Hay tres causas centrales que explican la falta de reformas estructurales para promover el desarrollo de México: la falta de claridad y consenso sobre qué hacer; el atrincheramiento de grupos de interés que bloquean reformas que los afectan; y la creciente debilidad presidencial para empujar una agenda reformista en un entorno de fragmentación democrática y de más actores con poder de veto. De ellas, quizá el obstáculo mayor lo constituyen los grupos de interés o poderes fácticos que concentran enormes recursos económicos, legales y políticos para detener y posponer cambios al statu quo.

La vetocracia es el gobierno del veto, la capacidad de actores políticos y económicos para usar su fuerza e influencia para bloquear decisiones y políticas públicas que afectan sus intereses y mantener así el statu quo. Por ejemplo, la capacidad del Congreso para impedir iniciativas de cambio que propone el presidente; la habilidad de los gobernadores para detener, a través de sus legisladores afines, reformas que los perjudican (por ejemplo, en materia hacendaria); la capacidad de grupos empresariales para usar los tribunales y mediante el amparo generar suspensiones a decisiones administrativas (por ejemplo, en materia de competencia); sindicatos que usan su fuerza política para amedrentar a los partidos y bloquear cambios a la ley laboral.

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Aunque es una exageración semántica equiparar el término vetocracia con gobierno del veto, se trata de un sistema de grupos de interés con la suficiente fuerza para detener políticas que los afectan, a pesar de que sean de beneficio general. Se trata de un problema de acción colectiva, como lo define la ciencia política, que ocurre cuando una decisión o política de gobierno genera amplios beneficios para la población (por ejemplo, una nueva ley laboral que genere más productividad y crecimiento económico) pero que concentra los costos en sectores organizados y con fuerza política (por ejemplo, los sindicatos que pierden prebendas laborales). Esa asimetría de beneficios difusos entre ciudadanos desorganizados y costos concentrados en sindicatos organizados facilita que éstos sean capaces de “amenazar” a los partidos y evitar cambios a la ley laboral, como ha ocurrido en México.

El neologismo “vetocracia” fue acuñado en 2011 por el politólogo americano Francis Fukuyama, aunque el fenómeno ya había sido analizado por el Banco Mundial bajo el término “captura del Estado”. Según el organismo, ésta ocurre cuando grupos de interés usan su influencia para moldear las “reglas del juego” a su conveniencia, eso es, la “compra” de leyes, decretos y regulación secundaria que favorece ciertos intereses privados. La “captura del Estado” ocurre en democracias vulnerables a los grupos de interés —con frecuencia economías en transición donde el Estado de derecho es aún frágil, los poderes judiciales carecen de independencia completa y hay un entorno de corrupción, como México.

Hay dos tipos de actores con capacidad de veto. Por un lado los “formales” que están reconocidos en la Constitución y que cuentan con atribuciones legales para bloquear reformas: el Congreso que puede rechazar iniciativas de ley del presidente; minorías dentro del propio Congreso que sumen los votos necesarios para impedir reformas constitucionales que requieren 66% de aprobación; las legislaturas de los estados que deben ratificar reformas a la Carta Magna aprobadas por el Congreso federal; los tribunales que conceden amparos y detienen decisiones administrativas y políticas que afectan garantías individuales; la Suprema Corte de Justicia de la Nación que puede declarar inconstitucionales leyes aprobadas por el Congreso; y, finalmente, el propio presidente de la República que puede vetar leyes aprobadas por el Poder Legislativo.

El segundo tipo de actor con capacidad de veto es “informal”, conocido en la jerga coloquial como “poder fáctico”, porque carece de legitimación en la Constitución pero dispone de los recursos políticos y económicos para descarrilar los esfuerzos que pretenden cambiar el statu quo en beneficio general. Se trata de sindicatos, corporativos empresariales y aun políticos en lo individual que por su peso político y económico pueden amenazar a partidos y otros actores políticos para detener políticas que los afectan. Según Carlos Elizondo, son actores que “se conducen conforme a la lógica corporativa del pasado, donde importaba más defender un privilegio que generar instituciones capaces de lograr […] igualdad de oportunidades y derechos universales […]”.

