I

El cuerpo fue hallado boca abajo sobre un claro terregoso. La camiseta, color zapote y con la leyenda “Transforming tomorrow” (“transformando el mañana”) contrastaba con el suelo. La cabeza, repleta de pelo cano, carecía de un aura de sangre, pero a distancia parecía que el sujeto tenía un tiro de gracia en la nuca. El hombre se llamaba Virgilio Camacho y fue asesinado el 8 de abril de 2013, al norte del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los homicidas silenciaron al municipio con una sola bala. 

“Virgilio tenía la camiseta bien puesta”, me dice un empresario minero de la zona que conocía bien al difunto. Camacho trabajó más de 30 años en Sicartsa y luego en ArcelorMittal, la transnacional india que se apoderó de la siderúrgica y ahora tiene una fuerte presencia en el puerto michoacano. Sus instalaciones son las de un palacete industrial con altos silos y chimeneas que dominan el horizonte cercano al Pacífico.

Virgilio Camacho era el director de Relaciones Institucionales de ArcelorMittal. Llevaba años denunciando el robo hormiga de miles de toneladas de mineral de hierro de los terrenos concesionados a la acerera. Cada vez que trascabos y camiones de volteo de compañías ajenas entraban a recoger el mineral de los predios explotados, Camacho ponía una denuncia ante la Procuraduría General de la República. Así sucedió desde 2010, hasta que fue levantado en abril pasado cuando salía de un restaurante de cortes de carne.  

“China tiene un apetito desmedido por el acero”, dice Benjamín Rodríguez, del Consejo Coordinador Empresarial local. El país asiático produjo, el año pasado, 716 millones de toneladas. Le siguió Japón con 107 millones. La demanda ha creado una auténtica fiebre por surtir a los chinos de materia prima para la fabricación de acero. Cada mes salen del puerto michoacano 90 mil toneladas de mineral de hierro en bruto en cuatro barcos rumbo a Asia. La roca lleva también decenas de elementos como oro, platino, zinc, cobre y plata, entre otros. Partes significativas de esa carga “no tributan ni pagan aranceles”, dice Rodríguez.

“Ése es el negocio de la mafia aquí. No las drogas”, me dice otro empresario que prefiere guardar el anonimato y apegarse a la lección que impusieron los delincuentes que asesinaron a Camacho.

II

El malecón de Lázaro Cárdenas es una lengua larga de tierra donde se ubica el mejor parque de toda la ciudad. Al atardecer, los niños pasean en bicicleta y los ancianos caminan alrededor de circuitos peatonales. Algunos estudiantes descansan en los jardines cuidados con pulcritud. Desde aquí se puede observar el punto turístico más atractivo de la ciudad: el puente Albatros, el único basculante de México. Una vez al día la estructura se abre para el gozo de turistas invisibles.

Este malecón es la última frontera para el ciudadano de a pie. Las casetas de seguridad con soldados y vigilantes dibujan los límites entre la zona pública y el recinto portuario, vedado para todo el que no trabaje allí. Desde el malecón, Eduardo, un espigado joven aspirante a agente aduanal, explica lo que se encuentra al otro lado de las aguas del brazo del río Balsas. “Es la isla del Cayacal, donde la Armada tiene una base. Allá están las nueve grúas que tiene el puerto”, dice mientras señala unas afiladas garras de color azul que se ven a lo lejos, detrás de una vegetación cerrada.   

“La aduana es la zona caliente de todo el recinto”, dice Erasmo, uno de los 31 mil empleados que labora en el puerto. Allí, lejos de la mirada de la mayoría, es donde más se ha reforzado la seguridad. El trabajador describe “camionetas negras y hombres uniformados” que están por todos lados y que se han adueñado de la zona. Los estibadores se quejan de la abrumadora presencia castrense, que los revisan y cuestionan las 24 horas del día. El líder del sindicato, José Luis Patricio, reflexiona en voz alta: “Para mí, algo no estuvo bien en el sexenio pasado. Vienen arrastrando algo. ¿Por qué? Porque vienen a poner orden”.

La inferencia se encuentra respaldada por la insuficiente recaudación que el puerto ha tenido en los últimos años. Lázaro Cárdenas es el recinto más importante del país en cuanto a volumen de carga general; el segundo en volumen de contenedores y el tercero según el valor de la mercancía después de Manzanillo y Veracruz. En lo que respecta a la recaudación de impuestos, sin embargo, es el cuarto a nivel nacional a pesar de tener más de nueve mil operaciones diarias.

Las autoridades civiles que estaban a cargo de la Administración Portuaria Integral fueron reemplazadas por militares encabezados por el vicealmirante Jorge Luis Cruz.

“Es un blindaje que le están dando al puerto para que no haya ningún contacto de la delincuencia con la administración del puerto”, explica Rodríguez.

