“En el espacio de discusión pública —escribe Escalante— nada puede saberse con seguridad, ninguna información es digna de crédito, detrás de lo que se puede saber hay siempre otra cosa, que no se sabe, tras lo aparente está siempre lo verdadero, que es imposible conocer. La verdad por definición permanece oculta. Por lo tanto, no hay fundamento sólido para discutir nada”

En Boca del Río, por ejemplo

Martes 20 de septiembre de 2011. Alrededor de las cinco de la tarde son abandonadas en una vía rápida en Boca del Río, Veracruz, dos camionetas de carga con 35 cadáveres. Según los testimonios que recogió la prensa en esos días, llegaron juntos al menos cuatro vehículos con gente armada. Ocho o diez individuos bloquearon momentáneamente el acceso a ese tramo de calle mientras un grupo de otros cuatro o cinco dejaba las camionetas atravesadas a mitad de la avenida, tiraba algunos cadáveres, para ponerlos en exhibición, y dejaba a la vista una manta con un mensaje escrito.

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No era algo absolutamente insólito en ese momento, pero la cantidad de cadáveres, el lugar, el momento hicieron que el episodio tuviese un impacto especial en el espacio público mexicano. El mismo día, unas horas después, fuentes de la Secretaría de la Defensa Nacional en la ciudad de México informaron a la prensa que las víctimas, 23 hombres y 12 mujeres, eran miembros de la organización de Los Zetas, y que habían sido asesinados por el Cártel Jalisco Nueva Generación.1 No se dieron en ese momento los nombres de los fallecidos, no se dio ninguna otra explicación ni se citó ninguna fuente que pudiera dar sustento a la afirmación. También eso era normal.

En la prensa mexicana de estos años, entre 2007 y 2012, han aparecido casi cotidianamente comunicados que dan cuenta de masacres, enfrentamientos, atentados. Se explican mediante una alusión genérica al crimen organizado. A veces se menciona la competencia entre un par de grupos concretos, y se atribuyen los hechos a uno u otro. Pero muy rara vez aparecen los nombres de las víctimas ni las pruebas en las que pueda fundarse la imputación que los hace “miembros del crimen organizado”. Esa retórica, por llamarla de algún modo, es uno de los hechos más significativos del periodo. Subrayo de entrada dos rasgos importantes: sistemáticamente, la violencia se explica mediante un relato casi abstracto, estereotipado, reiterativo e imposible de verificar, en que los cárteles compiten entre sí, y son en realidad los únicos actores, en todo caso los únicos actores con iniciativa, y por otra parte las víctimas permanecen anónimas, aunque más o menos explícitamente asociadas a la delincuencia .

Vuelvo al episodio de Boca del Río. Por la noche ofreció una rueda de prensa el procurador de justicia del estado de Veracruz, Reinaldo Escobar. Dijo que se habían identificado algunos de los cuerpos, y que “todos ellos tenían antecedentes penales y se dedicaban a actividades vinculadas al crimen organizado, tales como el secuestro, la extorsión, el homicidio, el narcomenudeo entre otros delitos”.2 A través de Twitter, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo aproximadamente lo mismo. En la ciudad de México, el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, fue un poco más ambiguo: “Creo que los datos que se tienen son suficientes para estimar que se trata de un tema entre bandas…”. En ninguno de los casos se ofreció la lista de nombres ni se dieron otros detalles sobre los delitos de que se les hubiera acusado.

Si se mira bien, sólo en apariencia son más concretas las declaraciones de la Secretaría de la Defensa y del procurador estatal. Los nombres de los cárteles no dicen nada que sea comprobable ni se justifica de ninguna manera la identificación, y no se señala a nadie en particular entre las víctimas como responsable de ningún delito en particular. Es decir, que desaparece el significado concreto del suceso, que resulta ser sólo un caso más, sin contexto. O con el único contexto de la lucha nacional entre los cárteles, lo que significa en realidad borrarlo como acontecimiento.3 Volverlo insignificante.

Insisto: el episodio era a la vez inusitado y típico. En los años anteriores hubo muchos otros similares. Asesinatos, desde luego: decenas de miles. También masacres y exhibiciones más o menos elaboradas de la violencia, cuerpos mutilados, expuestos. No había nada nuevo en el hecho de que aparecieran unos cuantos cadáveres, puestos en exhibición, junto con un mensaje amenazador. Pero no todo era rutinario. Tantos como 35 cadáveres, abandonados a plena luz del día, en una zona céntrica de Boca del Río, precisamente en vísperas de una reunión nacional de procuradores, eran detalles para llamar la atención. No era un caso más.

Días después el gobierno estatal tuvo que corregir su versión inicial: no había órdenes de aprehensión contra los fallecidos, no había expedientes criminales. De hecho, no se sabía quiénes eran ni en qué circunstancias habían desaparecido. La portavoz del gobierno estatal declaraba una semana después que no se conocía el móvil: las autoridades “aún no cuentan con esa información”. No obstante, no cambiaba su versión de los hechos: se trataba de un “ajuste de cuentas” entre bandas rivales. El día 26 se puso a circular en internet un video en que cinco hombres encapuchados se atribuían la matanza. Se hacían llamar “Los Matazetas”, y anunciaban su intención de acabar “con la situación de inseguridad que vive el país”. Es la nota más discordante del episodio, esa duplicación del mensaje: explícito, explicado, en imagen, para no dejar lugar a dudas.

La notoriedad de la matanza de Boca del Río favoreció la difusión de rumores. Algunos de los cadáveres eran de adolescentes, la madre de uno de los fallecidos señaló que a su hijo lo habían detenido policías estatales.4 Las explicaciones eran insuficientes. En varios medios de comunicación se insinuó la complicidad de la fuerza pública, y por lo menos en un periódico de circulación nacional se acusó explícitamente a la Marina. Es importante reparar en esta denuncia, porque dice mucho del sistema de comunicación política en el espacio público mexicano.

Se trata de dos textos, a distancia de algunas semanas, firmados por Ray-mundo Riva Palacio, en La Razón. En ambos hay básicamente especulaciones, conjeturas, insinuaciones más o menos directas, enhebradas para relatar una historia coherente, verosímil y, típicamente, imposible de demostrar. El primero, sólo dos días después de los hechos, glosaba la explicación oficial: la masacre había sido resultado de un conflicto entre pandillas, las víctimas estaban vinculadas a Los Zetas y tenían antecedentes penales, los ejecutores pertenecían al Cártel del Pacífico. Venía después una lista de dudas: “¿Qué grupo pudo haber perpetrado un crimen de tal magnitud y visibilidad? ¿Cuál fue la verdadera intención?”. ¿Cómo puede un grupo delictivo adquirir “implante territorial aparentemente de la nada”? Si Veracruz está bajo el resguardo de la Marina, ¿cómo pudo hacerse “una operación tan deliberadamente visible sin que ningún cuerpo de seguridad hiciera acto de presencia”? El lugar exacto en que se dejaron los cadáveres estaba en un punto ciego para las cámaras de seguridad: “¿Cómo sabía el comando dónde podían realizar la aparatosa maniobra” sin que se registrase?5

En la clave habitual de la comunicación política mexicana, el artículo pedía explicaciones, pero no esperaba que fuese a haberlas. Insinuaba sin acusar de manera directa. Su propósito era básicamente subrayar la falta de credibilidad de las explicaciones oficiales mediante la evocación del contraste entre lo aparente, lo visible, lo dicho, y lo que permanece oculto: la “verdadera intención”. Ese juego retórico que desdobla la realidad en lo manifiesto y lo oculto no es nuevo, de hecho es uno de los registros básicos del lenguaje político mexicano, que sirve sobre todo para neutralizar el espacio de discusión pública: nada puede saberse con seguridad, ninguna información es digna de crédito, detrás de lo que se puede saber hay siempre otra cosa, que no se sabe, tras lo aparente está siempre lo verdadero, que es imposible conocer. La verdad por definición permanece oculta. Por lo tanto, no hay fundamento sólido para discutir nada. Volveremos a ello, porque el recurso es fundamental para la elaboración de la crisis de seguridad en el espacio público.

