{{BERLUSCONI: EL TSUNAMI REACCIONARIO}}

Pocas dudas puede haber de que vivimos una época de predominio asfixiante e incontenible de las derechas en prácticamente todo el mundo. Tanto que los cada vez más escasos gobiernos “de izquierda”, en buena parte de los casos, se ven forzados a seguir servilmente políticas casi idénticas a las que promueven sus supuestos adversarios, en ocasiones empeoradas con gestos populistas y/o nacionalistas de corte autoritario. En este contexto destaca por su descaro y su vulgaridad la figura del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, perfecto representante de los intereses, la sensibilidad y la visión del mundo de la plutocracia que hoy en día impone por doquier su ley, la ley del más fuerte (económica y mediáticamente).

Aprovechándose de su imperio mediático, construido sobre la base de corruptelas, complicidades y violaciones sin cuenta de la legalidad italiana, este lamentable personaje ha logrado reelegirse por tercera vez, a pesar de sus pésimas gestiones anteriores, declarando abiertamente que una de sus prioridades era impedir que se le pudiera llevar a los tribunales por alguna de las múltiples demandas en su contra. Aduciendo que todas eran producto de una conspiración comunista en contra de las libertades económicas, se ha dado el lujo de hacer aprobar una legislación que lo convierte, a él y a sus allegados, en intocables legalmente. Al mismo tiempo ha promovido leyes antiinmigrantes que criminalizan y vuelven sujetos de castigos penales a los miles de desesperados que intentan huir de la miseria, del hambre y de la persecución de sus tierras de origen. Como en los viejos tiempos de las leyes contra la pobreza (en realidad, contra los pobres), los inmigrantes son convertidos en delincuentes y castigados no por haber cometido algún delito sino por ser extranjeros, negros, pobres e indefensos. No son las mafias, la Camorra o Cosa Nostra, no es la colusión entre poder económico y poder político, no es el estancamiento económico ni el déficit fiscal, lo que según {Il Cavaliere} debe ser combatido, sino “la inseguridad” que generan estos pobres advenedizos, frente a los cuales incluso hay que sacar el ejército a las calles en Roma, una de las ciudades más seguras del mundo. Poco importa que todas las estadísticas muestren que el número de delitos cometidos por los inmigrantes es mucho menor al que cometen italianos de pura sangre.

¿Cómo es posible que una sociedad desarrollada y culta como la italiana apoye este tipo de políticas? ¿Cómo es posible que la Unión Europea parezca seguir los mismos pasos? La respuesta es sin duda compleja, pero destacan dos factores, uno antiguo y otro reciente: el egoísmo nacionalista, por un lado (ya decía Kant que el egoísmo del individuo es poca cosa frente al egoísmo sanguinario de los colectivos, naciones, tribus o etnias), y la conversión de los ciudadanos en espectadores-consumidores sometidos al poder absoluto de los modernos medios de comunicación. Ya lo decía Bobbio: una sociedad dominada por los medios es inexorablemente de derecha. La lección de las guerras mundiales, la que condujo a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, está siendo olvidada. ¿Qué catástrofes serán necesarias para reconocer en serio que la única base posible de una democracia digna de ese nombre es la idea de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en derechos y en dignidad? ({LSC})

{{SACANDO RAJA}}

Casi se cumple la tercera parte del actual gobierno y prácticamente no hay tema relevante en la agenda pública que no sea motivo de confrontación entre el presidente Felipe Calderón y el jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard. El asesinato del joven Fernando Martí, entre cuyos secuestradores fueron identificados varios elementos policiacos, fue motivo de nuevos reproches mutuos. Calderón demandó el 5 de agosto que “más allá de banderas partidistas y políticas” haya coordinación entre las corporaciones policiacas federales y de la ciudad de México. Ebrard replicó que no caería en una contienda de carácter político.

Mientras los ciudadanos podrían preguntarse cuál sería entonces la contienda en la que pensaba el jefe de gobierno, el presidente Calderón formuló, ese mismo día, una nueva recriminación mientras estaba de gira en Guerrero: “Si estuviéramos más unidos gobierno federal y autoridades estatales, en este caso el Distrito Federal, seguramente ya hubiéramos avanzado mucho más en el camino de mejorar la calidad de la policía, particularmente en aquella ciudad”.

El presidente aprovechó una pésima circunstancia para expresar sus diferencias con el gobierno de la capital. El contexto de indignación y exigencia suscitado por el terrible crimen de aquel muchacho de 14 años ameritaba decisiones y no retórica y, sobre todo, requería una mirada ancha de los asuntos públicos y no la perspectiva exigua que la clase política mexicana suele imponer en sus diferendos.

Seguramente los desacuerdos entre ambos gobiernos dificultan coordinación para atender problemas de seguridad y en otros órdenes. Pero no era el momento adecuado, ni las arengas placeras parecen constituir el mejor sitio para resolver tales dificultades. Ebrard pudo replicar entonces: “en esto no hay que sacar raja política”.

Pero todos quisieron hacerlo. Unos, proponiendo sanciones más duras contra los criminales, no tanto para atajar a la delincuencia como en busca del aplauso de una sociedad conmocionada y amedrentada. Otros, desempolvando viejas y nuevas rencillas. El mismo Calderón insistió en su iniciativa para imponer cadena perpetua en casos de criminalidad extrema, reconviniéndole al Senado que haya tenido congelado ese proyecto pero sin preguntarse por qué los legisladores no le habían dado prioridad y endosándoles parte de la responsabilidad en el aumento de la delincuencia. Hartos reproches y escasas decisiones. ({RTD})

{{VENGANZA VERSUS JUSTICIA}}

Una vez más, ante la evidencia de la incapacidad del Estado mexicano frente a crímenes atroces, surgen los indignados que claman por la pena de muerte. Una vez más es necesario atajarlos con contundencia, porque representan una concepción arcaica de la justicia, milenaria, bíblica. Una idea que no resuelve el problema y sólo reproduce una respuesta visceral, vengativa, a conductas bestiales y que desde una perspectiva del humanismo laico es posible contener por vías racionales.

