Los teóricos de la política y del derecho, tradicionalmente, han propuesto dos tipos de respuesta ante el discurso de odio. Algunos pensadores enfatizan la necesidad de adoptar un enfoque neutral en la protección de derechos. Este grupo defiende en lo general la jurisprudencia vigente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, la cual no protege amenazas o “palabras combativas”, pero sí protege lo que yo llamo “opiniones de odio”. Las opiniones de odio son aquellas que se muestran abiertamente hostiles a los ideales básicos de la democracia liberal. Aquellos que mantienen opiniones de odio buscan instaurar leyes y políticas que negarían la ciudadanía libre e igual de minorías raciales, étnicas o religiosas, mujeres, o grupos que se definen por su orientación sexual. El enfoque neutralista defiende la libertad de discurso y protege las opiniones de odio ante la sanción coercitiva, a pesar de su contenido discriminatorio, porque el neutralismo establece que el Estado no debe suscribir valores.

Discurso de odio

En contraste con los neutralistas, otros pensadores han argumentado que el derecho a la libertad de expresión no debe proteger puntos de vista que son hostiles a los valores de una sociedad democrática y liberal. Los filósofos en este segundo grupo, los “prohibicionistas”, por lo general defienden el tipo de límites legales al discurso de odio que podemos encontrar en la mayoría de las democracias liberales fuera de Estados Unidos. Aunque existen protecciones al libre discurso en estos países, no existe una doctrina de “neutralidad de opinión” que pondría a todas las opiniones, incluyendo las de odio, bajo el cobijo del derecho a la libertad de expresión. Algunas opiniones son consideradas demasiado extremas para ser toleradas y se prohíben, a veces por la legislación criminal. Por ejemplo, muchas democracias liberales consideran que no pueden arriesgarse a tolerar la ideología fascista que en última instancia condujo al régimen nazi. Prohíben la negación del Holocausto y otros puntos de vista asociados con la ideología fascista.

Ambos enfoques me parecen problemáticos. El neutralismo norteamericano no logra responder al reto que plantean las opiniones de odio a los valores de libertad e igualdad —valores que son esenciales para la legitimidad del Estado democrático—. Como Simone Chambers y Jeffrey Kopstein señalan, los puntos de vista de los grupos de odio como el Ku Klux Klan y el Partido Nazi Americano generan “mala sociedad civil”, en tanto que pretenden socavar la libertad y la igualdad y por tanto se oponen a los valores centrales de la democracia liberal. El problema para los neutralistas no es que las opiniones de odio amenacen a algún ideal político cualquiera, sino a los ideales de libertad e igualdad que precisamente justifican, de entrada, la protección de derechos de libertad de opinión de los grupos de odio. En otras palabras, los grupos de odio atacan al ideal más básico de igualdad pública que subyace en una democracia liberal, un ideal al que me refiero como ciudadanía libre e igual.

Aunque el enfoque neutralista hacia los grupos de odio es problemático, el enfoque alternativo, el que proponen los “prohibicionistas”, tiene sus propias desventajas. La estrategia prohibicionista de que el Estado proscriba el discurso de odio ignora el hecho de que los valores democráticos básicos de libertad e igualdad requieren que el Estado permita a sus ciudadanos desarrollar y afirmar sus propias opiniones políticas. Los prohibicionistas no aprecian la importancia del argumento de Meiklejohn de que los ciudadanos libres necesitan ser capaces de debatir argumentos, incluso aquellos que cuestionan los fundamentos de la democracia liberal. Sin esta libertad, los ciudadanos no pueden suscribir la democracia misma.

