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{{A LA HORA DE LOS NOMBRES}}

Un cambio de época para la
democracia en México: menos
dinero invertido en los procesos
electorales (el gran reclamo de los
últimos tiempos); se cierra el canal
que, a raudales, trasladaba recursos
públicos hacia las corporaciones
de comunicación privadas; mejores
instrumentos de fiscalización al
dinero involucrado en la política
y cancelación de las campañas
negras. Esté usted de acuerdo con
esos cambios o no, se trata de una
mutación mayúscula: transformar un
modelo de disputa por el poder hacia
uno más racional, regulado y austero.

Para eso tuvo que elaborarse una
profunda reforma constitucional.
Tuvieron que ocurrir una multitud
de modificaciones a las leyes
electorales y otras tantas normas
secundarias. Hubo que resistir —muy
notablemente— a las groseras y
explícitas presiones de los medios
de comunicación electrónicos,
afectados por la reforma. Todo eso
hicieron, por consenso, los principales
partidos políticos de México (PAN,
PRI y PRD) junto al resto de fuerzas
en el Congreso de la Unión. Una
remodelación política de primer
orden, en un esfuerzo concomitante
por recomponer sus propias relaciones
políticas. Todo eso alcanzaron. Pero
en la última etapa ya no pudieron
más, no tuvieron la misma entereza
para ponerse de acuerdo sobre las
personas, los hombres y mujeres de
carne y hueso que se encargarían
de llevar adelante y materializar ese
nuevo modelo electoral.

Como anotó Adolfo Sánchez
Rebolledo ({La Jornada}, 20 de
diciembre de 2007) {las personas}
resultaron ser el eslabón más débil
del enorme y complejo acuerdo. Por
paradójico que suene, los nombres y
no la concepción, ni la Constitución,
ni las leyes, se convirtieron en la
fuente del posible fracaso de una
reforma trascendental, que se puso en
riesgo aun antes de nacer.

Esta cruel ironía tiene su historia
y sus razones, por supuesto. Una
proviene del reputado Consejo General
—el de 1996-2003— con todo y su
reconocido trabajo y su papel como
árbitro confiable en el momento
crítico de la alternancia presidencial.
Ese mismo Consejo, estupefacto, vio
cómo dos de sus integrantes (que
se suponían objetivos, imparciales,
académicos, “ciudadanos”) en la
primera oportunidad, sin mediaciones
ni explicaciones, se entregaron a
la contienda que antes arbitraban,
alegremente alineados a un partido. El
hecho incubó una duradera sensación
de engaño, todavía no superada, en el
Revolucionario Institucional.

Y por otra parte, las históricas
multas aplicadas por aquel Consejo
para los casos “Pemexgate” y “Amigos
de Fox”. Sin duda, son los episodios
de rendición de cuentas más serios
y decisivos de la política mexicana.
El esfuerzo de aquel IFE por descifrar
las tramas, el uso de todos los
instrumentos legales disponibles,
la contundencia de la investigación
y el tamaño de las sanciones, en
lugar de establecer un parámetro de
autoridad para el futuro, insufló una
torcida lectura en la psique de muchos
dirigentes y de varios partidos, no
para apuntalar la rendición de cuentas
en el país sino para lo contrario, para
que nunca más un cuerpo, un Consejo,
fuera capaz de esa rotundidad y esa
autonomía.

Hay que revisar una y otra vez el
mensaje del señor Miguel Ángel Yunes
(a la sazón, representante del PRI en el Consejo General, {El Universal,}
9 de octubre de 2003) pronunciado
así: “No volveremos a equivocarnos…
con personalidades pretendidamente
independientes… que han cometido
agravios a los propios partidos”.
Por agravios entendía —claro— las
sanciones millonarias por sus faltas,
igualmente millonarias.

Desde entonces, la escama hacia
una autoridad electoral demasiado
independiente tuvo sus consecuencias
en la propia conformación del nuevo
Consejo (2003), pero también en
el nombramiento de muchos otros
órganos que para cumplir con
sus funciones y hacer valer los
derechos democráticos, necesitan
de la autonomía y la estatura de sus
miembros (así ocurrió con muchos
órganos de transparencia en el país).

El síndrome cundió y convirtió a
{las personas} en el factor crítico de la
creación institucional, propiciando el
regreso de la vieja fórmula (las cuotas
por partido) que parecía superada por
la negociación de 1996. Si revisamos
cuidadosamente los acontecimientos
políticos de los últimos años, caemos
en cuenta que la debilidad del
Consejo electo desde el 2003, no
derivó sólo de la ausencia del PRD en
el pacto que lo integró, sino de una
deliberada fórmula para que ese tipo
de rendición de cuentas no ocurriera
nunca más.