El segundo texto de Riva Palacio era más directo. Según su relato, todo había comenzado el primero de septiembre, cuando el gobernador recién electo Javier Duarte acordó con el secretario de Marina, Francisco Sáynez, el inicio de las operaciones de la Armada en Veracruz. Días atrás, Los Zetas habían asesinado a tres marinos en Tuxpan: “La respuesta inmediata fue informal. El 29 de julio aparecieron Los Matazetas a través de un video. Era un grupo de unos 30 hombres encapuchados con fusiles reglamentarios de las Fuerzas Armadas, que leyeron un manifiesto para expresar su apoyo al Ejército, la Marina y a Duarte, y anticipar que matarían a Los Zetas y los expulsarían del estado. Ahí empezaron las operaciones encubiertas”.6 Decía a continuación que se había usado el escándalo más o menos trivial, por la detención de dos adolescentes que habían difundido rumores a través de las redes sociales, para “esconder el inicio formal de las operaciones” de la Armada en Veracruz.7 Vale la pena citar lo que sigue in extenso:

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Un día después del acuerdo con el almirante Sáynez sucedió un hecho todavía sin explicación. En Xalapa fueron incendiados ocho taxis y dos de sus choferes ardieron hasta la muerte en su interior. Los ocho taxis eran utilizados para el narcomenudeo, y la versión oficial fue que había sido un ajuste de cuentas entre criminales. La plaza, sin embargo, no estaba en disputa.

Aunque fue un hecho muy significativo por lo espectacularmente violento e inédito, las tres primeras semanas de septiembre estaban dominadas por el escándalo de los tuiteros. Mientras, la Marina se desplegaba por el estado y hacía arrestos de policías y sospechosos de estar vinculados con criminales.

Los operativos fueron públicos, y hay testimonios de detenciones donde destrozaban el vehículo y se llevaban a golpes a sus ocupantes. Los Black Hawk sobrevolaban las zonas residenciales y donde detectaban alta concentración de pólvora, se deslizaban desde el aire los comandos para realizar sus operaciones. Lo que mostraba la Marina eran autos tapizados de balas y detenciones violentas.

La dinámica funcionaba. Duarte y su gobierno aguantaban la paliza mediática, y se abría espacio a la Marina para las operaciones abiertas y a Los Matazetas para las encubiertas.8

Desde luego, todo lo que dice, y todo lo que da a entender el texto es posible. También es indemostrable. Es claro que no hay una acusación explícita, pero falta poco, y las insinuaciones son transparentes. No sólo podrían haber ameritado una acción judicial por parte de las autoridades de la Secretaría de Marina, una querella por difamación, sino que sorprende que no se iniciara. Y hay que contar el silencio como parte de esa realidad desdoblada de la guerra contra el “crimen organizado”.

En los días que siguieron al suceso de Boca del Río, gracias a “información de inteligencia”, la Marina descubrió otros 20 cadáveres en el fraccionamiento Jardines de Mocambo, otros 11 en el fraccionamiento Costa Verde, y otro más en el fraccionamiento Costa de Oro. El día 7 de octubre el vocero de la Secretaría de Marina informó que se había detenido a ocho “presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva generación, y a 12 presuntos integrantes del cártel de Los Zetas”. Entre los detenidos: el Capi, el Cactus, el Cuco, el Tony, el Comandante Chilaquil, el Tacubayo, la Mosca, el Xochi, el Negro, el Soldado…9. Seis meses más tarde, el 12 de marzo de 2012, el Ejército anunció a los medios la detención en Guadalajara de Erick V. S., alias El 85, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y de Los Matazetas. Lo señaló como responsable de la masacre de Boca del Río10. En el comunicado había otra serie de sobrenombres, entre los de los detenidos, sus socios, sus adversarios: el Mencho, el Pilo, el Tigre, el Chelis.

Asunto concluido, caso cerrado, para las autoridades y para la prensa.

El episodio de Boca del Río es de los que siguen recordándose, junto con otros cinco o seis especialmente sangrientos: los 12 federales asesinados en Arteaga, Michoacán, en 2009, las masacres de San Fernando, Tamaulipas, de agosto de 2010 y abril de 2011, la de los Arcos del Milenio en Guadalajara del 24 de noviembre de 2011, la de Nuevo Laredo del 3 de mayo de 2012.

La lista sirve para anotar algunos detalles. En primer lugar, más allá de la posible utilidad instrumental de los asesinatos, la violencia significa, y se quiere que signifique. Se inscribe en un campo simbólico que puede ser confuso, incluso incoherente, pero no por eso menos real. La exhibición de los cuerpos es básicamente para los medios de comunicación, y quiere decir otra cosa. Los mensajes escritos, los que se difunden por internet, van dirigidos de manera explícita a rivales o presuntos rivales, algunos amenazan a autoridades o funcionarios, pero no es ése el auditorio para el que se exhiben los cadáveres mutilados, torturados, ni los textos. Como en otros muchos conflictos del siglo XX, la violencia inscrita en los cuerpos es una forma de comunicación que amplía su campo de acción, de modo que se dirige ya no sólo hacia el adversario, sino hacia un público anónimo, mucho más extenso.11

Otro detalle importante. En la reacción oficial hay implícita la fantasía de “la justicia del narco”. La primera hipótesis con la que trabaja la policía, la que se anuncia a los medios en los comunicados de prensa, y la que sirve generalmente para cerrar la investigación, es que las víctimas eran “miembros del crimen organizado”, lo mismo que sus victimarios. Salvo excepción —que se explica como excepción— no hay errores, accidentes, equivocaciones, torpezas, caprichos. Nada es un puro azar ni las muertes son gratuitas. Los narcos saben a quién matan y saben por qué lo matan.

Finalmente, el relato de Riva Palacio asume el desdoblamiento de la realidad como algo sabido, incluso evidente. A pesar de que las acusaciones son sumamente graves, no presenta ninguna prueba, ni alude a ninguna fuente de información. La misma idea está en buena parte de las crónicas, en docenas de artículos de opinión y discursos políticos. Es un rasgo fundamental del espacio público mexicano la convicción de que lo que verdaderamente sucede permanece oculto, no se puede ver: pero es indudable que está ahí. Todos los actores toman eso como punto de partida y tratan de aprovecharlo.

Si se toma como término de referencia Boca del Río, es claro que falta información, incluso información básica para saber con certeza lo que ha sucedido. Faltan los nombres de las víctimas, con frecuencia falta incluso el número exacto de las víctimas, falta cualquier otro detalle concreto que pudiera servir para identificarlas, para entender la violencia. Y, desde luego, aparte de atribuciones genéricas, falta información sobre los victimarios (hasta que aparecen, días o meses después, detenidos gracias a tareas de “inteligencia” cuya naturaleza nunca está del todo clara, y directamente confiesan varias decenas de asesinatos, sin mayores explicaciones). Donde hay un comunicado de prensa de las autoridades para explicar un enfrentamiento, un atentado, una masacre, el hallazgo de un cadáver, faltan casi todos los elementos que permitirían contrastar la información.
Es acaso uno de los rasgos fundamentales de estos años: no sólo que no hay, sino que se sabe que no va a haber información suficiente para entender lo que sucede. Todos, periodistas, académicos, consultores, diplomáticos, políticos, estamos obligados a guiarnos por la explicación de las fuentes policiales a sabiendas de que son parciales, inexactas, engañosas o deliberadamente omisas.12 Y eso hace que la realidad adquiera un carácter casi fantasmal, incierto.

