De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), alrededor de 40% de la población mayor de 20 años en nuestro país padece sobrepeso y un 30% adicional padece obesidad. El problema, sobre todo por sus consecuencias en términos de complicaciones de salud y pérdida de productividad, es serio. Es necesario pensar en políticas públicas para solucionarlo.

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En meses recientes dos cambios importantes en la regulación han dado los primeros pasos en este sentido. El primero, contenido en la reforma hacendaria, es la introducción de impuestos especiales a las bebidas azucaradas y a la comida con alto contenido calórico. El segundo es el cambio en la regulación con respecto al etiquetado sobre el contenido nutricional de los alimentos. El documento sobre la Estrategia Nacional contra la Obesidad y la Diabetes no contiene una descripción detallada de otras políticas específicas para combatir el problema, al menos entre la población adulta. ¿Son, entonces, suficientes estas dos medidas?

Si uno revisa la literatura existente sobre la efectividad de medidas de este tipo, todo indica que su contribución al control de esta epidemia es muy modesta. Esto significa que el diseño de políticas públicas para combatir la obesidad debe alejarse de las soluciones aparentemente sencillas: es necesario enfocarse en entender las causas del fenómeno para idear políticas originales que consigan controlarlo efectivamente.

Para entender, entonces, las causas de la obesidad en México partamos del hecho de que la gente sube de peso porque consume más calorías de las que su cuerpo necesita. Pero, ¿por qué lo hace? En principio, hay tres hipótesis dominantes al respecto:

1. Los individuos no pagan directamente el costo que trae consigo la obesidad.

2. Los individuos no tienen información sobre el contenido calórico de los alimentos que consumen.

3. Los individuos, a pesar de tener una idea bastante clara con respecto a cómo controlar o reducir su peso y querer hacerlo, no pueden ser consistentes en las acciones que los llevarían a conseguirlo.

Un impuesto directo a los alimentos con alto contenido calórico y a los refrescos está justificado si la explicación principal al fenómeno es la primera. Si los costos de la obesidad los paga en su mayoría el sistema de salud, financiado con impuestos pagados por toda la población (sobre todo en el sector formal), un individuo enfrenta incentivos perversos con respecto al control de su peso. Los impuestos resuelven el problema al cobrar directamente más impuestos a quien consume más calorías, financiando así las consecuencias médicas de sus decisiones.

Sin embargo, ésta no parece ser la explicación. Basta con darse cuenta de que quienes no gozan de acceso a ningún tipo de institución de seguridad social (y que por lo tanto pagarán personalmente gran parte de los costos) presentan tasas de prevalencia de obesidad y sobrepeso muy cercanas a las de otros grupos en la población. 74.6% de quienes están afiliados a alguna institución de seguridad social (como el IMSS e ISSSTE), 69.9% de los afiliados al Seguro Popular y 67.6% de quienes no gozan de ninguno de estos servicios, padecen sobrepeso u obesidad (ENSANUT 2012). Si bien la cercanía entre estas cifras puede explicarse, entre otras cosas, por diferencias en ingreso, educación y acceso a alimentos saludables entre estos grupos, es bastante evidente que el argumento de que los individuos suben de peso porque no pagan directamente los costos por hacerlo es muy débil.

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No obstante, los impuestos a la comida con alto contenido calórico seguramente reducirán el consumo de calorías por el simple hecho de encarecerlas. El argumento es seductor: si la gente sube de peso porque consume más calorías de las que necesita, subamos el precio de las mismas para reducir la demanda. Así de simple. Sin embargo, la evidencia con respecto a la reducción en los niveles de sobrepeso y obesidad por medidas de este tipo sugiere impactos muy modestos. Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública calculan que, ante un impuesto de 10% a los refrescos, en 10 años las tasas de obesidad y sobrepeso se habrán reducido en apenas un punto porcentual (Colchero et al., 2013). El número es minúsculo frente al 30% de prevalencia de obesidad en la población mexicana.

Ahora bien, si el alto consumo de calorías es resultado de la falta de información sobre el contenido calórico de los alimentos, las campañas de información (y también los impuestos) pueden ser una medida eficaz. Esto tiene particular sentido en contextos como el mexicano, donde los niveles de educación e información disponible entre la población son relativamente bajos. Sin embargo, uno de los principales problemas con este argumento (además de las críticas puntuales a la ley que se aprobó en nuestro país) es que la efectividad de estas políticas depende de lo que la gente cree antes de su implementación. Es decir, si por algún motivo, en ausencia de información, los individuos piensan que el contenido calórico de sus alimentos es mayor al real, políticas de este tipo tendrán el impacto contrario al deseado. Y no es tan descabellado que esto suceda. Basta ver el ejemplo, de acuerdo con el académico Viscusi, de muchos fumadores que piensan que las consecuencias nocivas de fumar son mayores a las estimadas por la literatura médica.