{{TODOS ESTAMOS MAREADOS}}

Así las cosas, senadores y dirigentes
partidistas fueron capaces de
mantener durante meses una
conversación para cambiar un
irracional modelo de campaña
electoral, pero llegados al tema de los
nombres, el proceso se descompuso.
Por sus fueros volvió el ánimo
faccioso y la dinámica de vetos a la que la prensa nacional se entregó con
ardor y sin pudor.

La cobertura noticiosa y la
deliberación legislativa no se ocupó
de valorar proyectos, biografías ni
méritos reales en los candidatos
al Consejo General del IFE. El
proceso racional de búsqueda de los
mexicanos que puedan hacer creíble
la reforma electoral, los de mejor
trayectoria, los que puedan elevar
la estatura del IFE por lo que han
hecho y los que puedan concitar
confianza a los partidos, todo esto,
se eclipsó merced a un grotesco
festival difamatorio personificado,
como nadie, por las diputadas Batres
y Sansores, dispuestas a dinamitar
el proceso, los prestigios personales
y las comparecencias, porque no
fueron más que una “farsa perfecta”,
tramitada en “un rincón, donde hay
telarañas y basura” ({El Universal}, 12
de diciembre de 2007).

Justo en el último tramo de la
reforma, el ambiente se envenenó
y los actores de ese drama
parecían exhaustos y extraviados:
legisladores, dirigentes políticos,
los partidos pequeños, la prensa,
consejeros electorales, empresarios,
intelectuales, casi nadie asumió su
papel con el rigor que correspondía
a la seriedad del cambio, empezando
por los señores diputados que
decidieron incumplir el plazo
constitucional que ellos mismos se
habían fijado (13 de diciembre) para
nombrar un nuevo Consejo General,
ratificar a seis de los integrantes
actuales y renovar a otros tres,
incluyendo el presidente del IFE.

Como si la posposición no tuviera
consecuencias jurídicas y prácticas
para el propio IFE, los líderes
parlamentarios decretaron un receso
¡hasta febrero del año 2008! Héctor Larios, del PAN, y Emilio Gamboa,
del PRI, dijeron que “el acuerdo se
detuvo” ({El Universal}, 15 de diciembre
de 2007) “para permitir la inclusión
del otro partido”. La versión fue
ratificada por Javier González Garza,
el líder parlamentario del PRD, quien
reconoció con franqueza, que habían
sido vencidos por ese endemoniado
remolino de vetos, pues “no había
condiciones para construir consensos”.
Fue el propio Andrés Manuel López
Obrador quien, desde un mitin en
Morelos, había resuelto descalificar
la reforma y el proceso de renovación
en el IFE, “son la misma gata pero
revolcada”, dijo ({La Jornada,} 10 de
diciembre de 2007), y acto seguido
ordenó a sus fieles dificultar la
negociación en el Congreso. Lo
lograron.

Pero la posposición del
nombramiento tiene consecuencias.

De hecho, Luis Carlos Ugalde
renunció a la presidencia del Consejo
precisamente para evitar que se le
acusara de ocupar un cargo cuyo plazo
constitucional ya había expirado.

Así que los diputados deben
—deberían— asumir su
responsabilidad cuanto antes.
Y como si esto no fuera suficiente,
los consejeros en funciones
agregaron su pizca de sal a la
incertidumbre general, sumiéndose
ellos mismos en una rocambolesca
deliberación de varios días acerca
de su “trato interno y las reglas de
convivencia” que regirían durante la
ocupación provisional de la vacante
de presidente. Según {La Jornada}
(domingo 16 de diciembre), el
consejero Marco A. Gómez declaró
“quién va a querer presidir una cena
de negros”, aludiendo a las profundas
discrepancias y la penosa división
en bloques en que se petrificó ese cuerpo. Ya lo apuntaba Chesterton:
“No sólo estamos todos en el
mismo barco, sino que estamos
todos mareados”.

Por su cuenta, los partidos
de menor peso en la Cámara de
Diputados (excepto el PVEM)
brindaron su propio espectáculo,
amagando con no aprobar la nueva
ley electoral si ésta no incluía, al
menos, la “cláusula de la vida eterna”,
es decir, un enrevesado mecanismo
para que los partidos mayores
—convenio mediante— acepten
trasladar un porcentaje de sus votos
a las formaciones políticas que por
sí mismas no alcancen el umbral
electoral exigido por la ley ({Milenio},
12 de diciembre de 2007).

