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La violencia y el crimen organizado en México y Centroamérica están poniendo una presión extrema al sistema de asilo en Estados Unidos.

Un creciente y continuo número de mexicanos, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos llegan día a día a la frontera entre México y Estados Unidos a solicitar asilo político tras huir de la violencia extrema del narcotráfico y de las pandillas asociadas a éste.

Muchos han sufrido extorsión por años, otros han sido víctimas de secuestro o sus padres, hijos o familiares fueron asesinados tras negarse a pagar el rescate. Muchos fueron mutilados y viven con amenaza de muerte. Todos, quizá, tienen poderosas razones para temer por su vida.

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Pero para la abrumadora mayoría de ellos, obtener asilo no será fácil. Cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que en 2012, por ejemplo, nueve mil 206 mexicanos solicitaron asilo, pero sólo 126 lo obtuvieron. Ese mismo año, dos mil 895 guatemaltecos pidieron asilo y sólo 222 lo obtuvieron; para los salvadoreños, la relación fue dos mil 991 vs 191, mientras que para los hondureños fue de mil 257 vs 93.

La razón detrás del bajo número de aceptación es simple: en la mayoría de los casos los solicitantes no califican para ese estatus humanitario debido a que los criterios usados por la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo para garantizarlo, no aplican para ellos.

La Convención define a un refugiado como “una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz, o, debido a tal miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país; o de quien, por no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual como resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a volver a éste”.

Bajo esta definición, una persona que huye de su país porque los miembros de una organización criminal la secuestraron, torturaron y amenazaron debido a que se negó a colaborar con ellos, no es necesariamente candidata al asilo. Pese a ello, los casos de ciudadanos atemorizados se multiplican en los centros de detención de inmigrantes.

C. Álvarez, una mujer guatemalteca de 27 años, huyó de su país el 23 de abril de 2012, después de atestiguar  el asesinato a quemarropa de su amigo Aníbal, quien manejaba un taxi comunitario y se rehusó a seguir pagando la cuota de extorsión a los miembros de la pandilla MS18 en su vecindario.

“Veníamos en el taxi y de repente nos detuvieron dos pandilleros”, cuenta Álvarez. “Y así, enfrente de mí, le dispararon, le destrozaron la cara”.

Álvarez, quien pasó cuatro meses en un centro de detención en California tras entregarse en la garita de San Ysidro, pudo ver y reconocer a uno de los agresores porque vivían en el mismo vecindario. “Yo lo conocía por su apodo”, dijo. “Él me vio y me amenazó con que me pasaría lo mismo si decía algo a la policía”.

Para ella, que había sufrido una experiencia previa de violación, esa amenaza fue suficiente para hacerla huir del país.

“Allá cuando te amenazan es en serio, no dejan a nadie vivo, te desaparecen”, narró Álvarez desde Los Ángeles, California, en donde espera en libertad condicional su próxima audiencia con un juez migratorio. “A dos primos míos los mataron los pandilleros. Uno de  ellos era una niña de 14 años y la decapitaron. Al otro lo metieron a un callejón y le dispararon”.

La familia de Álvarez reunió dos mil dólares para pagarle al coyote que la llevó junto con un grupo de inmigrantes centroamericanos a la frontera con Tijuana y de ahí a San Diego, en donde fueron abandonados en una casa de seguridad. El grupo se entregó a la Patrulla Fronteriza y la mayoría de ellos declaró que tenían razones para temer por su vida si los deportaban a sus países de origen. Esa declaración, conocida como “credible fear”, los puso en el  camino del asilo político.

Otro caso es el de Judith, una joven de 19 años que huyó de Michoacán el 17 de diciembre de 2013, cuando la violencia y los enfrentamientos entre grupos en su natal Apatzingán alcanzaron un punto extremo.

Los miembros de la familia fueron amenazados de diferente manera. Judith, quien trabajaba en un clínica médica, recibió amenazas por negar el ingreso de una mujer que había sido baleada.

