La elección presidencial de 2006 fue un proceso sumamente
complejo en donde la estrechez de los resultados provocó
que fenómenos que se habían presentado de manera recurrente y sin causar conflicto en comicios previos cobraran una relevancia inusitada en otro contexto. Es el caso de las inconsistencias aritméticas
en los datos consignados en las actas de escrutinio y cómputo
de las casillas de votación. Siempre ha habido inconsistencias,
el problema es que nunca habíamos tenido una elección tan cerrada como la de 2006 (por no hablar del escenario de gran confrontación y polarización política
que privó en las campañas, del carácter predominantemente negativo de las mismas, de la irresponsable incontinencia del titular del ejecutivo, de la ilícita intervención de los empresarios en la campañas, entre otras “novedades”).

El libro 2006: {hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana}, de José Antonio Crespo, analiza precisamente las inconsistencias numéricas presentes en casi la mitad de las actas de escrutinio que el IFE colocó a disposición pública en internet.

La tesis central de Crespo es que dado que el número de inconsistencias
en las actas (votos irregulares por errores que no pueden ser depurados ni justificados) es mayor a la diferencia que media entre el primero y el segundo lugares en la votación, no puede afirmarse
seriamente que Calderón ganó la presidencia de la República al obtener el mayor número de votos, como lo sostuvo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni tampoco que López
Obrador haya ganado la elección y le haya sido arrebatado el triunfo. De lo anterior se desprende la existencia de dos mitos: el del triunfo inobjetable de un candidato, por un lado, y el del fraude electoral, por el otro.

A juicio de Crespo, los resultados en las actas sólo alimentan la duda de quienes mantienen una posición agnóstica frente a la elección de 2006.

Se trata de un libro útil en tanto sirve de base para discutir cómo deben analizarse documentos tan complejos como son las actas que reflejan números fríos pero que, al final, esconden, cada una, historias
particulares, momentos de un proceso colectivo: la elección.

Una reflexión general sobre el texto: la duda es, en efecto, el elemento inspirador de la investigación de Crespo. Pero no se trata de una investigación que pretenda resolver la duda legítima que una elección tan cerrada y compleja como la de 2006 pudo generar en muchos; es más bien una indagatoria para construir los argumentos que justifiquen
esa duda.

Crespo trabajó sobre las actas de 150 distritos electorales
no para intentar esclarecer sus dudas sino para sostenerlas. En ese sentido, se trató de una investigación
prejuiciada, cuya conclusión se tenía definida desde el principio y toda la argumentación se dedica a justificarla.

Desde ese punto de vista el autor del libro no es un agnóstico en realidad, sino un convencido que defiende
su creencia en la imposibilidad de explicar la lógica de los errores.

En ese sentido —parafraseando a Crespo a propósito
de los dos mitos que se construyeron sobre la elección—,
podríamos hablar de un tercer mito: el mito de la duda constituido por la versión del autor que, como en todo mito, no carece de ciertos elementos de veracidad, pero que se construye, al fin y al cabo, a partir de convicciones de principio.

Planteo ahora dos tipos de objeciones al texto. Las primeras tienen que ver con cuestiones metodológicas y estadísticas.

1. El libro está lleno de proyecciones e inferencias numéricas que estadísticamente no tienen ninguna justificación y se presentan de manera recurrente en todos los planos.

La primera, más obvia, es la del tamaño de su universo de análisis: las actas de 150 distritos cuyos resultados son proyectados (en una elemental multiplicación
por dos) al universo total de distritos (300). ¿Por qué 150? ¿Por qué no más o menos? Si ya Crespo se había tomado el arduo trabajo de analizar acta por acta en la mitad de los distritos hubiera sido factible y pertinente analizar los 300.

El autor sostiene que los distritos analizados corresponden
a entidades gobernadas por todas las banderías
políticas, pero eso no legitima estadísticamente la proyección hecha.

Por otra parte, el tamaño de la muestra no garantiza
{per se} su representatividad, con lo que es un uso forzado utilizar una proyección para generalizar sus inferencias al conjunto total de casillas.

Pero ése no es un caso aislado. A lo largo del libro, Crespo realiza proyecciones a todo el universo a partir de alguna casilla, de los resultados que cada uno de
los magistrados del Tribunal determinó en los juicios que tuvo que conocer, de los errores de un distrito en particular, etcétera. Es decir, el libro (ab)usa (de) la estadística o simple y sencillamente se olvida de ella.

2. La hipótesis central de la tesis de Crespo tiene que ver con la siguiente presunción: el número de votos irregulares, producto de una proyección o inferencia, sin base estadística, se insiste (633,060 votos irregulares según el autor que multiplica por dos los 316,530 votos irregulares de su revisión de 150 distritos), es superior a la distancia entre el primero y segundo lugares en la elección presidencial (233,831 votos de diferencia entre Calderón y López Obrador).

