“Las vidas son complicadas y privadas”.

Gabe Wallach, personaje de Deudas y dolores de Philip Roth.

Orwell y 1984

George Orwell publicó en 1949 una elocuente antiutopía: 1984. La sociedad totalitaria que lo es porque carece de leyes, sólo reconoce una verdad, se han suprimido las libertades de prensa, de reunión, de palabra y hasta de pensamiento. Incluso existe una policía del pensamiento. Y también, por supuesto, se ha suprimido —o se pretende suprimir— la vida privada.

Desde el primer momento de la novela, cuando el protagonista Winston Smith sale a la calle, “la cara de los bigotes negros miraba desde todas las esquinas que dominaban la circulación. En la casa de enfrente había uno de esos cartelones. EL GRAN HERMANO TE VIGILA, decían las grandes letras, mientras los sombríos ojos miraban fijamente…

privacidad

“…La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro, era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto a la vez que oído. Por supuesto, no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la Policía del pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los vigilaran a todos a la vez. Pero, desde luego, podían intervenir su línea cada vez que se les antojara. Tenía usted que vivir —y en esto el hábito se convertía en un instinto— con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien y que, excepto en la oscuridad, todos sus movimientos serían observados”.1

En Orwell el Estado totalitario no distingue entre lo público y lo privado y en nombre de su reproducción vigila a cada uno de sus ciudadanos que por esa vía se convierten en súbditos. La opresión en la que vive Winston Smith es resultado directo de saberse observado en todo momento, con lo cual su “humanidad” se trastoca de manera radical.

Garton Ash y El expediente

Narra Timothy Garton Ash: “Las fuentes que la propia Stasi [la policía secreta de la mal llamada Alemania Democrática] consideraba que más importantes eran los ‘colaboradores no oficiales’. Las cifras resultan impresionantes. Según los documentos internos, en 1988, el último año ‘normal’ de la RDA, el Ministerio de Seguridad del Estado tenía más de 170 mil colaboradores no oficiales. De éstos, unos 110 mil eran informadores corrientes, mientras que los otros estaban relacionados con tareas ‘conspiradoras’, como por ejemplo prestar sus pisos para reuniones secretas o tan sólo figuraban como contactos fiables. El Ministerio propiamente dicho tenía más de 90 mil empleados a jornada completa, de los cuales al menos cinco mil estaban en la sección de los servicios de espionaje… Si comparamos la suma total con la población adulta de ese mismo año, significa que más o menos uno de cada 50 adultos de Alemania del Este estaba en relación directa con la policía secreta. Si calculamos un solo colaborador por persona, tendremos a un adulto de cada 25”.2 Y más adelante informa: “Según el primer rector occidental de la universidad (de Humboldt) uno de cada seis profesores y uno de cada diez empleados de la universidad habían trabajado para la policía secreta del antiguo régimen, o cooperado de algún modo con ella”.3

No se trata de una ficción como la de Orwell, ni de un delirio de la imaginación. Se trataba de un Estado policiaco que en nombre de la “seguridad” resuelve hurgar de manera sistemática y “normal” en la vida privada de los ciudadanos. Garton Ash nos ofrece innumerables ejemplos: “Vera Wollenberger, una activista política de la parroquia de Werner Krätschell en Pankow, al leer su expediente descubrió que su marido, Knud, había estado informando sobre ella desde que se conocieron”.4 Otro caso: el doctor Eberhard Haufe de la Universidad de Leipzig fue expulsado de la misma durante el curso de 1957-1958, “lo que significó el final de su carrera docente. Le había denunciado, entre otros, un tal doctor Warmbier, un profesor especializado en marxismo-leninismo”. Con la apertura de los expedientes, luego del desplome de la Alemania Democrática, “Haufe le envió fotocopias de las páginas más relevantes (a su delator). El doctor Warmbier le contestó disculpándose, pero le incluyó copias de unas páginas de su propio expediente que demostraban que también a él le habían expulsado de la universidad en 1974 por sus continuos juicios críticos y hasta le habían condenado a dos años de cárcel por ‘agitación antigubernamental’ ”.5 Se vivía una especie de círculo perverso, una cadena interminable, en el que cada uno reportaba a otro. Un botón de muestra más. Una tal Michaela “informa sobre la actitud política de sus subordinados: éste ha criticado la expulsión del cantante disidente… aquél exteriorizó ‘una actitud casi burguesa respecto a distintos problemas de nuestra sociedad’ (sic)… (pero también sobre sus relaciones privadas) sobre el novio alemán occidental de su hijastra”.6 Una mujer “estuvo encarcelada durante cinco años bajo el régimen comunista por intentar huir al sector Oeste. Entonces, al leer su expediente, averiguó que había sido el hombre que vivía con ella quien la había denunciado a la Stasi. Aún vivían juntos”.7

