Claudio López-Guerra y yo coincidimos en que el Estado no debe imponer puntos de vista a los individuos. Pero disentimos sobre si sería moralmente aceptable forzar a ciudadanos adultos a escuchar las opiniones del Estado. Con respecto a esto, López-Guerra toma un argumento mío sobre los niños y lo extiende al caso de adultos. En mi teoría, los menores sí deben estar expuestos a la persuasión democrática, la cual busca a defender el ideal de la ciudadanía libre e igual. López-Guerra va más allá y argumenta que los adultos también deberían, incluso por la fuerza, atender algunas sesiones de persuasión democrática, especialmente si pertenecen a grupos como el Ku Klux Klan.

Discurso de odio

Creo que éste es un argumento interesante para discutir, y sí representa un reto desde mi propia teoría de la democracia de valores. Me preocupación con la exposición forzada que defiende López-Guerra es que podría percibirse como una forma de castigo coercitivo. Un atributo característico del encarcelamiento es que obliga a las personas a estar en un momento y espacio específicos. Me preocupa que, inevitablemente, la exposición forzada al discurso del Estado sería equiparado al encarcelamiento y por tanto a un castigo por el hecho de suscribir doctrinas de odio.

Estoy de acuerdo que es probablemente inevitable estar expuesto en cierto grado a la persuasión democrática. Consideremos el caso del Estado alemán que construye un memorial del Holocausto con el objetivo de criticar al régimen nazi por sus crímenes contra la humanidad. Si un nazi se encuentra con este monumento durante su caminata diaria, la exposición al discurso del Estado no sería coercitiva. Sus derechos serían respetados porque podría caminar por otro lado. Yo defiendo que el derecho a evadir un discurso es parte del derecho a la libertad de expresión. Como planteó John Stuart Mill, la libertad de expresión se refiere, en parte, al derecho a rechazar una opinión sin ser castigado por ello, pero también al derecho a no pertenecer, por la fuerza, a alguna asociación que rechazamos. El Estado debe tratar de cambiar la mente de quienes se oponen a los valores democráticos, pero también debe permitir que sean libres de no seguir escuchando el mensaje del Estado. Como he argumentado, algún tipo de exposición al discurso estatal habrá de ocurrir. El nazi probablemente sabrá que el monumento ahí está. Pero el derecho a caminar por otro lado distingue a este caso de aquel en que se obliga a adultos a escuchar el discurso del Estado.

Una objeción a mi postura podría ser que los niños son obligados a ir a la escuela, y este requisito indirectamente fuerza a los adultos a escuchar el punto de vista del Estado. Ésta puede ser una preocupación real si el Estado presiona a los menores a tratar de indoctrinar a sus padres y a hacer reportes de las creencias que les inculcan en el hogar. Pero podemos dar algunos pasos para asegurarnos que la pedagogía no busque usar a los niños como medios para cambiar las opiniones de los padres. El objetivo de educar a los niños sobre el Movimiento en Defensa de los Derechos Civiles, por ejemplo, o sobre los valores democráticos de libre e igual ciudadanía, no implicaría convertir a los estudiantes en agentes del Estado, sino enseñarles a respetar como iguales a otros ciudadanos.

 

Corey Brettschneider
Profesor de teoría política de la Universidad de Brown. Su libro más reciente es When the State Speaks, What Should it Say?, Princeton University Press, Princeton, 2012.