Así, Crespo supone que todos esos votos irregulares podían haber sido emitidos a favor de AMLO, y con ello revertir el resultado. Pero eso no es una inferencia lógica, es sólo una situación hipotéticamente
posible y entre ambas hay una diferencia. Un juicio lógico sólo puede responder a una operación de inducción-deducción a partir de datos ciertos, y el único fundamento real que existe para analizar las inconsistencias numéricas son los datos que arrojaron los recuentos distritales realizados primero por el IFE y luego por el Tribunal Electoral: ambos demostraron, efectivamente, la existencia de errores, pero también el carácter aleatorio de los mismos.

En consecuencia, lógicamente no se puede inferir que esos votos irregulares pudieran haber ido sólo para un candidato. Al no haber algún patrón de comportamiento, sino mera aleatoriedad, los errores deben —lógicamente— distribuirse de manera proporcional a la votación que obtuvo cada uno de los cinco candidatos.

Además, no debe olvidarse que la base de esos datos ciertos, el recuento de casillas, correspondió a las que fueron impugnadas por la Coalición por el Bien de Todos, es decir, las pertenecientes a estados en donde la votación fue mayoritariamente para el PAN.

El segundo tipo de objeciones tiene que ver con la incomprensión del sentido de las reglas de procedimiento que se construyeron en materia electoral en las últimas dos décadas.

Crespo concluye que el rasgo definitorio de la elección de 2006 es el de la falta de certeza que se cierne sobre la elección, y la cual jamás fue tomada en cuenta por el Tribunal Electoral al resolver las impugnaciones que se presentaron y al calificar la elección.

En realidad, Crespo se olvida que la certeza tiene dos acepciones: una que tiene que ver con lo que se conoce como “seguridad jurídica”, es decir, que los actores tengan plena certidumbre de cuáles son los pasos y criterios que la autoridad va a seguir en el cumplimiento de sus atribuciones. La otra es la que tiene que ver con el conocimiento claro e inobjetable de los resultados. Se trata de dos conceptos diferentes
aunque vinculados entre sí. En ese sentido, sin certeza jurídica no puede pretenderse la otra, pues esta última depende de la primera. En otras palabras, la certeza jurídica no genera necesariamente la segunda, pero ésta es imposible sin la presencia de la primera.

Y no se trata de un argumento leguleyo. La historia
de la construcción electoral nos da cuenta de la importancia de la certeza jurídica. La exhaustividad y minuciosidad de los procedimientos que incorporaron las leyes electorales tuvo la finalidad clara de proporcionar
certeza (jurídica) impidiendo en lo posible la discrecionalidad de las autoridades electorales.

La “judicialización de la política” responde, precisamente,
a esa pretensión. Apostar porque los conflictos se procesaran jurídicamente, con reglas claras y ante una instancia jurisdiccional (el Tribunal Electoral), fue una manera de impedir que las elecciones se resolvieran
discrecional y arbitrariamente.

Ello trajo consigo el inevitable carácter adversarial del proceso de impugnación a los resultados electorales, en donde las partes deben plantear sus pretensiones, alegatos y elementos de prueba. Así, como reconoce Crespo, la Coalición por el Bien de Todos nunca explicitó en sus impugnaciones (las presentadas al Tribunal, no la planteada en las calles) ni las causas ni las razones (jurídicas) para un recuento generalizado de votos.

Pretender, como se hace en el libro, que el Tribunal
ordenara un recuento generalizado de las casillas habría sido un acto discrecional e injustificado (jurídicamente),
pues no había ningún dato cierto y comprobable
de que los errores incluidos en las actas tuvieran un sesgo, o respondieran al dolo y no fueran, simplemente
(como se había demostrado en aquellas casillas que sí fueron recontadas), inconsistencias aleatorias como las que se presentan en cualquier elección —y país, como recuerda el autor del libro al señalar que los errores existen incluso en las elecciones que realizan
democracias consolidadas.

Además, Crespo olvida que todo el sistema electoral
parte de una presunción de validez de los datos hasta que no se demuestra lo contrario, lo que va en contra de su tesis de que debió haberse ordenado un recuento incluso en aquellas casillas no impugnadas por ningún actor. Es decir, el autor afirma que el Tribunal
debió haber ido más allá de lo que la coalición demandante pretendía.

El libro es, en todo caso, una buena oportunidad para seguir debatiendo lo ocurrido en 2006. Esa experiencia
debe ser útil para enfrentar los dilemas que traen consigo las elecciones en contextos de alta competitividad
política y de pluralismo difundido, como son las que llegaron para quedarse en México. Y eso sí debe ser bienvenido. n