del Poder Ejecutivo hasta la conclusión del actual período gubernamental el
27 de enero de 2010
EFE – Tegucigalpa – 02/12/2009
El Congreso Nacional hondureño someterá este miércoles 2 de diciembre a
examen la conveniencia de restituir o no al presidente depuesto en el país
centroamericano Manuel Zelaya, una consulta con la que se comprometieron
ambas partes en liza con el objetivo de buscar una solución al golpe de
Estado perpetrado en Honduras el pasado 28 de junio.
Los emisarios del presidente de facto, Roberto Micheletti, y del mandatario
derrocado sellaron a finales de octubre un acuerdo para impulsar un Gobierno
de unidad nacional, celebrar los comicios generales el 29 de noviembre, tal
y como estaba previsto, y contemplaba asimismo someter a debate en el
Congreso Nacional, previo dictamen de la Corte Suprema de Justicia, la
conveniencia o no de restituir a Zelaya en la Presidencia.
Dicho acuerdo, conocido como Tegucigalpa-San José, otorgaba al Congreso
Nacional la decisión de «retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su
estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual período
gubernamental, el 27 de enero de 2010″.
«La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para
alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad
democrática que la sociedad demanda y el país necesita», recoge el documento
del acuerdo.
Zelaya se niega
Sin embargo, Zelaya se negó a participar en el Gobierno de unidad y
reconciliación que debía estar creado a la altura del pasado 5 de noviembre
en virtud del acuerdo suscrito, después de que el presidente de facto
propusiera liderarlo, algo que rechazó de plano el mandatario derrocado.
Asimismo, dado que el mandatario depuesto reclamó ser restituido en el cargo
antes de la celebración de las elecciones con el objetivo de dar legitimidad
al proceso electoral, éste ha instado a los hondureños y a la comunidad
internacional a no reconocerlos.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia determinó la semana pasada que
Zelaya no podía ser restituido en el cargo antes de responder a la Justicia
por varios delitos, incluido el de traición, por haber querido convocar un
referéndum para preguntar a la sociedad hondureña si estaba dispuesta a
modificar la Constitución del país para permitir la reelección presidencial,
algo que prohíbe expresamente el artículo 239 de la Carta Magna hondureña.
Durante las negociaciones entre las partes en liza -que auspiciaron primero
Costa Rica, después la Organización de Estados Americanos y, finalmente
Estados Unidos- se barajó la posibilidad de otorgar una amnistía política a
los actores protagonistas de la crisis, algo que finalmente quedó fuera del
acuerdo.
Además del dictamen de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso hondureño
ya tiene también en su poder las opiniones no vinculantes sobre la
pertinencia de restituir a Zelaya hasta que agote su mandato institucional,
el próximo 27 de enero, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,
del Ministerio Público y de la Procuraduría General hondureña.
Nuevo Gobierno
El ganador de los octavos comicios presidenciales y legislativos que se
celebran en Honduras tras la vuelta a la democracia en el país, el líder del
Partido Nacional,
Porfirio Lobo, ya ha instado a la comunidad internacional a reconocer al nuevo Gobierno que llevará las riendas del país
hasta el 2014.
La Organización de Estados Americanos (OEA) reunirá a sus miembros este
viernes para debatir la situación en Honduras y someter a examen las
elecciones en el país centroamericano, cuya participación se situó por
encima del 60 por ciento según el Tribunal Supremo Electoral, una cifra que
el Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado la rebaja al
21,5 por ciento.
La comunidad internacional está dividida a la hora de reconocer los
comicios. Así mientras países como Costa Rica, Panamá, Perú y Colombia
secundan a Estados Unidos en la necesidad de reconocer las elecciones, otros
como Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Cuba, Guatemala, El Salvador se
han opuesto a hacerlo por cree que ello implicaría legitimar el golpe de
Estado.