Ningún Estado, por eficaz que sea, elimina del todo el crimen y la brutalidad. Violaciones salvajes, raptos y asesinatos ocurren en todas las sociedades; pero no en todas en la misma proporción y con la misma frecuencia. Las sociedades tradicionales, de consenso religioso, contenían las conductas por medio de la fe y una moral basada en la equivalencia de las penas la ley del Talión, con castigos brutales aplicados de manera ejemplar contra los depredadores errantes o contra integrantes de la comunidad desviados. Sin duda funcionaba en sociedades pequeñas, pueblos donde la vida de cada integrante era parte de un engranaje. Y en ocasiones surgía la cacería de brujas, la búsqueda de chivos expiatorios. La venganza es parte de la historia humana. Sin embargo, el orden jurídico democrático, de garantías individuales y de reconocimiento de la dignidad universal de las personas no puede basarse en la venganza.

La justicia democrática debe fundarse, es necesario insistir, en una concepción laica y humanista. No puede sostenerse en tradiciones morales ni en reacciones viscerales.

Debe contener la conducta, proteger a la comunidad de los efectos nocivos de la depredación y el abuso y debe generar un efecto disuasivo, a la vez de que debe acompañarse de una política eficaz de prevención y de eliminación de las causas sociales y de salud del crimen, con penas proporcionales a lo actuado y con compensaciones a las víctimas del delito, pero no puede, en ninguna circunstancia, ser un instrumento vindicativo.

Los que creen en el papel disuasorio de la pena de muerte se equivocan. Las comparaciones internacionales demuestran que lo realmente disuasorio es la existencia de una policía eficaz, capaz de investigar científica y técnicamente los crímenes y de llevar ante la justicia con pruebas a los criminales. Con pena de muerte tendrían nuevos motivos nuestros medios de comunicación, tan refinados, para hacer más espectáculo y el Estado mexicano se convertiría en algo que sólo eventualmente ha sido a lo largo de la historia: una maquinaria cruel. ({JJR})

{{POR LA CAÍDA DEL GOBIERNO}}

El domingo 20 de julio de 2008 el periódico {Reforma} dio cuenta de las siguientes declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo: “Nosotros, el movimiento que yo encabezo, está por la suspensión del mandato constitucional de Calderón, por no tener legitimidad, por no tener autoridad y por no ser punto de negociación para ningún problema nacional”. Esto, desde su experimentada opinión, “va a suceder de un modo gradual, hay varias instancias de juicio político, están solicitudes de todos los partidos, incluyendo el PAN, en la Cámara de Diputados sobre revocación de mandato, yo creo que es un proceso que debe darse en un año”.

En unas pocas líneas nos enteramos que Muñoz Ledo lidera un movimiento que apuesta porque el presidente Calderón no termine su mandato. La lógica del proyecto “que encabeza” (o, ¿qué está en su cabeza?) no tiene desperdicio: primero decreta la ilegitimidad del mandato presidencial; después, expresa su añoranza por un presidente fuerte y, para terminar, imputa al titular del ejecutivo la falta de una negociación a la que él y Andrés Manuel López Obrador —por mencionar a su principal socio político, éste sí con movimiento propio—, en cualquier tema, se han negado.

Lleva siglos consolidar un Estado, cuesta años institucionalizar la lucha por el poder y, aún más, modularla en términos democráticos. No hay democracia sin instituciones. Así lo dicta la teoría y lo confirma, implacable, la realidad. Los Estados modernos, si quieren ser democracias constitucionales, deben reconocer e institucionalizar los derechos fundamentales, organizar a los poderes y brindar garantías duraderas a los unos y estabilidad en el funcionamiento de los otros. Los trágicos ejemplos alternativos van desde la inestable Argentina y el caótico Haití hasta la dramática Somalia y el criminal Darfur. Y la institucionalización, limitación y distribución de los poderes suponen reglas, procedimientos, plazos. Al parecer Porfirio Muñoz Ledo lo
ignora. ({PSU})

{{CHOVINISMO CANCHERO}}

“Resulta increíble que en la Selección Mexicana los naturalizados proliferen y sean aceptados sin chistar; pero mayormente increíbles son los ‘argumentos’ que se esgrimen para apoyar tal medida. Que dizque prescindir de los naturalizados o limitar su número sería ir en contra de la Constitución (ahora resulta que un organismo o una federación no pueden establecer sus propias reglas, y que en el futbol mexicano Chivas es el equipo anticonstitucional por antonomasia)”. Las razones —por decirles de algún modo— anteriores fueron firmadas por Roberto Gómez Junco (suplemento {Cancha} de {Reforma}, 06/08/08), pero se multiplican en cuanta tertulia radiofónica dedicada al futbol existe —y conste que abundan.

Así, se pretende que los dominios de la Federación Mexicana de Futbol escapen de la norma constitucional, creando un coto de excepción, donde se decrete la existencia de dos divisiones de mexicanos en esa nación futbolera: los de la primera —por nacimiento— y los de la segunda —por naturalización.

Malos tiempos estos, de poco pan, en que los cronistas del circo destilan ante el respetable el peligroso fermento de la xenofobia. ({CM}) {{n}}