Evolución histórica
La vetocracia mexicana del siglo XXI surge de dos fenómenos: por un lado, la activación política y legal de los actores con poder de veto formal (particularmente el Congreso y el Poder Judicial); y por el otro, el empoderamiento de los otrora clientes sumisos y controlables que después del 2000 se han convertido en poderes fácticos que retan al Estado en decisiones que los afectan.

Los actores con poder de veto formal y legal cuentan con las atribuciones para ello desde la Constitución de 1917, pero el arreglo político del siglo XX mexicano los invalidó en la práctica. Como ya se ha analizado, el presidencialismo concentró tanto poder que los órganos legislativos y judiciales actuaban como agentes del presidente en lugar de ser contrapesos, como marcaba la ley. Sólo a partir de los años noventa se activaron por fases. Primero fue la Suprema Corte, que a través de una reforma en 1994 adquirió facultades para declarar inconstitucionales leyes aprobadas por el Congreso. Luego, en 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, el Congreso se activa como un vetador potente frente a las iniciativas presidenciales. Y, finalmente, en 2000, cuando se da la alternancia en la presidencia de la República, los gobernadores y sus legislaturas adquieren autonomía frente al poder presidencial (ver cuadro 1).

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Ello significa que la democratización del sistema político trajo aparejado un esquema de pesos y contrapesos que significa menor poder transformador de la presidencia (y también del Congreso). Cada iniciativa para cambiar las leyes deriva en un proceso deliberativo que limita los alcances para modificar el statu quo. Eso supone un principio sano para evitar que los ánimos unilaterales y caprichosos del presidente sean letra escrita que cause agravio social, como ocurrió en múltiples ocasiones durante el siglo XX; pero también supone que muchos esfuerzos para mejorar la realidad se vulneran por los intereses políticos de los partidos y de los particulares que usan el proceso deliberativo de la democracia para cuidar sus intereses.

En el caso de los actores con poder de veto informal o los llamados poderes fácticos, éstos surgen a partir del desmantelamiento del presidencialismo hegemónico a fines de los años noventa que por varias décadas había sido la cabeza y eje ordenador de un sistema corporativo y clientelista que negociaba, pedía apoyos, pero al final se plegaba a la palabra del presidente. Ese poder político concentrado en la cúspide le confería autonomía al Estado para negociar con sus clientes e intercambiar apoyos políticos por beneficios económicos o regulatorios, pero siempre la última palabra era del jefe del Estado mexicano.

Cuando Vicente Fox llega a la presidencia en 2000, su oficina contaba con menores recursos políticos y económicos para actuar con autonomía frente a los clientes corporativos gestados bajo la hegemonía del PRI. Por ejemplo, el banco central era ya autónomo desde 1993, lo que restaba poder al presidente para manipular la economía; el país era parte de una red de tratados comerciales, notablemente NAFTA, que colocaban a la economía a merced de las fuerzas del mercado, no de los designios de Los Pinos; la presidencia ya no contaba con una partida secreta para premiar a aliados políticos, como fue durante casi todo el siglo XX —sólo durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari, éste habría dispuesto de 391 mil dólares cada día de su gestión sin que tuviera que rendir cuentas de ello.1

Si en el siglo XX el gobierno pudo estructurar un arreglo corporativo de clientes organizados y tener siempre la última palabra e ir incluso en contra de los intereses y privilegios de algunos de ellos (como ocurrió en 1982 con la nacionalización bancaria), a partir de 2000 el gobierno está cada vez más constreñido por los clientes que él mismo creó y alimentó el siglo anterior. Si antes el gobierno escuchaba a las partes y daba la última palabra, ahora es sujeto de presión por esos poderes fácticos con enorme poder para bloquear las decisiones que los afectan. Según Carlos Elizondo Mayer-Serra, la democratización política lejos de someter a esos poderes fácticos los liberó del yugo de la presidencia de la República y hoy parece más difícil contener su poder.2 Por eso muchos clientes tradicionales del Estado mexicano han adquirido suficiente poder para “capturar” a su progenitor. De actores sumisos pasaron a ser eficaces retadores o extorsionadores de la política mexicana.