La confusión ha sido agravada por un trabajo periodístico deficiente.13 La misma explicación de los hechos, en los mismos términos, incluso con el mismo número de párrafos aparece en todos los medios de circulación nacional por sistema. La información alternativa, en medios como Proceso presenta problemas equivalentes: por regla general se trata de insinuaciones más o menos aventuradas, conjeturas a partir de declaraciones anónimas, que abundan en la gran historia de la corrupción nacional.14

El resultado, con una cosa y otra, es una imagen borrosa, incierta. No hay información verificable sobre mucho de lo que sucede, y sabemos que es así. En cambio, el relato de la guerra entre los cárteles se explica con una seguridad absoluta: mapas, fechas, organigramas. Cualquier periodista sabe qué plazas están en disputa, quiénes ganan o pierden terreno, a quién hay que atribuir cada asesinato. Y por eso el presente resulta opaco.

Lenguajes

En buena medida, la opacidad del presente es consecuencia de las palabras que se emplean para nombrar lo que sucede. Cuando se trata de la violencia reciente en México hay lo que podríamos llamar un “conocimiento estándar” sobre el crimen organizado, capaz de explicar todo el proceso, y cada episodio, con dos o tres grandes trazos muy fáciles de entender. El problema es que deja al final demasiadas preguntas sin respuesta. Ese “conocimiento estándar” es una especie de lingua franca para hablar sobre la crisis de seguridad: no es propiamente un lenguaje, ni un género de habla, sino apenas un vocabulario o poco más, pero de enorme atractivo, sobre todo para los medios de comunicación.15 Porque permite resumir, ahorrar detalles, obviar lo que no se sabe, y ofrecer explicaciones asequibles para cualquier público. Mezcla expresiones del argot popular del norte del país con algo de jerga carcelaria, residuos de la nota roja, tecnicismos de empresas de consultoría, derivas del habla empresarial, términos militares y muletillas de acta del Ministerio Público.

El vocabulario es conocido. La palabra “sicario”, por ejemplo, rara vez se usaba en México antes de 2007, y es dudoso que la mayoría de la gente supiera su significado. Estaba en el título de la novela de Fernando Vallejo, La virgen de los sicarios, en algunas crónicas de la violencia en Colombia y poco más, pero no tenía ningún referente concreto en el país. Repentinamente, se convirtió en algo rutinario, de los titulares de la prensa y de los noticiarios todos los días. Desde entonces se usa como sinónimo aproximado de asesino: a veces asesino a sueldo, a veces profesional, matón, gente de armas. Por lo general supeditado a alguien, a un patrón. Estrictamente al azar, unos cuantos titulares: “Se enfrenta el Ejército contra sicarios en Tamaulipas; hay ocho muertos”,16 “Siete sicarios caen muertos al enfrentarse al Ejército en Michoacán”,17 “Siete muertos tras enfrentamiento entre sicarios y Ejército en Sinaloa”,18 o bien, “Sicarios cercan y amenazan dos escuelas en la plaza central de Tlapa”.19

En realidad, cualquiera puede ser un sicario. Las noticias dicen eso, hay sicarios donde quiera, en las tareas más improbables. Es un término genérico, que según la circunstancia puede inspirar respeto, miedo, aprensión, puede significar un relativo ascenso en la jerarquía de las pandillas de adolescentes, una posición de mayor autoridad. O una forma de subordinación. Según lo usa la prensa, el término señala una alteridad criminal sin matices ni paliativos: los sicarios matan, a los sicarios se les mata, y su existencia aparece delimitada por su función. Imponen pero son insignificantes.

La palabra “cártel” viene de más lejos, se usa con alguna frecuencia desde los años ochenta, también por identificación con el lenguaje que se emplea habitualmente en Colombia, cuando se trata del narcotráfico. Es en realidad un neologismo en el que vale la pena reparar. Si se piensa en la definición original, el término es absurdo aplicado al comercio de drogas: no hay ni ha habido en ningún momento un convenio entre empresas para determinar niveles de producción o precio de venta de la droga. No la hubo siquiera en el momento de mayor presencia en el mercado de los contrabandistas de Cali y Medellín, a mediados de los años ochenta.20

Sin duda, algo influyó el peso relativo de las organizaciones de Pablo Escobar, de los hermanos Ochoa y los Rodríguez Orejuela, pero la idea obedeció sobre todo a las necesidades de la política exterior de Estados Unidos, que requería un enemigo de suficiente envergadura: identificable, con cabezas visibles, responsable de la totalidad del problema. Y que pudiera ser erradicado. Así cristalizó la imagen de los cárteles, es decir, la idea de dos o tres grandes organizaciones con un control casi absoluto del mercado. No tenía sentido declarar la guerra, enviar personal militar, asesores, armamento, para combatir a varias decenas o cientos de pequeñas organizaciones, con cientos de miles de pequeños comerciantes, campesinos y contrabandistas. Era lo que había en la práctica: no una gran conspiración vertical, sino un sistema de fronteras fluidas y personajes cambiantes, cuyos vínculos son una mezcla de lazos de parentesco, tratos formales e informales, transitorios, y relaciones comerciales más bien distantes, de escasa confianza.21

Como quiera, el término tuvo buena acogida. Servía como nombre genérico para la enorme variedad de organizaciones dedicadas al cultivo, procesamiento, transporte, contrabando, distribución y venta de drogas. Sólo como dato de interés anecdótico, anotemos el cambio en la definición en el Diccionario de la Real Academia Española. En la vigésima primera edición, de 1992, registraba la palabra “cartel” o “cártel”, de origen alemán, y daba como primera acepción: “Convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial”. Más breve, más imprecisa, consignaba también una segunda definición que ya incluía explícitamente el nuevo uso: “Agrupación de personas que persiguen fines ilícitos. CARTEL de Medellín”. En la vigésima segunda edición, de 2001, el orden es exactamente el inverso. Primera acepción: “Organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas”. La segunda es la que antes figuraba en primer lugar.

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Los nombres de los cárteles se han multiplicado en la prensa, que cada tanto anuncia fusiones, rupturas, alianzas. No es fácil saber lo que significa, aparte de su interés policial.22

Otra expresión relativamente nueva, que se ha generalizado: “levantón”. Viene, según lo más probable, del lenguaje coloquial del norte del país, y se refiere al secuestro y desaparición forzada de alguien, su asesinato por lo regular en un lugar desconocido. A diferencia de otras formas de secuestro, el levantón pertenece al ámbito del narcotráfico: “implica siempre subir a la víctima a un automóvil y llevársela lejos de su pueblo o su lugar de residencia”.23 Y siempre deja un amplísimo margen de incertidumbre con respecto a todo, las causas de la desaparición, el destino de la víctima, la identidad de los victimarios.

También han adquirido carta de naturaleza nuevos significados de palabras como “halcón”, palabras como “halconear”, que se supone que provienen del lenguaje de la delincuencia o de la policía, lo mismo que el uso de la expresión “plaza” para referirse a una ciudad cualquiera. Desde luego, no está claro lo que significa “la plaza” ni qué quiere decir que alguien “tenga la plaza” o “controle la plaza”, y hay motivos para suponer que la expresión se usa de manera bastante imprecisa para indicar alguna clase de jerarquía en los espacios informales e ilegales.

En la prensa de los últimos años se puede hablar por ejemplo del “jefe de plaza de Monterrey”, es decir, de una zona urbana de cuatro millones de habitantes, lo mismo que se habla del “jefe de plaza de Tamaulipas”, con 43 municipios, tres millones y medio de habitantes, o del “jefe de plaza en Tepeapulco”, en Hidalgo, o de Hueju-tla, de Zitácuaro, o de Guacamayas en Michoacán.24 Obviamente, se trata de personajes distintos, que se dedican a actividades distintas. El “control de la plaza” es una cosa en Monterrey y otra en Guacamayas.

