La Organización de Naciones Unidas alienta de múltiples maneras la participación de la sociedad civil en los temas relativos a los derechos humanos, y en su Declaración sobre los defensores de derechos humanos establece: “Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre cuestiones relativas a todos los derechos humanos […] (y) les corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos”.*

Un elemento de esa participación y responsabilidad es la investigación y difusión sobre el estado que guardan los distintos derechos humanos en las sociedades. Es por ello que en el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), de Fomento Cultural y Educativo, proyecto obrero de la Compañía de Jesús en México, nos hemos dado a la tarea de documentar la situación de los derechos humanos laborales en el país. En especial las violaciones sufridas por los trabajadores por parte de las empresas, el Estado e incluso por los mismos sindicatos. Entendemos los derechos humanos laborales como todas aquellas condiciones mínimas de vida y de trabajo para que quienes dependen de una ocupación asalariada puedan vivir con plenitud y dignidad.

Los derechos laborales son derechos humanos, y los hemos agrupado en 10 ejes: empleo estable, salario suficiente, condiciones satisfactorias de trabajo, libertad sindical, contratación colectiva, huelga, equidad de género, protección al trabajo de menores, irrenunciabilidad a derechos adquiridos y justicia laboral. La referencia legal de los derechos humanos laborales está sustentada en la normativa internacional: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Americana de los Derechos Humanos (1969), el Protocolo de San Salvador (1976), el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (1994), los Convenios de la OIT, el Convenio Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1981) y, por supuesto, el artículo 123 constitucional, y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo.

Es así que la insuficiencia constitucional de los menos de 50 pesos diarios como salario mínimo y su deterioro de 75% en relación a 1980, es un asunto de derechos humanos; la proliferación de la subcontratación y la existencia de 27 millones de trabajadores sin prestaciones, incumbe a los derechos humanos; vulnerar la autonomía sindical es una violación del derecho humano a la libertad sindical, y la falta de condiciones de seguridad, no garantizadas por Industrial Minera México del Grupo México, en la mina 8, Unidad Pasta de Conchos, son transgresiones reales y verdaderas a los derechos humanos.

¡5 pesos, 8 horas! La agenda laboral a 100 años de Cananea es nuestro noveno informe anual sobre las violaciones a los derechos humanos laborales en México durante 2005. Los ocho anteriores no siguieron el mismo esquema de trabajo o de presentación. En informes previos se atendieron transgresiones referidas sólo a dos o tres de los derechos humanos laborales; en otros, hubo un eje temático principal, y en todos se han realzado también las luchas, iniciativas o eventos que construyen el respeto y la defensa de la dignidad de los trabajadores.

En este último informe evocamos, en la parte primera, la huelga de Cananea, no sólo por el hecho de su centenario (junio 1-3, 1906-2006), sino por la actualidad de sus enseñanzas debido a las circunstancias laborales que vivimos. En Cananea, Sonora, los mineros se declararon en huelga contra sus patrones norteamericanos, por demandas fundamentales: salario de cinco pesos, jornada laboral de ocho horas, mejores condiciones de trabajo, trato digno y fin a la discriminación laboral por la que los mineros extranjeros ganaban más y obtenían mejor trato (los trabajadores mexicanos ganaban tres pesos por jornadas superiores a 10 horas y los extranjeros siete pesos por jornadas mínimas y trabajos de menor riesgo).

Tales demandas fueron retomadas por otros movimientos de trabajadores y fecundaron el movimiento revolucionario de 1910. Son demandas codificadas en la Constitución de 1917 y que se convirtieron en los derechos sociales integrantes de la agenda del siglo XX: salario y jornada mínimos, sindicalismo, seguridad social y empleo. La referencia histórica en el informe es motivo para preguntarnos por la agenda laboral del siglo XXI, por los temas urgentes y por los derechos sociales que puedan constituir un sendero y un horizonte para la búsqueda de la vigencia de los derechos de los trabajadores en el arranque del nuevo milenio.

Creemos que la respuesta está en las propias reivindicaciones y aspiraciones de los trabajadores. Así que en la segunda parte se detallan algunas de éstas: por la estabilidad en el empleo (trabajadores del Centro Nacional de las Artes y trabajadoras de Acamex); contra las afectaciones al salario suficiente (la última determinación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y los embates contra las pensiones en los casos del Instituto Mexicano del Seguro Social y Colegio de Bachilleres); contra la precarización de las condiciones de trabajo, no sólo en diversos casos de empresas maquiladoras, sino también dentro de los trabajadores del magisterio; ejemplificamos la aspiración a la libertad sindical, detallando las violaciones ocurridas en cuatro renovaciones de dirigencias del Congreso del Trabajo y la persistencia de prácticas contrarias a la organización democrática (Confederación de Trabajadores de México; Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos).