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Los “poderes fácticos” o vetadores informales no pueden competir por número de votos porque carecen de ellos, ni tampoco son mayoría numérica frente a los ciudadanos desorganizados, pero se han convertido en manipuladores de los vetos a políticas públicas que dañan sus intereses. “No son una mayoría”, anota el periodista Luis Miguel González, “pero están organizados para impedir que las transformaciones fundamentales ocurran. Saben que es más fácil bloquear que construir”.3 Son los vetos, no los votos, el instrumento político más poderoso de la nueva vetocracia mexicana.

Las zonas de veto
Hay diversas áreas estratégicas para elevar la competitividad económica y mejorar la oferta política que hasta 2010 seguían atascadas sin cambiar sus prácticas y regulación debido al bloqueo de grupos de interés, entre ellas, el sector de telecomunicaciones, la radiodifusión y TV abierta, el mercado laboral, la industria del petróleo, la educación y los partidos políticos. Como resultado, los consumidores han sufrido enormes pérdidas de bienestar y los electores (la cara política de los consumidores) han perdido influencia para controlar a sus representantes.

En el caso de las telecomunicaciones, la alta concentración del mercado ha generado tarifas muy altas en servicios de telefonía fija y móvil (130% y 165% más altas que el promedio de los países de la OCDE en 2011). Han estado dominadas, la primera, por Teléfonos de México (Telmex), que en 2009 tenía 80% del mercado, y la segunda, por Telcel, ambas propiedad del mismo socio mayoritario, Carlos Slim, el hombre más rico del mundo según Forbes.4 De acuerdo con la OCDE, la pérdida en bienestar de los consumidores por las altas tarifas que pagan fue, entre 2000 y 2009, de casi 28 mil millones de dólares al año, una cifra mayor a los 27 mil millones de dólares que, se estima, fueron los ingresos totales al año de los operadores.5 A pesar de la enorme pérdida de bienestar, el gobierno del presidente Felipe Calderón fue incapaz, omiso y lento para regular con eficacia al sector y algunas empresas acudieron a argucias legales y amparos para detener acciones administrativas que las afectaban. El resultado ha sido un mercado de telecomunicaciones que mantiene una alta concentración, ganancias exorbitantes para sus oferentes, consumidores que han pagado mucho por malos servicios y una economía que, por carecer de buena oferta de servicios competitivos, dilapida su potencial.

En el caso del mercado de TV abierta, hasta el 2012 éste se encontraba dominado por Televisa y TV Azteca, con una participación de 70% y 30%, respectivamente, esto es, por un oligopolio con barreras a la entrada de nuevos participantes y fuente de enorme controversia por el trato discrecional que existe en la relación comercial e incluso política entre las televisoras, por un lado, y los gobiernos y los partidos, por el otro. Durante muchos años se ha debatido la conveniencia de que haya más competencia en la industria pero el gobierno ha sido omiso en propiciar las decisiones administrativas que lo permitan. No sólo eso, los partidos también lo han sido desde 2007 en subsanar los artículos inconstitucionales de la Ley Federal de Radio y Televisión que ellos mismos aprobaron un año antes, conocida como Ley Televisa, y no han hecho nada para propiciar más transparencia y competencia en el ramo. En 2012 la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) emitió finalmente una ruta para licitar el espectro radioeléctrico y así concesionar una nueva cadena nacional de TV abierta, lo cual podría ocurrir en los años subsecuentes.