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En la literatura periodística estadunidense, incluso en cierta literatura académica, suele haber elaboraciones más o menos especiosas sobre el significado de “la plaza”, como si se tratara de un concepto de complicada densidad etnográfica. Peter Lupsha, por ejemplo, dice que se trata de “un sistema”, y elogia la exposición de Terrence Poppa:

Durante décadas, los informantes mexicanos han tratado de explicar la idea a sus contactos en las dependencias encargadas de aplicar la ley en Estados Unidos. Cuando alguien tenía la plaza significaba que estaba pagando a la autoridad o a las autoridades con suficiente poder para garantizar que no sería molestado por la policía ni por el ejército. El dinero para pagar la protección subía por la escalera, dejando un porcentaje en cada nivel en la cadena de mando, hasta llegar al Gran Protector o los Grandes Protectores en el esquema.25

A continuación, Poppa explica que los “protegidos” ofrecían información a la policía, y que los “independientes” eran normalmente detenidos, para fingir que se perseguía el narcotráfico.. Bien: el libro es irrelevante, “el sistema” no tiene nada de particular, nada que no conozca cualquier departamento de policía de una sociedad moderna, es decir: tolerancia, protección, negociación de sentencias, redadas sobre aviso, a cambio de chivatazos, respeto de algunos límites, y un cierto orden en la calle.

¿Qué quiere decir “controlar una plaza”? Imposible decirlo, porque no tiene un sentido unívoco. Según el caso, significa que un individuo o un grupo tiene una posición predominante en el mercado local de droga, o en el mercado de la violencia privada, significa que puede cobrar en una zona por sus servicios de protección, por ejemplo, o bien significa que tiene una red eficiente para el movimiento de propiedad robada o un sistema de vigilancia sobre un paso fronterizo, un tramo de carretera, o que ampara a quienes cultivan, procesan o almacenan la droga. Y eso mediante alguna clase de acomodo o negociación, que puede ser más o menos estable, más o menos oneroso, con alguna autoridad, y desde luego con la complicidad de una parte de la población, por lo menos.26

Para ponerlo en una frase, cuando se habla de la plaza en esos términos se alude a una porción de las actividades informales, ilegales y criminales, en el lugar que sea. No a un gobierno en la sombra. La idea de que hubiese un solo jefe, en control absoluto de todas las actividades delictivas de la plaza, cualquiera que fuese, porque tenía a sueldo al “Gran Protector”, es fundamentalmente una fantasía, resultado de una idea esquemática y casi caricaturesca de los años del PRI, que pasa por alto, para empezar, la complejidad del sistema político posrevolucionario: la competencia burocrática, las divisiones dentro del partido, la articulación de las elites regionales, la negociación del orden en cada campo, e incluso la organización política de la corrupción.27 Ahora bien: esa idea de la plaza, con su dueño absoluto y su Gran Protector, ha pasado a formar parte del repertorio habitual de la prensa mexicana. Sirve para explicar con bastante simplicidad lo que sucede.

Vuelvo al argumento. En los años recientes ha cobrado forma un “conocimiento estándar” sobre el crimen organizado, que se manifiesta en un lenguaje característico, de fingida exactitud técnica. Es imposible fijar con mínima certeza el significado de palabras que están en la prensa todos los días: sicario, halcón, cártel, plaza, lugarteniente, operador financiero. No obstante, el uso repetido, en contextos más o menos similares, termina por darles una eficiencia indudable como recursos de explicación.

No es fácil discernir todas las consecuencias de ese nuevo lenguaje. En ocasiones se usa para señalar la absoluta novedad de lo que sucede, en ocasiones para insistir en la continuidad con lo que había antes: siempre hubo el sistema de la plaza y el arreglo, nunca hubo la violencia de los años recientes; antes había corrupción, incluso más corrupción, pero hoy existe un nuevo mercado. La línea de explicación básica la ha establecido reiteradamente la presidencia de la República. En una entrevista típica, Felipe Calderón:

En la vieja cultura política, el viejo régimen político que derrotamos, la corrupción y la complicidad es el gran lubricante del statu quo. Un criminal podía decirle a una autoridad, un alcalde, por ejemplo, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo, y todos felices, y además aquí está el dinero para tu campaña. Hace 15 años si ese criminal únicamente se dedicaba a pasar droga a Estados Unidos, lo único que tenía que hacer, es más bien sobornar a una autoridad americana, por supuesto, porque para pasar droga a Estados Unidos hay que sobornar a los americanos, no tanto a los mexicanos. Y su negocio en México era más bien no ser visto, era de muy bajo perfil. Por eso ese “arreglo” aparentemente funcionaba o no derivaba en violencia. El problema es cuando los criminales en México comienzan no sólo a pasar droga a Estados Unidos, lo que es narcotráfico tradicional, sino a vender en México, además de… Es decir, narcotráfico más narcomenudeo. En términos de negocio, el narcotráfico es un negocio de logística y de transporte, de volumen. El narcomenudeo es un negocio de detalles, de retail, que implica muchísimo más personas, mucho menos volumen, en dosis individuales. ¿Y por qué es una gran diferencia? Porque el narcomenudeo en México obliga necesariamente o presiona a los grupos criminales a tomar control territorial que antes no lo buscaban. Antes controlaban a un alcalde en Nogales o en Agua Prieta […] Pero si ahora quieren vender droga además en Juárez pues tienen que pelearse contra sus adversarios dentro de Juárez y eso implica una matanza terrible, indignante, dolorosa, que hace que los grupos criminales se disputen una plaza que antes no se disputaban. […] Aquí no es lo mismo controlar un punto en la frontera, controlar una ruta para pasar droga, que controlar ya toda una superficie. Al controlar toda una superficie chocan los grupos unos con otros y eso provoca una violencia feroz.

En el viejo sistema político, en el viejo régimen político autoritario se pensaba que arreglándose con los criminales no pasaba nada. Si esa práctica política se traslada a lo que ahora estamos viviendo, un alcalde o un jefe de policía que se “arregla” con los criminales lo único que hace es permitir que le quiten el pueblo, la autoridad de su pueblo. Y cuando entra otro grupo criminal y se da cuenta de que ese alcalde o ese jefe de policía está coludido con el bando contrario, entonces termina también matándolo.28

Me interesa señalar dos cosas: primero, la idea del “viejo régimen”, que gira en torno al “arreglo”, y que se supone que es la pieza clave para el crimen organizado. Segundo, la convicción de que los únicos actores, los únicos con autonomía en todo caso, son “los grupos criminales”. Desde luego, la explicación deja muchos cabos sueltos, es una declaración política, pero tiene sentido, y resulta verosímil y eficaz como línea de propaganda porque se apoya en ese sentido común, ese “saber estándar” sobre el crimen, para el que la violencia donde quiera se reduce básicamente a la disputa por la plaza.

Resumo: el lenguaje “técnico” sirve para elaborar un relato coherente de lo que sucede: coherente, sintético, sencillo, asequible y verosímil. Pero tiene también otras consecuencias. Por su carácter esquemático tiende a ofrecer una imagen uniforme, del país y de la violencia. Y tiende por eso a obliterar los rasgos locales del problema (para decirlo mejor: de los problemas), empezando por las características físicas del terreno: si es áspero o llano, bien o mal comunicado, cerca o lejos de centros urbanos, fronteras, sierras, en terrenos ejidales, federales. La “guerra contra el crimen organizado” es un fenómeno federal;29 decidida por el Ejecutivo federal, concebida en términos de una estrategia federal, acometida por las fuerzas federales, a partir de un diagnóstico federal. En el gran esquema en que los cárteles luchan por controlar las plazas resultan de escasa relevancia las diferencias que hay entre un ejido en la Tierra Caliente de Guerrero, una pandilla de adolescentes en Ciudad Juárez, una organización de taxistas que distribuye marihuana en Gómez Palacio, una red familiar de contrabandistas en el desierto de Sonora.