En mi libro When the State Speaks, What Should it Say? desarrollo y defiendo una tercera posición que resuelve estos problemas. Sugiero que distingamos entre el poder coercitivo del Estado, o su habilidad de establecer límites legales al discurso de odio, y su poder expresivo, o su habilidad de influir en creencias y comportamiento a través de “hablarle” a grupos de odio y la sociedad en general. Desde mi perspectiva, el Estado debe simultáneamente proteger, en su capacidad coercitiva, las opiniones de odio, y criticarlas, en su capacidad expresiva. El Estado debe proteger los derechos de estos grupos, pero también debe usar sus capacidades expresivas para criticar los puntos de vista de odio. De esta manera el Estado puede proteger el derecho a expresar todas las opiniones y, al mismo tiempo, defender los valores de libertad e igualdad contra los retos discriminatorios y racistas. Me refiero al proceso de defender los valores de ciudadanía libre e igual como “persuasión democrática”. Mi objetivo más amplio es proponer una teoría liberal democrática llamada “democracia de valores” que reconoce derechos robustos de libertad de expresión, religión y asociación, a la vez que articula las razones por las cuales estos derechos deben respetarse, buscando convencer a los ciudadanos de adoptar como propios los valores democráticos de libertad e igualdad.

Cuando el Estado pretenda pronunciar las razones a favor de los derechos sin violar la libertad de expresión, es esencial que respete dos límites. El primer límite, que se refiere a los medios de la persuasión democrática, requiere que el Estado no busque la transformación de las opiniones de los ciudadanos a través de ningún método que viole derechos fundamentales, como la libertad de expresión, conciencia y asociación. Por ejemplo, el Estado no puede usar sanciones criminales para prohibir reuniones del Klan sobre la base de que sus miembros rechazan las razones a favor de la libertad de expresión. En mi teoría, el Estado puede evitar violar el límite de medios a través de restringir su método de comunicación de su mensaje a actos expresivos en lugar de coercitivos. Por ejemplo, ciudadanos y servidores públicos involucrados en la discusión pública pueden articular argumentos que busquen transformar las opiniones de odio. Además, como habré de sugerir más adelante, existe un amplio margen para que los educadores y el Estado en general ejerzan el rol de enseñar la importancia del ideal de igual ciudadanía. El reto para la democracia de valores, sin embargo, radica en simultáneamente proteger los derechos de expresión contra la interferencia coercitiva y criticar las creencias contrarias a la igualdad protegidas por estos derechos.

En segundo lugar, además de estar sujeta al límite de medios, la persuasión democrática también está sujeta a un límite de contenidos. El límite de contenidos restringe el tipo de creencias que el Estado legítimamente puede buscar transformar a través de su capacidad expresiva, y el tipo de circunstancias en las cuales el Estado está justificado en ejercer dicha capacidad. Es necesario que el Estado use su capacidad expresiva para disputar sólo aquellas creencias que violan el ideal de libre e igual ciudadanía. En particular, el Estado no debe buscar transformar todas las creencias antiigualitarias, sino sólo aquellas que rechacen el ideal de ciudadanía libre e igual.

En síntesis, la persuasión democrática es el esfuerzo que hace un Estado legítimo para expresar las razones y valores que subyacen los derechos. En algunas instancias la persuasión democrática exige que se disputen opiniones que están protegidas por los derechos, especialmente cuando se trata de opiniones de odio. Pero el punto de la persuasión democrática no es solamente expresar los valores de la ciudadanía igual para todos como un ejercicio filosófico. Es, idealmente, un esfuerzo de cambiar la opinión tanto de los miembros de los grupos de odio y de los ciudadanos en general.

 

Corey Brettschneider
Profesor de teoría política de la Universidad de Brown. Su libro más reciente es When the State Speaks, What Should it Say?, Princeton University Press, Princeton, 2012.

