La intelectualidad ha sido objeto de estudio permanente en nuestro continente, identificándosele con el segmento profesional que engloba aquellos creadores de sentidos, capaces de reformular y difundir los conocimientos más avanzados del arte y las ciencias. Dentro del gremio, la rama de los llamados “intelectuales públicos” se reconoce por su tendencia a desplegar la crítica social y asumir roles de representación de intereses o identidades colectivos, preservación de la memoria y ejercicio e invocación de la responsabilidad cívica. Vocación que desencadena en sus miembros una pasión vital por las grandes ideas, valores, temas, encarnados en una verdadera constelación de símbolos y alegorías que (re)crean y evalúan de forma regular y sistemática ante auditorios más o menos amplios.
Lo que define a los intelectuales públicos es la perenne preocupación por la articulación y circulación de ideas, la vocación para intervenir en la esfera pública acerca de temas considerados relevantes (aunque ellos rebasan, en ocasiones, el área de especialización) y la pretensión de ejercer alguna influencia en ciertos segmentos de las elites y los públicos, en soporte u oposición a agendas políticas o fenómenos sociales específicos. De ahí que la amenaza de convertirse en todólogos esté siempre latente. Por lo cual la autoridad del intelectual público se sustentará en una mixtura —no siempre proporcional— entre competencia académica, coherencia ética y sensibilidad social, expresada en capacidad de comunicación e incidencia públicas.
La intelectualidad pública juega un papel crucial en los procesos de expansión de la democracia, cuyos ideales y prácticas viabilizan y concretan la autodeterminación de un pueblo a partir de sus disímiles clivajes sociales. Este rol ilustrado es obvio, en tanto el fenómeno democrático posee un sustrato cultural (cognitivo y afectivo) que rebasa las instituciones que enmarcan el proceso político y los fundamentos materiales de la vida social (Lechner, 1990). Dicho sustrato estructura todo un campo de discursos plurales y concurrentes, capaces de interpelar, mediante referencias y cuestiones comunes, a los dinámicos participantes y las políticas en curso. El espacio clave para el ejercicio de esta deliberación intelectualmente motivada se halla en las diversas modalidades de la esfera pública, cuya versión más acabada es la esfera pública política.
La esfera y opinión públicas son cimientos de la vida democrática. Cuando una auténtica opinión pública se expande, los discursos políticos, estéticos y éticos —otrora preocupación de grupos minoritarios— descienden en su uso en la escala social, se expanden a las “periferias” socioestructurales y territoriales de la nación, y aceleran y radicalizan su influencia al tomar cuerpo en los debates cotidianos de la gente.
En Cuba la esfera pública republicana, sucesivamente vigorizada por la revolución de 1933, el proceso constituyente de 1940 y sus secuelas, amamantó el civismo de la Generación del Centenario y posibilitó la revolución de 1959, con sus aspiraciones y contenidos de justicia, democracia y soberanía nacional. Recientemente he ponderado, como un rasgo de desarrollo político, la preferencia de dialogar con ciudadanos cuestionadores en lugar de con masas apáticas “[…] con las cuales la gesta de 1959 nunca hubiera sido posible”. No obstante ese antecedente y legado, durante el pasado medio siglo, en Cuba cristalizó una institucionalidad ungida con la vocación —y el poder— para controlar los bienes públicos, delimitar el campo cultural, imponer patrones ideológicos y definir las pautas de la política cultural, todo esto en un país habitado por un público amplio y plural, dotado con altos índices de alfabetización e instrucción. El resultado de esta pretensión ha sido el afianzamiento del autoritarismo político y social, extendido al mundo de la cultura y las ideas.
Cualquier mirada sobre esta relación entre Estado y campo cultural debe ser historizada y, por tanto, reflejar la variabilidad y coherencia de estos nexos, a partir de la noción de lo revolucionario. Porque la ideología y cultura revolucionarias resultan interna e intrínsecamente heterogéneas, fiel expresión de los equilibrios y consensos sociales inestables establecidos entre las tendencias abrigadas en el proyecto de 1959. Proceso en el cual la preponderancia de dos imaginarios (el marxista leninista y nacionalista revolucionario) se saldó, a fines de la primera década del proceso, con la institucionalización del régimen político y la centralización simbólica y efectiva del poder en torno al liderazgo carismático de Fidel Castro.