Desde luego, no se puede descartar que la estrategia federal haya alterado la lógica de los procesos locales, y los haya sometido en alguna medida a un patrón mucho más uniforme. La reorganización repentina y violenta de los mercados ilegales, la circulación masiva de armas de alto poder, la modificación radical de las políticas de seguridad pública, la progresión geométrica del número de víctimas de homicidio, la intervención del Ejército y la Policía Federal, todo ello ha contribuido sin duda a la desarticulación de redes y sistemas de intermediación local. Acaso también haya favorecido una inercia uniformadora.

El nuevo lenguaje ofrece también la ilusión de que se entiende lo que sucede. En la forma en que se usa, sirve sobre todo para eliminar ambigüedades. En los comunicados de prensa, en la redacción de las noticias, queda siempre claro qué ha sucedido, por qué motivo, con la intervención de qué actores, es decir, qué cárteles, bajo qué lógica, con qué propósito. El relato es simple y lineal, estilizado. Y está claro, además, que es un fenómeno ajeno al conjunto de la sociedad, que en todo caso lo padece como víctima casi inerte. Es revelador que en noticias y comunicados se distinga entre las víctimas en enfrentamientos armados a delincuentes de “civiles”, es decir, que inadvertida o deliberadamente se otorgue a los delincuentes el estatus de fuerza beligerante.30

Acaso lo más significativo, como expresión de esa rara claridad, sean los mapas que publican con regularidad los periódicos, los responsables de comunicación del gobierno federal, las empresas de consultoría, los expertos, para indicar gráficamente las zonas del país que están “en disputa”, y las zonas que son “controladas” por una u otra organización. Es notable la nitidez del dibujo, la seguridad con que se sabe quién controla, quién amenaza, quién disputa, sobre todo porque nunca se menciona ninguna fuente contrastable que permita acreditar la veracidad del gráfico, y llama la atención también que con frecuencia los límites de los territorios bajo “control” de los diferentes grupos coincidan con los límites administrativos de los estados de la República.

Un apunte más sobre el lenguaje. El hecho de que aparezca repetidamente el presidente de la República empleando esos términos: hablando de cárteles y sicarios y plazas, produce una distorsión del espacio público que conviene anotar. Porque cambia la agenda, cambian las prioridades, cambian los papeles, cambia el lenguaje, cambia el contenido de la discusión. El presidente ha anunciado personalmente, por ejemplo, la detención de gente como José de Jesús Méndez Vargas, alias el Chango, o la de Raúl Lucio Hernández Lechuga, alias el Lucky,31 que no eran figuras particularmente notables, y ha dedicado extensas entrevistas, conferencias, ruedas de prensa, a explicar con detalle operaciones policiales concretas, y esa lucha de los cárteles por las plazas. El detalle de las explicaciones, los términos que se emplean para darlas, significan un cambio de registro: para decirlo en una frase, es menos el lenguaje de la presidencia de la República, y más el lenguaje de la policía.

Lo anterior no significa que el crimen organizado sea un problema imaginario. Significa que hay una dimensión imaginaria del crimen organizado, y que tenemos que hacernos cargo de ella. Lo ha dicho muy bien Margaret Beare: “Lo que es ‘nuevo’ es el crecimiento de la industria dedicada a combatir al crimen organizado, y que por lo tanto, en cierto sentido, también contribuye a ‘alimentarlo’. Más importante aún: estos grupos e individuos dependen de que las sociedades continúen considerando prioritario el control de esa forma de actividad criminal…”.32 Desde luego, doy por descontado que no es un fenómeno exclusivamente mexicano, ni mucho menos.

La sensación de inseguridad es prácticamente global en las décadas del cambio de siglo: la retórica del populismo punitivo gana puntos casi con cada nueva elección en los países centrales.33 Es claro que no faltan razones para esa sensación, que fácilmente adquiere tintes xenófobos. Pero es igualmente claro que no es sólo un problema de “policías y ladrones”. Mejor dicho: el problema de “policías y ladrones” funciona como metáfora porque revela algo fundamental del nuevo orden.34 La nueva economía global: privatizada, desregulada, liberalizada, resulta paradójicamente más opaca; produce nuevos cercamientos, en el centro y en la periferia, nuevas fronteras y nuevas formas de piratería, ilegalidad, contrabando, movimientos migratorios masivos, y operaciones muchas veces dudosas, en las lindes de la legalidad, porque los márgenes de ganancia dependen cada vez más de la diferencia entre regímenes regulatorios.35 La devastación ambiental, la explotación desaprensiva de los recursos naturales, el despojo, la privatización de bienes públicos, la fuga de capitales, la evasión masiva de impuestos, el recurso sistemático del soborno, configuran prácticamente una economía del saqueo en la que apenas hace falta espigar para encontrar casos emblemáticos: Enron, WorldCom, Union Carbide, Monsanto, Elf, Apple, AIG, Wal-Mart. Y los gobiernos que funcionan como concesionarios.

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Insisto: la sensación de inseguridad es clara, lógica, general. Alimentada por la incertidumbre respecto al futuro, la precariedad del empleo, el miedo al vecino desconocido, la desconfianza hacia el gobierno, el resentimiento por los impuestos, el odio a los ricos —o los musulmanes, o los rumanos o los mexicanos—. Lo difícil es ponerle rostro, lo intolerable es que no tenga rostro. Por eso el miedo se condensa en el delito personal, predatorio, violento, y se cifra en la figura del delincuente “de cuello azul”, cuya imagen es reconocible en cualquier parte, aunque debe mucho más a la fantasía y a las elaboraciones cinematográficas que a ninguna realidad concreta.

La imagen, tal como todos podemos evocarla, más o menos directamente sacada de la versión cinematográfica de El Padrino, por ejemplo, tiene rasgos de la mafia tradicional siciliana, rasgos del bandolerismo corso de principios del siglo XX, y del sistema urbano de ciudades como Chicago o Baltimore entre las dos grandes guerras. Y es fundamentalmente una creación literaria, que tiene poco que ver con el mundo de las grandes fortunas, los grandes delitos, los grandes bancos y las grandes industrias de prácticas más problemáticas: las más contaminantes, las más destructivas. Tiene poco que ver también con el mercado actual de la droga, con la prostitución forzada y el tráfico de armas.

La confusión comienza en lo más básico, en la definición mínima de “crimen organizado”. La legislación mexicana, concretamente la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada de 1996 presenta un buen panorama de las dificultades del concepto. Dice en su artículo segundo:

Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada.36

Veamos. Si consideramos únicamente los tres rasgos básicos, es casi obvio que habría que incluir en la misma categoría a una gran cantidad de empresas, cuya organización (1), permanente o reiteradamente (2), comete delitos (3). Y delitos que pueden ser muy graves, de impacto social incalculable. Evasión de impuestos, para empezar, pero también soborno, sobrefacturación, fijación de precios, competencia desleal, negligencia punible, publicidad engañosa, fraude, incumplimiento de contratos, contaminación o destrucción del ambiente.37 No me refiero a accidentes, ni a casos aislados, sino a prácticas delictivas repetidas, continuas, deliberadas y conscientes.

En el lenguaje de la prensa escrita se usan de manera indistinta crimen organizado, delincuencia organizada, cárteles, narcotraficantes, y de hecho lo más frecuente es sintetizarlo todo en la apócope “narco”. En el discurso oficial de la presidencia de la República, desde 2006, son una misma cosa los criminales, los delincuentes, los narcotraficantes, los violentos.