Momentos después, mira hacia la mesa y juguetea con las llaves de su auto. Finalmente dice: “El problema es cuánto tiempo estarán aquí. No queremos que nos dejen, cuando arreglen los asuntos de la aduana, con criminales sin dinero y con ganas de venganza. Entonces lo pagaremos nosotros, los ciudadanos”.

Lázaro Cárdenas: Puerto de aguas turbulentas

III

Una camioneta blanca con la leyenda “Policía Municipal” se detiene en medio de la avenida. De ella bajan 10 soldados vestidos con uniforme de camuflaje que, en pocos segundos, forman un perímetro alrededor de la patrulla. Todos observan a diferentes sitios empuñando armas de alto calibre. Sus gestos no denotan nerviosismo sino rutina. Cuatro de los militares se acercan al vehículo que quedó atrás de ellos. Es otra camioneta blanca, con vidrios polarizados. Los soldados piden a los tripulantes que se bajen. Los pasajeros, todos varones, lo hacen. Los curiosos observan cómo las autoridades revisan el automóvil. Una larga fila comienza a formarse detrás de la camioneta. Nadie se impacienta ni se inmuta. En una acción igual de coordinada, los militares se suben a la patrulla ajena.

Ésta es la nueva realidad en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Desde el lunes 4 de noviembre de 2013 es imposible ver un oficial de policía en la ciudad. Los 156 elementos fueron desarmados por el Ejército y la Marina y enviados a un curso de capacitación. Hoy aquellos que se encargan de vigilar la ciudad tienen las letras PM bordadas en las mangas de la prenda verde olivo.

“Es un asunto del puerto, no tiene nada que ver con la ciudad”, dice Gonzalo Contreras, coordinador de Protocolo y Logística del municipio. Su gesto muestra disgusto por el tema. Y por los periodistas. “Fue como el ‘Michoacanazo’. Llegaron sin decir nada y vámonos”.

“Últimamente, somos muy famosos aquí en Michoacán”, dice Rodrigo, que trabaja como tramitador para una agencia aduanal. Viste una camiseta interior. Le queda ceñida y abraza su redondez. En menos de dos meses el estado ha lidiado con ataques de gavillas a instalaciones federales, conflictos magisteriales, el asesinato de un alcalde que denunció extorsión del narcotráfico, y la proliferación de grupos civiles que se levantan armados en varias partes de la entidad.

El conflicto en Michoacán, sin embargo, no es reciente. El libro El general sin memoria, de Juan Veledíaz, indica que en 1960 el presidente Adolfo López Mateos ya percibía al estado como un polvorín. Muchos eran los problemas que lo aquejaban, entre ellos la presencia de pistoleros y un repunte de los homicidios, robos y abigeato. Además, el suelo de la Tierra Caliente michoacana era un terreno fértil para la siembra de marihuana. En ese entonces el secretario de la Defensa, Agustín Olachea, envió al coronel Rangel Medina con la misión de pacificar la región. El militar recuerda, en las memorias retomadas por Veledíaz, que en el estado reinaba un ambiente de “falta de garantías” donde “prevalecía la ley del más fuerte”. Rangel estuvo en la zona hasta que fue trasladado a Guerrero en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Sus años al frente del batallón 49 de infantería, con sede en Apatzingán, le dejaron imágenes similares a las que se encuentran hoy a lo largo y ancho del estado: patrullaje intensivo de militares por poblados rurales, que incluían emboscadas y tiroteos con narcotraficantes.

46 años después llegó un nuevo intento del gobierno federal de meter en cintura a la región. En diciembre de 2006 Felipe Calderón lanzó el Operativo Conjunto Michoacán con cinco mil militares, marinos y policías federales. El objetivo era similar al de López Mateos: “una limpieza total” y “batir al narcotráfico” para reinstaurar la seguridad y el orden. La crisis, no obstante, era mucho más compleja que terminar con el poder amasado por un puñado de personas que sembraban marihuana.

IV

Quienes describen la imagen señalan que nunca habían visto algo así. Cientos de personas caminando sobre angostas aceras que han sido comidas por la hierba salvaje. Todo el pueblo se había convertido en peatón. Una multitud deambulaba por ambos sentidos de la avenida principal, la Lázaro Cárdenas. Eran obreros, secretarias y estudiantes que tuvieron que caminar el trayecto de vuelta a casa. Los habitantes de la zona de Guacamayas, al norte del municipio, recorrieron hasta 12 kilómetros para llegar a sus hogares. Los que más suerte tenían eran reconocidos por sus vecinos, que paraban sus vehículos para darles un “aventón”. La barahúnda provocada por las combis y taxis calló, y dio pie al trajinar de miles. Todo el transporte público paró a las cinco de la tarde del lunes 4 de noviembre. Horas después de que la policía municipal fuera desarmada y la Marina y el Ejército tomaran el control de la seguridad en el municipio. En Michoacán las coincidencias no existen. 