Durante los primeros 30 años posteriores a 1959, Revolución y Régimen mantenían mayor correlación, coherencia y simetría que en las últimas dos décadas, donde los desfases se han hecho más visibles. Hago explícita mi distinción analítica entre ambas nociones, definiendo al régimen en tanto complejo de instituciones y reglas de operación estrechamente ligados a las demandas de la realpolitik y los dictados de la clase o grupo dominante en el seno de la sociedad. La Revolución, por su parte, englobaría un amplio repertorio de prácticas, valores, discursos y costumbres, procedentes de vastos sectores sociales (populares y medios), reivindicador de la memoria y participación populares, la igualdad y justicia social, así como el rechazo a toda forma de dominación y jerarquía. Lo revolucionario expresa la impronta emancipadora de un cambio social repentino, radical y desestructurador de viejas jerarquías y dominaciones, cuya inercia perduró, como hecho sociológico, hasta fines de los ochenta.
En Cuba podemos hallar hoy una intelectualidad pública —y crítica— del socialismo cubano, distinguida tanto del funcionariado ocupado en la propaganda y control ideológicos como de sus colegas insertos en la oposición activa contra el sistema institucional, sus políticas culturales y culturas políticas. En resumen —y coincidiendo con un colega—, este intelectual revolucionario sería una suerte de hijo bastardo, siempre sospechoso, de la cultura e instituciones oficiales de su tiempo y contexto, con posturas particularmente incómodas para aquellos poderes que se proclaman revolucionarios.
Se trata de un grupo heterogéneo, en términos generacionales, arraigo territorial, referentes culturales y esferas de creación. Nucleado alrededor de la defensa de una identidad y soberanía nacionales, políticas sociales redistributivas y una democracia socialista, como regla, esta intelectualidad revolucionaria rechaza, simultáneamente, el conjunto del orden capitalista vigente en la primera mitad del siglo pasado, y las deformaciones burocráticas erigidas en nombre del socialismo, reforzadas —pero no nacidas— a partir del décimo aniversario del nuevo orden. Sus más activos exponentes parecen asumir una noción esbozada por Pierre Bordieu, según la cual el quehacer intelectual supone la defensa de la autonomía del campo afín frente a todos los poderes, institucionales o fácticos, sin renunciar por ello al compromiso con la actividad política.
La historia del Socialismo de Estado criollo ha demostrado que el campo cultural puede expandirse, crecer en cantidad y en cierto modo en calidad, sin dejar de sufrir el control estatal, mediante una política selectiva de mecenazgos y exclusiones capaz de desencadenar, simultáneamente, reacciones de retirada a lo privado e insurrecciones cívicas. Ello provoca una precariedad material y discursiva de la esfera pública cubana, una de cuyas pruebas fehacientes podemos hallarla en la casi total ausencia (para todo fin práctico) de nociones como sociedad civil del léxico cotidiano, pese a su empleo profuso en debates y publicaciones académicas, dirigidas a un público relativamente limitado y a menudo autorreferente. Como colofón de este ejemplo, los aparatos ideológicos del Estado han instrumentalizado el tópico, construyendo la idea de una “sociedad civil socialista”, potencialmente inclusiva de no ser por la definición acotada y caprichosa de sus contenidos: las llamadas “organizaciones de masas” y algunas socioprofesionales.
Pero lo que estructuralmente se constata en la Cuba de inicios del siglo XXI es un creciente desfase entre la “política política”, que define las “reglas del juego” (en especial aquellas no escritas que difieren o incluso violentan la normatividad formalmente vigente) y la “política cultural” del campo cultural, incluidas las instituciones afines a éste. Al impactar la primera sobre el exiguo territorio de la segunda aparece el mito de las “dos políticas culturales”, paralelas y distintas, desarrolladas dentro del mismo entramado institucional y social. En realidad, las saludables iniciativas del Ministerio de Cultura (y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba —UNEAC— y la Asociación Hermanos Saíz —AHS—) tributan a la hegemonía del discurso de la Revolución, imprescindible para el apoyo crítico (creíble) de comunidad la intelectual foránea y sus interlocutores domésticos. Pero acatan (en última instancia y no sin conflicto) los dictados de la “política política”.