Los informadores, los delatores, lo eran por convicción, por conveniencia o por coacción o amenaza. ¿Pero qué espiaban? Por supuesto, indicios de deslealtad o desafecto al régimen, pero también las rutinas diarias, las reuniones, amistades, dichos, comentarios, es decir, la vida privada. Había una especie de “excitación voyerista”, como la llama Garton Ash, “por conocer los detalles más íntimos de la vida de otras gentes”.8 A nombre de la seguridad del Estado se vigilaban los detalles íntimos, con lo cual, eventualmente, se podía chantajear, presionar, inhibir a las personas.

Seguridad por encima de privacidad. En esa frase se puede encontrar la clave para supuestamente legitimar el sistema de información de la Stasi.

La privacidad: Una conquista civilizatoria

Hemos recordado dos expresiones distintas sobre una preocupación universal: la defensa de la privacidad. Orwell, a través de la ficción, emitió una voz de alerta. Garton Ash ilustró los excesos de un Estado policiaco y reflexionó sobre su significado.

Hay que afirmarlo de partida: la construcción de un espacio privado y, más aún, íntimo, donde nadie pueda irrumpir, es un logro civilizatorio. Gracias a ello la vida moderna puede desplegarse con dignidad y certeza. Lo contrario tiende a convertirse
en un infierno.

Si bien las fronteras entre lo público, lo privado y lo íntimo, en ocasiones son móviles, lo cierto es que confundir esos ámbitos o peor aún considerarlos inexistentes puede acabar por degradar a la vida social. Sólo desde el primitivismo más bárbaro alguien puede intentar negar la pertinencia de esas esferas. Digámoslo de otra manera: la privacidad es un derecho individual y no reconocerlo así abre la puerta a la degradación de la convivencia social.

México: Avance en hacer de lo público, público

Como sucede en otras partes del mundo, en México vivimos un doble movimiento: por un lado se fortalece la idea de que lo público debe de ser realmente público, pero por el otro parece existir una erosión creciente de la esfera privada.

Por lo menos en nuestro país, afirmar que los asuntos públicos deben ser públicos no resulta una obviedad. Hasta fines del siglo XX el ciudadano común no tenía acceso a la información de las instituciones estatales, tampoco contaba con un recurso probado y legal para demandar dicha información, y los funcionarios de la administración pública actuaban con absoluta discrecionalidad en esa materia. Se puede afirmar, que en México, hasta hace unos años lo público era más bien opaco, de muy difícil acceso, y guardado como si se tratara de un secreto.

Con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y con la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información, se empezó a dar un giro de 180 grados. A partir de entonces el ciudadano puede preguntar y la autoridad está obligada a responder. Se intenta descorrer el velo que cubría lo público para que el ciudadano esté informado, la autoridad ofrezca razones de sus actos y la vigilancia sobre su gestión sea eficiente y eficaz.

