Este texto corresponde al voto particular formulado en la revisión 1580/2003, fallado por la Primera Sala de la Suprema Corte el 4 de octubre de 2006, sobre un asunto en el que se reclamaba la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley sobre Delitos de Imprenta que regulan en qué condiciones la crítica a un funcionario público será considerada un ataque a su vida privada. El recurrente había sido demandado en sede ordinaria civil por un funcionario federal con motivo de lo que este último calificaba de insultos y juicios despectivos en su contra, publicados en varios periódicos y revistas. El juez de primera instancia condenó al demandado a reparar el daño moral causado al funcionario mediante la publicación de un extracto de la sentencia en la prensa. En apelación, se sumó a lo anterior la necesidad de satisfacer una indemnización pecuniaria. Esta determinación fue confirmada por un Tribunal Colegiado en una sentencia de amparo directo contra la cual se interpuso recurso de revisión ante la Suprema Corte.
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