Sin embargo, el punto medular es que la competencia electoral y la enorme influencia de la TV en ese juego político convirtió a la clase política en rehén de los intereses estratégicos de los medios electrónicos y eso detuvo y pospuso cambios regulatorios para contar con una industria más competida, más transparente y más plural.
En el mercado laboral, las reglas —vigentes todavía en septiembre de 2012— otorgaban a los sindicatos oficiales el monopolio de la representación de sus agremiados, en tanto toleraban la existencia de barreras elevadas para nuevos competidores. La Ley Federal del Trabajo mandata la afiliación obligatoria de los trabajadores de entidades públicas y además el gobierno les descuenta de manera forzosa sus cuotas sindicales para entregárselas a los sindicatos. Asimismo, éstos tienen voz para la contratación de trabajadores. Lo anterior crea esquemas de privilegio que han llevado, incluso, a que en muchos lugares las plazas sean “vendidas” porque representan una posición segura, sin riesgos, al margen del mérito o del desempeño del trabajador. Además, los líderes sindicales, ante una presidencia que cambió de partido y que cuenta con menores recursos para controlarlos, han adquirido una mayor fuerza que ha permitido que algunos se “adueñen” de sus sindicatos y se perpetúen en el poder. Joel Ayala, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), lo ha sido desde 1998; Carlos Romero Deschamps, del sindicato petrolero, fue electo por primera vez en 1993; Elba Esther Gordillo se convirtió en lideresa magisterial en 1989; Francisco Hernández Juárez, a la cabeza del sindicato de telefonistas, lo ha estado desde 1976, y Víctor Flores, de los ferrocarrileros, desde 1995.

La falta de una rotación en los cargos directivos convierte a los sindicatos en patrimonio de sus dirigentes, quienes además con frecuencia intercalan su posición sindical con cargos legislativos, desde donde bloquean leyes que los perjudican. En los últimos años ha habido una exigencia de que los sindicatos se transparenten y rindan cuentas a sus agremiados, pero los liderazgos han bloqueado, a través de los partidos y del Congreso, cualquier intento por someterlos a la vitrina de la opinión pública. En 2010, por ejemplo, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma laboral que flexibilizaba la contratación de trabajadores y obligaba a los sindicatos a abrir sus cuentas y regirse por mecanismos más democráticos para elegir a sus dirigentes. La respuesta fue de rechazo y, a través del sector obrero del PRI y de aliados en el Partido de la Revolución Democrática, el mundo sindical logró que se desechara esa iniciativa. A cambio, el PRI propuso una alternativa que quitaba los temas de transparencia sindical pero mantenía buena parte de los otros asuntos propuestos originalmente por el PAN. Este partido y el gobierno estuvieron dispuestos a aceptar la contrapropuesta de los priistas porque, a pesar de que no atacaba la opacidad y la corrupción sindicales, sí ayudaba a elevar la productividad del país. Pero incluso esta reforma limitada fue rechazada de último momento por el propio PRI, ya que se articuló un bloqueo que la crónica periodística adjudicó a Tereso Medina, entonces diputado federal por ese partido y secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila, así como a Francisco Hernández Juárez, diputado por el PRD, y líder, como se ha dicho, de los telefonistas, ambos con el apoyo del sector obrero del PRI.