 

3 comentarios en “Las “opiniones de odio”

  1. El problema del argumento planteado en una deseable democracia de valores, es que parece que el Estado se inclinará naturalmente por los valores “correctos”, los de promover los derechos de una ciudadanía libre e igualitaria y tratar de influir o modificar las antiigualitarias. ¿Qué pasa cuando el discurso de odio es promovido por el propio Estado como en la campaña presidencial de 2006? Por otra lado la autora sólo refiere a un discurso al interior de una sociedad. ¿Qué pasa en los casos y las relaciones entres dos sociedades, entre dos Estados? En estos casos, de abierta propaganda (los ejemplos son varios) donde se promueve una discrimación y un discurso del odio de un Estado hacia otra sociedad para tratar de influir o manipular la opinión pública al interior. En estos casos ¿quién deberá o está facultado para moderar de manera coercitiva o expresiva el discurso de odio de un Estado hacia otra sociedad? Un Estado que permite un discurso de odio y que hasta lo promueve puede considerarse una democracia liberal? Un artículo interesante sobre el discurso de odio en al actual conflicto Israel-Palestina es presentado por Jodi Rudoren en el NYT. nyti.ms/1ruWT2P

  2. Me parece un artículo muy interesante basado en la necesidad de sostener las democracias que se han ido conformando poco a poco a lo largo principalmente de la segunda mitad del siglo XX. Es muy importante la formación política y académica de los gobernantes porque estos ideales no son fácilmente aprehensibles desde cualquier óptica. El conglomerado social necesita respuestas audaces y bien medidas para no generar polarizaciones de odio entre grupos que por intereses opuestos o por idiosincrasias distintas pueden enfrentarse a menudo. El problema es que muy a menudo en las democracias emergentes como la nuestra, los gobernantes han tenido varios rostros para encarar su camino hacia el puesto político, uno cuando están en campaña frente a los medios de comunicación o frente al electorado, y otro cuando asumen el poder. Una vez instalados, se amurallan, se pierden en el marasmo seguramente de atender muchísimos asuntos y también desde luego para atender sus propios intereses y responder a los intereses oscuros de aquellos que los impulsaron a obtener el puesto. El problema no es que suceda en algún partido político famoso por estas practicas, el problema es que sucede en absolutamente todo el espectro político nacional. Desde el Partido Verde al PRD, en el PRI y en el PAN por igual. La democracia no se sostiene con cimientos endebles porque las fuerzas que empujan en uno o en otro sentido son infinitas.Un fundamento importante de una democracia es la honestidad y cabal disposición de servir (y recibir un pago por ello), pero socavada la honestidad del político, todo en tejido democrático sucumbe como muy a menudo sucede en nuestra sociedad. La descomposición social, lo sabemos, proviene en nuestro caso, de muchísimos años de corruptelas, impunidad y negocios al amparo del poder de los gobernantes en turno, y con ello, todos los recursos que pudieron haberse utilizado en atender a la población o a contener a aquellos entes que socavan los principios de igualdad y crecimiento de la población se convirtieron en grandes mansiones de políticos y sus familias, en enriquecimiento desmedido de empresarios coludidos con el aparato oficial. Las normas de convivencia democrática en un país como el nuestro apenas se sostienen por unos cuantos valores que no han sucumbido aún , pero hay fuerzas que incluso arrastran al estado aún en contra de los más básicos principios de cordura social a actuar en contra del estado mismo y de la sociedad como por ejemplo los “derechos adquiridos” de todos el aparato gubernamental sindicalizado, los poderes fácticos de las televisoras y los grandes consorcios que presionan y amenazan las buenas intenciones que pudieran tener algunos gobernantes para cambiar el estado de las cosas en un momento dado. También se ha utilizado discrecionalmente el aparato de justicia para socavar las mas elementales normas de equidad de una sociedad de por si evidentemente desigual, porque el gran negocio de la justicia es encontrar en apuros judiciales a cualquier persona para lucrar hasta donde sea posible con la desgracia ajena. Bajo estos términos es muy probable que los ideales democráticos de convivencia social y la desaparición del odio, la segregación, el racismo, la vejación, sigan siendo una constante en nuestra sociedad si antes los cimientos de nuestras democracias no se arreglan.