Por su parte, las acciones del aparato ideológico, el sistema educativo y los medios masivos, como regla, procuran garantizar, de forma mucho menos elaborada, el control político y reproducir el consenso en torno al régimen y sus políticas. Esta aparente “confusión” entre apertura e inmovilismo permite explicar la coexistencia esquizofrénica de espacios ganados a la censura y el dogmatismo (con connivencia o apoyo institucionales), gestos y retórica pluralistas y respetuosos de ciertos espacios de autonomía, con prácticas medievales de represión y censura, y la apelación instrumental a una idea burocrático-autoritaria de cohesión nacional, restrictiva del propio sujeto popular y socialista.
A este orden de cosas se le corresponde, desde algunos sectores de la intelectualidad pública, mediante la constitución de una suerte de “política de los sin poder”, contraparte sociocultural del mainstream institucional percibido como ajeno, arcaico o adversario. En sus predios, un Ariel ilustrado —o postmoderno— se refugia en el mundo artístico para construir, en comunión, una sociedad imaginaria, paralela a la real. Desde sus estéticas y poéticas, hija de la razón, los (auto) “inxiliados” de la realpolitik comparten una especie de ideología común, fincada en abstracciones y generalizaciones, vehiculizada por las políticas literarias y la educación teórica.
Los años transcurridos desde 1989 han sido testigos del paso de trayectorias hermanadas por el “compromiso militante” a otras de neutralidad pasiva o ruptura abierta, en medio de un repliegue de buena parte del campo cultural al “terreno experto”, alejado tanto del oficialismo como de la crítica socialista y opositora. Se han actualizado añejas tradiciones letradas de “defensa de la autonomía del arte”, descontaminadas de cualquier lenguaje político explícito, lo que conecta muy bien con las exigencias mercantiles del mundo globalizado.
Algunos de estos fenómenos no son privativos del caso cubano, aunque sus expresiones difieran. Varios autores latinoamericanos destacan el antiintelectualismo acendrado de los políticos y sociedades de la región, la peculiar relación de rechazo y dependencia que liga a los intelectuales y sus públicos (en su inmensa mayoría de clase media) con los canales de la política práctica. (Hofmeister y Mansilla, eds., 2003). Estas miradas nos alertan sobre el repliegue intelectual respecto a la política, la desideologización de los creadores, y la disociación entre teoría y vida cotidiana, así como la existencia de versiones de un intelectualismo elitista —cerrado y autorreferencial— o populista y promotor de la mediocridad de la clase política.
Sucede que en Latinoamérica es común, en sectores de la intelectualidad de izquierda, denunciar la “criminalización de la protesta social” desplegada por el llamado “neoliberalismo de guerra”, convertido en pensamiento único y sentido común durante los pasados 20 años. Pero paradójicamente, el desafío de un intelectual crítico cubano es enfrentar cotidianamente la “penalización de la opinión”, algo que antecede incluso al acto o la protesta, como condición de posibilidad para una política deliberativa socialista. Y hacerlo a menudo con la indiferencia —y hasta el reproche— de sus homólogos de la región, que lo acusarán de derechista… y los coqueteos de la academia y prensa neoliberales, que tratarán de sumarlo como parte de su plantilla de “voces disidentes”.
En Cuba la dialéctica entre el antiintelectualismo de los políticos y buena parte de la población se ve reforzada por la anémica política de fomento a la información y debate públicos, correspondida por el apoliticismo de un segmento de la intelectualidad, y amplificada por repetidas muestras de insolidaridad gremial. Desde ahí, habría que considerar con reservas la tesis de una supuesta “actual unidad del movimiento intelectual cubano” capaz de posibilitar una resistencia ante las injusticias, a despecho de trayectorias y estéticas diversas. Sin embargo, puede aventurarse como hipótesis que tal vez, en lugar de una simple transacción entre libertad y temor, posibilidad y costos, privilegios y lealtades, lo que el mosaico refleje es un silencioso reconocimiento de fuerzas entre una institucionalidad aparentemente monolítica pero declinante y una intelectualidad relativamente tímida y atomizada, pero mutante y crecientemente conectada con redes trasnacionales. Como aquellas escenas de los westerns, donde ambos pistoleros se miden cuidadosamente un buen rato… antes de decidirse a disparar.