Algo más: la evidencia sobre la efectividad de medidas de esta índole en otros contextos es muy poco alentadora. La ciudad de Nueva York aprobó una ley que obligaba a los restaurantes a hacer público el contenido calórico de todos los platillos que vendían. El resultado fue que la gente, efectivamente, aprendió cuántas calorías estaba consumiendo, pero no consumió menos (Elbel et al., 2009). Otros estudios han encontrado, incluso, que al revelar el contenido calórico de los alimentos aumentó la ingesta calórica (Downs et al., 2009). Y, además de esta evidencia, vale la pena mencionar que en el contexto mexicano, donde un porcentaje altísimo del consumo (sobre todo de los grupos con menores ingresos de la población) ocurre en el mercado informal, idear medidas regulatorias efectivas resulta mucho más complejo que en países desarrollados.

Un buen estudio académico de David Cutler, Edward Glaeser y Jesse Shapiro (2003) provee una explicación con sólida evidencia empírica respecto a cómo una combinación entre la tercera hipótesis —nuestra incapacidad de bajar de peso a pesar de que tenemos una buena idea cómo lograrlo— y la aparición de alimentos industrializados puede explicar gran parte del fenómeno del aumento de la obesidad en Estados Unidos. Pues en efecto: muchos hemos empezado una dieta para romperla a los dos días siguientes. La gente quiere controlar o reducir su peso, sabe cómo hacerlo, pero no lo consigue. Esto, sin embargo, ha sido siempre así. Algo sucedió en las últimas décadas que hizo más difícil controlar nuestro consumo calórico.

Una simplificación de la explicación que ofrecen los autores es la siguiente: a todos nos importa nuestra salud en el futuro, pero por momentos se nos olvida y nos enfocamos en el presente. La mayoría del tiempo sabemos que debemos mantenernos saludables y hacemos lo que nos conviene para conseguirlo. No obstante, existen momentos en el día en que le damos mucha importancia al presente. Durante esos breves momentos olvidamos que estamos a dieta y disfrutamos de la gratificación inmediata que nos da la comida. En este sentido, la industrialización de la producción de comida provocó una reducción sustancial en el tiempo que nos toma satisfacer esos breves antojos. Ya no hay que cocinar, basta con el refrigerador o pasar por una miscelánea y comprar algo. Mientras menos tiempo tome tener acceso a esta comida, menos probable será que termine ese episodio en que sólo nos importa el presente. Si, al contrario, tuviéramos que pasar más tiempo preparando estas comidas, en algún punto volveríamos a pensar en el futuro y moderaríamos nuestro consumo. Lo más interesante es que justo los datos sugieren que así es. Hoy los estadunidenses comen más veces al día que hace 30 años (porque el costo fijo de preparar una comida es menor) y casi todo el aumento en su consumo calórico entre 1970 y el año 2000 se debe al aumento en el consumo “entre comidas” (dentro y fuera del hogar), es decir, los alimentos que pasamos menos tiempo preparando.

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La explicación convence, por ejemplo, la prohibición de la venta de comida chatarra en las escuelas es una buena idea: los niños tendrán que esperar a salir de la escuela para poder comprarla. Pero, ¿qué se puede hacer con los adultos? Hay que pensar en algo más. Algunos sugieren regular que la comida con alto contenido calórico esté más lejos de la entrada y salida del supermercado, o que las máquinas de comida chatarra estén más lejos del lugar de trabajo. Otros sugieren regular también el tamaño de las porciones en los restaurantes bajo la lógica de que si hay que esperar a que vuelva el mesero o volver a formarse en la fila del puesto de comida, nuestro consumo será menor.1 Sin embargo, políticas como éstas en un contexto como el mexicano son difíciles de implementar, pues la capacidad reguladora del Estado, en particular respecto los negocios informales, es muy baja. Entonces, si para reducir el consumo de calorías el aumento en su precio tendría que ser muy alto y la capacidad reguladora en México es tan baja, ¿qué alternativas existen?

En un escenario ideal, tendríamos que encontrar mecanismos para que los individuos paguen mucho más por sus alimentos, pero sólo durante esos episodios en que únicamente les importa el presente y se olvidan del futuro. Parece imposible. Sin embargo, uno de los ejercicios más interesantes en este sentido es facilitar a las personas el hacer una apuesta contra ellas mismas. Por descabellado que parezca, si un individuo que quiere bajar de peso sabe que existirán momentos durante el día en que será incapaz de controlar sus impulsos por comer, podría estar dispuesto a comprometerse hoy a pagar más por la comida durante esos episodios. Es decir, estaría de acuerdo en un programa de impuestos condicionados a acciones que realicen sin pensar en el futuro. Pero, toda vez que resulta muy difícil identificar las situaciones en que los individuos le dan demasiado peso al presente, políticas como éstas no se pueden implementar. Las que sí se pueden son aquellas en las que México es pionero: los programas de transferencias condicionales.