“Llegó un grupo de hombres armados y me preguntaron que dónde estaba ella… Yo le dije que no la habíamos atendido, pero ellos dijeron que no era cierto, que sabían que había estado ahí. Luego dijeron que si estaba diciendo mentiras, lo iba a pagar con mi vida”.

Su familia también fue afectada por el involucramiento de uno de sus parientes con Los Caballeros Templarios, lo que provocó amenazas e intimidación de las autodefensas hasta que la situación se volvió insostenible.

“Los Caballeros Templarios amenazaron con que iban a quemar nuestra  casa y por otro lado estaban las  autodefensas…”.

Junto con su madre, tres hermanos, un cuñado y su novio, Judith empa- có unas cuantas pertenencias decidida a llegar a la frontera. Traían consigo una carta de no antecedentes penales que les fue entregada por el municipio y en la cual se hacía constar que eran personas honestas y que el gobierno no podía hacer mucho por defenderlas del crimen organizado. Esa carta, pensaron, les abriría las puertas para el asilo político.

Judith y su familia llegaron a la garita internacional de San Ysidro, en Tijuana, y se entregaron a la autoridades fronterizas. Todos declararon que su vida corría peligro si regresaban a México.

Por alguna razón que no está clara, la madre de Judith, sus hermanos y el novio fueron liberados unos días después de estar en el centro de detención, pero Judith fue separada del grupo y enviada al Centro de Procesamiento de El Paso, Texas, en donde ha estado encerrada por cuatro meses.

“No pensé que iba a ser así”, dice Judith mientras hace un esfuerzo por no llorar. “Nunca pensé que iba a estar encerrada, separada de mi familia. Es muy feo estar aquí”.

Su caso, como el de Álvarez, enfrenta innumerables obstáculos. Entre otras cosas, tendrán que demostrar que la persecución que sufren es nacional, es decir, que aun si se cambiaran de su ciudad o estado su vida estaría en peligro. También tendrán que comprobar que esa persecución está vinculada a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social en particular. Por último, tendrán que aportar pruebas de que el gobierno de su país es incapaz o no tiene la voluntad de controlar al grupo criminal que los amenaza o los extorsiona.

Los abogados que representan estos casos se ven obligados a encontrar formas para que las causas que propiciaron la huida de sus clientes encajen en las categorías de asilo. En muchos casos tienen que demostrar los invisibles pero existentes vínculos entre el crimen organizado y funcionarios gubernamentales (policías, ejército, autoridades). Casi todos hacen un seguimiento puntual de las decisiones de la corte en relación a la definición de grupo social, opinión política e incluso a la jurisprudencia que define la persecución. Y con frecuencia usan expertos para contextualizar ante un juez la situación específica de un determinado país o localidad.

El abogado de inmigración Carlos Spector dijo en una entrevista con El Paso Times que los jueces de inmigración en este país “están en una curva  de aprendizaje sobre la realidad  política de México”.

Spector, quien representa a más de 100 solicitantes de asilo en El Paso —la mayoría provenientes del estado de Chihuahua— dice que una de las dificultades es probar que estas personas huyeron por razones políticas ya que la definición de lo que constituye persecución política es muy estrecha para casos de asilo. También argumenta que Estados Unidos evita aceptar un mayor número de solicitudes de México porque ello podría sentar un precedente y abrir las puertas para más solicitantes.

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Las autoridades estadunidenses no manejan información específica sobre el porcentaje de los casos en los que la extorsión, el secuestro o las amenazas directas a la vida fueron citadas como causales para pedir el asilo, sin embargo, el abogado de inmigración Eduardo Beckett asegura que en una gran mayoría de las peticiones de centroamericanos y mexicanos ésas son las razones principales.

“Esa es la realidad de lo que está pasando”, dice Beckett. “Vienen por pleitos de tierra, persecución de la policía o el ejército, por narcotráfico, por violencia doméstica. Los centroamericanos se quejan de la MS13, los de El Salvador y Guatemala, de la MS18… Muchos vienen por extorsión”.