El problema de fondo es la falta de transparencia de nuestros espacios deliberativos, reforzada por una política que consagra la asimetría de recursos, poder y medios de difusión de ideas, entre una sociedad porosa, diversa y creativa, por un lado, y una mayoría de agencias estatales ignorantes de la tradición crítica de izquierdas y la lógica política y comunicacional del siglo XXI, por otra. Aunque la pluralización de medios electrónicos de difusión de ideas y el creciente poder simbólico favorecen tendencialmente a la primera, asistimos a espacios deliberativos precariamente defendidos frente a las “guerras de baja intensidad” desarrolladas por el pensamiento estalinista y su correlato de ultraderecha, dentro y fuera del país. Además, la composición del público que asiste a los espacios ilustrados —y acotados— de debate da cuenta de la concentración del capital cultural, económico y social en determinados estratos poblacionales (multiplicados por la herencia del linaje y la endogamia) que les aíslan, por su cultura y cautela, de las mayorías susceptibles de irrumpir, reivindicando sus derechos a puñetazos en las calles.
Los “gloriosos ochenta” hallaron en la plástica el magma portador de prácticas y mensajes renovadores. En la década siguiente el cine y la narrativa, a medio camino entre la autonomía creadora y un mercado capaz de sujetar y reforzar la primera, lograron mayores espacios de representación, negociación y solidaridad de cara al Estado. ¿Asistiremos en este siglo XXI al emerger de un pensamiento e incidencia sociales, herederos de aquellos discursos y prácticas, capaces de producir el desplazamiento de la metáfora artística al manifiesto cívico?
Ciertamente, los desafíos son enormes pero percibo que no pocos gestores y movimientos socioculturales van comprendiendo los costos de cualquier opción de sobrevivencia que implique “mantener los espacios” vaciando los sentidos. Toda vez que sostener un foro estéril o de acceso restringido (como parece imponerse como pauta institucional) no sirve sino para legitimar los autoritarismos, exclusiones y decorar la censura al pensamiento crítico, aparentando lo que hoy resulta escaso: pluralidad, respeto y diálogo como condiciones generales de la convivencia social y no privilegios gremiales. En el contexto y coyuntura cubanos, de regimentación del pensamiento, el mero sostenimiento coherente de esos principios es difícil y meritorio. No se necesita sobredimensionar el actuar y los objetivos de dichos proyectos: un taller o revista no constituyen un movimiento social, aun cuando sería muy saludable que en sus foros emerjan y se articulen identidades y acciones postreflexivas.
Son las personas concretas las que, autónomamente, pueden garantizar la existencia viva de estos espacios y, trascendiéndolos, incidir en la esfera pública con vocación transformadora. Se puede comenzar con pequeñas rebeliones cotidianas: la denuncia de cualquier agresión física o verbal que busque acallar, sin argumentos, las voces del otro —siempre que éste no sea, a su vez, explícito promotor o portador de violencia—; el rechazo a la política de exclusión física de los espacios deliberativos, a la descalificación personal como sustituto del debate y la represión político administrativa de ideas y portadores.
Mas no todo es, simplemente, retirada y testimonio. También el escenario del nuevo milenio trae la emergencia de sociabilidades crecientemente politizadas, nacidas dentro de redes artísticas críticas, autónomas, voluntarias y plurales. Éstas buscan transformar el espacio público cubano, desacralizando ídolos, apelando a formas de horizontalidad y autonomía que, sin desconocer el sitio y rol del individuo en sus facetas de creador, público y ciudadanía, apuestan a una rearticulación de los valores solidarios y colectivistas de la revolución de 1959. La identidad racial, cultural y sexual, la espiritualidad, el ambientalismo, la educación liberadora, el comunitarismo barrial forman algunos de sus contenidos y referentes.
