Entre otras cosas, la política educativa del foxismo en el campo de la educación superior se significó por una mezcla compleja de continuidad y cambios respecto de las políticas educativas de por lo menos los últimos dos gobiernos priistas, justo como ha ocurrido en otros campos de la política pública. De un lado, continuó y profundizó en una clara tendencia a la sobrerregulación del sector público de la educación superior (particularmente centrando sus acciones en el caso de las universidades públicas) bajo mecanismos de evaluación, supervisión y control de los recursos públicos ordinarios y extraordinarios destinados al desarrollo de las propias universidades. Por el otro lado, estimuló un conjunto de procesos relacionados con la acreditación y certificación de los programas educativos de las instituciones públicas de educación superior, con resultados y efectos diversos en las regiones y en las instituciones. Luego de seis años de intervenciones federales en el sector, el resultado general es una (nueva) paradoja mexicana. Al centrar casi exclusivamente la atención en el sector público de la educación superior, el sistema creció de manera espectacular, aunque silenciosa, por el espacio privado del sector.
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