El crimen organizado se expandió en Centroamérica a partir de 2006, cuando las rutas del tráfico de drogas en México fueron amenazadas por la guerra contra el narcotráfico del gobierno de Felipe Calderón y las vías alternas para el trasiego se establecieron en territorio centroamericano provocando una guerra entre grupos por el control territorial.

La Oficina de Naciones Unidas  para Drogas y Crimen (UNODC) reconoce que algunas de las áreas más violentas del mundo se encuentran a  lo largo de la costa hondureña y en ambos lados de la frontera entre  Guatemala y Honduras, con grupos delincuenciales involucrados en una variedad de delitos que van desde la extorsión y secuestro hasta el tráfico ilícito de migrantes.

No sorprende entonces que los solicitantes de asilo de Honduras y Guatemala, junto a los de México y Egipto, contabilizaron el 10% de incremento en las solicitudes de asilo que recibió Estados Unidos en 2012, comparadas con el año anterior, según indica un reporte de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (UNHCR).

“Los solicitantes de asilo de Egipto (+102%), Honduras (+38%), México (+35%) y Guatemala (+42%) fueron los principales causantes del incremento. Casi la mitad de todas las peticiones de asilo en el país fueron presentadas por gente de China (24%), México (17%) y El Salvador (7%)”, indica el reporte de UNR.

El informe indica que la violencia generada por el crimen organizado transnacional, pandillas y cárteles de droga en algunas partes de Centroamérica pueden ser los factores principales en el alto número de personas de esta región pidiendo asilo en Estados Unidos.

En un documento preparado para los congresistas estadunidenses, Clare Ribando Seelke, especialista en Asuntos Latinoamericanos para el Congreso, indica que hay un número estimado de 85 mil miembros de pandillas en la región que comprende El Salvador, Guatemala y Honduras. La mayoría de ellos pertenecen a las pandillas rivales MS13 y MS18, que amenazan la seguridad de los ciudadanos y desafían a la autoridad gubernamental en esos países.

“Las pandillas se han ido involucrando en una amplia variedad de actividades criminales que incluyen secuestro, tráfico de personas y contrabando de drogas y armas”, indica Seelke. “Están involucradas en la extorsión a residentes, conductores de autobuses y propietarios de negocios en las ciudades más importantes de la región. No pagar la cuota generalmente se traduce en hostigamiento o violencia… En los años recientes, los pandilleros han matado a más de 550 conductores de autobuses sólo en Guatemala”.

Abogados de inmigración que lidian con el flujo más reciente de solicitantes de asilo aseguran que la mayoría de sus clientes centroamericanos están huyendo de la violencia de los pandilleros.

Jodi Goodwin, una abogada de inmigración en Harlingen, Texas, ha visto un incremento sustancial en este tipo de casos en años recientes.

“Está pasando en Honduras, El Salvador… Las Maras están usando amenazas de muerte para reclutar a gente joven. Si ellos se rehúsan a ser parte de las pandillas, sus primos, sus parientes, sus hermanos son asesinados. Las pandillas son crimen organizado en esos países”.

En marzo de 2014 Goodwin tenía en su portafolio 12 casos de asilo, pero en sólo tres de ellos podía anticipar alguna posibilidad de éxito. En ellos en particular, dijo, la razón detrás de la petición de asilo era claramente política o relacionada con la religión. En el resto, la petición estaba asociada a amenazas del crimen organizado y, por eso mismo, la posibilidad de obtener asilo es limitada.

“Estos casos son muy difíciles de ganar”, dice el abogado Beckett. Él tiene entre 20 y 30 casos similares de asilo en El Paso y considera que en 90% de ellos no hay muchas esperanzas de ganar. “Yo veo estos casos como algo humanitario. Les estamos dando tiempo [a los solicitantes] esperando que las circunstancias de sus vidas o la situación de sus países cambie”.