Por todo esto, no tuvimos un
debate riguroso sobre el organismo
electoral que requiere el nuevo
modelo de competencia electoral y
la nueva etapa de la vida pública
en México. Casi todos los actores
acabaron dando razón a quienes
vieron en este proceso una mezquina
venganza política, un botín de los
partidos, y no como lo que es: pieza
esencial para un cambio de época.

Otra vez la política de gran
aliento fue vencida por la grilla, y
el horizonte de un cambio político
mayor por una visión facciosa,
chata y gris.

{{Y MIENTRAS TANTO, LA ECONOMÍA}}

Arrancamos el año con la
peor situación de la economía
norteamericana desde 2001.
Agréguese el nuevo esquema fiscal (la
IETU) que le costará un 30% más de
lo que pagaban las empresas (según
cálculos de Hacienda). El mundo —y
nosotros— se meterá en un túnel de
presiones inflacionarias, catapultadas
por el incremento internacional del precio del petróleo y las materias
primas. Y para redondear el mal clima
económico, el sector agropecuario
mexicano padece ya un periodo
emocional de nerviosismo, pues el
primero de enero se completó la
apertura del capítulo correspondiente
al maíz, azúcar y fríjol.

Cada tema es motivo de
preocupación, pero el conjunto
configura un escenario que nos
retrotrae a los años de crisis o de
recesión, por el coctel inminente
de inflación, freno económico y
mayores costos para las empresas.
No obstante, la peor noticia viene
del Banco de México y de sus voceros
({Reforma}, 8 de enero de 2008) pues,
como se sabe, su mandato es asfixiar
siempre las presiones alcistas. Fiel a
la ortodoxia —y a una ley que a ratos
resulta fanática— lo más probable
es que cerrará la política monetaria,
para compensar los incrementos reales
y los previstos. Y esto significaría
un encarecimiento del crédito y
probablemente una menor actividad
económica respecto al roñoso 3%
anunciado por Hacienda hacía apenas
unas pocas semanas.

{{SI ALGUIEN LO ENCUENTRA}}

Nubarrones, descontento y
desconcierto, favorecen la invocación
de jeremiadas, en especial, las que
anuncian una tragedia agraria de
incalculables consecuencias en este
2008 (véase {La Jornada} 2, 3 y 4 de
enero de 2008). El problema es que
su diagnóstico prescinde enteramente
de lo que pasó en México y el mundo
durante los últimos 14 años.

Tal y como lo explica Enrique
Quintana ({Reforma}, 7 de enero de
2008), desde 1994 hemos estado
viviendo un recorte gradual de los
impuestos a la importación de maíz
(cuando comenzó el TLC, la cuota de
importación proveniente de EE.UU.
era de 206%; en 2007 el arancel
ya era sólo de 18.2%; es decir, lo
fundamental ya había ocurrido); la
producción dominante en México
es la de maíz blanco y no amarillo;
los Estados Unidos decidieron, hace
años, impulsar la producción de
etanol mediante el uso del maíz y,
por si fuera poco, existe un radical
incremento de la demanda mundial
por el insumo, etcétera. Todo esto,
lejos de perjudicar a los productores
de maíz, los ha dejado en una singular
buena oportunidad para enfrentar la
apertura.

Pocos quieren reconocer los datos
y menos hacer memoria: ¿alguien
recuerda el “Acuerdo Nacional para
el Campo: por el Desarrollo de la
Sociedad Rural, la Soberanía y
Seguridad Alimentaria”, firmado a
bombo y platillo el 28 de abril de
2003? Uno de sus acuerdos maestros
(ubicado en sección quinta, apartado
b, “Apoyos al campo y las asimetrías”)
declaraba que “México tendría que
reducir de manera sistemática la
dependencia actual del maíz amarillo
de importación” y que “…el gobierno
federal llevará a cabo una evaluación
integral del impacto del TLC junto con
las organizaciones campesinas”. Dicho
documento, del que emergerían las
políticas necesarias para encarar la
fecha fatídica de enero 2008, tendría
que haber sido terminado el 31 de
diciembre de 2003, hace exactamente
cuatro años.

El documento, se suponía, sería
la expresión de un gran compromiso
(postcorporativo) del Estado, las
organizaciones campesinas y la
sociedad rural. Como tantas cosas, se
perdió en el camino; mas, si alguien
lo encuentra, favor de enviarlo a la
redacción de {{nexos}} y esgrimirlo… en
defensa propia. {{n}}