El primero de septiembre de 2012 el presidente Felipe Calderón presentó otra propuesta de reforma laboral mediante la nueva figura de iniciativa preferente, que da a cada Cámara legislativa hasta 30 días para votarla. La iniciativa propone el voto libre, directo y secreto en la elección de la directiva sindical; suprimir la “cláusula de exclusión por separación” de los contratos colectivos —que da la facultad para pedir al patrón la separación del empleo del trabajador expulsado del sindicato al que pertenece—; entregar a los trabajadores sindicalizados un resumen de los ingresos por cuotas sindicales, así como su destino. Como era previsible, los poderes fácticos sindicales rechazaron frontalmente la propuesta. Francisco Hernández Juárez, líder de telefonistas, Agustín Rodríguez, del STUNAM, y Martín Esparza, del SME, entre otros, expresaron el rechazo a la reforma por considerar que atenta contra la clase trabajadora y sólo beneficia al sector empresarial. El mismo rechazo expresó Carlos Aceves del Olmo, diputado del PRI y líder de la CTM, quien dijo que el artículo 123 constitucional es intocable. A principios de septiembre la bancada del PRD ya había anunciado su rechazo a la propuesta presidencial.

En el sector educativo ocurre algo similar. Por una parte, el sindicato magisterial (Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE) ha limitado la competencia para obtener plazas docentes por mérito. Los agremiados exigen no sólo que sus plazas sean vitalicias, al margen de su desempeño y de sus evaluaciones, sino en algunos casos que sean heredables. Asimismo, se han limitado tanto la evaluación de los maestros como las reformas que permitan elevar la calidad de la educación, como fue el caso, durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, de la Alianza para la Calidad Educativa que, surgida en 2008 como una estrategia para hacer meritocrática la carrera magisterial, fue perdiendo fuerza y rumbo durante su instrumentación. El poder de veto del SNTE se ejerce principalmente en el Congreso y en la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo con Lucrecia Santibáñez, entre 1997 y 2009 la mitad o más de los integrantes de la mesa directiva de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados eran miembros del SNTE y diversos funcionarios medios en el sector educativo eran personas vinculadas con el sindicato o parte de éste: el caso más visible es el del subsecretario de Educación Básica entre 2006 y 2011, Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo.6

Finalmente, el mercado de los partidos políticos también está diseñado para evitar la competencia externa y preservar prerrogativas. Son ellos, los partidos, los que aprueban las leyes que los regulan y por esa razón nunca han legislado en su contra y sí, en cambio, se han dado prerrogativas crecientes. En el periodo 2000-2012 los partidos recibieron 40 mil 996 millones de pesos de financiamiento público. La fórmula para estimar los montos que ellos mismos aprueban les garantiza recursos mayores cada año, incluso en el caso de que la economía nacional se colapsara o de que ningún votante acudiera a las urnas. A diferencia de las empresas, las escuelas privadas o las organizaciones civiles, cuya existencia depende de su desempeño, los partidos en su conjunto reciben un financiamiento creciente, al margen del desempeño global del sistema de partidos.

Dos barreras protegen a los partidos de la competencia externa. Primero, los requisitos para formar uno nuevo. En la reforma electoral de 2007 se estableció que sólo podían formarse nuevos partidos cada seis años (en lugar de cada tres), para lo cual se requería, para 2012, organizar 200 asambleas distritales o 20 estatales, además de contar con las firmas de aproximadamente 219 mil personas.7 Los requisitos numéricos reducen las opciones de nuevos competidores, pues sin el apoyo de clientelas organizadas, como los sindicatos, o de gobernadores, es casi imposible lograr la meta. En el primer decenio del milenio sólo dos partidos nuevos lograron su registro ante el Instituto Federal Electoral, pero sólo uno sobrevivió, el Nueva Alianza (Panal), con estrechos vínculos con el sindicato de maestros, el más grande de México.

La segunda barrera, existente todavía en la elección federal de 2012, era que sólo se permitían los candidatos registrados por un partido político, dejando fuera a los llamados candidatos independientes o ciudadanos. Este candado protegió a los partidos durante todo el siglo XX y limitó la posibilidad de que políticos sin partido airearan la competencia y estimularan una mayor oferta política durante las elecciones. A partir de una reforma política promulgada en 2012, ya se permiten las candidaturas sin partido pero se requiere una ley en la materia para hacerla realidad.