Estamos asumiendo lo público como lo define Ernesto Garzón Valdés: “Lo público está caracterizado por la libre accesibilidad de los comportamientos y decisiones de las personas en sociedad. Más aún: cuando ellas desempeñan algún cargo dotado de autoridad político-jurídica, la publicidad de sus actos se convierte en un elemento esencial del Estado de derecho”.9

Por supuesto que en la búsqueda de la información y en el proceso de construcción de la transparencia han aparecido obstáculos y problemas: instituciones que buscan escaparse de la obligación de informar, triquiñuelas para dilatar la entrega de información, casos complicados, difíciles de discernir, porque se encuentran en juego valores positivos encontrados (como el de los expedientes médicos en las instituciones públicas), inexistencia real o declaración de inexistencia de los documentos, la tensión que existe entre transparencia y los derechos a la secrecía en muchos campos (financiero, bancario, profesional), pero la tendencia general marcha en el sentido correcto, el de transparentar la gestión pública. Es una espiral venturosa que empieza a hacer de lo público un campo sobre el que resulta natural y (debiera ser) sencillo acceder a la información.

México: Erosión del espacio privado

Pero, en sentido contrario, también tenemos ante nosotros una tendencia a no respetar el ámbito de lo privado, presumiendo que los límites entre ambas esferas (la pública y la privada) o bien no existen o resultan impertinentes. Recuerdo ejemplos de esa “confusión” sin ninguna jerarquía ni concierto: a) grabación ilegal de conversaciones telefónicas que son reproducidas a través de los medios de comunicación; b) publicación, por supuesto sin su consentimiento, de cartas íntimas de personajes políticos; c) venta, sin el permiso de una de las personas involucradas, de filmaciones que una pareja realizó de sus bromas y rutinas eróticas.

Vale la pena preguntar: ¿todo está permitido?, ¿la vida privada de las personas va a estar o no protegida?, ¿realmente tenemos derecho a saber lo que acontece en la intimidad de nuestros vecinos o en la esfera privada de los llamados personajes públicos?

El impacto de los medios

Los medios de comunicación están llegando demasiado lejos. Su afán de competencia y sus ganas de ofrecer platillos cada vez más condimentados al público los están llevando a erosionar no sólo la garantía de una vida privada, sino incluso el derecho a una vida íntima. Insensibles a esa dimensión, satisfechos y orgullosos de reproducir lo que acontece en los espacios y vidas privadas, cínicos y juguetones, han convertido la violación sistemática de derechos en una rutina aparentemente intrascendente.

Ante esa agresión regular y cotidiana es menester repetir que lo que cualquier individuo haga en su intimidad sin causar daño a terceros es un asunto que no incumbe ni a la autoridad y mucho menos a las miradas indiscretas de los vecinos. Que el derecho a la privacidad no puede ser agredido con el afán de divertir a un público contento de meter sus narices en las vidas de otros ni tampoco como una fórmula para ajustar cuentas entre políticos. Esa debería ser la regla.

Ahora bien, la excepción a esa regla puede darse cuando exista el consentimiento de las personas a exponer en público sus asuntos privados; porque exhibicionistas hay, hubo y habrá. Y si alguien se quiere mostrar y un tercero quiere observar, sin causarles daño a otros, deben tener la vía libre.

Hay que subrayarlo: nadie soportaría la develación de sus conductas privadas o íntimas. Nadie saldría bien librado de esa experiencia, porque todos sabemos (o deberíamos saber) que los comportamientos públicos y privados son diametralmente distintos. Y lo que en un espacio es permitido en otro no lo es. Por eso la exposición pública de actos íntimos o privados, sin el acuerdo de los participantes, debería ser sancionada. Y en ese sentido las instituciones del Estado no pueden hacerse a un lado, fingir que no ven o actuar como si esos asuntos les fueran ajenos. Por el contrario, es la autoridad legítima la que se encuentra obligada a garantizar a los individuos que su privacidad no será vulnerada.

No se trata de mojigatería. Sino de defender el derecho a la privacidad y a la intimidad. Si una pareja decide filmarse y exhibirse tiene todo el derecho de hacerlo, siempre y cuando no pretenda imponer su película a quienes no desean verla. Pero lo que no puede permitirse es que sin la autorización de las personas involucradas alguien invada el frágil espacio de su intimidad.

