Presunto culpable es una película que logra algo sorprendente: en medio de una importante crisis de seguridad pública, los mexicanos nos podemos colocar, aunque sea por un momento, en los zapatos de un acusado en un juicio penal y sentir rabia, impotencia, dolor y hartazgo ante un sistema que no sabe ni quiere distinguir entre culpables e inocentes. Ello es sorprendente porque, frente a la escalada de violencia que se está viviendo en el país, el propio discurso gubernamental y una parte de la opinión pública han propiciado una visión maniquea de que los “malos” son “tan malos” que no merecen justicia. En este sentido, abogar por los derechos de los acusados se ha convertido en un desafío mayor. Presunto culpable lo hace sin que nadie se resista ni se sienta amenazado por ello: cualquiera que vea la película sentirá indignación por el juicio penal del protagonista, Antonio Zúñiga (Toño), acusado de homicidio calificado y sentenciado injustamente a 20 años de prisión.

inercias

Los creadores de la cinta —Roberto Hernández y Layda Negrete—, antes que cineastas, tienen formación de abogados y son especialistas en política pública. Por ello saben exactamente dónde colocar la mirada de su cámara. Lo primero que salta a la vista en la película es que nada hace mucho sentido en el juicio de Toño. El MP nunca propone una historia del caso para convencer al juez, a la defensa, al auditorio de que Toño es culpable. Lo que se sabe es que el acusado está en la cárcel por un solo testigo que afirma haberlo visto disparar. Ninguna otra evidencia apoya ese dicho. Es más, en las primeras declaraciones de ese testigo (Víctor) se señala que el homicida fue un vendedor de droga al menudeo al cual su primo —el occiso— le debía dinero. Nada que ver con Toño. ¿Por qué el juez no quiere admitir que no hay pruebas que demuestren la culpabilidad del acusado? ¿Por qué la Policía Judicial se sabe con absoluta impunidad para fabricar culpables? ¿Por qué el abogado defensor tiene tan poca cancha legal para hacer valer su historia y mostrar al juez las irregularidades e inconsistencias de la acusación del MP? ¿Cuál es la racionalidad de lo que a primera vista es completamente irracional?

Estoy convencida de que nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia han quedado atrapadas en las inercias burocráticas que se gestaron en un contexto político caracterizado por una alta centralización del poder y una baja incidencia delictiva. A pesar de que estas dos condiciones ya desaparecieron, los métodos de trabajo, el diseño institucional y las mentalidades de los operadores no han cambiado. Dicho de forma ilustrativa, tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia que es como un coche desvalijado de los años sesenta intentando transitar por una autopista alemana de principios del siglo XXI.

Así, es posible imaginar que, durante los años del autoritarismo, los casos penales se resolvían en tres fases: 1) la Policía Judicial obtenía información para armar la acusación intimidando y, muchas veces, torturando a testigos y acusados; 2) el MP le daba forma legal a la ilegalidad, a través de integrar a un expediente, denominado averiguación previa, un montón de diligencias que en el fondo eran irrelevantes pero que servían para simular que habían hecho una investigación conforme a la ley y, 3) el juez era un simple ratificador de la acusación penal del MP, no ejercía ningún tipo de control sobre la arbitrariedad policiaca ni tampoco era un árbitro imparcial entre el acusado y el acusador.

En un contexto autoritario y de baja incidencia delictiva la procuración de justicia no tenía que ser una institución de investigación y persecución criminal profesional. Su función principal era la de ser una amenaza creíble de castigo para los detractores del régimen o para los que desafiaban a los amigos del poder
Hoy ese mismo sistema opera en un contexto opuesto al que lo hacía funcionar. Es decir, opera en un país con alta incidencia delictiva y una acentuada descentralización del poder. ¿Qué pasa en este nuevo contexto con los operadores del sistema? De eso trata la película de Presunto culpable.

La Policía Judicial ya no funciona de forma disciplinada con la cabeza de la institución. Sin embargo, su capacidad para vender impunidad sigue intacta. El mercado de la impunidad se balcanizó. En el caso de Toño es muy factible que los policías judiciales estuviesen protegiendo, a cambio de dinero, a una banda de vendedores de droga al menudeo y, para ello, utilizaron a Toño como chivo expiatorio del homicidio que el líder de la banda cometió.

El MP, como en el viejo régimen, anexa al expediente diligencias que son irrelevantes. No tiene que armar un rompecabezas delictivo ni contar una historia que haga sentido. Además, continúa siendo un funcionario administrativo que no tiene la menor intención de ayudar a las víctimas ni de marcar límites a la Policía Judicial. En el caso de Toño, la única pieza clave del expediente era el testimonio del primo de la víctima. Dicho testimonio lo consigue la Policía Judicial a base de amenazas. Es tan frágil el testimonio que el propio testigo se retracta en el juicio.

Por su parte el juez, como en el viejo régimen, se siente obligado a darle la razón al MP y por ello, a lo largo de la película, no hace otra cosa que “defender” al MP. Jueces débiles y sumisos son una herencia del viejo régimen.

Finalmente, para la defensa todo es cuesta arriba, los formalismos legales absurdos son el pretexto para limitar el derecho a la defensa del acusado y hacerle la vida de cuadritos a su abogado.

El único camino posible para comenzar a resolver la enorme debilidad del Estado mexicano en la persecución y enjuiciamiento penal es rompiendo de raíz los asideros del modelo de persecución criminal autoritario. Ello enfrenta grandes desafíos. El más importante es la enorme confusión que prevalece en México de que la seguridad pública está reñida con la justicia. Arbitrariedad e ineficacia son dos caras de la misma moneda. Presunto culpable da magistralmente cuenta de ello.

Ana Laura Magaloni Kerpel.
Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.