La hipótesis alternativa: Falta de mayorías legislativas
Diversos analistas y políticos argumentan que el gobierno dividido es la causa principal de que las reformas estructurales estén detenidas. José Córdoba Montoya, por ejemplo, sostuvo en las páginas de nexos (“Para gobernar México”, diciembre de 2009) que la falta de progreso en el país se debe a la parálisis provocada por las “disfuncionalidades en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo […]”; afirmaba que un presidencialismo eficaz necesita de fórmulas electorales que garanticen que el partido del presidente obtenga la mayoría en el Congreso. Proponía dos fórmulas electorales: por un lado, eliminar los 32 senadores y al menos la mitad de los diputados elegidos por el principio de representación proporcional, así como reinstaurar la cláusula de gobernabilidad que otorgaría la mayoría absoluta en el Congreso al partido del presidente; y por el otro, un “sistema de dos vueltas en la elección presidencial, haciendo coincidir la elección legislativa con la segunda vuelta presidencial”, para concentrar la votación legislativa en el partido ganador de la presidencia y fabricar así una mayoría absoluta para dicho partido.

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Sin embargo, en los últimos 15 años se han dado algunas reformas estructurales y han existido, además, diversas coaliciones legislativas posibles para aprobar otras reformas constitucionales y legales, lo que sugiere que es incorrecta la tesis de que gobierno dividido es igual a parálisis. Entre 1997 y 2012, por ejemplo, el partido del presidente (usualmente el que apoya la agenda reformista) siempre ha tenido un aliado potencial para sacar adelante tanto reformas legales como constitucionales. En los cuadros 2 y 3 se muestran las posibles coaliciones que han existido desde 1997 a la fecha, las que pudieran haber sido suficientes para impulsar una reforma legal o constitucional.
Como se puede observar, el partido que encabezaba el Poder Ejecutivo ha tenido siempre al menos una opción para conformar una coalición lo suficientemente amplia para la aprobación de reformas.

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Además de la existencia de diversas coaliciones legislativas potenciales que han existido en los últimos 15 años, ha habido una alta unidad para votar de los grupos parlamentarios en ambas Cámaras, eso es, hay una fuerte disciplina que unifica el voto de los legisladores alrededor de la línea de su líder. Durante los últimos años el Congreso mexicano ha mostrado tasas de unidad partidista superiores al 90%. Eso significa que en la mayor parte de las votaciones nueve da cada diez legisladores votan en el mismo sentido.8 La alta unidad partidista facilita la formación de mayorías legislativas pues la negociación se puede circunscribir solamente a los liderazgos de los partidos al interior del Congreso. Una vez que hay acuerdo, el grueso de los diputados y senadores votan de manera unificada.9

Finalmente, como se observa en el cuadro 4, el volumen de reformas constitucionales aprobadas por periodo presidencial muestra que no existe una caída a partir de 1997 cuando nace el gobierno dividido en México. De hecho, los gobiernos de Ernesto Zedillo y de Felipe Calderón son los más reformistas en términos de número de artículos constitucionales modificados, lo cual niega la hipótesis de que la falta de mayorías con un Congreso dividido signifique necesariamente inmovilismo.

Ciertamente, el número de artículos reformados no refleja la profundidad de los cambios ni los temas. Muchas de las reformas transformadoras en materia política, fiscal, energética y de combate a los monopolios, por ejemplo, no están contempladas en las reformas constitucionales que se contabilizan en el cuadro 4. Según un estudio del Banco Mundial publicado en 2007, “la dificultad para aprobar las reformas parece limitarse a ciertos cotos de política donde los intereses creados son especialmente poderosos”. Las áreas conflictivas que más se resisten al cambio, según el mismo estudio, son energía y petróleo, pensiones y sector laboral.10

La existencia de diversas coaliciones legislativas factibles y cercanas ideológicamente permitió aprobar reformas constitucionales y legales durante el periodo de mayor pluralismo político en el Poder Legislativo, aunque muchos temas medulares para el desarrollo de México quedaron sepultados por la oposición de algunos partidos. Ello muestra que el inmovilismo en temas clave no es resultado de la falta de mayorías legislativas —porque éstas han existido, sino más bien de la operación de poderes de veto que bloquean reformas que afectan sus intereses. Los vetos, no la falta de votos, es una explicación más relevante de la ausencia de rumbo.