La bocina del teléfono celular vomita un corrido que llena toda la cabina del diminuto taxi. “Día primero de diciembre/ el 2001 corría/ en Uruapan, Michoacán/ cerquita del mediodía/ acribillaron al Grande/ no se sabe quién sería”. El corrido dedicado al pistolero Rigoberto Fuentes, de los grupos delictivos que antecedieron a La Familia Michoacana, te pone en guardia. El taxista, un joven con corte de pelo a rape, no se inmuta. Es, para él, una melodía más que sale de su teléfono móvil. En el siguiente alto pregunto por qué dejaron de trabajar la semana anterior.

“No sé. Unos dicen que por como están las calles. Otros… pues no se sabe”, dice mientras se arranca vellos del brazo izquierdo. La luz cambia de color. El tema se zanjó con ese silencio, tan particular en estas zonas del país, con el que se pone fin a las conversaciones que no se quiere tener.

Lázaro Cárdenas: Puerto de aguas turbulentas

Los años de plomo en México han dejado una serie de gestos en las personas que habitan en las zonas más violentas. Son movimientos que nacen en los entrevistados cada vez que se habla sobre aquello que provoca la inseguridad. Todos anuncian incomodidad. La gente se frota los brazos, los ojos miran a los lados, la cabeza gacha. Todas estas señas las reconocí cuando acudí a la oficina de la comisión que regula el transporte público local. Un funcionario, que pidió no ser identificado, me dijo que no había versión oficial que explicara qué fue lo que dejó inmóviles por 24 horas a las 700 combis y unos 635 taxis que dan servicio a la ciudad. El transporte público mueve todos los días a 100 mil personas, la mitad de la población del municipio.

La versión no oficial, aquella que aflora cuando no hay grabadoras ni libretas a la vista, dice que la mayoría de los líderes de las cooperativas encargadas de las rutas que cruzan la ciudad recibieron una llamada que les prohibió trabajar hasta las cinco de la tarde del martes 5 de noviembre. La orden provenía de gente del cártel de Los Caballeros Templarios. Un encargado de esa ruta me explica que, a lo largo de los años, muchos de los taxistas que han tenido problemas con los pagos de sus coches o con la tramitación de placas de sus autos han recibido ayuda del crimen organizado. Así, de la misma forma como trabaja la mafia siciliana, los delincuentes hacen favores para después cobrarlos.

El domingo 10 de noviembre un grupo de personas se reunió en la plaza principal de la ciudad, a un costado del palacio municipal. El sol ya dejaba de apretar. Algunos de los asistentes usaban cachuchas. Un puñado de hombres en camisa y pantalón corto, con brazos enjutos y morenos, tenían pinta de pescadores. Entre ellos escasas mujeres y aún menos jóvenes. No era una manifestación nutrida. Sobre algunas cabezas sobresalían cartulinas de colores chillantes: “Fuera militares de L.C”. Un hombre alto, de barba y estómago pronunciado, lanzaba arengas. Se dirigía al edificio municipal frente a él, donde la siluetas de soldados custodiaban las entradas al palacio. El tipo parecía dirigirse a ellos.

“Vienen a hostigar al pueblo, castigar al ciudadano, entorpecer el desarrollo, vienen a acabar con el turismo. Eso no lo podemos permitir, amigas y amigos…”, gritaba el hombre haciendo aspavientos exagerados.

El sol se estaba ocultando y en el cielo se observaban algunos tonos rosáceos. Era la hora donde los contrastes daban paso a la oscuridad. El sujeto que empuñaba el micrófono explicaba en voz alta por qué la convocatoria era tan escasa: “este es el resultado de un pueblo temeroso, de un pueblo amedrentado por una sobresaturación de presencia policiaca y castrense”.

El orador sobre el podio, vestido de pantalón vaquero y camisa a cuadros, se llama Tito Fernández, un empresario constructor que representa una organización llamada Michoacanos, Paz y Dignidad. El personaje tiene un turbio pasado. Fue funcionario público en la delegación Iztapalapa, en la capital del país, donde fue inhabilitado por 10 años. Después llegó a Michoacán, donde también se le prohibió desarrollar obra pública después de que se dieran a conocer licitaciones irregulares en las que se le involucraba. Hoy, en la zona de Apatzingán y Lázaro Cárdenas, muchos lo ligan —incluidos informes militares— a Los Caballeros Templarios. En su discurso no hubo ninguna condena a este grupo delictivo. En mi mente resonó una frase que un empresario ferretero me dijo: “Aquí no hay activistas porque tienes que aplacarte tú solo. Si no, te aplacan”.

