Con sus criterios jurisprudenciales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contribuye a afinar el marco legal de las elecciones y se ha insertado, quizá de forma inadvertida, como actor extraparlamentario del proceso legislativo mexicano en materia de reforma constitucional electoral,
sobre todo en la de agosto a noviembre de 2007. Así lo muestra la actitud reciente de las Cámaras del Congreso de la Unión que, cuando diseñaron la normativa vigente de las elecciones, revisaron como nunca antes los resolutivos de las sentencias del Tribunal para refrendar esos criterios plasmándolos en el texto constitucional o para corregirle la plana legislando en sentido contrario. Es decir, las tesis respectivas tuvieron dos destinos: o el legislador las adoptó y las “subió” al texto constitucional, o se vacunó contra ellas legislando lo contrario,
lo que generó reglas constitucionales “antídoto” con el objeto de evitar su recurrencia.
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