Existen labores, como el trabajo del hogar, que socialmente se consideran poco edificantes, pero que son necesarias: alguien debe realizarlas. La solución con tufo feudal consiste en destinar estos trabajos a aquellos individuos cuyas características supuestamente corresponden con éstos. Esto es, personas que debido a su sexo o estrato social “califican” para este tipo de tareas.1

De ahí que en una sociedad como la mexicana, mientras exista una profunda desigualdad entre su población, siempre habrá un abultado número de personas destinadas a realizar tareas del hogar. Y lo que esto implica: una dinámica donde los pobres difícilmente tienen otra opción que realizar labores indeseables, que el valor de su trabajo en el mercado sea paupérrimo impidiéndoles la permeabilidad social y reforzándose prejuicios discriminatorios respecto a dichas tareas.

tufo

¿Esto significa que en una sociedad más igualitaria no hay personas que realicen estos trabajos? Sí las hay, por supuesto. La igualdad no elimina la necesidad de este tipo de labores. Lo que sucede, más bien, es que se redimensiona el valor de estas tareas. Al disminuir la desigualdad se propicia que la sociedad no le encargue los trabajos del hogar a alguien “inferior” (por su género o situación económica), sino a uno de sus pares: a un conciudadano. Con el inevitable resultado de reevaluar el valor económico de dicho trabajo y su percepción social.

Esto plantea el reto de impulsar condiciones materiales que abatan la desigualdad, pero también de diseñar criterios jurídicos que sirvan de pegamento institucional para la construcción de tal igualdad.

Sobre este último aspecto, la Corte mexicana recién resolvió que para los trabajadores del hogar, como en cualquier otra actividad, rige la jornada máxima de labores de ocho horas diarias —sin considerar el tiempo correspondiente al reposo e ingesta de alimentos—.2 Lo sorprendente de este asunto es que refleja la ínfima protección de los trabajadores del hogar al grado de que tenga que ser nuestro tribunal constitucional quien determine lo obvio en términos de seguridad social: el derecho a cobrar horas extras al rebasar la jornada laboral.3

En otras latitudes, la Corte Constitucional colombiana ha definido la casa donde los trabajadores del hogar realizan sus tareas como centro laboral. Lo cual implica que sus empleadores deben cubrir los gastos correspondientes a cualquier accidente ocurrido en esa área al realizar actividades fruto del contrato verbal o escrito de trabajo.4 Despejando cualquier duda respecto la existencia del derecho a la incapacidad laboral de los trabajadores del hogar.

Ambos asuntos, ciertamente, abordan aspectos apenas básicos para la construcción de la igualdad, pero al menos se dirigen a quebrar el carácter estamental que ha definido la relación entre trabajadores del hogar y sus empleadores en el orbe latinoamericano.

La justicia constitucional, sin embargo, no sólo debe fortalecer la coraza de protección de estos trabajadores, también tiene la responsabilidad de alumbrar los grotescos hábitos discriminatorios que sufren. Y, en este sentido, lanzar un mensaje pedagógico en contra de éstos. Este fue justo el punto más relevante de otra sentencia colombiana, en donde se consideró inconstitucional que un condominio privado destinara un elevador para los trabajadores del hogar y otro para los residentes. Siendo el corazón de tal diferenciación no el uso o función de los elevadores: carga, limpieza, etcétera, sino el estatus social de las personas que lo usaban.5 El aspecto medular de esta decisión fue su efecto simbólico al explicar que establecer una diferencia en el uso de elevadores y, por extensión, de escaleras, puertas de acceso, andadores, etcétera, por el estatus social de los trabajadores del hogar vulneraba su dignidad y perpetúa estigmas sociales.

Lo más preocupante del contexto mexicano ante el avance logrado en otras latitudes es que nuestra Corte ha abordado este tema por excepción. El caso que se mencionó arriba es el único que ha resuelto en lustros. Cuando lo que urge es lo contrario: que lleguen más casos sobre esta problemática a la arena judicial. Esto, sin embargo, puede cambiar en los años siguientes pues hoy el andamiaje institucional permite evaluar la relación entre particulares a partir de la óptica de los derechos y, a su vez, obliga a los jueces federales y locales a analizar en clave constitucional cada uno de los conflictos que resuelven sin importar el tema, relevancia o cuantía de éstos. Estamos, entonces, ante un escenario idóneo para que la Constitución se erija en una efectiva arma para eliminar las perniciosas asimetrías de poder que sufren los trabajadores del hogar. Y, de esta manera, se dé un paso clave en la construcción de la igualdad: constitucionalizar la vida cotidiana. Ojalá así sea.

Saúl López Noriega
. Profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.

1 Cfr. Walzer, Michael, Las esferas de la justicia, FCE, México, 1993 (primera edición en inglés 1983), pp. 176-177.
2 Contradicción de tesis 250/2011, resuelta el 5 de octubre de 2011.
3 Aunque este criterio sólo se estableció para aquellos trabajadores del hogar de “entrada por salida”.
4 Sentencia T-237/11, resuelta el 1 de abril de 2011.
5 Sentencia T-1042/01, resuelta el 28 de septiembre de 2001.