V

Finas perlas de sudor brillan en la frente de Alejandro Cruz Rumbo. El calor no renuncia en el otoño de Lázaro Cárdenas. A sus 32 años Alejandro trae, bajo el sobaco izquierdo, un cuaderno azul con dibujos de playa. En él apunta teléfonos y direcciones. También sirve de estuche al papel más importante de su vida, envuelto en una mica gigante de unos 30 centímetros de largo por 20 de alto. Lo primero que llama la atención es el sello del Poder Judicial. El índice de Alejandro señala en la esquina inferior lo destacable. Se lee: boleta de libertad.

“Nunca salgo sin ella, es más importante que la del IFE —dice—. Porque aquí tienes que estar preparado para lo peor”.

Alejandro aprendió esta lección de la forma más difícil. Recuerda con una mueca torcida la primera conversación que tuvo en la casa de arraigo de la Procuraduría General de la República, en la colonia Doctores del Distrito Federal. Era julio de 2009. Una única pregunta se formula cada vez que se quiere romper el hielo con un recién llegado:

—Y a ti, ¿dónde te agarraron? —le preguntó un pachuco, uno de los 120 policías de Hidalgo arraigados en 2009 por supuestos vínculos con el narcotráfico.

—Aquí abajo —respondió Alejandro.

—¿Cómo que aquí abajo? —dijo confundido el ex agente.

Lo interrumpió un tercero.

—¿Fuiste tú el que agarraron en la puerta? —cuestionó otro policía—. Me contó mi señora que había visto cómo se atoraron a un güey aquí.

Alejandro visitó por primera vez el Distrito Federal por una tragedia familiar. Su hermano mayor, Joward, de 38 años de edad, había sido detenido por la Policía Federal junto con otros dos sujetos que no conocía. Las autoridades aseguraron haberlos detenido en un coche mientras manejaban por la ciudad un vehículo lleno de armas. En realidad, los habían sacado de sus casas. La Policía Federal los presentó como una célula criminal de La Familia. Era 2009, año en que los cárteles de La Familia y Los Zetas disputaban palmo a palmo el territorio michoacano.

Alejandro se apuró a viajar a la capital del país para traer ropa y tarjetas telefónicas a su hermano. Óscar Delgadillo, fiscal de la SIEDO, lo recibió y tomó sus datos. Le pidió que regresara al día siguiente a ver a su hermano. El 7 de julio Alejandro ya no pudo salir del edificio. “Es que te encontramos algo”, dijo Delgadillo con una mueca socarrona. Le enseñó una orden de localización con la fotografía que le había tomado el día anterior.

“Recuerdo de ese momento un dolor de cabeza muy intenso, como si la cabeza me fuera a explotar”, dice Alejandro con la mirada fija en las olas desganadas del Pacífico.

Alejandro Cruz Rumbo trabajaba en el área de Control y Equipo del puerto dando servicio a las grúas y montacargas. El testigo protegido con nombre clave “Emilio” lo inculpó diciendo que le había entregado 30 mil dólares de La Familia Michoacana para facilitar que llegaran a la plataforma de embarque los cargamentos de cocaína y pseudoefedrina. 

Fue enviado al penal de Atlacholoaya, en Morelos. Estuvo allí cuatro años y 11 días, tiempo que le llevó sortear la tortuosa maquinaria jurídica mexicana. La única ayuda la obtuvo de abogados de oficio. Pero el que más sabe de su caso es él.

“Quien está adentro es uno. Tienes que estudiar y leer”, señala. Hoy en su vocabulario afloran conceptos como  “pruebas para desvirtuar, audiencia informativa”.

Alejandro dejó la cárcel en julio pasado. El juez determinó que la fiscalía nunca pudo probar sus acusaciones y que los dichos de un solo testigo protegido no son suficientes para condenar a nadie.

Su madre murió durante el tiempo que se fue. Hoy, Alejandro quiere estudiar derecho para ayudar a su hermano y a otras víctimas de injusticias a dejar la prisión. Pero por el momento deja sus sueños de lado. Es hora de trabajar, dice. Se dio de baja en el Seguro Social y con los nueve mil pesos que obtuvo abrió un depósito de cerveza. Es un local pequeño y limpio, pintado de azul. Dos refrigeradores y unas cuantas sillas como único mobiliario.

Su hermano, Joward, le preguntó desde el penal si ya lo había visitado “la compañía” para pedirle su cuota por operar su nuevo negocio. “Yo siento que no me van a molestar en un ratito”, dice optimista. “Pero cuando vengan tendré que negociar con ellos”.

Por las noches se sienta dando la cara a la oscuridad de la calle. El único ruido lo hacen sus clientes, borrachos tambaleantes que alzan la voz y gritan chistes sexistas. Alejandro se pregunta qué tanto ha cambiado su ciudad en sus años de ausencia. La oscuridad no tiene respuestas. n

 

Luis Pablo Beauregard. Periodista.