Mientras exista una vetocracia capaz de bloquear las reformas que los afectan, los intentos para construir una economía de mercado y una democracia liberal e igualitaria, serán parciales y aun fallidos. Eso explica, en parte, por qué las reformas llamadas “estructurales” han dado pocos resultados e incluso han conducido a la corrupción y a fortalecer los privilegios de algunos. No es la lógica del mercado la que está mal, sino la captura de la regulación y del proceso decisorio de los vetócratas que impiden que haya crecimiento económico, mayor competencia y una mejor distribución de la riqueza con base en el mérito y la ley, no con base en la influencia.

Por muchos años la izquierda mexicana ha repetido que el neoliberalismo es causante de la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Falso. El problema en realidad es que nunca se ha implementado un modelo genuinamente liberal, que combine una plena competencia en la economía con una democracia que garantice igualdad ante la ley y plena libertad de los ciudadanos. Por eso las reformas económicas han dado pocos frutos, porque se trata de la combinación de políticas de mercado que son opacadas por prácticas clientelares de los grupos que quieren preservar sus privilegios. “Esto no es liberalismo —dice Carlos Elizondo Mayer-Serra— sino el triunfo del poder de los intereses particulares sobre un Estado que debería representar el interés general y proveer derechos para todos”.11

Luis Carlos Ugalde. Director general de Integralia Consultores. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007.

Agradezco a Gustavo Gil Ramos y a Carlos Petersen Chárvel por su trabajo de investigación.

Algunas ideas y fragmentos de este artículo provienen de uno de los 11 capítulos del libro Por una democracia eficaz. Radiografía de un sistema político estancado, 1977-2012 (México, Santillana-Aguilar, 2012) de próxima aparición. Asimismo, retoma datos del estudio: “Reformas al Marco Político Institucional: Los obstáculos políticos y clientelistas del desarrollo económico y social en México”, el cual fue elaborado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2012.

1 Sergio Aguayo Quezada, “El presupuesto federal bajo la lupa. La partida secreta”, en Reforma, 18 de agosto de 1997.
2 Carlos Elizondo Mayer-Serra, “Perverse equilibria: Unsuitable but durable institutions”, en Santiago Levy y Michael Walton, No Growth without Equity? Inequality, Interests and Competition in Mexico, Banco Mundial, Washington, 2009.
3 Luis Miguel González, “El nuevo peligro en las democracias”, en cnnExpansión, 19 de marzo de 2012, p. 29.
4 Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, OECD Publishing, 2012, disponible en <http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/49502120.pdf>, consultada en junio del 2012.
5 Ídem.
6 Lucrecia Santibáñez, “Reforma educativa: el papel del SNTE”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa 13, núm. 37, abril-junio de 2008, pp. 419-443.
7 La ley electoral establece que deberán organizarse 200 asambleas distritales con 300 asistentes, o 20 estatales con tres mil. Asimismo, deberá contarse con la afiliación del equivalente de 0.26% del padrón electoral, que en 2012 correspondía a 219 mil ciudadanos, aproximadamente.
8 Ver Reporte Legislativo elaborado por Integralia Consultores, www.integralia.com.mx.
9 La unidad partidista se mide como el número máximo de las votaciones (a favor, en contra, abstención) entre la suma total de votos (a favor, en contra, abstención).
10 Banco Mundial, Gobernabilidad democrática en México: más allá de la captura del Estado y la polarización social, 2007, pp. X-XI.
11 Mayer-Serra, op. cit., pp. 25-26.