En la etapa que nos ocupa, al lado de la retórica aperturista, la desciudadanización y los silencios cómplices, han acaecido una serie de sucesos que testimonian la persistencia de una intelectualidad crítica. Además de los acontecimientos relacionados con la llamada “Guerrita de los E-mails” y sus secuelas, habría que rastrear la intervención pública de creadores en los congresos de la UNEAC y la Asociación Hermanos Saíz, las muestras de la Bienal de la Habana, en las actuaciones del festival de música electrónica Rotilla y en los conciertos de la Madriguera, en los nuevos temas de crítica social de artistas del hip hop. También en las acciones de ciudadanos y proyectos autónomos, de cara al aumento de la presión y censura institucionales, que motivaron la “Carta en rechazo a las actuales obstrucciones y prohibiciones de iniciativas sociales y culturales”, firmada hasta el 2 de marzo de 2010 por 74 creadores y seis proyectos culturales.
El visible agotamiento de las formas ensayadas —y prometidas— de ilustración marxista-leninista y burguesa, y el paulatino declive del nacionalismo instrumentalizado, alertan sobre la necesidad de generar, desde el Estado o en sus márgenes, nuevas estéticas, poéticas y políticas postestalinistas y postneoliberales. Para ese empeño resultarán inútiles —y nocivas— las herramientas y nociones de aquellas “vanguardias culturales” instituidas o toleradas, Estado mediante, para gerenciar los procesos de acumulación y socialización desplegados entre las fronteras del mercado global o la ideología local. El desafío es hacer inválida la sentencia que tristemente vaticina con dosis apreciables de alarma y lucidez “Hoy Cuba es apenas una nación postcomunista. Mañana podría ser una democracia sin nación, un mercado sin república”.
Hoy, dentro de la isla, la ideología y cultura crecientemente hegemónicas (aún sin ser políticamente dominantes) resuman una suerte de neoliberalismo, a la vez ingenuo y salvaje, imbatido por la propaganda oficial y el arte crítico socialista, pero abonado por la cultura de masas de la economía dolarizada, los programas de televisión, el subconsumo acumulado y las videotecas clandestinas de realities shows made in Miami. La persistente apuesta a sustituir ilustración con adoctrinamiento y a confundir educación con mera instrucción obstruyen los esfuerzos de la intelectualidad pública del socialismo cubano por impulsar valores y prácticas basados en la autonomía emancipadora de los sujetos sociales y el renacer de una mística socialista y democrática. Ante este panorama resulta precaria —y meritoria— la incidencia que pueden desplegar los proyectos de sociabilidad intelectual y emergente que, en los márgenes de instituciones oficiales, tratan de desarrollar acciones de política cultural —y hasta de política política— autónomas del orden formal vigente. Pero habrá que insistir.
Bibliografía
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Varios autores, 2010.
Guanche, 2010.
Heras, Eduardo, en Heras y Navarro, 2007, p. 70.
El filósofo Fernando Martínez Heredia ha alertado sobre la extensión del apoliticismo, el conservadurismo, la distancia entre la investigación social y los problemas del país, y llama la atención sobre la imposibilidad de ocultar la información y el conocimiento a la mayoría de la población, perpetuando una división elites-masas ajenas al proyecto emancipador del socialismo (Martínez, Fernando, en Heras y Navarro, 2007, pp. 160-161).
Debate generado a partir de la aparición simultanea en televisión de funcionarios responsabilizados de la represión y censura culturales en la década del 70. La polémica se desarrolló en el primer trimestre de 2007 y tuvo como marco las redes de e-mails y algunos foros institucionales, adscritos al Ministerio y asociaciones culturales. Los medios masivos permanecieron blindados al debate y sus repercusiones (Leyva y Somohano, 2008).
Ver http://www.observatorio-critico.blogspot.com/ y http://elblogdelacatedra.blogspot.com/
Rojas, Rafael, 2006, p. 44.
Ver intervención de Julio Antonio Fernández (en Varios autores, 2008) y de Desiderio Navarro en el VII Congreso de la UNEAC.
Armando Chaguaceda. Ensayista y científico social cubano, miembro de la Cátedra Haydeé Santamaría de la Asociación Hermanos Saíz y del Observatorio Social del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.