La idea es que hay una especie de progresión natural del negocio de las drogas hacia otros delitos. Se supone que con el tiempo, si no se hace nada para evitarlo, el narcotráfico se expande y se diversifica como empresa criminal, y los narcotraficantes se convierten también en extorsionadores, asesinos, asaltantes, secuestradores, ladrones. No parece probable que la hipótesis se hubiese desarrollado con anterioridad —desde luego, no en el espacio público en México: no aparece en ningún diagnóstico anterior a 2007. Sin embargo, en la explicación de su estrategia es el argumento básico al que ha recurrido el presidente Calderón.

Según se explica en el comunicado del 13 de junio de 2010, a mediados de los años noventa, “asociado al crecimiento del ingreso per cápita y del poder de compra de la población, los criminales comenzaron a diversificar su actividad, mediante la búsqueda de un mercado de consumo entre los jóvenes mexicanos”. Eso trajo consigo una nueva forma de competencia:

El crimen organizado necesitaba controlar y “marcar” el territorio, y para ello tenía que hacerse sentir y temer no sólo por otros grupos criminales, sino también por las autoridades y los ciudadanos. […] Una vez hechos con el control del territorio e incluso con el propósito de ejercerlo y refrendarlo los criminales trataron de hacer sentir su poder. […] De esta forma, el dominio territorial de las organizaciones criminales provocó que se extendieran delitos nuevos que agravian severamente a la sociedad como la extorsión y el secuestro…38

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A partir de entonces, según sigue el documento, “la delincuencia dejó de ser mero ‘narcotráfico’. Se transformó plenamente en Crimen Organizado: ‘la organización criminal que a través de la violencia o la amenaza busca apoderarse de las rentas de las empresas lícitas e ilícitas en una comunidad’, según algunas definiciones académicas”.39 Y dice que “son así y así actúan”, como “la ‘Cosa Nostra’ en Italia, las mafias en Estados Unidos en los años 30 y 40 en ciudades como Chicago, y en los 80 en Miami, o en Colombia los capos durante los 80 y 90”.

Desde luego, no hay tal cosa como “un comportamiento típico de todas las mafias”, ni siquiera de los casos que se mencionan, pero la evocación es fundamental para transmitir el sentido de urgencia de la intervención de las fuerzas federales, y para buscar referentes en el sentido común del público.

La imagen de una contrasociedad, con su gobierno, sus reglas y sus formas de administración territorial resulta imponente.


La nueva imagen del crimen

El hecho es que en los últimos años se ha ido imponiendo en México un nuevo lenguaje para hablar sobre la delincuencia. Es una variación del modelo estadunidense del “crimen organizado” como contrasociedad, que ha sustituido a la antigua imagen, más o menos folclórica, de los narcotraficantes —un poco rancheros, un poco caciques, un poco bandidos populares, casi Robin Hood, organizados a partir de redes familiares—.40 Distingo cuatro rasgos fundamentales de la nueva imagen.

En primer lugar, se supone que es un grupo social separado, reconocible, que se dedica profesional y exclusivamente a delinquir, integrado en organizaciones estables con miles o incluso decenas de miles de miembros distribuidos ordenadamente en el territorio, organizaciones de fronteras bien delimitadas, de identidad rígida, estructura jerárquica y funciones claramente definidas. Son lo que se llama “los cárteles”. En cada uno de ellos, según las expresiones habituales de la prensa y la policía, hay capos, lugartenientes, jefes de plaza, jefes de sicarios, operadores financieros, sicarios; y cada uno ocupa una parte del territorio: según quien haga el mapa son estados enteros o ciudades los que se controlan, se ocupan, se disputan. En la cuenta más frecuente hay seis u ocho cárteles. Si algún grupo parece demasiado insignificante, se le llama “minicártel”. Y en otro escalón inferior están las “bandas”. Figuran como empleados o contratados por los cárteles.

En segundo lugar, la nueva imagen pone el énfasis en el carácter empresarial de esas organizaciones, es decir, las presenta como si fuesen compañías con intereses multinacionales e ingresos millonarios. Es una metáfora muy eficaz, que no necesita explicaciones, y parece referirse a algo concreto y reconocible: permite imputar una racionalidad única y general, mecánica, que implica cálculos de rentabilidad, productividad, costos y beneficios, y pensar en una única entidad, el cártel, que gana o pierde, o compite, sin necesidad de tomar en cuenta todos los rasgos particulares —la diversidad y complejidad de vinculaciones locales—. Adicionalmente, subraya el carácter impersonal, casi burocrático de su operación, y casi obliga a pensar en una presencia permanente en donde sea; no es infrecuente leer que los cárteles “ocupan mercados”, “diversifican actividades”, tienen “nuevos socios”.

En tercer lugar, para la nueva imagen es fundamental la violencia. Es lo que se destaca por encima de cualquier otra cosa. Desde luego, estaba presente también en la versión anterior, pero de manera mucho más limitada. La novedad consiste en que los cárteles se dedican a cualquier delito, y en particular a los delitos más violentos: el tráfico de drogas es sólo uno de sus negocios, pero también asaltan bancos, roban automóviles, parasitan a los migrantes, extorsionan negocios, secuestran, es decir, son empresas de la violencia. El contrabando parece cada vez más cosa secundaria.

Finalmente, un cuarto rasgo: se supone que las organizaciones controlan territorios. Se supone que en determinadas zonas, barrios, municipios, el término suele usarse de modo muy ambiguo, no sólo venden droga, o la producen o almacenan, sino que también organizan el delito en general, vigilan los mercados informales, los sistemas de transporte, cobran cuotas, venden protección, y parasitan la economía formal. Es decir, se supone que no son sólo delincuencia organizada, sino organizadores de la delincuencia, y mucho más, se supone que asumen en algún sentido también funciones de gobierno.41

La idea del control territorial es sin duda la pieza clave para lo que se podría llamar el relato oficial de la guerra contra el crimen organizado. Por un lado, sirve para explicar la violencia, la mayor parte de la violencia por lo menos, como consecuencia de la lucha entre organizaciones que compiten por el control del territorio. No hay nada concreto, tangible, que se pueda ganar con una masacre de pandilleros, si son pandilleros, salvo “quitarlos de en medio” y ponerse en su lugar para vender droga o cobrar cuotas de protección, o lo que sea, es decir, hacerse con el control del territorio. Por otro lado, la idea también explica la necesidad del despliegue del Ejército, puesto que eso es lo que hace el Ejército, que no hace ningún cuerpo de policía: tomar o recuperar territorio.

A partir de 2007 se volvió prácticamente rutinaria, en las declaraciones oficiales, la idea de que en algunas regiones estaba a punto de perderse el control, o estaba amenazado el control, el ejercicio de la soberanía. Por eso era necesario enviar al Ejército: ya no se trataba de investigar delitos más o menos graves, no se trataba de mantener el orden público, sino literalmente de ocupar el espacio que había sido usurpado por los cárteles.

Aunque hubo variaciones, algunas nada triviales, en la definición del objetivo y de la orientación básica de la estrategia federal entre 2007 y 2012, sí hubo una versión oficial más o menos consistente. Es aproximadamente la que queda expresada líneas atrás, y que en esquema es como sigue. En los años ochenta los contrabandistas mexicanos sustituyeron a los colombianos como principales proveedores de droga del mercado estadunidense, y aumentó considerablemente su poder; en los noventa comenzaron a vender droga también en México, y al aumentar el negocio de la venta al menudeo aumentó también la necesidad de control territorial, y con ello la violencia; ya establecidas, las organizaciones comenzaron a dedicarse a otros delitos: pasaron a la venta de contrabando y piratería, y de ahí a la extorsión y el secuestro. Y en algunas regiones llegaron a desafiar al Estado, y a usurpar sus funciones básicas. La declaración de guerra fue en legítima defensa —para recuperar la soberanía.