En estos casos el papel que juegan los medios es fundamental porque son ellos los que causan el daño mayor. Sin su participación, sin su disposición a invadir la intimidad, la ofensa quedaría en buena medida acotada. Porque el daño por supuesto que es proporcional al poder multiplicador que tienen la televisión, el radio o las publicaciones.

Fernando Escalante Gonzalbo escribió que hay que “hacer que lo público sea transparente y que lo privado esté a salvo de cualquier mirada indiscreta”. Y aunque sabe que ese enunciado fundamental es un objetivo complejo no es posible, dice, dejar de intentarlo.10

El propio Escalante ilustra la forma en que los Estados modernos han construido espacios en donde los individuos pueden ejercer su libertad sin temor a la intervención o la sanción de la autoridad (todo aquello que sucede en la vida familiar, en el hogar —siempre y cuando no se cometan delitos—, lo que tiene que ver con las relaciones de amistad o sexuales, lo que se transmite a través de las conversaciones o la correspondencia), de tal suerte que los ciudadanos se encuentran a salvo de los caprichos de las instituciones del Estado en esos terrenos. Lo preocupante ahora es que no es desde los aparatos estatales desde donde se vulnera el derecho a la privacidad, sino que son los medios masivos de comunicación, con su insensibilidad o sus ansias de notoriedad, los que resultan un auténtico peligro para los derechos a la privacidad y a la intimidad, “porque hacen del dominio público, inmediatamente, masivamente, cosas que sólo correspondería saber a unos cuantos”.

No estamos ante un asunto baladí, sino frente a un tema que acabará moldeando la calidad de la convivencia social. O apuntalamos todos los derechos ciudadanos (entre ellos el de privacidad y el de intimidad) o alimentamos la espiral de degradación.

México: La necesidad de legislar

La confusión en el tratamiento de los asuntos privados y los públicos no puede conducir a nada bueno. Así como sería criticable intentar edificar obstáculos para que los ciudadanos accedan a la información pública, puede resultar nefasto para la convivencia no respetar el ámbito de la vida privada, porque ese respeto es condición esencial para una coexistencia medianamente digna. Puede afirmarse que el individuo es tal —y no un número más de la masa o una parte insignificante del mecanismo de reproducción social— por la existencia de la esfera privada.

Por desgracia, en México, la normatividad en la materia es genérica, difusa y difícil de aplicar. Es más: la noción misma de un derecho a la privacidad puede establecerse sólo a través de una lectura funcional y compleja de la legislación. El artículo 7 de la Constitución establece que “es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos… que no tiene más límites que el respeto a la vida privada…”. Es decir, “el respeto a la vida privada” aparece como una limitante a la libertad de escribir, y no como un derecho en sí mismo. Y la calumnia y la difamación tipificadas con frecuencia en el Código Penal y el daño moral que se establece en el Código Civil, son insuficientes para afrontar con mediana eficacia un fenómeno que no es sólo mexicano, sino universal: la violación del espacio de privacidad por muy diferentes motivos y actores.

Por ello, sería imprescindible empezar por establecer en el texto constitucional, en el capítulo de las garantías individuales, el derecho a la privacidad. Para a partir de ahí desarrollar un cuerpo normativo a la altura de tan fundamental derecho.

Como hemos apuntado, la privacidad es una construcción civilizatoria que permite a los individuos establecer relaciones interpersonales sin la interferencia o la molestia de poderes públicos, mediáticos o de simples terceros a los cuales no les incumbe lo que sucede en ese ámbito. Esa zona reservada permite mantener a resguardo una esfera de la existencia cuya exposición tiende a degradar las relaciones sociales. Repito que nadie saldría bien librado si se exhibiera sin más su privacidad. Pensemos por un momento, para no ir muy lejos, en las decenas de conversaciones telefónicas, en las que por ser privadas nos permitimos el sarcasmo, la broma gruesa, el uso de apodos, la maledicencia, en relación a personas que estimamos. Ello es posible y nadie resulta dañado porque el código de entendimiento implícito es precisamente que esos dichos no trascenderán.