Para muchos es difícil justificar el condicionamiento de las transferencias gubernamentales a acciones o comportamientos específicos. Pues tales políticas públicas presuponen que el gobierno sabe qué es lo mejor para una familia, por ejemplo, sin considerar el contexto de ésta. En el contexto del programa Oportunidades —que precisamente condiciona transferencias de efectivo a que los niños y niñas asistan a la escuela—, la condicionalidad se justifica por modelos que, por ejemplo, suponen que los padres no tienen necesariamente los incentivos para maximizar el bienestar futuro de sus hijos. Lo interesante, sin embargo, ante el objetivo de contribuir a que los individuos consigan reducir o controlar su peso, es que no es necesario que el condicionamiento sea obligatorio.

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En efecto, podemos permitir que los participantes elijan que su transferencia (o un porcentaje de ella) esté condicionada a que reduzcan su peso. Si alguien quiere perder peso y sabe que pasará por episodios durante los cuales le será difícil evitar la tentación de comer de más (y quiere evitar que así sea), puede estar dispuesto a comprometerse a sólo recibir la transferencia completa en caso de conseguir su objetivo. Al elegir voluntariamente que sólo se le entregue el total de la transferencia si reduce su peso, durante esos momentos en que el individuo piense poco en el futuro, estará también pensando en que posiblemente perderá una suma de dinero si come de más. Y puede ser que así lo prefiera. En caso contrario, dejémoslo elegir recibir la transferencia sin este condicionamiento.

Probablemente suene inverosímil que alguien elija la restricción adicional, pero la evidencia existente sugiere lo contrario. Por ejemplo, el servicio en línea StickK ofrece a los individuos la opción de fijar un objetivo (entre ellos bajar de peso) y poner en juego una cantidad de dinero. En caso de no cumplir con el objetivo fijado, el sistema hace una transferencia de dinero desde la cuenta bancaria del individuo participante a una asociación que defiende alguna causa con la que esta persona está en profundo desacuerdo (como Pro-Vida si el individuo defiende el derecho a decidir). A la fecha, más de 200 mil personas han hecho uso de este servicio voluntariamente: están dispuestas a pagar porque se les incentive a cambiar su comportamiento.

En suma, si la razón por la que la gente come de más es o que no paga los costos de las consecuencias de estas acciones, o que piensa que la comida que consume contiene menos calorías que las que en verdad tiene, las medidas recientemente aprobadas que proveen información y aumentan el precio de las calorías serán efectivas. Sin embargo, la evidencia sugiere que su impacto será muy pequeño, por lo que seguramente la explicación y las opciones de políticas públicas son otras. Si es verdad que la gente, a pesar de querer reducir su peso y saber cómo hacerlo, encuentra difícil ser consistente en las acciones necesarias para conseguirlo, un programa de transferencias con la opción a estar condicionadas a la reducción de peso podría ser efectivo. México ya tiene un padrón de millones de beneficiarios de un programa de transferencias que, entre otras cosas, requiere que los beneficiarios asistan con cierta frecuencia a la clínica de salud. Podemos empezar simplemente por preguntarles si les interesaría participar en un programa de esta naturaleza.

 

Referencias

Colchero, A., M. Unar, J. C. Salgado, E. Mariscal, D. Sverdlin, J. Rivera y M. Hernández (2013): “Análisis del potencial del impuesto a refrescos en México como una estrategia de prevención de obesidad”, en Decimoquinto Congreso en Investigación en Salud Pública (vol. 7), Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca, Morelos.

Cutler, D., E. Glaeser y J. Shapiro (2003): Why have Americans become more obese? (núm. w9446), National Bureau of Economic Research.

Downs, J. S., G. Loewenstein y J. Wisdom (2009): “Strategies for promoting healthier food choices”, The American Economic Review, 159-164.

Elbel, B., R. Kersh, V. L. Brescoll y L. B. Dixon (2009): “Calorie labeling and food choices: a first look at the effects on low-income people in New York City”, Health Affairs, 28(6), w1110-w1121.

Richards, M. R. y J. L. Sindelar (2013): “Rewarding Healthy Food Choices in SNAP: Behavioral Economic Applications”, Milbank Quarterly, 91(2), 395-412.

Viscusi, W. K. (1990): “Do smokers underestimate risks?”, Journal of Political Economy, 1253-1269.

 

Emilio Gutiérrez
Profesor-Investigador del Centro de Investigación Económica del ITAM.