Es sin duda una explicación coherente, verosímil, que permite ordenar las noticias y darles sentido. Sirve para hacer inteligible la historia reciente. No obstante, sólo con la información de la prensa, es fácil ver que la explicación tiene problemas, que en esa nueva imagen y en el relato oficial hay exageraciones, hay distorsiones, inconsistencias, afirmaciones infundadas, dudosas.

Es claro que hay en México grupos organizados, relativamente grandes, que se dedican al contrabando de drogas; es indudable que ha habido un incremento muy notable de la violencia en el país, concretamente ha habido un incremento anormal en el número de homicidios, a partir de 2008; aunque los números sean siempre discutibles, parece seguro que haya habido también un incremento en la incidencia de otros delitos: robos, secuestros, extorsiones. La explicación estándar no se sostiene sólo con esos hechos. Lo que hace falta añadir para hacerla verosímil, es difícil de admitir.

Repaso algunas de las objeciones. Según lo que sabemos, los grupos que se dedican a actividades delictivas suelen ser relativamente pequeños, inestables y de escasa organización; las condiciones en que actúan, la precariedad de las relaciones predatorias y la naturaleza de los mercados ilegales, hacen difícil la existencia de organizaciones mayores, de estructura compleja.42 Son mucho más frecuentes los vínculos ocasionales, más o menos accidentales, oportunistas, distantes, entre grupos o redes familiares, locales, que se dedican a diferentes actividades. Por otra parte, no es sencillo ni frecuente el salto de una clase de delito a otro, ni la articulación de diferentes clases de delitos en una misma organización; para decirlo muy brevemente, las habilidades, vinculaciones, experiencia de un grupo de estibadores para descargar contrabando, por ejemplo, no pueden capitalizarse para organizar un asalto bancario o un secuestro. El hecho de que sean todas actividades ilegales no basta para que resulten factibles o atractivas para el mismo grupo: ese común denominador es relevante para el código penal, nada más.

El fenómeno de la organización del delito, de los sistemas de protección o extorsión de actividades informales e ilegales es más problemático. Para empezar, en sus vínculos con la economía formal, con el orden político local, con el conjunto de actores del mercado de la violencia, principiando por la fuerza pública. No es una derivación lógica del contrabando ni consecuencia de la venta de droga al menudeo.

Todo lo anterior significa que la existencia de los cárteles, en los términos que los presenta la nueva imagen, no es un dato obvio, sino un problema. Desde luego, es muy probable que se haya producido una reorganización de los mercados ilegales en los últimos años, y de la delincuencia en general, como consecuencia del despliegue masivo de fuerzas federales; y es posible que el cambio haya implicado la formación de identidades más rígidas, más violentas, y un crecimiento exponencial del mercado de la violencia privada, bajo todas sus formas. Es necesario explicarlo.

Sabemos que no hay una organización del delito general, uniforme. Para empezar, por los índices de violencia. Pero también por la multiplicación de grupos y bandas de todo tipo. Un dato: en diciembre de 2011 la Secretaría de Seguridad Pública informó que en los cinco años anteriores la Policía Federal había detenido a mil 756 personas acusadas de secuestro, y había desmantelado 223 “células” de secuestradores.43 Los grupos que se han presentado en los casos más conocidos parecen ser pequeñas pandillas, básicamente organizadas a partir de relaciones de parentesco. No es el mundo ordenado de los cárteles, ni parece haber un vínculo estable o sistemático con el mercado de la droga, ni con el contrabando.44 Sabemos también que los sujetos sociales, las prácticas, las formas de relación son muy distintas en la Tierra Caliente de Guerrero, en el puerto de Lázaro Cárdenas, en las calles de Ciudad Juárez. Suponer que están vinculadas orgánicamente bajo la forma de unas cuantas grandes empresas criminales es pasar por alto y dar por hecho, precisamente, lo que habría que explicar.

Sólo un detalle más: el nuevo lenguaje público. La retórica de la guerra es más o menos frecuente en cualquier parte, una fórmula metafórica para subrayar la importancia que se confiere a lo que sea. Así se ha declarado en muchas partes la guerra contra el hambre, la guerra contra la pobreza, contra el cáncer. Son fórmulas hiperbólicas bastante triviales. La guerra contra el crimen organizado es distinta. En un sentido, pertenece a la misma familia retórica, pero en otro es enteramente distinta: define a un enemigo concreto, identificable, y se plantea el uso de la fuerza para someterlo. Es decir, que puede entenderse literalmente como guerra. Y eso es una novedad, que se justifica por la manera como se ha definido al crimen organizado, y cuya importancia es necesario calibrar.

Resumo en una frase. La idea del crimen organizado es la piedra de toque de un nuevo lenguaje para explicar el ejercicio del poder en México.

Fernando Escalante Gonzalbo.
Investigador y catedrático de El Colegio de México. Es autor de El homicidio en México entre 1990 y 2007. Aproximación estadística.

