En la república de los escándalos, los relacionados con las mezclas duras entre
religión y política ocupan un lugar secundario pero persistente, aunque a
veces se lleven las ocho columnas de los diarios. En algunos lugares, dominados
generalmente por el PAN pero también por otras agrupaciones políticas
nacionales o locales, el “regreso” de la fuerza política de las iglesias es un hecho
recurrente, comprobado y público. Pero particularmente en Guanajuato o en
Jalisco, al igual que sucedió en varios episodios de la gestión del presidente
Fox —todos emanados del partido de la derecha católica dominante en la larga
transición política mexicana—, la confusión entre lo privado y lo público, entre
la fe individual y el ejercicio gubernamental de puestos públicos, resulta la confirmación
de que esa antigua tensión entre las creencias religiosas y los actos de gobierno nunca ha desaparecido sino que se encuentra de regreso, abierta
y explícitamente, en algunos casos incluso triunfalmente. Un hecho reciente y
escandaloso, el anuncio de un donativo de 90 millones de pesos del gobierno
de Jalisco a la construcción de un templo llamado “Santuario de los Mártires”
en Guadalajara, ilumina lo que de algún modo se puede denominar como el
regreso de los templarios a la política mexicana.
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