La mayor dificultad en estos casos estriba en la definición de grupo social u opinión política que establece la Convención sobre asilo.

“Un gran desafío en las peticiones basadas en amenazas de pandilleros es poder acomodar la petición en alguna de las cinco categorías para otorgar asilo. Enmarcar la elección personal de pertenecer o no a alguna pandilla en la categoría de opinión política puede ser exitoso algunas veces. Si tu cliente ha sido perseguido porque es miembro de un grupo social específico, por ejemplo, la familia, tendrá más posibilidades de éxito que si se enmarca la petición como miembro de un grupo más generalizado (por ejemplo, jóvenes que se rehúsan a unirse a una pandilla)”, indica Thomas Boerman, un consultor experto en pandillas centroamericanas en un artículo publicado por Immigration Daily.

Boerman señala, además, que la falta de conocimiento de los jueces de inmigración sobre la complejidad del fenómeno de las pandillas y su contexto sociopolítico en Centroamérica hace aún más difícil ganar estos casos.

 En el caso específico de México, las solicitudes de asilo se han incrementado de manera sostenida desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico. En  un alto porcentaje los causales para pedir asilo involucran extorsión, secuestro y amenazas del crimen organizado.

Entre 2006 y 2010 cerca de 25 mil 223 mexicanos solicitaron asilo en Estados Unidos, según indican cifras de la Executive Office for Immigration Review del Departamento de Justicia. En los tres años siguientes (2011-2013) el número fue de 26 mil 233 mexicanos. Estas cifras sólo incluyen los datos de “defensive asylum”, el procedimiento en el cual la persona se presenta en la frontera y ahí se entrega al oficial de inmigración solicitando asilo. El otro proceso, conocido como “affirmative asylum”, implica que la persona entra legalmente al país y una vez ahí solicita el asilo.

Por ahora, la presión de estos solicitantes de asilo se siente en los diferentes centros de detención en el país. En 2011 la American Civil Liberties Union (ACLU) dio a conocer un reporte en el que indicaba que el Departamento de  Seguridad Nacional tenía un récord de 429 mil inmigrantes detenidos en las 250 instalaciones del país. Entre esos detenidos, señaló el informe, había sobrevivientes de tortura, solicitantes de asilo, víctimas de tráfico humano y familias con niños pequeños.

Para hacer frente a los costos derivados de esas detenciones, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó un presupuesto de 1.84 billones de dólares para el año fiscal que inició el 1 de octubre de 2013. Esa cantidad implicaría un gasto aproximado de cinco millones de dólares diarios en las instalaciones de detención.

El Centro de Procesamiento de  El Paso tiene capacidad para albergar hasta 840 detenidos de ambos sexos. Al momento de escribir este reporte, 37 personas de la India estaban en huelga de hambre en protesta por su detención y para exigir ser liberados y poder continuar su proceso de asilo en el exterior.

Como parte del proceso de asilo defensivo (defensive asylum) muchos  de los solicitantes son detenidos por un lapso que varía entre uno o cuatro meses, pero que en casos específicos puede prolongarse hasta más de un año.

El proceso generalmente es desgastante para el solicitante que se siente tratado como un criminal a pesar de que no  haya cometido crimen alguno.

“Te traen acá encadenado, de las manos, de la cintura”, recuerda Judith. “Cuando nos sacaron de San Ysidro nos metieron a la ‘perrera’ [una camioneta] y nos llevaron al aeropuerto. Íbamos todos encadenados… y no sabes qué va a pasar”.

Judith está a la espera que su caso sea transferido a California, en donde podría ser liberada y así podría reunirse con su familia para continuar el proceso de asilo. Ése es el escenario más positivo, que no necesariamente es el más viable.

Judith ni siquiera puede articular palabra cuando se le pregunta qué pasará si el juez le niega la posibilidad de traslado. Sólo llora de imaginarlo.