1 La noticia apareció en toda la prensa, obviamente. Tomo la información del periódico La Jornada (21 de septiembre de 2011), que remite a “fuentes castrenses consultadas en la ciudad de México”.
2 La Jornada, 21 de septiembre de 2011.
3 Lo que convierte un hecho en “acontecimiento” es su contraste con el orden habitual, la ruptura de ese orden. Al ser sólo un ejemplo más en una serie, de significado conocido, se asimila a la rutina. “Lo que en general se llama ‘acontecimiento’ [event] es algo complejo: al mismo tiempo un fenómeno sui géneris, con su propia forma, su fuerza y sus causas, y la significación que esas cualidades adquieren en el contexto cultural, entendiendo significación en el doble sentido de significado y relevancia”. Marshall Sahlins, “The return of the Event, again”, en Sahlins, Culture in practice. Selected Essays, Zone Books, Nueva York, 2000, pp. 300-301.
4 Rocío Velázquez Cruz reconoció el cadáver de su hijo, de 15 años, en el Instituto Médico Forense. Dijo que había sido detenido por una patrulla de la Policía Ministerial estatal. En “10 claves y dudas sobre la masacre de Boca del Río, Veracruz”, Sin embargo, México, 30 de septiembre de 2011.
5 Raymundo Riva Palacio, “Matanza jarocha”, La Razón de México, 23 de septiembre de 2011.
6 Raymundo Riva Palacio, “El septiembre veracruzano”, La Razón de México, 7 de octubre de 2011.
7 Se trataba de dos jóvenes que habían difundido rumores sobre secuestro de niños en Veracruz mediante las redes sociales de internet. Fueron detenidos con acusaciones desorbitadas, de terrrorismo, desestimadas muy poco después.
8 Raymundo Riva Palacio, “El septiembre veracruzano”, op. cit.
9 En esos años, entre 2007 y 2012 fue una constante, presentar a los detenidos con nombre y alias. De modo que la prensa nacional se llenó de una serie de nombres extravagantes, caricaturescos. Algo de la imagen oficial del “crimen organizado” se dice en esos extraños nombres.
10 Nuevamente, la noticia apareció en toda la prensa nacional. Tomo la referencia de Milenio, 13 de marzo de 2012.
11 Como ha dicho Carolyn Nordstrom, la violencia no se agota en la destrucción o la mutilación de los cuerpos, sino que a partir de la exhibición continúa como terror, y trata de producir jerarquías de dominación y subordinación. Ver Carolyn Nordstrom, Shadows of War. Violence, Power and International Profiteering in the Twenty-First Century, University of California Press, Berkeley, 2004, p. 61.
12 Siempre que se trabaja con fenómenos delictivos hay en alguna medida ese problema, porque la fuente básica de información es la policía. Normalmente es posible buscar fuentes alternativas que corroboren la información en algunos extremos, y corrijan errores de mucho bulto. No es el caso.
13 No me refiero a la investigación de los crímenes mismos, o de los vínculos entre delincuentes y empresarios o políticos, es decir, no al trabajo policial del que a veces se ocupa la prensa, sino a la actividad propiamente periodística de verificar la credibilidad de la fuente —concretamente, de la fuente oficial.
14 Poco a poco, a partir de 2005, y aceleradamente desde 2006, Proceso se ha especializado en noticias, crónicas y reportajes sobre el narcotráfico: hasta el 60, 70 y 80 por ciento de la revista puede dedicarse a eso. Sistemáticamente, fuentes anónimas, filtraciones, insinuaciones sobre la complicidad del gobierno con este o aquel grupo.
15 En algunos documentos, en los comunicados de prensa del Ejecutivo federal, de algunas dependencias públicas, sí hay la integración sistemática de contenido temático, estilo y estructura compositiva que permitiría hablar de un “género de habla”. En general, el uso del vocabulario es mucho más extenso, más laxo y variable, y se adapta a estructuras muy distintas. Ver Mijail Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays (trad. Vern W. McGee), University of Texas Press, Austin, 2010, edición electrónica para kindle, loc. 2716 y ss.
16 Excélsior, 9 de octubre de 2011.
17 Vanguardia, 10 de agosto de 2011.
18 Milenio, 28 de abril de 2012.
19 http://www.tlapa.mx/2011/10/sicarios-cercan-y-amenazan-dos-escuelas-en-la-plaza-central-de-tlapa-denuncian/ (consultado el 9 de mayo de 2012).
20 Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994, Norma, Bogotá, 2007, p. 277.
21 “Aunque haya habido alguna clase de colaboración política por motivos tácticos en el plano político (como el financiamiento de campañas electorales o la organización de escuadrones de la muerte), no había (no hay) ningún intento de restringir el volumen de producción para controlar el precio [de la droga]”. R. T. Naylor, Wages of Crime. Black Markets, Illegal Finance, and the Underworld Economy, Cornell University Press, Ithaca, 2002, p. 28.
22 Una lista mínima, que se encuentra en cualquier medio de prensa: Cártel de Sinaloa, Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Cártel de Los Zetas, Cártel del Golfo, Cártel del Milenio, Cártel Beltrán Leyva, Cártel de Guadalajara, Cártel Independiente de Acapulco, Cártel del Pacífico Sur, Cártel de La Familia Michoacana, Cártel de los Caballeros Templarios.
23 Natalia Mendoza, “Quiero que usted me fusile”, nexos, abril 2012
24 “Cae jefe de plaza de Los Zetas en Monterrey”, El Universal, 9 de junio de 2010; “PF abate a presunto jefe de plaza de Los Zetas en Tamaulipas”, Vanguardia, 23 de marzo de 2012; “Atrapan a ‘El Capulina’, jefe de plaza de Los Zetas en Tepeapulco”, Milenio, 28 de marzo de 2012; “Cae otro jefe de plaza de La Familia Michoacana”, El Universal, 16 de noviembre de 2010.
25 Terrence E. Poppa, Drug Lord. The Life and Death of a Mexican Kingpin, Demand Publications, Seattle, 1998, p. xii.
26 Entre otras cosas, en eso consiste lo que se llama “halconeo”, que constituye una bisagra problemática en las relaciones entre actividades delictivas, policía, autoridades y vecindario.
27 Como recurso propedéutico siempre vale la pena Juan Espíndola Mata, El hombre que lo podía todo, todo, todo. Ensayo sobre el mito presidencial mexicano, El Colegio de México, México, 2004. Son útiles también, para ahorrar discusiones estériles, los trabajos empíricos de Antonio Azuela, Claudio Lomnitz, Guillermo de la Peña, Rogelio Hernández, Juan Pedro Viqueira o Marco A. Estrada, por ejemplo.
28 “The Complete Interview with President Felipe Calderón in Spanish (la entrevista completa en español)”, The New York Times, 24 de octubre de 2011, The New York Times Reprints, http://www.nytimes.com/2011/10/24/world/americas/calderon/ (consultado el 5 de mayo de 2012).
29 Habrá que discutir las diferentes maneras de nombrar la estrategia entre 2006 y 2012. De momento, sirve para entendernos la designación genérica de guerra contra el crimen organizado.
30 Sólo a título de ejemplo: “Mueren 11 civiles y 5 delincuentes en asalto en Veracruz”, Excélsior, 22 de diciembre de 2011; “Chocan militares y pistoleros en NL; hay 3 civiles heridos”, Excélsior, 29 de enero de 2011; “Una civil y cuatro sicarios mueren en balaceras en Saltillo”, Vanguardia, 24 de enero de 2012; “Muertes de civiles son las menos: FCH”, El Universal, 16 de abril de 2010.
31 Ver por ejemplo, El País, 21 de junio de 2011, o El Universal, 12 de diciembre de 2011.
32 Margaret E. Beare (ed.), Critical Reflections on Transnational Organized Crime, p. xv.
33 Ver Jean Comaroff y John L. Comaroff (eds.), Crime and Disorder in the Postcolony, The University of Chicago Press, Chicago, 2006.
34 La marejada “securitaria” viene de más lejos. Inicia seguramente en la década de los setenta en algunos países. El giro en los años del cambio de siglo es notable.
35 “Con una regulación fragmentada para mercados y empresas globales, las transacciones pueden estructurarse de modo que no se infrinjan las normas de ningún país, aunque el resultado final sea ‘criminal’.” Nikos Passas y Neva Goodwin, “Introduction. A Crime by Any Other Name”, Passas y Goodwin (eds.), It’s Legal but It Ain’t Right. Harmful Social Consequences of Legal Industries, The University of Michigan Press, Ann Arbor, 2004, p. 20.
36 Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Diario Oficial de la Federación, República Mexicana, 7 de noviembre de 1996. Última reforma publicada: DOF, 15 de noviembre de 2011. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101.pdf
37 Sucede con casi cualquier definición de crimen organizado: “Dada la amplitud de la definición del crimen organizado, no hay nada en los alegatos sobre la quiebra de Enron (diciembre 2001) que pudiera excluirlo de ser discutido como un caso de ‘crimen organizado’. […] Las características típicas del crimen organizado: el número de conspiradores, la duración, la gravedad de la ruina económica que ocasionaron, la corrupción que facilitó su operación, todas se dieron”. Margaret E. Beare, op. cit., p. xix.
38 “La lucha por la Seguridad Pública”, comunicado, 13 de junio de 2010, Sala de Prensa del Gobierno Federal, http://www.presidencia.gob.mx/archivos/Desplegado%20seguridad.pdf
39 ídem.
40 Como ha mostrado Natalia Mendoza, la imagen tradicional del narcotraficante es, fundamentalmente, una elaboración urbana, que mira con cierto regocijo “el exotismo del campo norteño”. La realidad siempre ha sido mucho más compleja. Ver Conversaciones del desierto. Cultura, moral y tráfico de drogas, CIDE, 2009.
41 La idea es muy problemática, tiene aristas que vale la pena discutir más adelante. En el lenguaje habitual del presidente Calderón era prácticamente un hecho. El intercambio en la Cumbre de Cartagena, en abril de 2012, es revelador: “Calderón dice que el narco empezó a suplir funciones del Estado, revela Humala”, José Antonio Román, La Jornada, 15 de abril de 2012.
42 Es uno de los hallazgos clásicos de Peter Reuter, Disorganized Crime. Illegal Markets and the Mafia, The MIT Press, Cambridge, 1986, passim.
43 Raymundo Pérez Arellano, “Detenidas con Calderón 223 bandas de secuestradores”, Milenio, 31 de diciembre de 2011.
44 Significativamente, en el mismo comunicado en que se hacía la cuenta de mil 756 detenidos por la Policía Federal se explicaba que una tercera parte de ellos “tenía relación con grupos criminales dedicados al narcotráfico”.