Según el viejo Diccionario de construcción y régimen, de Rufino José Cuervo, protestar es mostrarse inconforme de manera vehemente, es la tercera acepción que recoge; por su etimología, atestiguar, hacer confesión pública y solemne. En el Diccionario de autoridades, de 1737, protestar es alternativamente declarar el ánimo que uno tiene, asegurar con ahínco y eficacia, confesar públicamente la fe y creencia que alguno profesa, dice que se toma también por amenazar.
Confesar públicamente, mostrar inconformidad, amenazar. En la protesta, en lo que entendemos hoy como protesta, se ponen en juego la autoridad, la justicia y el orden público, los derechos individuales, la lógica de las mayorías, la representación y la violencia. No hay manera de generalizar, es difícil decir nada sensato. La protesta intranquiliza, porque pone en tensión el orden normativo, porque muestra los límites de cualquier sistema formal —y hace que todo aparezca bajo otra luz, más cruda.
Cuando me puse a escribir este apunte sobre las protestas de los meses recientes, en México, estaba en la idea de que sería más o menos sencillo. No ha sido. Termino con más preguntas que respuestas. Pero se me ocurre que eso mismo podría tener interés, y acaso también servir de algo.
El 30 de octubre pasado los senadores del PAN abandonaron en masa el salón de plenos para reventar la sesión del Senado, como protesta por la inminente aprobación de la miscelánea fiscal con los votos del PRI, el PRD, el PANAL, el Verde; dijo el coordinador del PAN que era para no prestarse a “esa farsa”, y “dejar solos con esa simulación” a todos los demás partidos. Y se quedaron solos todos los demás. Apenas el fin de semana anterior, López Obrador había anunciado también bloqueos en torno a las Cámaras, para impedirles sesionar, para protestar contra el proyecto de reforma energética. Algo antes, la CNTE había puesto cerco al Congreso y al Senado, protestando por el proyecto de reforma educativa que estaba por aprobarse.
Nadie se ha privado de boicotear al Poder Legislativo en los últimos meses, para quejarse por una cosa o la otra. De hecho, las Cámaras han sido el blanco preferido, el más frecuente —y eso hace resaltar uno de los rasgos más interesantes de la protesta como forma política.
Veamos. Quien protesta, sea un senador o un sindicalista, manifiesta una inconformidad. Y la manifiesta de una manera más o menos ruidosa, incluso estridente, espectacular, a veces amenazadora, en el intento de hacer prevalecer su punto de vista. En cualquier caso, el efecto sólo puede ser derivado, secundario, mediato. A diferencia de la negociación o el voto, la protesta es una forma de acción indirecta, es el intento de influir sobre quienes deciden, pero desde fuera o mediante recursos ajenos al proceso ordinario. Reventar una sesión del Congreso, bloquear la entrada.
No me interesa dar con una definición ni medio rigurosa, sino hacer hincapié en un detalle. En un sistema democrático quienes toman las decisiones representan a la mayoría, actúan con esa autoridad, y en particular en el Poder Legislativo se decide en general por mayoría. Eso pone a los que protestan en una posición peculiar, problemática —porque al menos teóricamente exigen consideración por encima o en contra de la mayoría. Todo teórico, pero tiene consecuencias. En particular, una: quienes protestan tienen que presentarse como víctimas de una injusticia, y apelar a algún principio general, al interés público.
El destino de la mayoría de las protestas se decide ahí, en la discusión sobre su legitimidad.
Los recursos de presión son innumerables. Entre los más curiosos de este año pasado recuerdo un autobús pintado como una enorme pancarta que decía aproximadamente: “Digamos NO al impuesto a los gorditos”. Firmaba una improbable asociación por la libertad de consumo, o algo así. Mentiroso, retorcido, falaz, el anuncio intentaba formular el interés de las compañías de refrescos como lucha contra la injusticia —el resultado era de carcajada. En términos parecidos, muy ingenioso, un desplegado de prensa resumía en una frase: “NO a la discriminación entre productos de alta densidad calórica y las bebidas azucaradas”. Otra vez, para levantar la voz contra una decisión mayoritaria se tiene que invocar un principio de justicia indudable, en este caso el principio de no discriminación. Por si acaso ampara también a los refrescos.
Otras formas de protesta son mucho más agresivas —casi modos de extorsión. En vísperas de la discusión legislativa sobre la reforma fiscal, el Grupo México amenazó con llevarse a otros países más de cinco mil millones de dólares de inversión si se aprobaba el impuesto de 7.5% sobre las regalías de la minería. Por no dejar, el presidente de la Unión Nacional de Concesionarios Mineros puso por delante su preocupación por el país, dijo que lo que le inquietaba era que de aprobarse el nuevo impuesto se perderían 10 millones de puestos de trabajo. Era un manotazo en la mesa para llamar al orden al Congreso.
También hay formas institucionalizadas para protestar, a través del Poder Judicial, por ejemplo. Este año un conjunto de notables: Leo Zuckermann, Héctor Aguilar Camín, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Gerardo Esquivel y otros, presentaron una demanda de amparo impugnando la Ley de Ingresos de la Federación de 2013, porque condonaba adeudos de ISR a estados y municipios. El alegato decía que con eso se habían violado “sus derechos constitucionales a la protección y respeto de la propiedad privada”. Invocar la Constitución es la fórmula más clásica para denunciar una injusticia de la mayoría. Eso mismo han hecho los maestros de la CNTE, que impugnan la reforma educativa en nombre del derecho a la educación —pública, gratuita. Todos acompañan la protesta formal con otras, en la calle, en la prensa.
Hubo muchas otras protestas, con muchos motivos. Cada grupo con sus recursos, cada uno en su horizonte, con su calendario. Policías comunitarias de Guerrero, contra la política de seguridad. Antiguos electricistas contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Comerciantes del centro de la ciudad de México contra la tolerancia del gobierno hacia las manifestaciones —protestas contra las protestas. Marchas, bloqueos, apagones, desplegados, algunos palos.
En el funcionamiento normal de un régimen democrático hay siempre ganadores y perdedores, hay decisiones discutibles, intereses afectados, y eso significa que habrá siempre quienes se sientan agraviados —y protesten por ello. La protesta puede ser un intento de imponer intereses particulares, mediante algún recurso de presión, pero también puede ser un mecanismo para introducir consideraciones sustantivas de justicia en la operación del sistema representativo. Y casi nunca está del todo claro si es lo uno o lo otro. Mire usted cualquiera de las del año pasado, haga el esfuerzo de ponerse de un lado y del otro. El ejercicio es revelador, creo.
Los métodos son casi siempre problemáticos, precisamente porque tienen que ser estridentes, para llamar la atención. Las causas son siempre opinables. No hay nada transparente, obvio, nada simple en ninguna protesta, porque todas tensan el sistema normativo, obligan a pensar de nuevo las cosas.
La madrugada del 2 de noviembre la policía de Huehuetoca intentó detener a un grupo de jóvenes a la salida de un bar, disparó varias veces, mató a un muchacho de 14 años y dejó mal herido a otro. En las horas siguientes los habitantes destruyeron dos coches patrulla, detuvieron a tres policías, y prendieron fuego al palacio municipal. En la foto del periódico se ve al fondo el edificio quemado, tres o cuatro personas detrás de unas cintas amarillas que resguardan el lugar, y pegada a ellas una cartulina en la que se lee: “¡Justicia!”. n
Fernando Escalante Gonzalbo. Profesor en El Colegio de México. Es autor de El homicidio en México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística.
