevantes. Esto sucede justo con el diseño de los portafolios financieros del cual depende el saldo final de nuestra jubilación. Aunque es una tarea muy importante, con un alto costo para nuestro futuro, lo cierto es que se ha evidenciado que en no pocas ocasiones posponemos esta tarea. En respuesta, se han construido reglas por omisión (default): si después de cierto tiempo una persona no se involucra y toma decisiones al respecto, entonces se le aplica un portafolio financiero prediseñado a partir de riesgos muy conservadores —con lo cual se le asegura al trabajador en cuestión una pensión mínima y decorosa.

Asimismo, ante la evidencia de que nuestras decisiones nunca son enteramente libres y, más bien, dependen de aspectos que en apariencia son poco relevantes como la presentación y encuadre de las opciones en cuestión (color, tamaño, olor, ubicación), se están impulsando regulaciones basadas en la arquitectura de decisión. Esto es, reducir el tamaño de los platos y vasos para que sea menor a su vez la cantidad de comida que ingerimos o reubicar los alimentos en el supermercado o en una fila de comida de una escuela pública para reducir el promedio de calorías que consumen los niños.

Un ejemplo más: se ha demostrado que un buen número de nuestras decisiones son fruto en realidad de la influencia que ejerce sobre nosotros nuestro entorno social más directo: amigos, compañeros de escuela, familia, pareja —de ahí que algunos consideren a la obesidad como una enfermedad “contagiosa”. Ante esto, el programa de obesidad de Michelle Obama, Let’s move, se ha centrado, entre otras, en campañas que realizan concursos para elegir las mejores recetas de comida saludable elaboradas por niños. El premio consiste en que los ganadores degustaran sus platillos en una cena de Estado en la Casa Blanca. Con esto, lo que se busca es que los niños, junto con sus padres y profesores, aprendan los puntos clave de una dieta sana. Y no menos importante: que “contagien” su entorno social sobre lo que implica una comida saludable.

Otros académicos, sin embargo, señalan que este tipo de regulaciones no son suficientes en ciertos casos y, por ello, es necesario dar el paso a un paternalismo coercitivo. En una primera lectura, esta propuesta pinta grave e incompatible con una democracia liberal. Sin embargo, sus defensores consideran que esta estrategia sólo es idónea cuando cumple cuatro condiciones.2 En primer lugar, la actividad o producto que se busca prohibir debe realmente obstaculizar, a partir de pruebas científicas, un fin de largo plazo compartido en términos generales por la sociedad (como buena salud y alta esperanza de vida). Asimismo, la prohibición en cuestión debe ser realmente efectiva en dos sentidos: de manera inmediata, que se deje de consumir el producto prohibido y, de manera mediata, que se encamine precisamente a la meta de largo plazo que justifica la prohibición (mejor salud de las personas). En tercer lugar, tenemos que los beneficios deben ser mayores que los costos tanto materiales como psicológicos. Y, por último, la prohibición en cuestión debe ser precisamente la ruta más eficiente para alcanzar el objetivo.

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El ejemplo de pizarrón de una prohibición de un producto o sustancia, siguiendo esta estrategia, son las grasas trans. Su consumo provoca enfermedades cardiovasculares que frecuentemente conllevan a muertes prematuras o a una disminución en la calidad de vida. De ahí que su prohibición coadyuve a una meta de largo plazo compartida con la población, sin importar estilos de vida, religión, visión moral, etcétera. ¿Es efectiva la prohibición? Sí, de manera inmediata no se necesita una gran capacidad regulatoria del Estado para evitar que se sigan fabricando alimentos industrializados con este tipo de grasas. Y en cuanto a la efectividad de la prohibición para coadyuvar a una mejor calidad y mayor esperanza de vida, todo parece indicar que también es efectiva. En Dinamarca, que es el país que tiene más años con esta prohibición, las enfermedades coronarias se han reducido de manera significativa a partir de la entrada en vigor de esta regulación.

Si esto es cierto, entonces los beneficios son sin duda mayores que los costos, pues la sustitución de las grasas trans por otro tipo de grasas no afecta el sabor de los alimentos ni representa un costo mayor para los restauranteros y fabricantes de comida. Lo cual significa que más que informar a la población sobre los riesgos de consumir grasas trans y dejar que ellos elijan si consumen o no alimentos preparados con éstas, el camino de la prohibición es más eficiente para alcanzar el objetivo de una mejor y más prolongada vida. Al menos eso demuestran los casos de Dinamarca y de la ciudad de Nueva York, donde también desde hace varios años se introdujo esta prohibición, de ahí que el presidente Obama haya elaborado una iniciativa de ley para elevar a nivel federal esta prohibición y que en Argentina en diciembre de este año entre en vigor una regulación similar.

Esto no significa que este tipo de propuestas regulatorias no tengan riesgos y que varios de sus aspectos sean debatibles. Tampoco se trata, ante un problema que depende de tantos factores, de la única vía para sortear enteramente el reto. Sin embargo, es un filón que hay que explorar, discutir y determinar en qué escenarios sí son viables políticas públicas de estas características. Sobre todo si consideramos que, como lo evidenció el periodista Michael Moss del New York Times, en su escalofriante reportaje sobre la industria de los alimentos procesados,3 un aspecto medular de este acertijo son los ingredientes con que se fabrican tales alimentos y sus perniciosas consecuencias en nuestra salud. Aspecto en el que el gobierno federal no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo.

 

Saúl López Noriega
Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.


1 Aquí sigo el libro de Richard H. Thaler y Cass R. Sunstein, uno de los más representativos de esta propuesta aunque no el único ni el más reciente: Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness, Yale University Press, USA, 2008.

2 Aquí sigo el libro de Sarah Conly: Against autonomy. Justifying coercitive paternalism, Cambridge University Press, USA, 2012.

3 Salt, sugar, fat. How the food giants hooked us, Random House, USA, 2013.

 

Un comentario en “El placer de comer