También observamos las reacciones de diversos trabajadores ante la cada vez más frecuente práctica ilegal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de declarar la inexistencia de las huelgas con motivos superficiales y sin base jurídica, como en el caso de la huelga de 46 días, la más larga del año pasado, en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (por cierto, acercamiento privilegiado para entender lo que ocurrió recientemente en Michoacán y que desembocó en la condenable muerte de dos obreros metalúrgicos). El informe incluye también una reseña de la crisis vivida en Ciudad Juárez, en lo que respecta a la justicia laboral, reflejada en los vaivenes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

De dichos casos, pueden desprenderse las líneas gruesas para configurar la agenda de los trabajadores para el siglo XXI:

A. Diseño y ejecución de un programa nacional de empleo digno, cuyo objetivo sea garantizar la plena vigencia de los demás derechos humanos laborales. Se requiere:
1) crecimiento económico, productivo y con equidad a nivel local, regional y nacional;
2) abordar explícitamente el problema del empleo, y su calidad, como un problema de política macroeconómica;
3) implementar estrategias de política económica que permitan un proceso de sustitución de importaciones y de fomento a las exportaciones de largo plazo;
4) revisar la estrategia económica en lo relativo a la generación de empleos, capacitación y adiestramiento, y a la vinculación entre productividad y remuneraciones;
5) evaluar las políticas activas de empleo desarrolladas por el sector público y su financiamiento;
6) promover y difundir criterios que tiendan a evitar la discriminación laboral y lograr la igualdad de oportunidades en el trabajo;
7) revisar los resultados directos e indirectos de los acuerdos comerciales (TLCAN, Unión Europea, etcétera) en materia de empleo, en particular, y en el respeto a los derechos humanos laborales, en general.

B. Lograr que el salario suficiente sea una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure una vida digna. Se requiere:
1) transformar a la Comisión Nacional de Salario Mínimo en una comisión de costo de vida, como organismo de Estado, autónomo y técnico. Establecería los costos de canastas básicas para diferentes tamaños y composición familiar, según parámetros de acuerdo a los que establece el artículo 123 constitucional;
2) implementar un aumento en términos reales, paulatino, pero sostenido, de los salarios mínimos que garantice una recuperación gradual del poder de compra, para que el salario recupere su función de garantía social;
3) establecer un mínimo de seguridad de desempleo que garantice la subsistencia del trabajador(a) y su familia durante el tiempo que dure desempleado, a través de la creación de un seguro de desempleo que fuera financiado por el sector público y privado;
4) desincentivar el comercio informal, a partir de la creación de más empleos en el sector industrial y de servicios, y establecer una política fiscal preferente hacia las micro, pequeñas y medianas empresas de reciente creación.

C. Respetar, proteger y garantizar el derecho a la autonomía, democracia y libertad sindical, que incluye el derecho a asociarse libremente, a la negociación colectiva y a la huelga. Es urgente:
1) levantar la reserva al artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y observar a plenitud el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical, ratificado por México en 1950;
2) crear un instituto con personalidad jurídica y patrimonio propios, con independencia y autonomía para llevar el registro público de organizaciones sindicales, de sus contratos colectivos y sus estatutos;
3) legislar para que exista transparencia y rendición de cuentas de los recursos y activos de los sindicatos y del manejo de las cuotas;
4) garantizar el ejercicio autónomo, democrático y representativo de las organizaciones sindicales, fundamentalmente en lo relativo al voto universal, libre, directo y secreto en la elección de las direcciones sindicales;
5) promover y facilitar la libre sindicalización de los no sindicalizados y penalizar las prácticas patronales que busquen impedir la sindicalización u otorgar preferencia a una opción sobre otra.

D. Defender y promover la contratación colectiva legítima y el acceso a una justicia laboral imparcial, pronta y expedita:
1) penalizar a los patrones y sindicatos que pacten contratos colectivos de protección;
2) trasladar la impartición de justicia laboral al poder judicial de la federación;
3) establecer leyes contra la impunidad;
4) derogar el apartado B del artículo 123 constitucional, así como todos los reglamentos de excepción, para garantizar la igualdad de derechos ante la ley y hacer realidad la plena igualdad de género en el mundo del trabajo;
5) modificar el apartado B del artículo 102 constitucional, para ampliar las atribuciones de las comisiones de derechos humanos a la protección de los derechos humanos laborales.

E. Salvaguardar el derecho a la seguridad social, incluidos los derechos de pensiones y jubilaciones y los servicios de salud para todos los trabajadores. Para ello es menester:
1) revisar la reforma de 1997 a la Ley del Seguro Social;
2) recuperar el planteamiento original que creó al sistema de seguridad social, su composición tripartita, y revisar las aportaciones de trabajadores, patrones y Estado;
3) volver al sistema de aportaciones solidarias para las pensiones y jubilaciones;
4) considerar en el análisis: la caída del empleo formal y el deterioro de los salarios en relación con la aportación de recursos para que con ellos se pueda construir un sistema financieramente viable, transparente y respetuoso de los derechos humanos laborales.

En resumen, un nuevo pacto social, democrático, y que tenga en el centro, como principal preocupación, la promoción de los derechos sociales. n