El autor agradece los comentarios de Jody Sindelar a este artículo.


1 Vale la pena mencionar que políticas de este tipo pueden resultar rentables en el largo plazo para los restaurantes, pues podrían cobrar un precio similar por cantidades menores de comida.

 

4 comentarios en “Sancionar la gordura, un camino

  1. Las cifras de sobrepeso y obesidad que se observan en México son dramáticas y ciertamente ameritan una respuesta organizada del Estado, ya que tienen su origen en las profundas e injustas inequidades y fallas de mercado que actualmente prevalecen en México.

    Sin lugar a dudas la causa próxima de obesidad se relaciona con un desbalance entre la ingesta de calorías (energía) y el gasto energético. Esto último ha propiciado que la responsabilidad del exceso de peso sea erróneamente percibida como una responsabilidad del individuo. La evidencia científica demuestra que las decisiones individuales de consumo son dependientes en gran medida de factores económicos, culturales, comerciales, y educativos, mismos que están fuera del control de un importante sector de la población. Consideremos las condiciones de pobreza en que viven una buena parte de los mexicanos, el amplio acceso a productos de bajo aporte nutricional y alto contenido calórico como son las bebidas azucaradas o los productos chatarra, las condiciones de inseguridad y nulo acceso a actividades deportivas y recreativas lo cual favorece el acentuado sedentarismo de los mexicanos, agreguemos ahora a esta situación desfavorable los millones de mensajes publicitarios que promueven de manera engañosa los productos de baja calidad nutricional, el resultado es evidente: 70% de la población con sobre peso y obesidad y tendencias crecientes de obesidad entre la población infantil y los adolescentes.
    Debido a esta compleja problemática relacionada con la obesidad se hace necesario el desarrollo de una política pública que ataque tanto las inequidades, como las imperfecciones del mercado y del medio ambiente que originan el desbalance energético, para esto se requiere de regulaciones efectivas de mercado, del ambiente construido, de la publicidad, de precios e impuestos entre otros determinantes importantes.
    Entonces porque no considerar que la industria tiene un papel muy importante de responsabilidad. Así podríamos movernos de un modelo erróneo de responsabilidad individual que propone el autor, hacia un modelo de regulación colectiva, regulando a la industria. En este modelo la industria tendría la reponsabilidad de mantener las tasas de obesidad en un mínimo aceptable y de no lograrlo, la industria sería sancionada económicamente para financiar las acciones del sector salud encaminadas al tratamiento de las enfermedades asociadas a la obesidad. Así pepsi, cocacola y otros tendrían la obligación de prevenir la obesidad infantil, trabajarían con objetivos de salud pública, combinados con objetivos comerciales porpiciando un sano equilibrio calórico y no el desbalance calórico que ahora parecen promover en la población en favor de sus accionistas.

  2. Desde niños nos inculcan malos hábitos y ahí esta el problema, la ignorancia de nuestros padres permitió que nos volviéramos adultos obesos. Hoy que hay más información no deberíamos permitir que estas nuevas generaciones sufran como nosotros a la mediana edad problemas cardiovasculares y de diabetes, aún es uno joven pero por esa mala alimentación se va uno abajo en este mundo tan vertiginoso y sólo por la ignorancia. Me parece muy bien que prohiban comida chatarra en las escuelas y que se fomenten hábitos saludables en los niños. Es labor de todos!

  3. El problema grave de obesidad en Mexico, con todos los males de salud que causa, se origina a partir de la entrada al pais de la llamada comida chatarra, que es comida industrializada. Pero el problema con este tipo de comida y su consumo habitual, esta basado en el hecho del gran contenido de azucar que se haya en este tipo de comidas. En Estados Unidos, donde el problema de obesidad es grave tambien, el consumo de grasas ha disminuido, pero no los niveles de obesidad. Recomiendo escuchar esta presentacion del Dr. Lustig acerca del problema de la ingesta de azucares contenidos en la comida chatarra, asi como revisar la pagina de internet que recomienda.
    http://www.c-span.org/video/?314740-1/sugar-policy-health-care-law

    http://www.responsiblefoods.org/

    El doctor hace un buen analisis de todas las politicas que se han tratado de implementar en varias ciudades de estados unidos, y las razones por las que han fallado en reducir los niveles de obesidad. Muy similar a lo que se comenta en este articulo de Nexos.

  4. Es interesante el análisis plateado, sin embargo quiero señalar que se debe considerar la calidad y tipos de los alimentos que son asequibles para la mayoría de los mexicanos, el salario mínimo con el que cuenta gran parte de la población alcanza para consumir tortas, tacos, tamales o alimentos de esa naturaleza. El consumir pescado, carne o verduras es un lujo para el mexicano.