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México no ha logrado la tasa de crecimiento económico que sería deseable y posible para un país con las características del nuestro. En Por eso estamos como estamos, la economía política de un crecimiento mediocre, pretendo mostrar que no debemos nuestra situación actual a ninguna fatalidad divina, histórica ni cultural. Somos responsables de ella y, por tanto, también podemos hacer que cambie.

remedio

La frase que da título a este libro parece la típica expresión fatalista de quien cree que “los mexicanos no tienen remedio”. No obstante, el sentido de estas páginas es el opuesto. Mejorar no es asunto de otros: es nuestro. Tiene que ver con nuestras decisiones y con las instituciones que construimos. Estamos como estamos por lo que hacemos, no por lo que somos.

El problema central que explica por qué no crecemos es la persistencia de un mundo de restricciones de todo tipo: altas barreras de entrada para nuevos jugadores en muchos de los mercados importantes (incluido el político), poca competencia, autoridades regulatorias débiles, burocracias muchas veces al servicio de sí mismas y no de los ciudadanos, sindicatos que permiten cobrar un sueldo a quienes trabajan poco o no hacen nada relevante. Algunas de estas restricciones se deben a que el Estado nunca se retiró en el ciclo de reformas de los tres últimos sexenios del PRI. No se reformaron, por ejemplo, las instituciones del sector petrolero ni las reglas laborales. Otras restricciones existen porque, con la dispersión del poder que trajo la democracia, muchos actores poderosos han evitado el brazo del Estado y logrado imponer sus condiciones.

Las razones de nuestro bajo crecimiento, entonces, son fundamentalmente políticas e internas y son resultado de la capacidad de ciertos grupos para evitar la formulación y puesta en práctica de políticas públicas favorables al interés general que premien el mérito y doten a los mexicanos de verdaderos derechos universales. También ha tenido un papel fundamental la debilidad y poca intención de nuestra sociedad para imponer esos cambios. Mediando entre los grupos de interés y la sociedad se encuentra un sistema político que no genera los incentivos para propiciar cambios de utilidad general, así como un Estado débil y permeado que no puede enfrentar a los intereses más poderosos que frenan al país, incluida su propia burocracia.

Muchos de los actores políticos dominantes en México se conducen conforme a la lógica corporativa del pasado. En esa lógica importaba más defender un privilegio que generar instituciones capaces de lograr, a través de bienes públicos de calidad, una cierta igualdad de oportunidades y derechos universales de verdad, así como mecanismos que hicieran del esfuerzo, el mérito y la competencia los motores centrales para la distribución de beneficios en el mercado laboral, tanto entre las empresas como en el sistema educativo, sobre todo en el nivel superior.

Defenderse de la competencia es evidente en el comportamiento de una parte de los grupos empresariales de mayor tamaño en sectores donde dominan unas cuantas empresas, de los sindicatos más poderosos que agrupan a los trabajadores que laboran en el sector público, de las organizaciones campesinas que distribuyen el gasto público a favor de los empresarios agrícolas y de la propia burocracia. Todos éstos son grupos privilegiados que ganan con un sistema semicompetitivo que les permite extraer rentas, es decir, establecer precios por la venta de sus bienes o servicios por arriba de los que obtendrían en un mercado competitivo.

Estos actores han logrado protegerse de la competencia recurriendo a una multitud de recursos legales, ideológicos, económicos y políticos, incluidos, entre estos últimos, su complicidad con los partidos políticos, que igualmente buscan defender su propio mercado poco competitivo, dada la ausencia de candidaturas independientes y el control de gran cantidad de recursos públicos. Dos de los grupos privilegiados, los sindicatos en el sector público y la burocracia, dificultan enormemente la provisión de servicios de calidad a los ciudadanos y, por tanto, la provisión de derechos universales básicos efectivos. Esto, junto con un gasto público poco transparente y efectivo, resta legitimidad a lo público. El resultado es que para la sociedad no es nada claro que el Estado pueda proveer bienes y servicios de calidad e interés general, por lo que no tiene mucho sentido pelear por derechos para todos.

Estamos tan acostumbrados a estos arreglos institucionales basados en el privilegio y la renta, que muchas veces nos parecen normales y pensamos que son comunes en el resto del mundo. Si bien el corporativismo y el clientelismo existen, en distintos grados, en todos los países, el problema en nuestro caso es lo extendida y lo profundamente arraigada que está dicha lógica clientelar.