No obstante, como ya lo decíamos, dos fenómenos expansivos atentan contra la privacidad de las personas: la industria del espectáculo que hace de la vida de actores, actrices, directores, productores, una mercancía más que alimenta los apetitos morbosos de franjas de la sociedad nada despreciables en términos numéricos y su utilización como una catapulta en el escenario de la política. Lo primero ha adquirido carta de naturalización a través de la llamada “prensa del corazón” y los programas de chismes, y lo segundo es una novedad expansiva entre nosotros que tiende a erosionar aún más la vida política. La utilización de la vida privada del contrincante como un instrumento para abonar en su descrédito se está instalando y genera un clima que puede llegar a ser irrespirable.

Hay incluso que señalar, contra un cierto sentido común instalado, que en muchas ocasiones el daño moral puede ser una agresión más devastadora contra las personas que los daños físicos y patrimoniales. Pero mientras prácticamente nadie discute la pertinencia de penalizar los segundos (los daños físicos y patrimoniales), todavía, de vez en vez, escuchamos alegatos que dudan de la existencia del daño moral.

Si deseamos que la convivencia sea respetuosa y armónica y que no se convierta en una selva, es necesario reivindicar el derecho a la privacidad. No es una cuestión menor si se piensa a la privacidad como un derecho fundamental, como lo son los derechos a asociarse, a publicar, al libre tránsito, etcétera. Porque la privacidad no es un lujo ni una exigencia exótica, sino una condición para que la vida sea medianamente vivible.

Ahora bien, como señala el profesor Ernesto Garzón Valdés, la privacidad tiene límites. Es aceptable la intervención en la esfera privada cuando se busca “la prohibición del daño a terceros (como en el caso de la violación dentro del matrimonio) y la obligación de contribuir a la creación de bienes públicos (como en el caso de las cargas fiscales y en la educación de las nuevas generaciones). La esfera privada no puede, en este sentido, ser un coto reservado para la comisión de delitos”.11 Es decir, lo privado no es una muralla inexpugnable, pero sólo se debería poder trascenderla sin el consentimiento de las personas cuando en ese ámbito se esté cometiendo una conducta tipificada como ilícita. Por supuesto, nadie podría argumentar de manera sensata que se invade su privacidad si está asesinando a la vecina en su casa o si las autoridades competentes realizan una auditoría a sus finanzas con la finalidad de evitar la evasión fiscal.

La vieja y sabia conseja bíblica de no hacer a otro lo que no quieras que te hagan a ti, es quizá una buena guía para empezar a construir un marco normativo capaz de conjugar el legítimo derecho a la información y el derecho individual a la privacidad, la necesidad de hacer público lo público y de ofrecer garantías para que terceros indeseables (privados o públicos) no puedan irrumpir, sin más, en un ámbito que no les compete. Se trata de otras de las asignaturas pendientes que estamos obligados a atender si no deseamos que la convivencia social se envilezca aún más. n

 

José Woldenberg


1 Destinolibro, 54, Promexa, México, 1984, p. 8.

2 El expediente. Una historia personal, Tusquets, Barcelona, 1999, p. 97.

3 Ibíd., p. 101.

4 Ibíd., p. 33.

5 Ibíd., p. 119.

6 Ibíd., pp. 133-134.

7 Ibíd., p. 240.

8 Ibíd., p. 239.

9 Ernesto Garzón Valdés, Lo íntimo, lo privado y lo público, IFAI, Cuadernos de transparencia, núm. 6, México, 2005, p.17.

10 El derecho a la privacidad, IFAI, Cuadernos de Transparencia, núm. 2, 2004.

11 Ernesto Garzón, op. cit., p. 30.