En diciembre de 2013, en una audiencia del Congreso titulada “Asylum Abuse:  Is it overwhelming our borders?”, el congresista republicano Trey Gowdy expresó las preocupaciones crecientes de algunos legisladores en relación al asilo.

“Hemos recibido reportes de que los cárteles de droga mexicanos están abusando del proceso para darle la vuelta a las revisiones aduanales e introducirse al país”, dijo al abrir la audiencia. “El departamento de Seguridad Nacional se ha rehusado a darnos la información que pruebe que esto está sucediendo. DHS debe contestar por qué los reclamos de ‘temor creíble’ se han incrementado de cinco mil a 32 mil y por qué el 92% de esos reclamos han sido aprobados”.

Él agregó que el comité recibió un memorándum interno de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el que se aseguraba que muchos buscadores de asilo son miembros de organizaciones de tráfico de droga. 

En la misma audiencia, el Departamento de Seguridad Nacional presentó una serie de documentos y declaraciones para argumentar en contra de las quejas de un posible abuso en el sistema de asilo y defender la claridad y consistencia en el proceso de revisión de las solicitudes.

La audiencia del Congreso puso en la mesa algunas de las presiones políticas que han empezado a surgir a partir del incremento en los casos de asilo por parte de mexicanos y centroamericanos y que pueden poner en riesgo el espíritu humanitario del asilo.

Uno de los grandes retos, dicen analistas, es encontrar el balance necesario entre proveer un lugar seguro para miles de personas que están huyendo de la violencia y al mismo tiempo mantener ese espíritu humanitario del asilo al reconocer las nuevas realidades que enfrentan los países latinoamericanos.

Algunas decisiones de la corte han dado esperanzas de abrir el espectro de categorías para garantizar asilo. La más reciente de ellas ocurrió en julio de 2013, cuando una corte garantizó el derecho a permanecer en Estados Unidos a Christian Chaidez, un ciudadano mexicano de Ciudad Juárez, quien perdió 11 parientes asesinados entre 2009 y 2012 después de que se rehusaron a pagar extorsión.

La decisión de la corte implicó un reconocimiento de la violencia extrema en México y de la complicidad entre autoridades y grupos criminales para extorsionar y asesinar. En términos de asilo, el juez reconoció que la familia puede ser considerada un grupo social, declaró el abogado Spector, quien representó a Chaidez en el caso.

“Finalmente ganamos un caso donde buscamos asilo con base en la extorsión”, dijo Spector. “El principal problema que enfrenta la comunidad mexicana hoy es la extorsión y aún así las cortes [de migración] se han negado a garantizar asilo sobre la base de extorsión porque esto no está incluido en la ley de asilo”.

Otros casos relacionados con la gente de Centroamérica también han sentado precedente al reconocer los riesgos que mujeres y jóvenes en particular enfrentan en estos países por la presencia de las pandillas.

En 2007, por ejemplo, una corte de inmigración de Chicago en un caso en el cual el juez determinó que los jóvenes que se rehúsan a unirse a las pandillas constituyen un visible grupo social y que el asilo es apropiado porque la persona tiene un temor creíble de ser perseguida en el futuro al decidir no formar parte de la pandilla.

En otro caso, ese mismo año, en Arlington, Virginia, un juez garantizó asilo considerando que los peticionarios eran miembros de un grupo particular compuesto de estudiantes que habían expresado su oposición a las pandillas y de familiares de esos estudiantes que tenían un miedo creíble de ser perseguidos por sus opiniones políticas contra las pandillas.

Casos como éstos dan esperanza a muchos inmigrantes que aguardan una resolución favorable, pero la realidad es que los cambios son muy pequeños y ocurren muy despacio en comparación a la magnitud del problema.

Lourdes Cárdenas

Periodista independiente y profesora de periodismo en la Universidad Estatal de Nuevo Mexico.

 

Un comentario en “Extorsión, secuestro y amenazas. Nuevas razones para pedir asilo

  1. Me gusto mucho tu artículo. Ojalá en un futuro cercano solo existan noticias alentadoras.