La falta de competencia no es, por supuesto, el único factor que explica las dificultades de México para crecer. Tenemos problemas serios en cuanto a la calidad de nuestro capital humano (bajos niveles de educación y salud), infraestructura, Estado de derecho, etcétera. Sin embargo, varias de estas fallas están relacionadas con la falta de competencia; es el caso, por ejemplo, del sistema educativo básico en lo que se refiere a la contratación y permanencia de maestros y la calidad del sistema mismo. En todo caso, los grupos más privilegiados, aquellos que por su poder tendrían mayor capacidad para corregir estas deficiencias, no muestran interés en enfrentar esas reformas, ya que la competencia y un piso común de derechos no le son necesarios para sostener o acrecentar sus actuales niveles de ingreso en su mundo protegido. El resto de la sociedad, por su parte, se refugia en la familia o en organizaciones que defienden su pequeño privilegio, pero no impulsa los derechos universales.

México suele considerarse como un país económicamente abierto, ya que el comercio exterior tiene una alta proporción de nuestro PIB. Sin embargo, en nuestro país no hay un exceso de competencia: la lógica corporativista y clientelar domina el intercambio de bienes y servicios, y las restricciones al libre intercambio e inversión en México son muchas más que en el resto de la región.

Liberalizamos nuestra economía fundamentalmente en el sector manufacturero, pero fue, sobre todo, una apertura externa; no hubo realmente un equivalente interno. Tenemos muchos mercados con poca o nula competencia, tanto en el sector privado como en el público. Democratizamos nuestro sistema político, pero contamos con órganos de representación con una magra capacidad para tomar las decisiones necesarias y ponerlas en práctica, en buena medida por el peso de instituciones corporativas que aún están muy bien representadas en los mismos partidos políticos, gracias a los recursos económicos e institucionales con los que cuentan. También estos partidos están protegidos de la competencia a través de restricciones y apoyos monetarios. Finalmente, no hay un debate político rico y plural respecto de las alternativas que tenemos, y la sociedad aparece como débil y pasiva.

El poder histórico de la presidencia priista no se debía a que controlara un Estado robusto; era resultado de un pacto político que resultó muy funcional durante varias décadas, basado en la capacidad de distribuir premios y castigos, incluido el premio mayor: la presidencia misma. Este pacto permitía contar con un gobierno fuerte, basado en la discrecionalidad y en la capacidad de reparto económico a los aliados y amigos. No obstante, esta capacidad se erosionó con las sucesivas crisis económicas provocadas por el alto costo fiscal de ese arreglo y se rompió con la llegada de la alternancia política. En ese momento, la fragilidad del Estado se hizo evidente. O quizá, para decirlo con más precisión, lo que se hizo evidente fue que el Estado, como agente encargado de asegurar derechos universales y de hacer valer reglas que promueven determinados comportamientos sociales e inhiben otros, no existía, salvo en unas cuantas esferas. El tránsito hacia un sistema político más democrático y a una economía más abierta no se ha traducido en un aumento de la capacidad estatal para cumplir con la responsabilidad de hacer valer las reglas.

En un sentido sabemos muy bien qué hacer: nos hace falta mejor educación, más empleo, un mercado interno más fuerte, mayor igualdad de oportunidades, menos corrupción, más seguridad… Muchas de las críticas de la oposición y de los medios de comunicación giran precisamente en torno de esos temas. Por supuesto hay que tener todo eso y más. Pero tener todo esto es ser desarrollado. La pregunta es, entonces: ¿por qué no podemos lograr ser desarrollados?

El libro busca ayudar a responder esa pregunta. El dilema que tenemos como país es que, si no crecemos en este momento en que estamos con muchos jóvenes entrando al mercado de trabajo y aun con poca gente de edad avanzada ya no lograremos convergir a los niveles de bienestar de los países desarrollados. De perder esta oportunidad, estaremos condenando a los mexicanos del futuro a vivir en un país rezagado, pobre y seguramente también inseguro.

Carlos Elizondo Mayer-Serra. Ex director e investigador del CIDE. Autor de Lecturas sobre el cambio político en México.